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Venezuela, ruta segura, por Javier Ignacio Mayorca

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Publicado el abril 19, 2018


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Autor: Javier Ignacio Mayorca | @javiermayorca


El último informe anual de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), confirma que los traficantes de drogas pueden actuar a sus anchas en el territorio nacional

En febrero, la Oficina Nacional Antidrogas presentó un “balance” de las acciones del Gobierno en materia de represión al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Un análisis a este documento confirma que Venezuela se ha robustecido como escenario para la acción de los distintos grupos dedicados a esta actividad.

Las fichas elaboradas por la ONA deben ser revisadas, en contexto y con sentido crítico.

Actualmente, el mercado mundial de las drogas –y en especial el de los países occidentales- está experimentando importantes cambios. Por una parte, están irrumpiendo nuevos psicoactivos de origen no vegetal, fácilmente transportables, difíciles de detectar mediante los métodos convencionales y que a menudo ni siquiera figuran en los listados de “sustancias controladas”. Del otro lado, hay fuertes tendencias despenalizadoras del consumo de la marihuana, así como disposiciones que permiten el “uso medicinal” de esta hierba, no solo en países como Uruguay y Portugal (Chile también está revisando su legislación sobre la materia) sino también en más de la mitad de los estados de la unión americana, por citar algunos.

Sin embargo, el consenso mayoritario entre los reguladores de este mercado es que la fabricación, el traslado y el consumo de la cocaína permanezcan en la ilegalidad. A pesar de esto, los datos aportados en el último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas revelan que la producción mundial estimada de cocaína va en aumento. Para 2015 –último año con datos disponibles- era de unas 640 toneladas, que podrían llegar al doble cuando la droga es colocada en el destino final.

Estimados de áreas cultivadas de coca (izq.) y producción mundial de cocaína (der.)

Fuente: ONU

A partir de 2013, la producción de cocaína específicamente en Colombia ha ido en aumento. Además, las bandas de ese país (con el Clan del Golfo a la cabeza) y los carteles mexicanos (principalmente Sinaloa y los Zetas) también absorben parte de la producción de Perú y Bolivia. Todo esto incrementa el riesgo de operaciones ilegales de transporte, ocultamiento, venta y legitimación de capitales en territorio venezolano. También, por cierto, de producción final de la cocaína.

El último estimado conocido sobre el paso de esta droga por Venezuela lo dio el Departamento de Estado estadounidense: aproximadamente 120 toneladas métricas. Entonces, por Venezuela transitaría el 19% de la producción mundial de esta droga. Pero si se toma en cuenta solo la producción colombiana, esta cifra sube a 41%.

En 2017, según la ONA, fueron confiscadas 33 toneladas de cocaína. En este caso, la matemática indica que por cada kilo de cocaína que quedó en poder de las autoridades nacionales hubo por lo menos otros tres que pasaron.

*Lea también: Siria, la guerra que no fue, por Fernando Mires

Una de las preguntas que siempre se debe formular es cómo se construye la estadística, aún en estos asuntos donde la opacidad es la norma predominante. Una práctica que se detectó en años anteriores es que el Gobierno incorpora como éxito propio lo realizado en aguas internacionales por las marinas de otros países. El argumento es que, cuando las embarcaciones son inmovilizadas en esas condiciones, se debe cumplir un protocolo según el cual la marina actuante debe pedir autorización al gobierno del país donde está registrada dicha nave. Y Venezuela generalmente da la luz verde. Esto ocurrió en dos averiguaciones a un mismo grupo, adelantadas por autoridades españolas, y que permitieron el hallazgo de 3,6 toneladas del alcaloide, en mayo y junio de 2017.

Por otra parte, el Departamento de Estado alertó en un informe que las autoridades venezolanas lo que realmente divulgan es el peso bruto de los alijos decomisados, y no el peso real, que se obtiene al restar los pesos de los plásticos, maletas y otros envoltorios y sustancias utilizados para ocultar la droga o para impedir su detección. Esto explicaba la diferencia entre lo que se consigna en los partes de “efectividad” para la propaganda y los documentos que el propio Gobierno ha enviado a organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

En consecuencia, Venezuela continúa siendo uno de los pasos más importantes –y seguros- de la cocaína elaborada en los países andinos. Así lo indica este gráfico, tomado del último Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU:

Principales rutas de la cocaína

Fuente: ONU

Tres de las rutas más relevantes de la cocaína fabricada en la región andina tienen a Venezuela como punto vital. Sus destinos finales son Estados Unidos y Europa. Cuando va al norte, puede hacer escalas en países centroamericanos como Honduras (caso de los sobrinos) o República Dominicana/Haití.

Lo más importante de esto, lo que ven los carteles, es que Venezuela carece de contrapesos institucionales. Se diluyó la división de los poderes. Esta condición incrementa la posibilidad de que los funcionarios del país, en todos los niveles, sean corrompidos por quienes se dedican a este comercio.

La ausencia de balances explica además por qué es tan poco lo que se investiga fronteras adentro sobre el involucramiento de funcionarios en el tráfico de drogas, y tanto lo que se ha dicho y documentado sobre este mismo punto en el exterior, en los países de destino.

Al respecto, una de las primeras conclusiones es que el rol de las autoridades venezolanas en el comercio internacional de drogas ha cambiado con el pasar de los años. Inicialmente, se trató de un “dejar hacer, dejar pasar”, desde luego, a cambio de los pagos correspondientes.

Pero en un punto del camino, aproximadamente en 2006, comenzaron a producirse alianzas con distintos grupos (FARC, ELN, Norte del Valle, Rastrojos, Urabeños y mexicanos, por citar solo algunos). Algunas, muy estrechas, y otras meramente coyunturales. Posteriormente hubo un apoderamiento de las rutas internas, donde el ejercicio de la fuerza armada resultó vital, con la finalidad de enviar mensajes claros a los distintos actores. El negocio de las drogas, definitivamente, resultaba muy lucrativo para dejarlo en manos de simples brokers como Makled.

Breves

*El 16 de abril, la comandancia general de la Guardia Nacional ordenó a sus unidades en todo el país un conjunto de medidas para prevenir situaciones similares a la registrada en el retén de la Policía de Carabobo, donde según recuentos oficiales hubo 68 muertos durante una reyerta que terminó en un incendio. A partir de ahora, las visitas a los detenidos –civiles y militares– en instalaciones de la GN solo podrán prolongarse por tres horas. Además, se deberá destinar un personal adicional para la vigilancia de los privados de libertad, hacer requisas cada dos días, prohibir las llamadas pernoctas así como la introducción de teléfonos en las celdas, y hacer el conteo de la población reclusa por lo menos cuatro veces al día. Finalmente, los detenidos deberán permanecer dentro de sus respectivas celdas todo el tiempo. Estas directrices serán muy difíciles de cumplir. Hay unidades de la GN en el interior del país cuyos retenes simplemente no se dan abasto. Los presos permanecen todo el día en el área de los llamados “casinos”, que han sido habilitados como dormitorios, y van y vienen como les da la gana. Esto no solo ocurre en ese componente. En Ramo Verde, el hacinamiento ha llegado a niveles tales que han habilitado espacios no aptos para alojar a presos políticos y soldados detenidos por delitos comunes.

*La razón de la orden emitida por el mayor general Richard López tiene que ver en parte con el incremento sostenido de las detenciones de elementos del componente militar que él comanda. Fuentes de la GN indicaron que durante los primeros tres meses de 2018 quedaron a las órdenes del Ministerio Público por delitos comunes unos 280 efectivos. Son generalmente sargentos que han cometido delitos contra la propiedad (robos o hurtos). Pero cuando se juntan, casi siempre aparece un oficial subalterno comandando la banda. En ocho casos, los guardias han sido detenidos por delitos relacionados con la sustracción de armas de sus respectivos parques o de salas de evidencia, donde son consignadas las armas u otros efectos incautados durante procedimientos. Esto explica por qué últimamente se observa un incremento en el poder de fuego de las bandas criminales: esas armas (granadas, fusiles, ametralladoras y pistolas) generalmente van a parar a las manos de delincuentes. A partir de marzo, el delito que se puso de moda entre los militares es la llamada “sustracción de material estratégico”, es decir, el hurto de cables, guayas, fibra óptica y material ferroso que luego puede ser contrabandeado a Colombia, donde se paga a precios internacionales. De continuar a este ritmo, más de mil efectivos de la GN serán detenidos en 2018.

*La Asamblea Nacional iniciará la discusión de un anteproyecto de ley destinado a regular la permanencia de detenidos en retenes policiales. Luego de la masacre en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, un grupo de abogados se abocó al análisis del texto constitucional y de las demás normas que inciden sobre el asunto. La propuesta será planteada ante el Parlamento en abril, indicaron personas involucradas en este trabajo. El punto central es que se fijará un lapso máximo de permanencia en tales instalaciones, y la obligatoriedad de transferir a internados judiciales bajo la administración de Servicio Penitenciario a todas las personas que excedan ese tiempo. El criterio preponderante es que un privado de libertad no puede estar en instalaciones policiales más de 96 horas continuas. La norma establecerá además una disposición transitoria para desalojar los retenes de todos los cuerpos de seguridad. Esto, de hecho, rompería con el sistema de “cupos” implantado por el ministerio de María Iris Varela.

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, ordenó a todas las delegaciones estatales de ese cuerpo remitir cuanto antes la data completa sobre los casos y el número de muertes por enfrentamientos con efectivos de cuerpos de seguridad, mejor conocidos como “resistencias a la autoridad”. La información debe abarcar todos los expedientes iniciados por este delito a partir de 2013 y hasta la actualidad. De igual forma, todas las averiguaciones por el referido concepto deberán ser notificadas al Ministerio Público en un lapso no menor de quince días, contado a partir de momento en que se verifica la muerte. No se indica claramente si se remitirá también la data relativa a las muertes dentro de retenes policiales e internados judiciales, atribuibles a agentes de cuerpos de seguridad, tal y como sucedió en los retenes de Puerto Ayacucho y Valencia.

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El oro y el retén, por Javier Ignacio Mayorca


 

 

Autor: Javier Ignacio Mayorca | @javiermayorca


Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la Policía de Carabobo

 

  • El oro a escondidas

Mucho revuelo ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados– acudieron a los tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles adicionales.

