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Gustavo Coronel: Carta que entregaré hoy al senador estadounidense Marco Rubio

Emisora Costa del Sol FM 26 Junio, 2017 Opinión0

Gustavo Coronel

Hoy tendré la oportunidad de hablar con el Senador Marco Rubio, a quien le expresaré mi gratitud por sus valiosos esfuerzos en pro de la libertad  para los presos políticos venezolanos y de la recuperación de la democracia en Venezuela. Como pocos miembros del Congreso estadounidense, Rubio conoce la situación venezolana y el nexo perverso de tutelaje que existe entre su narco-régimen y el castrismo cubano. Rubio sabe que la salida del narco-régimen es urgente y que tal salida no puede lograrse con facilidad si el castrismo cubano no es obligado por los Estados Unidos a dejar de intervenir en Venezuela.

Le entregaré una carta que dice así:

Virginia, Junio 26, 2017
Senador
Marco Rubio
Congreso de los Estados Unidos

Apreciado Senador Rubio:

En primer lugar deseo expresarle mi agradecimiento por los grandes y valiosos esfuerzos que usted ha llevado a cabo hasta ahora en apoyo de la democracia venezolana y de quienes luchan por ella. Son precisamente estos esfuerzos lo que me llevan a dirigirle la presente carta.

Como usted bien sabe la situación venezolana continúa empeorando. Cada día uno o más jóvenes venezolanos pierden la vida a manos de la Fuerza Armada que se ha convertido, política y económicamente, en dueña del país. El narco-régimen venezolano está fuera de control mientras la región persiste en su actitud de esencial indiferencia.

Los Estados Unidos, fiel a sus principios democráticos, debe actuar con vigor y con urgencia frente a la tragedia venezolana, la cual ya es de magnitud regional y amenaza directamente la estabilidad política de las Américas.

Ojala usted pueda catalizar un pedido del Senado de los Estados Unidos al Poder Ejecutivo del país, como lo ha hecho en el pasado, a fin de que se aprueben medidas suficientemente enérgicas en contra del narco-régimen, las cuales puedan acelerar significativamente su partida del poder. Entre estas medidas pudiesen incluirse:

–La prohibición de exportar a Venezuela materiales y equipos de represión contra el pueblo y los esfuerzos diplomáticos para convencer a otros países  que no lo hagan

-La implantación de impuestos especiales al petróleo crudo y productos de petróleo venezolanos, a fin de desestimular esta importación, la cual solo representa un 6-7% de las importaciones totales de petróleo por parte de los Estados Unidos. En esta etapa de abundancia de petróleo en los mercados internacionales esta es una medida que puede tomarse sin riesgo para la nación estadounidense

–La prohibición de exportar productos petroleros a Venezuela. Hoy en día, paradójicamente, Venezuela está importando entre 75.000 y 120.000 barriles diarios de productos petroleros de los Estados Unidos. Esta prohibición obligaría al narco-régimen a importar estos productos de otras fuentes más lejanas, en momentos en los cuales atraviesa graves dificultades para pagar a sus proveedores.

–Presionar para que se lleven a cabo elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela y se liberen los presos políticos, quienes están en prisión sin juicios o con juicios amañados, como es el caso de Leopoldo López

-Abandonar la insistencia en un diálogo que luce solo propicio para oxigenar al narco-régimen

–Denunciar y atacar la criminal relación de dependencia del narco-régimen venezolano en el castrismo cubano. Venezuela es un satélite político de Raúl Castro y esa relación perversa ha dado considerable vida extra a ambos regímenes y representa una vergüenza para la región

–Promover el aislamiento político del régimen venezolano mediante sanciones diplomáticas unilaterales o llevadas a cabo en conjunto con los países democráticos de la región

–Expandir las sanciones a funcionarios del narco-régimen venezolano por violación de derechos humanos, su relación con el narco tráfico y su galopante corrupción

–Denunciar como crimen internacional la prohibición implantada por el narco-régimen a la entrada de alimentos y medicinas para la población venezolana. Esa criminal prohibición condena a miles de venezolanos a sufrir privaciones de todo tipo, incluyendo muerte por carencia de alimentación y atención médica.

–Tratar de persuadir a China, aunque ello no será fácil, de que sus intereses en, y sus préstamos al, narco-régimen Venezolano estarán mejor garantizados por un nuevo gobierno responsable que por el actual narco-régimen

Estoy seguro de que el senado estadounidense podrá encontrar más y hasta más efectivas acciones a ser tomadas en contra del régimen que ha arruinado a Venezuela y ha generado una crisis que ha desbordado las fronteras del país para convertirse en una amenaza regional y, en especial, en contra de los Estados Unidos.