En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el transporte del metal se hizo de madrugada.

En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal, que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte), de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29 de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el domingo siguiente, 1 de marzo, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80 millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las rampas del sector este del aeropuerto.

El oro salió en este jet

El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos. Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15 de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco Central de Venezuela.

 

  • Los muertos que no quieren contar

Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo. El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.

*Lea también: Un invasor reforzado, por Tony Rivera Chávez

Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como iniciador de las llamas.

La presencia de mujeres en el lugar formaba parte de un sistema de sobornos a los funcionarios policiales, que fue denunciado por los familiares de los reclusos. Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.

La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia Nacional.

Por otra parte, es claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto, según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo, hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres murieron a cuchilladas.

De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que no es responsable

LOS PRESOS VERDES DEL PRESIDENTE MADURO

Javier Mayorca | 27/03/2018 | Artículos | No hay comentarios

-Los militares, y especialmente los civiles, deben entender que el futuro de todos los oficiales detenidos por participar en conspiraciones, reales o ficticias, está exclusivamente en manos del Presidente

@javiermayorca


La detención y el posterior enjuiciamiento en los tribunales de Fuerte Tiuna de los oficiales que supuestamente lideraban y participaban en el autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo es una decisión que recae directamente sobre el presidente Nicolás Maduro.

Estos presos son suyos, así como los de los complots anteriores, reales o ficticios, y de los que puedan venir. En este sentido, la privación de libertad al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres es también una determinación del Jefe del Estado.

Esto no es un juego retórico. La justicia militar, me explicó una vez el coronel retirado Antonio Guevara, es de comando. Contrario a lo que supone la justicia civil ordinaria, en cuanto a su configuración clásica como instancia independiente del Ejecutivo, en las fuerzas armadas los tribunales operan como un órgano más de este poder. Esto es algo difícil de entender para los civiles, aún en países como Venezuela donde los juzgados ordinarios han sido cooptados por el Gobierno.

El artículo 54 del Código Orgánico de Justicia Militar lo dice con claridad, cuando enumera las atribuciones del Presidente de la República: 1) ordenar, por medio del ministro de la Defensa, el enjuiciamiento de los oficiales generales y almirantes; 2) ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados; 3) ordenar el sobreseimiento de los juicios militares; 4) conceder indultos, y 5) conmutar las penas establecidas por sentencia ejecutoriada por otra menor que la señalada en el propio código.

De manera que el Presidente no solo es el comandante en jefe de la FAN, sino también la primera autoridad de la justicia militar. El ministro de la Defensa, en este caso Vladimir Padrino, es simplemente un ejecutor de sus designios.

Se podrá señalar que Rodríguez Torres ya estaba retirado y que los demás implicados en el movimiento sedicioso no eran generales sino tenientes coroneles, primeros tenientes e incluso algún sargento. Eso no importa, puesto que la autoridad militar que ordena el procesamiento de todos ellos termina siempre agachando la cabeza ante Maduro. Siempre será un subalterno del Comandante en Jefe.

Si todo sale bien para el Presidente, el día de mañana reafirmará su autoridad en las filas castrenses. Para eso fue diseñada la justicia militar, para que cunda la disciplina por vía del ejemplo, en positivo o en negativo. Pero si las cosas no le salen como él pensaba, él será a los ojos de la oficialidad el primer responsable por lo que ocurra cuarteles adentro.

Lo que sucede actualmente dentro de la FAN solo tiene un precedente desde que Chávez llegó al poder, y fue la convulsión militar que desembocó en la crisis de abril de 2002. Pero entre aquel episodio y este hay diferencias fundamentales. Hace 16 años se manifestó abiertamente contra el Presidente un conjunto mayoritario de oficiales generales de los cuatro componentes armados. Pero en la oficialidad media y subalterna prevalecía la afinidad hacia Chávez. Esto facilitó la retoma del poder, el 13 de abril.

Ahora se percibe un movimiento en el que participan exclusivamente comandantes de batallones del Ejército, sin auxilio de otras fuerzas militares. Es la cabeza de los “comacates” (comandantes, mayores, capitanes y tenientes). Las informaciones iniciales, conocidas extraoficialmente, indican que se habían involucrado 18 unidades. Las cuentas no cuadran. Ante los tribunales fueron presentados los jefes de cinco unidades. ¿Dónde quedó el resto? Tal parece entonces que Maduro y Padrino han intentado un “control de daños” a lo interno del Ejército. Solo el futuro inmediato dirá si la jugada les salió como querían.

Breves

*El contrabando de extracción de combustible no cesa en la frontera del estado Apure. Fuentes de la zona indica que esta actividad se ha organizado de tal forma que prácticamente involucra a funcionarios de todos los organismos del Estado, en especial a los militares, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, capaces de reconocer a simple vista cuáles automóviles, camionetas y camiones están “alineados”, como se le dice en el argot local. Los vehículos, convenientemente adaptados, están en capacidad de trasladar desde 210 litros hasta 600 litros. La carga de gasolina suele llevarse a cabo en Mantecal o Elorza. Para evitar confusiones, se establecen palabras que son utilizadas como “santo y seña” para cada jornada en la que está abierta la ruta. Un vehículo con 200 litros de combustible puede generar 180.000 pesos colombianos, cancelados en efectivo apenas al pasar al departamento de Arauca. Saquen cuentas.

*Entre los grandes beneficiarios del contrabando de combustible en Apure también figuran los individuos que anteriormente lideraban los frentes del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el área limítrofe, ahora dedicados exclusivamente a actividades ilegales, aquí y allá. El nombre que más suena es el de Noé Sánchez, alias Grannobles, hermano del extinto Germán Briceño, mejor conocido como Mono Jojoy, quien fue el jefe militar del grupo guerrillero. Hay viejos informes de la policía judicial que advierten que algunos centros de acopio de combustible, establecidos en fincas del municipio Rómulo Gallegos, son también utilizados como puntos para la carga de alijos de drogas en avionetas. En esto jugaría un papel fundamental Germán Arturo Rodríguez Ataya, conocido como el piloto de las FARC. Este hombre, de unos 48 años de edad, fue detenido por agentes de la policía judicial en el hato San Rafael de Apure, pero una decisión de la Sala Penal del TSJ ordenó liberarlo en junio de 2015.

*Está en desarrollo un enfrentamiento entre la policía judicial y la Policía Nacional. Luego del incidente del 12 de marzo en las residencias Metro de la avenida Sucre, cuando agentes de la División contra Homicidios intentaron de manera infructuosa la detención de un grupo de oficiales adscrito a la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (FAES), hay en ambas instituciones una expectativa de ver quién del otro cuerpo comete un desliz. En unidades de la PNB han recibido la orden de vigilar las actividades de Cicpc. Los de este organismo, mientras tanto, adelantan diversas pesquisas sobre el involucramiento en delitos de oficiales del “cuerpo pionero” del nuevo modelo policial. En el último caso conocido, agentes de la División contra Robos detuvieron a 3 PNB por estar supuestamente implicados en el asalto a viajeros que llegan por el aeropuerto de Maiquetía. Más de esto se verá en los próximos días. Es posible que estemos ante una secuela de la masacre de El Junquito, en la que elementos de la FAES actuaron sin contemplaciones contra el grupo liderado por el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, cuando éste ya había manifestado su intención de rendirse.

*Las últimas informaciones conocidas públicamente indican la existencia de un acelerado proceso de incorporación de policías y militares a actividades delictivas. Este punto ha sido tocado en este mismo espacio, pero la cosa pareciera agravarse cada día que pasa. El fin de semana, un sargento de la Guardia Nacional casi fue linchado cuando intentó asaltar a residentes de los edificios Rio Arriba en Mérida. La comunidad enardecida finalmente lo entregó, ensangrentado y semidesnudo, a una comisión de la zona de defensa integral. En ese momento, solo vestía un pantalón corto con el logo de la Fuerza Armada. El día anterior, cinco detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia y un oficial de la Policía Nacional fueron apresados luego de perpetrar un robo masivo a un centro de juegos en Acarigua, estado Portuguesa. En Anzoátegui, cinco guardias nacionales y dos civiles fueron apresados por conformar una banda de asaltantes de fincas y vehículos en las carreteras. En Yaracuy, dos oficiales de la policía regional fueron detenidos pues hurtaron la pistola reglamentaria Beretta 9 mm a un compañero de trabajo, aprovechando que se encontraba ebrio, y la negociaron con delincuentes. En Vargas, son consistentes las denuncias sobre extorsión a los viajeros por oficiales que instalan puntos de control en la entrada al aeropuerto, mientras que adentro los guardias nacionales son fotografiados por cuando supuestamente reciben coimas de viajeros que intentan llevar todo tipo de mercancías en vuelos a La Habana. Cicpc tampoco se salva. El hacinamiento de detenidos en oficinas administrativas no aptas para esta función ha generado un pequeño mercado de paso de teléfonos. Tres agentes han sido detectados en ese plan, y uno se pregunta cuántos más continúan haciéndolo. Esto por referir solamente lo conocido desde la segunda quincena de febrero hasta ahora. Tantos casos y tan seguidos dicen mucho de lo deficiente del proceso de reclutamiento y selección, y de los peores procesos de supervisión, que no permiten la detección temprana de los agentes corruptos, de manera que los correctivos se imponen generalmente por vía jurisdiccional, cuando la sangre ya llegó al rio. Desde luego, un proceso como este merma la confianza en los cuerpos policiales, y hace que la gente desista de denunciar los hechos en los que ha sido víctima. Por eso, cuando el ministro de Relaciones Interiores dice satisfecho que el delito está bajando, lo que sucede en realidad es que cada día los organismos de seguridad conocen menos denuncias. Y ahora andan a ciegas.

*La Fuerza Armada todavía no ha comenzado los eventos preparatorios para la Operación República correspondiente a la elección presidencial, fijada para el domingo 20 de mayo. Cuando la fecha de los comicios era en abril, lo primero que hicieron fue instruir a la tropa sobre los distintos delitos electorales. Eso, desde luego, tiene un efecto residual con miras en este evento. Sin embargo, fuentes militares aseguran que en esta oportunidad habrá un despliegue castrense masivo, cuyo propósito esencial será disuadir cualquier tipo de manifestación contra la jornada de votación, cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada por la mayoría de los sectores políticos del país y la comunidad internacional. En la FAN, al parecer, manejan escenarios de protestas callejeras, tanto en los días previos a los comicios como durante la propia jornada.

*El 19 de marzo el Departamento de Estado divulgó el último informe de “estrategia internacional para el control de narcóticos”. Como es tradicional, el extenso documento consta de dos partes. La primera se refiere a los controles aplicados por los distintos países en cuanto al flujo de drogas ilícitas y las sustancias químicas utilizadas para fabricarlas. El segundo tomo tiene que ver con la cooperación para investigar, prevenir y reprimir el lavado de dinero. Según este informe, las regulaciones establecidas por el Gobierno a los distintos mercados del país ocasionan que “muchos comerciantes legítimos contacten a actores ilegales para obtener acceso a dólares estadounidenses, facilitando así el lavado de dinero”. El mercado negro del dólar fue calificado de “robusto”, y de acuerdo con el documento se nutre de divisas obtenidas del tráfico de drogas y de manipulaciones cambiarias. Se hace referencia a una variación del método conocido como el “mercado negro del peso colombiano”. Consiste en que los traficantes de drogas entregan el producto de sus ventas a contrabandistas, agentes de viajes e inversionistas, a cambio de pesos colombianos, que luego son transformados en bolívares en la frontera, a la tasa de cambio paralela, y utilizados posteriormente para comprar dólares a través de los esquemas establecidos por el Gobierno, como son las subastas y las ventas de bonos. En resumen, se usa al aparato estatal para la legitimación de capitales. El capítulo referido a Venezuela reitera que desde 2006 no hay intercambio de información entre los órganos de EEUU y este país encargados de regular e investigar la legitimación de capitales, presumiblemente debido a una infidencia de las autoridades nacionales.

*Si desea comunicarse con el autor de este blog, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o rellenar el formulario correspondiente en el margen derecho de la página. Su mensaje recibirá oportuna respuesta.

Javier Ignacio Mayorca: Los presos verdes del presidente Maduro

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marzo 25, 2018

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CAR07. CARACAS (VENEZUELA), 13/03/2018.- Funcionarios policiales detienen al exministro venezolano de Interior Miguel Rodríguez Torres tras una reunión política hoy, martes 13 de marzo de 2018, en Caracas (Venezuela). Un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo la tarde de hoy en Caracas al exministro de Interior Miguel Rodríguez Torres que ahora es crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro, del cual formó parte. EFE/Miguel Gutiérrez

Los militares, y especialmente los civiles, deben entender que el futuro de todos los oficiales detenidos por participar en conspiraciones, reales o ficticias, está exclusivamente en manos del Presidente

La detención y el posterior enjuiciamiento en los tribunales de Fuerte Tiuna de los oficiales que supuestamente lideraban y participaban en el autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo es una decisión que recae directamente sobre el presidente Nicolás Maduro.

Estos presos son suyos, así como los de los complots anteriores, reales o ficticios, y de los que puedan venir. En este sentido, la privación de libertad al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres es también una determinación del Jefe del Estado.

Esto no es un juego retórico. La justicia militar, me explicó una vez el coronel retirado Antonio Guevara, es de comando. Contrario a lo que supone la justicia civil ordinaria, en cuanto a su configuración clásica como instancia independiente del Ejecutivo, en las fuerzas armadas los tribunales operan como un órgano más de este poder. Esto es algo difícil de entender para los civiles, aún en países como Venezuela donde los juzgados ordinarios han sido cooptados por el Gobierno.

El artículo 54 del Código Orgánico de Justicia Militar lo dice con claridad, cuando enumera las atribuciones del Presidente de la República: 1) ordenar, por medio del ministro de la Defensa, el enjuiciamiento de los oficiales generales y almirantes; 2) ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados; 3) ordenar el sobreseimiento de los juicios militares; 4) conceder indultos, y 5) conmutar las penas establecidas por sentencia ejecutoriada por otra menor que la señalada en el propio código.

De manera que el Presidente no solo es el comandante en jefe de la FAN, sino también la primera autoridad de la justicia militar. El ministro de la Defensa, en este caso Vladimir Padrino, es simplemente un ejecutor de sus designios.

Se podrá señalar que Rodríguez Torres ya estaba retirado y que los demás implicados en el movimiento sedicioso no eran generales sino tenientes coroneles, primeros tenientes e incluso algún sargento. Eso no importa, puesto que la autoridad militar que ordena el procesamiento de todos ellos termina siempre agachando la cabeza ante Maduro. Siempre será un subalterno del Comandante en Jefe.

Si todo sale bien para el Presidente, el día de mañana reafirmará su autoridad en las filas castrenses. Para eso fue diseñada la justicia militar, para que cunda la disciplina por vía del ejemplo, en positivo o en negativo. Pero si las cosas no le salen como él pensaba, él será a los ojos de la oficialidad el primer responsable por lo que ocurra cuarteles adentro.
Lo que sucede actualmente dentro de la FAN solo tiene un precedente desde que Chávez llegó al poder, y fue la convulsión militar que desembocó en la crisis de abril de 2002.

Pero entre aquel episodio y este hay diferencias fundamentales. Hace 16 años se manifestó abiertamente contra el Presidente un conjunto mayoritario de oficiales generales de los cuatro componentes armados. Pero en la oficialidad media y subalterna prevalecía la afinidad hacia Chávez. Esto facilitó la retoma del poder, el 13 de abril.

Ahora se percibe un movimiento en el que participan exclusivamente comandantes de batallones del Ejército, sin auxilio de otras fuerzas militares. Es la cabeza de los “comacates” (comandantes, mayores, capitanes y tenientes). Las informaciones iniciales, conocidas extraoficialmente, indican que se habían involucrado 18 unidades. Las cuentas no cuadran. Ante los tribunales fueron presentados los jefes de cinco unidades. ¿Dónde quedó el resto? Tal parece entonces que Maduro y Padrino han intentado un “control de daños” a lo interno del Ejército. Solo el futuro inmediato dirá si la jugada les salió como querían.

Breves

*El contrabando de extracción de combustible no cesa en la frontera del estado Apure. Fuentes de la zona indica que esta actividad se ha organizado de tal forma que prácticamente involucra a funcionarios de todos los organismos del Estado, en especial a los militares, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, capaces de reconocer a simple vista cuáles automóviles, camionetas y camiones están “alineados”, como se le dice en el argot local. Los vehículos, convenientemente adaptados, están en capacidad de trasladar desde 210 litros hasta 600 litros. La carga de gasolina suele llevarse a cabo en Mantecal o Elorza. Para evitar confusiones, se establecen palabras que son utilizadas como “santo y seña” para cada jornada en la que está abierta la ruta. Un vehículo con 200 litros de combustible puede generar 180.000 pesos colombianos, cancelados en efectivo apenas al pasar al departamento de Arauca. Saquen cuentas.

*Entre los grandes beneficiarios del contrabando de combustible en Apure también figuran los individuos que anteriormente lideraban los frentes del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el área limítrofe, ahora dedicados exclusivamente a actividades ilegales, aquí y allá. El nombre que más suena es el de Noé Sánchez, alias Grannobles, hermano del extinto Germán Briceño, mejor conocido como Mono Jojoy, quien fue el jefe militar del grupo guerrillero. Hay viejos informes de la policía judicial que advierten que algunos centros de acopio de combustible, establecidos en fincas del municipio Rómulo Gallegos, son también utilizados como puntos para la carga de alijos de drogas en avionetas. En esto jugaría un papel fundamental Germán Arturo Rodríguez Ataya, conocido como el piloto de las FARC. Este hombre, de unos 48 años de edad, fue detenido por agentes de la policía judicial en el hato San Rafael de Apure, pero una decisión de la Sala Penal del TSJ ordenó liberarlo en junio de 2015.

El caso de las residencias Metro traerá cola
*Está en desarrollo un enfrentamiento entre la policía judicial y la Policía Nacional. Luego del incidente del 12 de marzo en las residencias Metro de la avenida Sucre, cuando agentes de la División contra Homicidios intentaron de manera infructuosa la detención de un grupo de oficiales adscrito a la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (FAES), hay en ambas instituciones una expectativa de ver quién del otro cuerpo comete un desliz. En unidades de la PNB han recibido la orden de vigilar las actividades de Cicpc. Los de este organismo, mientras tanto, adelantan diversas pesquisas sobre el involucramiento en delitos de oficiales del “cuerpo pionero” del nuevo modelo policial. En el último caso conocido, agentes de la División contra Robos detuvieron a 3 PNB por estar supuestamente implicados en el asalto a viajeros que llegan por el aeropuerto de Maiquetía. Más de esto se verá en los próximos días. Es posible que estemos ante una secuela de la masacre de El Junquito, en la que elementos de la FAES actuaron sin contemplaciones contra el grupo liderado por el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, cuando éste ya había manifestado su intención de rendirse.

*Las últimas informaciones conocidas públicamente indican la existencia de un acelerado proceso de incorporación de policías y militares a actividades delictivas. Este punto ha sido tocado en este mismo espacio, pero la cosa pareciera agravarse cada día que pasa. El fin de semana, un sargento de la Guardia Nacional casi fue linchado cuando intentó asaltar a residentes de los edificios Rio Arriba en Mérida. La comunidad enardecida finalmente lo entregó, ensangrentado y semidesnudo, a una comisión de la zona de defensa integral. En ese momento, solo vestía un pantalón corto con el logo de la Fuerza Armada. El día anterior, cinco detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia y un oficial de la Policía Nacional fueron apresados luego de perpetrar un robo masivo a un centro de juegos en Acarigua, estado Portuguesa. En Anzoátegui, cinco guardias nacionales y dos civiles fueron apresados por conformar una banda de asaltantes de fincas y vehículos en las carreteras. En Yaracuy, dos oficiales de la policía regional fueron detenidos pues hurtaron la pistola reglamentaria Beretta 9 mm a un compañero de trabajo, aprovechando que se encontraba ebrio, y la negociaron con delincuentes. En Vargas, son consistentes las denuncias sobre extorsión a los viajeros por oficiales que instalan puntos de control en la entrada al aeropuerto, mientras que adentro los guardias nacionales son fotografiados por cuando supuestamente reciben coimas de viajeros que intentan llevar todo tipo de mercancías en vuelos a La Habana. Cicpc tampoco se salva. El hacinamiento de detenidos en oficinas administrativas no aptas para esta función ha generado un pequeño mercado de paso de teléfonos. Tres agentes han sido detectados en ese plan, y uno se pregunta cuántos más continúan haciéndolo. Esto por referir solamente lo conocido desde la segunda quincena de febrero hasta ahora. Tantos casos y tan seguidos dicen mucho de lo deficiente del proceso de reclutamiento y selección, y de los peores procesos de supervisión, que no permiten la detección temprana de los agentes corruptos, de manera que los correctivos se imponen generalmente por vía jurisdiccional, cuando la sangre ya llegó al rio. Desde luego, un proceso como este merma la confianza en los cuerpos policiales, y hace que la gente desista de denunciar los hechos en los que ha sido víctima. Por eso, cuando el ministro de Relaciones Interiores dice satisfecho que el delito está bajando, lo que sucede en realidad es que cada día los organismos de seguridad conocen menos denuncias. Y ahora andan a ciegas.