A título personal, como ciudadano dual de Venezuela y de Estados Unidos, estoy dispuesto a colaborar con usted y su equipo, sin remuneración alguna y en la medida de mis posibilidades,  para ayudar en estos esfuerzos. Los Estados Unidos tiene en Venezuela la gran oportunidad de reafirmar sus principios y valores en pro de la libertad y de la democracia y de ser consecuente con la prédica libertadora que caracterizó a los fundadores de este gran país. Puede liderar a las Américas en sus esfuerzos por retornar la democracia y la libertad a una Venezuela que en el pasado ha probado ser solidaria con la región y hoy se encuentra en urgente necesidad de ayuda.

Quedo a su orden,

Sinceramente,

Gustavo Coronel

Hausmann: Venezuela es la catástrofe humana más grande que se ha generado en período de paz

Emisora Costa del Sol FM 26 Junio, 2017 Interés0

Ricardo Hausmann / foto cortesía

Les traemos una interesante entrevista que le hace Laura Zamarriego a Ricardo Hausmann para Ethic.

Por lapatilla.com

En una extensa entrevista, donde Ricardo Hausmann, -economista y actualmente Director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard- nos da sus pareceres sobre el riol actual de la comunidad internacional, sobre las nuevas fórmulas desde las cuales el Estado deberá enlazarse con la sociedad.  También sobre el financiamiento perverso (y no para el desarrollo) que hoy día proviene de algunos bancos de inversión, … y en el ámbito más global, una breve opinión sobre cómo le viene a la región los Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados desde las agencias den New York y Washington y sobre Mr. Trump.

Pero sobre todo, Hausmann resume en un sólo párrafo la primera entrevista de la pregunta, donde retrata de cuerpo entero la atrocidad que hoy padecen los venezolanos. Léala a continuación

Laura Zamarriego

Ricardo Hausmann (Venezuela, 1956) es uno de los economistas más influyentes de América Latina. Exministro de Estado durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, actualmente vive en Estados Unidos, donde dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Nos recibe en una reciente visita a Madrid, en la Fundación Rafael del Pino.

Hace un par de años, declaraba que la comunidad internacional había manejado muy mal el capítulo venezolano. ¿En qué sentido? ¿Lo mantiene?

Venezuela es la catástrofe humana más grande que se ha generado en período de paz. El desgaste del nivel de vida de los venezolanos, la caída del PIB, el colapso del abastecimiento alimentario, el deterioro de las comisiones de salud, el aumento de la criminalidad… Atendiendo a las estadísticas económicas, algo tan grave como lo que está pasando en Venezuela ha ocurrido en muy pocos momentos de la historia, y menos en momentos de paz. Y ocurre con un Gobierno que ha violado acuerdos y normas internacionales a los que debía someterse, en particular, la Carta Democráticade la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante muchos años, la OEA ha hecho la vista gorda, y estos compromisos internacionales dentro de los Derechos Humanos, la Constitución, la democracia que había adquirido Venezuela, se han violado sin ninguna consecuencia. En el último año se ha dado la vuelta a la situación de manera importante. Me siento muy agradecido por las cosas que ha hecho la comunidad internacional. Hay una mayoría significativa de países en la OEA que se han manifestado muy tajantemente sobre el tema de Venezuela, entre ellos el gobierno español y la Comunidad Europea, de modo que en este momento el mundo ha entendido la magnitud de las catástrofes que están ocurriendo en este país. Escribí un artículo en diciembre de 2015 anunciando que Venezuela sufriría una hambruna, pero no se hizo nada para paralizarla. No sé cuántas personas habrán muerto, pero la causa no debería ser las deficientes condiciones de salud. Hay tanta hambre en el país que mucha gente muere por ingerir yuca amarga, que es venenosa, porque no encuentra nada más que comer. Ha habido un cambio importante en esa actitud. Creo que el liderazgo de personas como Luis Almagro, presidente de la OEA, ha sido histórico. Muchos de los líderes de organismos multilaterales deberían aprender de esta experiencia, porque Almagro se ha tomado en serio los compromisos internacionales y ha actuado no según las conveniencias políticas de turno, sino en base a tratar de hacer cumplir los acuerdos.