*La Fuerza Armada todavía no ha comenzado los eventos preparatorios para la Operación República correspondiente a la elección presidencial, fijada para el domingo 20 de mayo. Cuando la fecha de los comicios era en abril, lo primero que hicieron fue instruir a la tropa sobre los distintos delitos electorales. Eso, desde luego, tiene un efecto residual con miras en este evento. Sin embargo, fuentes militares aseguran que en esta oportunidad habrá un despliegue castrense masivo, cuyo propósito esencial será disuadir cualquier tipo de manifestación contra la jornada de votación, cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada por la mayoría de los sectores políticos del país y la comunidad internacional. En la FAN, al parecer, manejan escenarios de protestas callejeras, tanto en los días previos a los comicios como durante la propia jornada.

*El 19 de marzo el Departamento de Estado divulgó el último informe de “estrategia internacional para el control de narcóticos”. Como es tradicional, el extenso documento consta de dos partes. La primera se refiere a los controles aplicados por los distintos países en cuanto al flujo de drogas ilícitas y las sustancias químicas utilizadas para fabricarlas. El segundo tomo tiene que ver con la cooperación para investigar, prevenir y reprimir el lavado de dinero. Según este informe, las regulaciones establecidas por el Gobierno a los distintos mercados del país ocasionan que “muchos comerciantes legítimos contacten a actores ilegales para obtener acceso a dólares estadounidenses, facilitando así el lavado de dinero”. El mercado negro del dólar fue calificado de “robusto”, y de acuerdo con el documento se nutre de divisas obtenidas del tráfico de drogas y de manipulaciones cambiarias. Se hace referencia a una variación del método conocido como el “mercado negro del peso colombiano”. Consiste en que los traficantes de drogas entregan el producto de sus ventas a contrabandistas, agentes de viajes e inversionistas, a cambio de pesos colombianos, que luego son transformados en bolívares en la frontera, a la tasa de cambio paralela, y utilizados posteriormente para comprar dólares a través de los esquemas establecidos por el Gobierno, como son las subastas y las ventas de bonos. En resumen, se usa al aparato estatal para la legitimación de capitales. El capítulo referido a Venezuela reitera que desde 2006 no hay intercambio de información entre los órganos de EEUU y este país encargados de regular e investigar la legitimación de capitales, presumiblemente debido a una infidencia de las autoridades nacionales.

@javiermayorca

http://crimenessincastigo.blogspot.com

Los presos verdes del presidente Maduro, por Javier Ignacio Mayorca

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Publicado  Marzo 22,  2018


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Autor: Javier Ignacio Mayorca | @javiermayorca


La detención y el posterior enjuiciamiento en los tribunales de Fuerte Tiuna de los oficiales que supuestamente lideraban y participaban en el autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo es una decisión que recae directamente sobre el presidente Nicolás Maduro.

Estos presos son suyos, así como los de los complots anteriores, reales o ficticios, y de los que puedan venir. En este sentido, la privación de libertad al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres es también una determinación del Jefe del Estado

La promoción 1999 de la Academia Militar, primera graduada por Chávez, encabeza el Movimiento de Transición de la Dignidad

Esto no es un juego retórico. La justicia militar, me explicó una vez el coronel retirado Antonio Guevara, es de comando. Contrario a lo que supone la justicia civil ordinaria, en cuanto a su configuración clásica como instancia independiente del Ejecutivo, en las fuerzas armadas los tribunales operan como un órgano más de este poder. Esto es algo difícil de entender para los civiles, aún en países como Venezuela donde los juzgados ordinarios han sido cooptados por el Gobierno.

El artículo 54 del Código Orgánico de Justicia Militar lo dice con claridad, cuando enumera las atribuciones del Presidente de la República: 1) ordenar, por medio del ministro de la Defensa, el enjuiciamiento de los oficiales generales y almirantes; 2) ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados; 3) ordenar el sobreseimiento de los juicios militares; 4) conceder indultos, y 5) conmutar las penas establecidas por sentencia ejecutoriada por otra menor que la señalada en el propio código.

De manera que el Presidente no solo es el comandante en jefe de la FAN, sino también la primera autoridad de la justicia militar. El ministro de la Defensa, en este caso Vladimir Padrino, es simplemente un ejecutor de sus designios.

Se podrá señalar que Rodríguez Torres ya estaba retirado y que los demás implicados en el movimiento sedicioso no eran generales sino tenientes coroneles, primeros tenientes e incluso algún sargento. Eso no importa, puesto que la autoridad militar que ordena el procesamiento de todos ellos termina siempre agachando la cabeza ante Maduro. Siempre será un subalterno del Comandante en Jefe.

Si todo sale bien para el Presidente, el día de mañana reafirmará su autoridad en las filas castrenses. Para eso fue diseñada la justicia militar, para que cunda la disciplina por vía del ejemplo, en positivo o en negativo. Pero si las cosas no le salen como él pensaba, él será a los ojos de la oficialidad el primer responsable por lo que ocurra cuarteles adentro.

Lo que sucede dentro de la FAN solo tiene un precedente desde que Chávez llegó al poder, y fue la convulsión militar que desembocó en la crisis de abril de 2002. Pero entre aquel episodio y este hay diferencias fundamentales. Hace 16 años se manifestaron abiertamente contra el Presidente un conjunto mayoritario de oficiales generales de los cuatro componentes armados. Pero en la oficialidad media y subalterna prevalecía la afinidad hacia Chávez. Esto facilitó la retoma del poder, el 13 de abril.

Ahora se percibe un movimiento en el que participan exclusivamente comandantes de batallones del Ejército, sin auxilio de otras fuerzas militares. Es la cabeza de los “comacates” (comandantes, mayores, capitanes y tenientes). Las informaciones iniciales, conocidas extraoficialmente, indican que se habían involucrado 18 unidades. Las cuentas no cuadran. Ante los tribunales fueron presentados los jefes de cinco unidades. ¿Dónde quedó el resto? Tal parece entonces que Maduro y Padrino han intentado un “control de daños” a lo interno del Ejército. Solo el futuro inmediato dirá si la jugada les salió como querían.

Breves

*El contrabando de extracción de combustible no cesa en la frontera del estado Apure. Fuentes de la zona indica que esta actividad se ha organizado de tal forma que prácticamente involucra a funcionarios de todos los organismos del Estado, en especial a los militares, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, capaces de reconocer a simple vista cuáles automóviles, camionetas y camiones están “alineados”, como se le dice en el argot local. Los vehículos, convenientemente adaptados, están en capacidad de trasladar desde 210 litros hasta 600 litros. La carga de gasolina suele llevarse a cabo en Mantecal o Elorza. Para evitar confusiones, se establecen palabras que son utilizadas como “santo y seña” para cada jornada en la que está abierta la ruta. Un vehículo con 200 litros de combustible puede generar 180.000 pesos colombianos, cancelados en efectivo apenas al pasar al departamento de Arauca. Saquen cuentas.

*Entre los grandes beneficiarios del contrabando de combustible en Apure también figuran los individuos que anteriormente lideraban los frentes del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el área limítrofe, ahora dedicados exclusivamente a actividades ilegales, aquí y allá. El nombre que más suena es el de Noé Sánchez, alias Grannobles, hermano del extinto Germán Briceño, mejor conocido como Mono Jojoy, quien fue el jefe militar del grupo guerrillero. Hay viejos informes de la policía judicial que advierten que algunos centros de acopio de combustible, establecidos en fincas del municipio Rómulo Gallegos, son también utilizados como puntos para la carga de alijos de drogas en avionetas. En esto jugaría un papel fundamental Germán Arturo Rodríguez Ataya, conocido como el piloto de las FARC. Este hombre, de unos 48 años de edad, fue detenido por agentes de la policía judicial en el hato San Rafael de Apure, pero una decisión de la Sala Penal del TSJ ordenó liberarlo en junio de 2015.

*Las últimas informaciones conocidas públicamente indican la existencia de un acelerado proceso de incorporación de policías y militares a actividades delictivas. Este punto ha sido tocado en este mismo espacio, pero la cosa pareciera agravarse cada día que pasa. El fin de semana, un sargento de la Guardia Nacional casi fue linchado cuando intentó asaltar a residentes de los edificios Rio Arriba en Mérida. La comunidad enardecida finalmente lo entregó, ensangrentado y semidesnudo, a una comisión de la zona de defensa integral. En ese momento, solo vestía un pantalón corto con el logo de la Fuerza Armada. El día anterior, cinco detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia y un oficial de la Policía Nacional fueron apresados luego de perpetrar un robo masivo a un centro de juegos en Acarigua, estado Portuguesa. En Anzoátegui, cinco guardias nacionales y dos civiles fueron apresados por conformar una banda de asaltantes de fincas y vehículos en las carreteras. En Yaracuy, dos oficiales de la policía regional fueron detenidos pues hurtaron la pistola reglamentaria Beretta 9 mm a un compañero de trabajo, aprovechando que se encontraba ebrio, y la negociaron con delincuentes. En Vargas, son consistentes las denuncias sobre extorsión a los viajeros por oficiales que instalan puntos de control en la entrada al aeropuerto, mientras que adentro los guardias nacionales son fotografiados por cuando supuestamente reciben coimas de viajeros que intentan llevar todo tipo de mercancías en vuelos a La Habana. Cicpc tampoco se salva. El hacinamiento de detenidos en oficinas administrativas no aptas para esta función ha generado un pequeño mercado de paso de teléfonos. Tres agentes han sido detectados en ese plan, y uno se pregunta cuántos más continúan haciéndolo. Esto por referir solamente lo conocido desde la segunda quincena de febrero hasta ahora. Tantos casos y tan seguidos dicen mucho de lo deficiente del proceso de reclutamiento y selección, y de los peores procesos de supervisión, que no permiten la detección temprana de los agentes corruptos, de manera que los correctivos se imponen generalmente por vía jurisdiccional, cuando la sangre ya llegó al rio. Desde luego, un proceso como este merma la confianza en los cuerpos policiales, y hace que la gente desista de denunciar los hechos en los que ha sido víctima. Por eso, cuando el ministro de Relaciones Interiores dice satisfecho que el delito está bajando, lo que sucede en realidad es que cada día los organismos de seguridad conocen menos denuncias. Y ahora andan a ciegas.

Javier Mayorca: Descontento en el Ejército

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Emisora Costa del Sol FM 09-03-2018 Opinión0

Un nuevo movimiento que supuestamente pretendía sacar a Maduro del poder fue detectado en la principal fuerza castrense del país. Oficiales que estaban al mando de unidades con alto poder de fuego ahora son llevados a los tribunales

@javiermayorca

Desde la primera semana de marzo quedó en evidencia –nuevamente- la delicada situación por la que atraviesa el Ejército. Luego de unos ejercicios Independencia en los que no creyeron ni siquiera los mismos militares, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles que, hasta ese momento, ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego.

El oficial de mayor relevancia es el teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna. Fue aprehendido el viernes aproximadamente a las 9 am, cuando acudió a la sede de la unidad. De allí, según fuentes con conocimiento directo del caso, fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión lo llevaron a un calabozo en la Dgcim Boleita.

Marín fue alférez mayor de la promoción graduada en 1999 en la Academia Militar. Es, por lo tanto, el oficial más brillante de su grupo, y eso lo confirma la posición clave para la defensa del proceso político que ejercía para el momento en que lo privaron de libertad.

Otros compañeros de la misma camada de Marín están en la misma condición. Ejercían el comando de unidades militares en los Andes, el centro y oriente del país. En el grupo también figura el teniente coronel Eric Peña Romero, administrador del Hospital Militar de Caracas, quien fuera ayudante del general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, un disidente del chavismo que fue inhabilitado recientemente para optar para la Presidencia.

Para el momento de la redacción de esta nota estaba pautada la presentación de Marín y otros oficiales ante los tribunales de control militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna. Hasta ahora, han involucrado a diecinueve. Les imputarán rebelión militar y traición a la patria, aunque la lista de delitos podría ser más larga. Curiosamente, en la fase previa a la audiencia de presentación el expediente no había llegado al Ministerio Público militar. Por ende, las actas con los detalles de la investigación solo eran del conocimiento de Contrainteligencia Militar, el Alto Mando y líderes del Gobierno. Son las cosas de la justicia de comando.

Este es el segundo movimiento de disidencia al Presidente detectado en filas del principal componente castrense en apenas un año. En 2017 también fue desmantelado a última hora un grupo de tenientes y primeros tenientes, en su mayoría de la promoción 2012 de la Academia Militar.

Cuando Maduro empezó su presidencia, los supuestos movimientos militares involucraban mayoritariamente a altos oficiales en posiciones administrativas, sin mando sobre tropas o ya retirados. Eran de la Aviación y la Guardia Nacional. Seis años después, cuando Maduro pretende reelegirse contra la voluntad de la mayoría del país y la comunidad internacional, en medio de la peor crisis económica e institucional de la que se tenga memoria en Venezuela, los calabozos de la Dgcim se llenan con oficiales superiores y subalternos del Ejército.

En Venezuela, el miedo impide a los oficiales hablar de manera abierta. Desde el exterior, el general (recientemente expulsado de la FAN) Antonio Rivero advierte que este último ha sido el movimiento más importante detectado en el seno de la Fuerza Armada.

“Cuando van sobre tenientes coroneles, van sobre niveles de comando muy importantes en la institución. Y, además, se trata del Ejército, que es la principal fuerza militar del país”, explicó.

Breves

*El ministerio de Relaciones Interiores ordenó a un grupo de técnicos la elaboración de un informe sobre el delito de secuestro durante los primeros dos meses de 2018. Hay un interés especial en continuar una campaña propagandística que intenta transmitir a las comunidades, en especial a las de Distrito Capital, que las calles han vuelto a ser seguras. Pero no hay modo. Hasta en los propios documentos internos surgen los datos indicativos de que todavía el problema persiste. Dos elementos preocupantes: en primer lugar, según se conoce extraoficialmente, continúa reafirmándose la tendencia a los secuestros de dos o más personas (padres e hijos, parejas, grupos familiares completos, etc), ya detectada durante 2017. Es por eso que los voceros del Gobierno se concentran en la divulgación del número de casos, y no en la del número de víctimas, que sigue siendo muy alto. Por otra parte, se detecta una dispersión en el accionar de las bandas. Ahora, la mayoría de los secuestros no ocurre en Chacao, Sucre o Baruta sino en municipios periféricos de Miranda. Los habitantes de Rio Chico lo padecen.

*Hasta Caracas ha llegado la información sobre un conflicto entre comisarios de la policía judicial. Por un lado, están los investigadores de la subdelegación Guanare, y por el otro una comisaria Bella Pacheco, en comisión de servicio para ejercer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Cicpc adelantaba una pesquisa sobre el hurto de lo que llaman “material estratégico”, perpetrado en un galpón de Construpatria ubicado en la avenida Bolívar de la referida ciudad. El botín fue de 105 rollos de cable número 12, lo que representa una considerable suma de dinero. El 22 de febrero, según documentación disponible, la comisaria informó a los agentes sobre la posible ubicación de los rollos hurtados, en dos ferreterías de la misma urbe. La información no fue del todo exacta, pues solo encontraron cinco rollos en el depósito de una de las empresas. Junto al cable, hallaron ventanas panorámicas y una puerta de seguridad como las que se utilizan en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El dueño del local explicó que esos materiales en realidad pertenecían a una cooperativa llamada Caballo Viejo, que participa en la construcción de las edificaciones de interés social. Allí comenzaron los problemas. Las inspecciones por parte de Cicpc cesaron. La policía estatal continuó revisando locales, pero de acuerdo con la información transmitida por el Ministerio Público a los pesquisas, estos procedimientos no contaban con notificación de flagrancia ni orden judicial.

*La Fuerza Armada inició un censo para determinar cuáles edificaciones y áreas específicas, tanto públicas como privadas, pueden ser utilizadas como “refugios para la población civil”. La orden correspondiente para hacer el levantamiento de información fue impartida a unidades ubicadas en estados fronterizos y de Los Llanos. Fuentes castrenses indicaron que los informes deben incluir los datos sobre el propietario de la estructura inspeccionada, sus dimensiones, la ubicación, el uso que se le puede dar y las reformas que serían requeridas con tal finalidad. Esto indica que no sólo servirían para albergar a personas en una situación de emergencia, sino también para guardar equipos, materiales e incluso sistemas de armas. El trabajo de campo se inició una vez finalizados los ejercicios Independencia 2018.

*Al momento de entregar estas notas es divulgado el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que coloca a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, en términos de tasas de homicidios, solo superada por la urbe mexicana Los Cabos. En ambos casos, el resultado es superior a 111 por cada 100.000 habitantes. Esto sucede mientras las autoridades venezolanas sostienen que el delito violento disminuyó durante 2017. La ONG mexicana sustenta su trabajo en reportes periodísticos, puesto que carece de acceso a los registros oficiales, al igual que sucede con los grupos de investigadores en Venezuela. De manera que la cifra es fijada sobre la base de ingresos de cadáveres en la morgue de Bello Monte. El impacto internacional de estas informaciones es enorme. Uno de los factores que comienza a ser evaluado en estos centros es la exactitud de las tasas calculadas sobre la base de proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no toman en cuenta la masiva migración desde Venezuela hacia otros países. Lo que sugiere la ONG mexicana es que la tasa real de homicidios en Caracas podría ser mucho más elevada, en vista de que la población de la ciudad sería menor que la proyectada.

Descontento en el Ejército, por Javier Ignacio Mayorca

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Publicado  Marzo 8,  2018


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Autor: Javier Ignacio Mayorca | @javiermayorca


Desde la primera semana de marzo quedó en evidencia –nuevamente- la delicada situación por la que atraviesa el Ejército. Luego de unos ejercicios Independencia en los que no creyeron ni siquiera los mismos militares.

Agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles que, hasta ese momento, ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego.

El oficial de mayor relevancia es el teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna. Fue aprehendido el viernes aproximadamente a las 9 am, cuando acudió a la sede de la unidad. De allí, según fuentes con conocimiento directo del caso, fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión lo llevaron a un calabozo en la Dgcim Boleíta.

Marín fue alférez mayor de la promoción graduada en 1999 en la Academia Militar. Es, por lo tanto, el oficial más brillante de su grupo, y eso lo confirma la posición clave para la defensa del proceso político que ejercía para el momento en que lo privaron de libertad.

Otros compañeros de la misma camada de Marín están en la misma condición. Ejercían el comando de unidades militares en los Andes, el centro y oriente del país. En el grupo también figura el teniente coronel Eric Peña Romero, administrador del Hospital Militar de Caracas, quien fuera ayudante del general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, un disidente del chavismo que fue inhabilitado recientemente para optar para la Presidencia.

Para el momento de la redacción de esta nota estaba pautada la presentación de Marín y otros oficiales ante los tribunales de control militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna. Hasta ahora, han involucrado a diecinueve. Les imputarán rebelión militar y traición a la patria, aunque la lista de delitos podría ser más larga. Curiosamente, en la fase previa a la audiencia de presentación el expediente no había llegado al Ministerio Público militar. Por ende, las actas con los detalles de la investigación solo eran del conocimiento de Contrainteligencia Militar, el Alto Mando y líderes del Gobierno. Son las cosas de la justicia de comando.