Hablando de conveniencias políticas, en España, la situación de Venezuela fue tema central de debate durante la última campaña electoral, impulsado por ciertos partidos políticos de manera claramente oportunista: tras las elecciones, paradójicamente, Venezuela ha pasado a un segundo, tercer o cuarto plano. Si bien los problemas que atraviesa el país no se han ido…

Es notorio que hay una relación muy fuerte entre el Gobierno venezolano y Podemos. José Luis Rodríguez Zapatero estuvo presente en momentos críticos y, en ocasiones, actuó de forma bastante inconveniente. Intervino para tratar de legitimar el desastre. Entiendo que haya una discusión en España sobre el tema, pero lo cierto es que los que dijeron que el tema de Venezuela era perjudicial, al final tenían razón. Respecto a la situación real, el año pasado el PIB de Venezuela cayó un 18%, más de lo que cayó en España durante toda la crisis. En los últimos tres años, se ha desplomado alrededor de un 30%. Hablamos de un deterioro muy acelerado y muy reciente de la situación de Venezuela. Esto, que se veía venir, deja entrever lo que realmente está pasando en el país.

¿Un cambio político mejoraría la economía en el país latinoamericano?

Su economía es básicamente una catástrofe. En primer lugar, porque se les quitó a los venezolanos la libertad económica: control de cambio, divisas a dedo, sistema distorsionado del dólar… Nunca en la historia de Venezuela se han visto unos diferenciales así. Esto ha generado todo un conjunto de incentivos perversos que hacen que, si alguien quiere comprar o vender algo, debe hacerlo al precio que exige el Estado. No permite que funcione el mecanismo de la oferta y la demanda, que es lo que necesita la sociedad para autocoordinarse. En segundo lugar, el gobierno venezolano decidió renunciar a la financiación internacional, incluso a la ayuda humanitaria. Los países de todo mundo están ofreciendo medicina, alimentos, etc., y el Gobierno se niega a aceptarlo para no reconocer que hay una crisis humanitaria en el país. Han priorizado por encima de todo pagar los bonos en dólares de la deuda pública -que los tienen, en una fracción importante, los ricos de Venezuela- antes que hacerse cargo de las necesidades sociales. Ese Gobierno socialista ha preferido matar de hambre a la gente antes que dejar de servir los bonos de deuda pública. Está dispuesto a comprometer el futuro del país. El Gobierno de Venezuela se endeudó con Goldman Sachs a una tasa de interés del 48% en dólares para tener dinero con el que seguir manteniendo el pago del resto de los bonos, y la única forma de pagarlos es con más hambre en el futuro. Estos son los factores que han llevado a la catástrofe. Un cambio político pasaría por devolver a la sociedad sus derechos, la libertad económica, unificar el régimen cambiario, permitir el libre acceso de divisas, liberar los precios para que se puedan determinar por la oferta y la demanda, acceder a la financiación internacional como han hecho los países en crisis de Europa… Hay que reestructurar la deuda y, con estas medidas, la economía venezolana renacería y reflorecería. Un cambio político puede llevar a una recuperación económica importante.

¿A qué llama «bonos del hambre»?

Los «bonos del hambre» son aquellos que solo se pueden pagar empeorando las condiciones de vida de la gente. Una cosa es endeudarse para hacer cosas positivas por el país, para que sea más próspero en el futuro, pero estos son bonos con tasas y condiciones impagables que no serán usados para mejorar el bienestar social y que solamente se pueden pagar si la gente pasa hambre. Es inmoral que los gestores de fondos inviertan en esos activos y es inmoral que la gente confíe dinero a estos gestores, más aún si los mismos anuncian que continuarán invirtiendo en deuda venezolana.

La dependencia petrolera, dice, ha hecho mucho daño a Venezuela. La era del oro negro, ¿acabará más pronto que tarde?

En el corto plazo, Venezuela tiene la capacidad de aumentar mucho la producción. Esta ha caído de manera acelerada por las decisiones políticas, la ineptitud, la distorsión de prioridades y la ideologización del manejo de la empresa petrolera. A largo plazo, el petróleo será desplazado y las reservas de Venezuela, estimadas por el propio Gobierno como superiores a las de Arabia Saudí, se quedarán en el subsuelo. Su valor económico será cero porque el mundo tendrá mejores formas de generar energía. Venezuela tiene que asumir que será absorbido por otras tecnologías; se generarán otros modelos de negocio que le permitirían insertarse en el mercado internacional si hiciera las cosas de otra manera. Su caso es extremo, pues la diversificación que había ha muerto. Es una consecuencia dramática de la reducción del número de actividades productivas en el país. El Gobierno ha generado un ambiente tan hostil y perverso en la producción que muchas empresas se han marchado. Creo que para Venezuela será un reto empezar a desarrollar otras actividades más allá del petróleo.