Este es el segundo movimiento de disidencia al Presidente detectado en filas del principal componente castrense en apenas un año. En 2017 también fue desmantelado a última hora un grupo de tenientes y primeros tenientes, en su mayoría de la promoción 2012 de la Academia Militar.

Cuando Maduro empezó su presidencia, los supuestos movimientos militares involucraban mayoritariamente a altos oficiales en posiciones administrativas, sin mando sobre tropas o ya retirados. Eran de la Aviación y la Guardia Nacional. Seis años después, cuando Maduro pretende reelegirse contra la voluntad de la mayoría del país y la comunidad internacional, en medio de la peor crisis económica e institucional de la que se tenga memoria en Venezuela, los calabozos de la Dgcim se llenan con oficiales superiores y subalternos del Ejército.

En Venezuela, el miedo impide a los oficiales hablar de manera abierta. Desde el exterior, el general (recientemente expulsado de la FAN) Antonio Rivero advierte que este último ha sido el movimiento más importante detectado en el seno de la Fuerza Armada.

“Cuando van sobre tenientes coroneles, van sobre niveles de comando muy importantes en la institución. Y, además, se trata del Ejército, que es la principal fuerza militar del país”, explicó.

Breves

*El ministerio de Relaciones Interiores ordenó a un grupo de técnicos la elaboración de un informe sobre el delito de secuestro durante los primeros dos meses de 2018. Hay un interés especial en continuar una campaña propagandística que intenta transmitir a las comunidades, en especial a las de Distrito Capital, que las calles han vuelto a ser seguras. Pero no hay modo. Hasta en los propios documentos internos surgen los datos indicativos de que todavía el problema persiste. Dos elementos preocupantes: en primer lugar, según se conoce extraoficialmente, continúa reafirmándose la tendencia a los secuestros de dos o más personas (padres e hijos, parejas, grupos familiares completos, etc.), ya detectada durante 2017. Es por eso que los voceros del Gobierno se concentran en la divulgación del número de casos, y no en la del número de víctimas, que sigue siendo muy alto. Por otra parte, se detecta una dispersión en el accionar de las bandas. Ahora, la mayoría de los secuestros no ocurre en Chacao, Sucre o Baruta sino en municipios periféricos de Miranda. Los habitantes de Rio Chico lo padecen.

*Hasta Caracas ha llegado la información sobre un conflicto entre comisarios de la policía judicial. Por un lado, están los investigadores de la subdelegación Guanare, y por el otro una comisaria Bella Pacheco, en comisión de servicio para ejercer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Cicpc adelantaba una pesquisa sobre el hurto de lo que llaman “material estratégico”, perpetrado en un galpón de Construpatria ubicado en la avenida Bolívar de la referida ciudad. El botín fue de 105 rollos de cable número 12, lo que representa una considerable suma de dinero. El 22 de febrero, según documentación disponible, la comisaria informó a los agentes sobre la posible ubicación de los rollos hurtados, en dos ferreterías de la misma urbe. La información no fue del todo exacta, pues solo encontraron cinco rollos en el depósito de una de las empresas. Junto al cable, hallaron ventanas panorámicas y una puerta de seguridad como las que se utilizan en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El dueño del local explicó que esos materiales en realidad pertenecían a una cooperativa llamada Caballo Viejo, que participa en la construcción de las edificaciones de interés social. Allí comenzaron los problemas. Las inspecciones por parte de Cicpc cesaron. La policía estatal continuó revisando locales, pero de acuerdo con la información transmitida por el Ministerio Público a los pesquisas, estos procedimientos no contaban con notificación de flagrancia ni orden judicial.

*La Fuerza Armada inició un censo para determinar cuáles edificaciones y áreas específicas, tanto públicas como privadas, pueden ser utilizadas como “refugios para la población civil”. La orden correspondiente para hacer el levantamiento de información fue impartida a unidades ubicadas en estados fronterizos y de Los Llanos. Fuentes castrenses indicaron que los informes deben incluir los datos sobre el propietario de la estructura inspeccionada, sus dimensiones, la ubicación, el uso que se le puede dar y las reformas que serían requeridas con tal finalidad. Esto indica que no sólo servirían para albergar a personas en una situación de emergencia, sino también para guardar equipos, materiales e incluso sistemas de armas. El trabajo de campo se inició una vez finalizados los ejercicios Independencia 2018.

*Al momento de entregar estas notas es divulgado el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que coloca a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, en términos de tasas de homicidios, solo superada por la urbe mexicana Los Cabos. En ambos casos, el resultado es superior a 111 por cada 100.000 habitantes. Esto sucede mientras las autoridades venezolanas sostienen que el delito violento disminuyó durante 2017. La ONG mexicana sustenta su trabajo en reportes periodísticos, puesto que carece de acceso a los registros oficiales, al igual que sucede con los grupos de investigadores en Venezuela. De manera que la cifra es fijada sobre la base de ingresos de cadáveres en la morgue de Bello Monte. El impacto internacional de estas informaciones es enorme. Uno de los factores que comienza a ser evaluado en estos centros es la exactitud de las tasas calculadas sobre la base de proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no toman en cuenta la masiva migración desde Venezuela hacia otros países. Lo que sugiere la ONG mexicana es que la tasa real de homicidios en Caracas podría ser mucho más elevada, en vista de que la población de la ciudad sería menor que la proyectada.

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Las cárceles de la FAN (Y II)

domingo, 25 de febrero de 2018

-La puesta en marcha de la Operación Zamora elevó a 77% el hacinamiento general en los centros para procesados militares, y obligó a los directores de los penales a instaurar sistemas de delación, que permitieran mantener el control celdas adentro

@javiermayorca

Venezuela tiene tres grandes centros para procesados militares: Ramo Verde, Santa Ana y La Pica. Las dimensiones de tales instalaciones permiten albergar a unos 540 detenidos. Pero una investigación de la organización Una Ventana para la Libertaddeterminó que, en septiembre de 2017, la población total en esos sitios llegaba a 961 personas. El hacinamiento superaba el 77% en promedio. En el anexo de Santa Ana llegó a ser superior a 214%.

Desde luego, en un país donde los internados judiciales “civiles” tienen niveles de hacinamiento de superan el 300%, los que están bajo el cuidado de la Fuerza Armada podrían parecer hoteles. Y ese es el término que muchos utilizan para describirlos. De hecho, durante la investigación se constató que una de las amenazas de las autoridades en tales lugares hacia los detenidos que consideran problemáticos es el inmediato traslado a instalaciones para presos comunes, como El Rodeo, Yare o El Dorado.

Contrario a lo que sucede en Contrainteligencia Militar, donde hay una intención explícita en hacer sentir al oficial detenido que fue despojado de su graduación, en los llamados “centros para procesados militares” sí existe cierto respeto hacia la antigüedad de los profesionales de armas. Eso hace que, por ejemplo, en Ramo Verde y en Santa Ana los generales y coroneles gocen de más espacio en sus celdas, mientras que los efectivos de tropa a menudo carezcan de lugar para tender una colchoneta.

Las cárceles militares por excelencia, ubicadas en los estados Miranda, Monagas y Táchira, se hacen llamar “centros para procesados”. Pero al revisar la población interna se encuentra que en ellas también están mezclados los individuos aún sometidos a juicio con aquellos que ya fueron sentenciados. La proporción general entre procesados y penados podría ser 70/30, es decir, similar a la de los internados judiciales administrados por Servicio Penitenciario. Pero esta cifra cambia durante las épocas de conflictividad política y social, sobre todo luego de la activación de la Operación Zamora, por orden del presidente Maduro en abril de 2017, que militarizó las labores de preservación del orden público, así como también el enjuiciamiento de las personas privadas de libertad por protestar. El pretexto que dio en su momento el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, fue que estos manifestantes incurrían en el delito militar de “ultraje al centinela” cuando atacaban a los guardias. Hubo, por cierto, personas que fueron apresadas por efectivos de la Policía Nacional y enviadas a instalaciones de la FAN, sin que hubiesen arremetido contra ningún efectivo castrense.

Las cárceles militares se llenaron de civiles

El hacinamiento prevaleciente en las cárceles de la Fuerza Armada acarreó otros efectos colaterales, como por ejemplo las deficiencias en la alimentación de los internos. Los familiares de los detenidos se ven obligados a asumir los costos de la comida. Otros dependen de la solidaridad de sus compañeros de reclusión. En Ramo Verde y La Pica, por ejemplo, es frecuente que un recluso cocine en una gran olla para dar también a quienes no tienen bocado.

Otro factor común son las condiciones generales de insalubridad y el retardo de la atención médica. En las cárceles de la FAN te bañas “cuando llega el agua”. En Táchira, esta situación ocasionó un brote de sarna, que tuvo que ser atendido por organizaciones no gubernamentales en condiciones de absoluta discreción, pues la dirección del penal no quería que esto fuese del conocimiento público.

Las tres cárceles de la FAN están bajo un sistema de dirección rotatoria, ejercida por un coronel o capitán de navío por lapsos que –teóricamente- no deberían superar los seis meses. Los designa el titular de Defensa, por intermedio de un director general de Servicio Penitenciario, que tiene el grado de general de brigada.

Desde luego, los directores de estas cárceles son oficiales que poco o nada entienden de penitenciarismo. Además, carecen de apego por el trabajo que desempeñan, y su mayor interés es evitar en lo posible que la instalación bajo su mando sea motivo de escándalos públicos. Cualquier información que se filtra sobre los castigos excesivos hacia algún detenido o sobre las condiciones generales de reclusión terminará afectando al propio detenido, quien con seguridad será castigado mediante “aislamiento celular” en una celda de 2 x 2, conocida como tigrito.

Como estos directores carecen de personal suficiente para imponer su régimen, en las cárceles de la FAN se instauró un sistema de delaciones, según el cual algunos elementos de la población penal reciben privilegios y poder en la medida en que contribuyen a identificar a los presos que están con murmuraciones o que tienen conductas no apropiadas. De manera que la aplicación de los castigos viene a ser un trabajo compartido entre la dirección del penal, el jefe de régimen y el delator, que generalmente es un individuo ya sentenciado y con mucho tiempo de permanencia en el lugar.

Estos castigos van desde el ya referido confinamiento hasta una golpiza, la privación de alimentos o el robo de las pertenencias del detenido, en el desarrollo de supuestas requisas.

Ocio y coliseos

Como en las cárceles para presos comunes, en las militares los internos pasan la mayor parte del tiempo en ocio. Si eres un coronel o general, podrás introducir computadoras y equipos de televisión por cable, que permanecerán a todo volumen hasta altas horas de la noche. Otros, quizá algún libro, y desde luego sus teléfonos celulares. Pero el sistema no está diseñado para un reaprendizaje ni para el aprovechamiento de las jornadas.

En La Pica, donde los militares detenidos estuvieron mezclados con jóvenes llevados allí por protestar contra el Gobierno, hay testimonios sobre la celebración de los llamados “coliseos”, que en este caso no eran peleas a cuchillo sino a puños, y que eran usadas como rituales de iniciación o introducción en la población interna. El que no participaba, no se ganaba el respeto. En Ramo Verde también las hacían, pero a escondidas.

Breves

*En la última semana de noviembre, las autoridades mexicanas anunciaron que habían “rescatado” a diez venezolanas que supuestamente permanecían en la población de Toluca, atrapadas en una red de trata de personas que las obligaba a tener relaciones sexuales por lo menos cinco veces al día, en un motel llamado Gran Vía. Uno de los aspectos que se intentó determinar fue el mecanismo aplicado para captarlas en Venezuela, toda vez que provenían de distintos lugares del país. Según fuentes mexicanas, en todos los casos hubo un factor en común: las ofertas de empleo fueron conocidas a través de una misma página web, cuyos espacios eran usados por la organización para difundir la propuesta de trabajo temporal con visa de turista. Pero al llegar al territorio mexicano, las venezolanas eran despojadas de sus pasaportes, con el pretexto de que debían cancelar los préstamos que les habían hecho para financiar los pasajes y la estadía en México.

*A propósito de una nota publicada en esta misma sección, relacionada con el último informe de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), una fuente gubernamental indicó que la cifra de policías, militares y oficiales de seguridad, activo y retirados, víctimas de homicidio durante 2017 ascendió a 440 durante 2017. Esto representa un incremento de aproximadamente 5% con respecto al número de fallecidos de tales profesiones durante el año antepasado. Los estudios preliminares de la policía judicial indican que 217 decesos, es decir, poco menos de 50%, fueron producto de la resistencia al robo, ya sea del arma o del vehículo del policía, el militar o el escolta. Esto indicaría un cambio en las tendencias que se vieron al respecto durante los años precedentes. En 2017 hubo, además, 12 casos de muertes de individuos de estos sectores que fueron producto de sicariatos. El resto de los fallecimientos sería producto de “ajustes de cuentas” o problemas pasionales.

*El 15 de febrero, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, divulgó una circular en la que se instruye a los jefes de ese cuerpo sobre un nuevo procedimiento para registrar las reprimendas verbales que dan a los subalternos, en el cumplimiento de sus labores cotidianas. Según el máximo jefe de Cicpc, tales llamados de atención se quedan generalmente en meras palabras, y no gozan de mayor impacto, con lo que se repiten las conductas reprochadas. A propósito de esta nueva instrucción, el funcionario hizo una reflexión, que da cuenta del deterioro de la imagen pública del cuerpo detectivesco: “Históricamente, el Cicpc se ha caracterizado por su disciplina, legado de nuestros fundadores. Los líderes modernos, con mayor preparación académica, y un abanico de herramientas tecnológicas, han dejado a un lado lo importante de la disciplina (el horario, el vestir, el corte de cabello, la higiene personal, el respeto a la jerarquía, respeto al órgano regular, el trato al público, la discreción al portar el arma, el buen uso de las unidades, etc) por atender lo urgente como sería las desviaciones graves (extorsión, hurto, robo, corrupción, homicidios, etc). Los resultados están a la vista: pérdida de la credibilidad de nuestros conciudadanos, deterioro de nuestra imagen, críticas de nuestros predecesores, sociedad de cómplices”.

Cicpc mal parado en informe de la ONA

*El último informe de gestión de la Oficina Nacional Antidrogas tiene algunos detalles que conviene destacar. Por una parte, se reafirma una tendencia ya vista en los años anteriores en cuanto a la disminución de los decomisos. En 2017, de acuerdo con el documento, fueron poco más de 39 toneladas de psicotrópicos. Esto ocurre en un contexto general de incremento en la producción de cocaína en los países de la región andina. Se debe suponer, entonces, que el paso de esta droga por Venezuela pudo haberse incrementado, con un elemento adicional, que ya es la evidente incorporación de elementos de la Fuerza Armada y del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el transporte de alijos. Una mención especial amerita la policía judicial. Las cifras de la ONA reflejan que este cuerpo abandonó la investigación sobre la materia, y ahora sus funcionarios se contentan con la detención de pequeños vendedores o jíbaros, e incluso consumidores. Cicpc practicó más detenciones que ningún otro organismo (5.378), pero solamente incautó 77 kilos de drogas. En otras palabras, cada detenido por esta policía, que ahora se hace llamar “científica”, tenía solo 14 gramos de droga en promedio.

*Los hampones definitivamente ya no quieren nada que sea en bolívares. Los primeros en dolarizarse fueron los secuestradores. Hace dos años cobraban rescates en bolívares y también en divisas extranjeras. Ahora, rechazan por completo la moneda nacional. Los extorsionadores siguieron este mismo camino. El miércoles 21 de febrero, la policía del municipio San Francisco (Zulia) apresó in fraganti a cuatro venezolanos que intentaban huir del barrio 28 de Julio, donde habían citado a una víctima para que pagara 1.100 dólares americanos a cambio de la devolución de un vehículo que supuestamente le habían robado. El dinero iba en un sobre blanco, y en realidad eran billetes nacionales, metidos allí para que hicieran bulto. Apenas recibieron la plata fueron apresados. Este patrón de extorsiones en dólares se repite en otras partes del país como Aragua, Margarita y Distrito Capital, donde el delito es muy frecuente.

Publicado por Javier Mayorca en 0:50

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Etiquetas: cárceles, CICPC, cocaína, Drogas, FAN, Fundepro, ONA, trata de personas, Venezuela

Las cárceles de la FAN (y II), por Javier Ignacio Mayorca

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Publicado  Febrero 22,  2018


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Autor: Javier Ignacio Mayorca | @javiermayorca


Venezuela tiene tres grandes centros para procesados militares: Ramo Verde, Santa Ana y La Pica. Las dimensiones de tales instalaciones permiten albergar a unos 540 detenidos. Pero una investigación de la organización Una Ventana para la Libertad determinó que, en septiembre de 2017, la población total en esos sitios llegaba a 961 personas. El hacinamiento superaba el 77% en promedio. En el anexo de Santa Ana llegó a ser superior a 214%.

Desde luego, en un país donde los internados judiciales “civiles” tienen niveles de hacinamiento que superan el 300%, los que están bajo el cuidado de la Fuerza Armada podrían parecer hoteles. Y ese es el término que muchos utilizan para describirlos. De hecho, durante la investigación se constató que una de las amenazas de las autoridades en tales lugares hacia los detenidos que consideran problemáticos es el inmediato traslado a instalaciones para presos comunes, como El Rodeo, Yare o El Dorado.

Las cárceles militares por excelencia, ubicadas en los estados Miranda, Monagas y Táchira, se hacen llamar “centros para procesados”. Pero al revisar la población interna se encuentra que en ellas también están mezclados los individuos aún sometidos a juicio con aquellos que ya fueron sentenciados.

La proporción general entre procesados y penados podría ser 70/30, es decir, similar a la de los internados judiciales administrados por Servicio Penitenciario. Pero esta cifra cambia durante las épocas de conflictividad política y social, sobre todo luego de la activación de la Operación Zamora, por orden del presidente Maduro en abril de 2017, que militarizó las labores de preservación del orden público, así como también el enjuiciamiento de las personas privadas de libertad por protestar. El pretexto que dio en su momento el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, fue que estos manifestantes incurrían en el delito militar de “ultraje al centinela” cuando atacaban a los guardias. Hubo, por cierto, personas que fueron apresadas por efectivos de la Policía Nacional y enviadas a instalaciones de la FAN, sin que hubiesen arremetido contra ningún efectivo castrense.

El hacinamiento prevaleciente en las cárceles de la Fuerza Armada acarreó otros efectos colaterales, como por ejemplo las deficiencias en la alimentación de los internos. Los familiares de los detenidos se ven obligados a asumir los costos de la comida. Otros dependen de la solidaridad de sus compañeros de reclusión. En Ramo Verde y La Pica, por ejemplo, es frecuente que un recluso cocine en una gran olla para dar también a quienes no tienen bocado.

Otro factor común son las condiciones generales de insalubridad y el retardo de la atención médica. En las cárceles de la FAN te bañas “cuando llega el agua”. En Táchira, esta situación ocasionó un brote de sarna, que tuvo que ser atendido por organizaciones no gubernamentales en condiciones de absoluta discreción, pues la dirección del penal no quería que esto fuese del conocimiento público.

Las tres cárceles de la FAN están bajo un sistema de dirección rotatoria, ejercida por un coronel o capitán de navío por lapsos que –teóricamente- no deberían superar los seis meses. Los designa el titular de Defensa, por intermedio de un director general de Servicio Penitenciario, que tiene el grado de general de brigada.

Desde luego, los directores de estas cárceles son oficiales que poco o nada entienden de penitenciarismo. Además, carecen de apego por el trabajo que desempeñan, y su mayor interés es evitar en lo posible que la instalación bajo su mando sea motivo de escándalos públicos. Cualquier información que se filtra sobre los castigos excesivos hacia algún detenido o sobre las condiciones generales de reclusión terminará afectando al propio detenido, quien con seguridad será castigado mediante “aislamiento celular” en una celda de 2 x 2, conocida como tigrito.

Como estos directores carecen de personal suficiente para imponer su régimen, en las cárceles de la FAN se instauró un sistema de delaciones, según el cual algunos elementos de la población penal reciben privilegios y poder en la medida en que contribuyen a identificar a los presos que están con murmuraciones o que tienen conductas no apropiadas. De manera que la aplicación de los castigos viene a ser un trabajo compartido entre la dirección del penal, el jefe de régimen y el delator, que generalmente es un individuo ya sentenciado y con mucho tiempo de permanencia en el lugar.