¿Qué sectores podrían despuntar en Venezuela? ¿Las energías renovables tienen potencial?

La catástrofe venezolana es de tal magnitud que el país ha colapsado; la recuperación tiene que producirse volviendo a lo que ya hacía. La población tiene grandes capacidades productivas, cierto conocimiento de modelos de negocio que han sido asesinados y que hay que recrear. Con respecto a lo nuevo, hay muchas áreas. Existe una revolución agrícola mundial que no ha llegado a Venezuela, pero el país tiene unos recursos importantes y puede ser una fuente de crecimiento. Goza de una capacidad hidroeléctrica muy grande, también energía solar. En materia de turismo, Venezuela tiene un potencial enorme sin desarrollar. Esto puede sonar un poco chovinista, pero la Isla de Margarita y el Archipiélago de los Roques, ambos en Venezuela, son los parajes más bonitos del Caribe. La escasa industria turística no es por falta de naturaleza, sino por falta de capacidad para generar oportunidades económicas para el país. También existe potencial en tecnologías de la información. En este momento, todos los ingenieros de computación que trabajaban en empresas globales se los han llevado a otro lado. La estampida de profesionales en Venezuela ha dejado muy desprotegidas estas actividades, pero es posible imaginar que lo que se tuvo una vez se puede recuperar. El sistema debe ser lo suficientemente abierto para que las nuevas industrias se potencien por iniciativa privada. Ya veremos cuáles son esas áreas y cómo se puede adecuar el ambiente de negocio para que puedan prosperar.

¿Qué rol debe jugar, según su opinión, el Estado y cuál la iniciativa privada?

El fracaso de Venezuela es una visión totalitaria de la sociedad. En las sociedades hay ciertas cosas complementarias que se pueden organizar a través de mecanismos de mercado, y la sociedad se autogestiona sin ninguna coordinación central. Pero otros muchos aspectos solo pueden organizarse a través del Estado. El secreto de los países está en coevolucionar, saber acompañar el ámbito de las relaciones de mercado con el espacio de los bienes públicos y el rol del Estado, el cual debe acompañar ese proceso. El fracaso del chavismo refleja que se ha sustituido a la sociedad por el Estado. Venezuela debe devolverle a la sociedad sus libertades para que la sociedad pueda organizarse por vías de mercado, y completar estas actividades con los bienes públicos que estas requieren. El primer bien público que aparece en todas las encuestas de opinión en Venezuela es la seguridad. En el país se producen 18.000 asesinatos al año, de un total de 31 millones de habitantes, es decir, casi 90 asesinatos por casa 100.000 habitantes. La tasa de homicidios en Venezuela es 30 veces más alta que la de España. La segunda necesidad de la economía es la infraestructura, que requiere de gente con capacidades. Se ha degenerado la educación, las capacidades han emigrado. El salario mínimo no llega a los 30 dólares al mes y solo cubre el 50% de las necesidades. Esto requiere de un marco jurídico, de impartir justicia, asegurar cumplimientos de contratos… Hay que crear un Estado más capaz y complementario de la sociedad que facilite la organización a través de mecanismos de mercado. Necesitamos un Estado más pragmático que se vea como el acompañante de la sociedad, no un Estado vengador que trata de restringir y recortar los derechos y libertades.

¿Qué aterrizaje y qué alcance pueden tener los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela y en América Latina en general?

Yo soy enemigo de todos los mecanismos que llevaron a esos objetivos. Su lógica me parece un tanto inconveniente. Esos ODS están diseñados para que los sigan los países pobres, que son dependientes de la ayuda internacional. La idea es que los beneficiarios utilicen el dinero que los Estados ricos se comprometieron a aportar a la ayuda internacional, extraído del 0,7% de su PIB, para cosas que los ricos valoran. Es decir: «Para que yo te dé el dinero, tienes que invertirlo en lo que yo te exija». Es una agenda de Norte a Sur. Seguí las campañas electorales de España, Reino Unido y Francia y no oí a ninguno de los candidatos hablar sobre cuáles son sus estrategias para alcanzar los ODS. Es un pacto impuesto por organismos como el Banco Mundial o Naciones Unidas. Hoy por hoy, América Latina no es dependiente de la ayuda internacional. En el fondo, no puedes tener simultáneamente los ODS y tener una democracia, son dos cosas incompatibles. El rol de la democracia es definir los objetivos. El rol de la política es participar del proceso político para decidir los cambios de tu país y definir las prioridades. No puede venir Naciones Unidas a imponer objetivos. Los políticos no hablan de las metas para alcanzar los ODS, lo que están tratando es de ver qué es lo que ellos pueden ofrecer como proyecto de Gobierno para que la gente los vote. Esta es una agenda donde, a la hora de votar todo esto de la ayuda al desarrollo, la audiencia son los parlamentarios de los países ricos. América Latina no está en esa película, así que no creo que tenga mayor impacto.

Continúe leyendo la entrevista en  Ethic

Marcela Máspero: Latinoamérica no puede seguir impasible ante el baño de sangre que comete el gobierno de Maduro

Emisora Costa del Sol FM 26 Junio, 2017 Interés0

La coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), Marcela Máspero

La Alternativa Democrática Sindical (ADS) reclama solidaridad de Latinoamérica ante el baño de sangre que sufre Venezuela producto de la represión por parte del gobierno nacional.

Nota de Prensa

“Hacemos un llamado a los pueblos del mundo para presionar una salida pacífica a la sangrienta crisis que está viviendo Venezuela en la que han asesinado a 75 personas por los cuerpos de seguridad del Estado creados por el presidente Nicolás Maduro”, aseguró Marcela Máspero, secretaria de Integración y Vinculación Institucional de la ADS.

A su juicio, ahora más que nunca la solidaridad en este momento es crucial y se trata de un compromiso moral del continente americano tras la amenaza de Maduro de reprimir a sangre y fuego, y encarcelar a quienes se opongan a la Asamblea Constituyente que pretende modificar la Constitución.

“Latinoamérica no puede seguir impasible ante el baño de sangre al que está siendo sometido el pueblo venezolano por parte de la criminal Guardia Nacional que recibiendo y cumpliendo órdenes del dictador Nicolás Maduro han asesinado a estudiantes en condiciones absolutamente inaceptables. La solidaridad se define como una condición del ser humano que complementa las actitudes sociales de los individuos, por ello resulta inadmisible la pasividad cómplice de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya maraña burocrática impidió adoptar decisiones para presionar una solución definitiva a la crisis humanitaria, social, económica y social que sufren los hermanos venezolanos”, resaltó Máspero.

En este sentido, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas insistió en invocar la solidaridad de Latinoamérica con Venezuela por considerarla la base de los derechos humanos, hoy violentados por Nicolás Maduro amparado por unas fuerzas militares y policiales que hoy apuntan sus fusiles contra sus propios padres y hermanos.

Alberto Barrera Tyszka: ¿De qué hablamos cuando hablamos de dialogar?

Emisora Costa del Sol FM 25 Junio, 2017 Opinión0

El presidente Nicolás Maduro en el acto para conmemorar el día de la Batalla de Carabobo. Fotografía de Cristian Hernández para EFE

A esta altura de los tiempos, que es lo mismo que decir a esta altura de los muertos, o a esta altura de los perdigones y de los gasecitos, a esta altura de los presos y de los injustamente detenidos, ¿se puede acaso dialogar con el gobierno? En estas circunstancias, asediados con la misma violencia por los militares y por la inflación, negados o humillados por el discurso oficial, ¿es posible sentarse a hablar con el verdugo? ¿Cómo? ¿De qué manera?

No es fácil. Las palabras también tienen geografías particulares. La palabra diálogo tiene su propia tradición en Venezuela. Es parte de una historia reciente pero muy sonora y dolorosa. Aquí, la palabra diálogo no viaja sola. Uno la escucha y de pronto puede pensar en el Ministro Néstor Reverol, siempre conversando consigo mismo, culpando a otros de las muertes que producen día a día sus soldados. Uno ve escrita la palabra diálogo en un titular y puede recordar a Tibisay Lucena dialogando pausadamente para paralizar el calendario electoral del año pasado. O puede recordar también a todos los altos jerarcas del oficialismo diciendo y repitiendo que la crisis humanitaria es mentira, que no hay hambre, que las medicinas sobran, que el país es un paraíso extraordinario, perturbado tan solo por la derecha golpista y blablablá. Uno oye la palabra diálogo y siente que cruje la miopía, que el aliento raspa, que tal vez haya dolor nuevo en el futuro.