Estos castigos van desde el ya referido confinamiento hasta una golpiza, la privación de alimentos o el robo de las pertenencias del detenido, en el desarrollo de una supuesta requisa.

Breves

-En la última semana de noviembre, las autoridades mexicanas anunciaron que habían “rescatado” a diez venezolanas que supuestamente permanecían en la población de Toluca, atrapadas en una red de trata de personas que las obligaba a tener relaciones sexuales por lo menos cinco veces al día, en un motel llamado Gran Vía. Uno de los aspectos que se intentó determinar fue el mecanismo aplicado para captarlas en Venezuela, toda vez que provenían de distintos lugares del país. Según fuentes mexicanas, en todos los casos hubo un factor en común: las ofertas de empleo fueron conocidas a través de una misma página web, cuyos espacios eran usados por la organización para difundir la propuesta de trabajo temporal con visa de turista. Pero al llegar al territorio mexicano, las venezolanas eran despojadas de sus pasaportes, con el pretexto de que debían cancelar los préstamos que les habían hecho para financiar los pasajes y la estadía en México.

-A propósito de una nota publicada en esta misma sección, relacionada con el último informe de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), una fuente gubernamental indicó que la cifra de policías, militares y oficiales de seguridad, activos y retirados, víctimas de homicidio durante 2017 ascendió a 440 durante 2017. Esto representa un incremento de aproximadamente 5% con respecto al número de fallecidos de tales profesiones durante el año antepasado. Los estudios preliminares de la policía judicial indican que 217 decesos, es decir, poco menos de 50%, fueron producto de la resistencia al robo, ya sea del arma o del vehículo del policía, el militar o el escolta. Esto indicaría un cambio en las tendencias que se vieron al respecto durante los años precedentes. En 2017 hubo, además, 12 casos de muertes de individuos de estos sectores que fueron producto de sicariatos. El resto de los fallecimientos sería producto de “ajustes de cuentas” o problemas pasionales.

-El 15 de febrero, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, divulgó una circular en la que se instruye a los jefes de ese cuerpo sobre un nuevo procedimiento para registrar las reprimendas verbales que dan a los subalternos, en el cumplimiento de sus labores cotidianas. Según el máximo jefe de Cicpc, tales llamados de atención se quedan generalmente en meras palabras, y no gozan de mayor impacto, con lo que se repiten las conductas reprochadas. A propósito de esta nueva instrucción, el funcionario hizo una reflexión, que da cuenta del deterioro de la imagen pública del cuerpo detectivesco: “Históricamente, el Cicpc se ha caracterizado por su disciplina, legado de nuestros fundadores. Los líderes modernos, con mayor preparación académica, y un abanico de herramientas tecnológicas, han dejado a un lado lo importante de la disciplina (el horario, el vestir, el corte de cabello, la higiene personal, el respeto a la jerarquía, respeto al órgano regular, el trato al público, la discreción al portar el arma, el buen uso de las unidades, etc) por atender lo urgente como sería las desviaciones graves (extorsión, hurto, robo, corrupción, homicidios, etc). Los resultados están a la vista: pérdida de la credibilidad de nuestros conciudadanos, deterioro de nuestra imagen, críticas de nuestros predecesores, sociedad de cómplices”.

Las cárceles de la FAN (I), por Javier Ignacio Mayorca

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Publicado  Febrero 8,  2018


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Autor: Javier Ignacio Mayorca | @javiermayorca


-Los centros de detención y los retenes de la Fuerza Armada padecen el impacto de la Operación Zamora, y cada día se parecen más al resto de las instalaciones penitenciarias del país

La organización no gubernamental Una Ventana para la Libertad presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en los centros de reclusión dependientes de la Fuerza Armada Nacional. El documento tiende una mirada no solo a las cárceles y anexos militares, como son Ramo Verde (Miranda), La Pica (Monagas) y Santa Ana (Táchira), sino también a las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El trabajo de campo fue desarrollado durante los meses de septiembre a noviembre de 2017, cuando esas instalaciones continuaban impactadas por la ola de detenciones registrada apenas meses atrás en todo el país, como consecuencia de la puesta en marcha de la operación Zamora, y la militarización de los juicios a quienes manifestaron contra el Gobierno.

La primera y más evidente consecuencia fue el colapso de los centros para procesados militares y de la sección de calabozos de la Dgcim. En esta última instalación, ubicada en la zona industrial Boleíta Norte, los presos llegaron a estar en los pasillos de las zonas D y E de celdas, donde de acuerdo con testimonios pasaban todo el día de pie, esposados y de espaldas al área de paso, puesto que no había espacio en las celdas.

En la Dgcim, al igual que en el Sebin, las detenciones sin orden judicial y sin estar en condiciones de flagrancia son una práctica usual. El trabajo también documentó casos en los que se negaba a los familiares y abogados la presencia de detenidos en los calabozos. Esto fue aplicado no solo a civiles aprehendidos durante las manifestaciones, sino también a oficiales en retiro como el ex ministro de la Defensa, general en jefe Raúl Baduel.

Una característica de la Dgcim es que sus funcionarios no respetan los grados de los oficiales procesados o bajo pesquisa, algo que es mandatorio en el resto de la institución militar. Los agentes de Contrainteligencia Militar se creen y actúan como si estuviesen por encima de las leyes. Entonces, a un general de brigada activo, preso por la investigación a propósito de un comentario, lo tenían en sudadera, en una celda a temperaturas cercanas a los diez grados centígrados.

El trabajo, además, documentó casos de tortura en el curso de interrogatorios a individuos detenidos por manifestar. No solo se trataba de la exposición al polvillo de granada lacrimógena (casi una marca registrada de la Dgcim), tal y como le hicieron al capitán Juan Carlos Caguaripano y al teniente Jefferson dos Ramos. También se aplican procedimientos tales como sofocar a la persona durante los interrogatorios, colocándole un saco en la cabeza, a veces impregnado con insecticida; golpear al detenido mientras le llueven preguntas en un local cerrado, o introducirle tachuelas debajo de las uñas.

La Dgcim nació al final del gobierno de Hugo Chávez, pero se podría decir que se formó y creció a imagen y semejanza de su heredero.

Este despacho se erigió en una especie de policía interna de la Fuerza Armada, que a propósito de la militarización de la justicia ordinaria cada día proyecta su accionar más allá de los cuarteles. No es casualidad, entonces, que el acento se ponga en la contrainteligencia, es decir, en la detección y “neutralización” de las amenazas –reales o ficticias- al régimen de Maduro.

Ola de presos

Según este reporte, la conflictividad política ocasionó un auténtico tsunami de presos a lo interno de la Fuerza Armada. Ya no eran solamente los oficiales y tropas descontentos con el Gobierno, sino los civiles detenidos por participar en protestas.

La Dgcim, desde luego, se hizo insuficiente. El trabajo de la ONG logró documentar que para inicios de 2017 permanecían más de 2.800 personas en calabozos de unidades militares. Cada comando de zona de la Guardia Nacional albergó detenidos tanto por razones políticas como por cometer algún delito, y a menudo permanecían mezclados en las mismas celdas o espacios de reclusión.

Lo mismo ocurrió en la Brigada de Policía Militar José de San Martín, en Fuerte Tiuna, antaño un lugar destinado a lo que llamaban “presos VIP” (Chávez estuvo allí en abril de 2002), que en 2017 llegó a situaciones de hacinamiento hasta del 50%.

Breves

*Cinco sargentos fueron puestos a las órdenes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a propósito de la queja colectiva que protagonizaron el 10 de enero en el destacamento de Seguridad Urbana de Fuerte Tiuna. Los uniformados, como se recordará, divulgaron a través de YouTube un video en el cual se comunicaban con la jerarquía castrense con la finalidad de expresar las precarias condiciones en las que les tocaba trabajar, y el hambre que estaban pasando. Al tratarse de una queja colectiva, el incidente fue abordado como una falta a la autoridad, que incluso podría ameritar la apertura de expedientes en el fuero castrense. El tema es que la situación de precariedad al interior de los cuarteles resulta inocultable. Poco después de esto, a través de las redes sociales se divulgó las características de la ración que estaba recibiendo un capitán activo, y que consistía en pasta y agua. El factor hambre también está afectando a la oficialidad, y definitivamente está minando la moral de las tropas, las mismas que permanentemente son llamadas por Maduro y el Alto Mando para que den la cara en defensa del proceso político.

*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, introdujo un nuevo control para la manipulación de los registros del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol). En una circular interna, dispuso que los operadores debían llevar también un cuaderno manuscrito con los datos sobre las personas que estaban haciendo las solicitudes de información, así como las fechas, horas y demás detalles. Ya en 2016 habían comenzado las restricciones para las búsquedas a través de este sistema, pues era claro que la información manejada posee un valor muy elevado, en virtud de los antecedentes penales de muchos de los altos representantes del régimen. Esta nueva circular fue divulgada en los despachos policiales en momentos en que se desarrolla una investigación contra tres funcionarios del cuerpo detectivesco en el estado Táchira, señalados de haber participado en una búsqueda de antecedentes del constituyentista Diosdado Cabello, así como otros altos funcionarios.

*El clima institucional en la policía judicial está muy enrarecido. A la directiva, encabezada por el comisario general Douglas Rico, se le reclama la falta de solidaridad en el proceso que finalizó el 15 de enero con la matanza del inspector jefe de ese organismo Oscar Pérez. En los foros policiales se recordó que el comisario se involucró directamente en las negociaciones para la resolución de una situación de rehenes protagonizada por Claudio Giménez Gómez, un secuestrador radicado en la Cota 905 conocido como Buñuelo, en febrero de 2016. En cambio, nada hizo para salvar la vida del instructor, acorralado junto a otras seis personas en una vivienda de la urbanización El Araguaney, que había manifestado su intención de entregarse. Rico se dejó atrapar por el discurso polarizante del Gobierno, que pretendía colocar al inspector Pérez en el mismo plano que los miembros de los grupos fundamentalistas. Luego, para colmo, permitió que sus agentes fuesen vejados y asaltados por miembros de colectivos armados en la avenida Urdaneta. Tantos hechos y tan seguidos solo contribuyen a minar aún más la moral y la efectividad de una institución de rango constitucional, creada en democracia para la investigación y la represión de la actividad criminal.

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