¿De qué hablamos cuando hablamos de dialogar? Porque el diálogo no es una simple instancia de trabajo. No es solo un instrumento para la resolución de conflictos. También es una puesta en escena, una acción comunicativa. Es un espacio de significación dentro del mismo conflicto. Es un mensaje que puede ser muy útil a un gobierno que ha practicado un perverso doble juego: mientras asesina, invoca a la paz. Lo que se debate en el fondo es cómo se reparten las culpas de la violencia. El oficialismo, en todos sus frentes y de todas las maneras posibles, ha insistido en responsabilizar a la oposición de todos los daños. Incluso ante evidencias palpables, los ministros y funcionarios han mentido descaradamente. Su fanatismo es oportuno. Siempre los salva.

Pero a medida que nos vayamos acercando al 30 de julio, posiblemente el fantasma del diálogo aparecerá cada vez con más urgencia. Ya, esta semana, después de la reunión de la OEA, tan llena de espectáculos y tan carente de soluciones políticas, un grupo de países liderados por Estados Unidos se ha propuesto trabajar para “facilitar el diálogo” en Venezuela. También el Vaticano, no faltaba más, invoca el diálogo. Y José Luis Rodríguez Zapatero, por supuesto, después de pasear por los pasillos de Ramo Verde, también alude al diálogo. ¿Quién se va a poner en contra? En medio de la trágica situación que vivimos, rechazar el diálogo es algo más que ser un aguafiestas. Es casi una inmoralidad. Y sin embargo, la tradición de la palabra insiste, la sensatez y la honestidad se siguen preguntando ¿cómo? ¿Para qué?

Tomemos por ejemplo lo que dijo Maduro ayer en la celebración de los 196 años de la Batalla de Carabobo: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe estar de frente contra la oligarquía y el antiimperialismo y el injerencismo. Estamos en rebelión”. Pasemos por alto el evidente tropiezo de neuronas y papilas gustativas que lo llevó a decir “antiimperialismo” en vez de decir “imperialismo”. El sentido central de la frase es lo que importa: la rebelión no está en la calle sino en los soldados, quienes deben enfrentar con todo a los oligarcas descamisados, a los miles de imperialistas desarmados. Otra cita: “Estamos obligados a mantener las instituciones y la Constitución operativas, sirviendo al pueblo, es nuestro deber”. Y por eso mismo, precisamente, es que, sin consulta y con unas bases comiciales fraudulentas, pretenden cambiar la Constitución. Por eso mismo, están tratando de cercar y sabotear a la Fiscalía General de la República. ¿Tiene sentido dialogar con alguien que habla así, que dice esto?

Peor aún: en realidad, el nombramiento del General Benavides como Jefe de Gobierno del Distrito Capital dice mucho más que todas las alocuciones y declaraciones oficiales. Esta designación solo tiene una lectura posible. A Nicolás Maduro no le importa la política. No le interesa. Prefiere las balas. Nuevamente, le deja el gobierno a los uniformados ¿Cómo se conversa con alguien que piensa de esta forma?

Obviamente, es necesario concertar. La única salida que tiene el país pasa, sin duda, por una negociación. Pero cualquier negociación pasa, también, por un cambio en los parámetros mismos de la comunicación, en las expresiones y en los códigos a la hora de resolver los conflictos en todos los espacios. Ahora, en este país, no se puede volver a hablar en términos de diálogo. Quienes, desde afuera, pretendan ayudarnos deben entender que antes que un mediadornecesitamos un traductor. Aquí no hablamos el mismo lenguaje.

En el idioma oficial la palabra diálogo significa otra cosa. Es una trampa. Una emboscada. La retórica gubernamental está dirigida a normalizar la muerte. Su destino es invisibilizar al pueblo. Existe para desmovilizarnos, para paralizarnos, para saquear cotidianamente cualquier esperanza. Resistir también es reinventar los lenguajes. Lo que hicieron esta semana los estudiantes de Mérida es un excelente ejemplo. Luchar es nombrar de nuevo. De otra manera.

Jesús Loreto: La responsabilidad individual y la cadena de mando

Emisora Costa del Sol FM 25 Junio, 2017 Opinión0

Fotografía de Leo Álvarez

Yo no fui es la frase con la que rogábamos que se individualizaran las responsabilidades a que hubiera lugar por alguna travesura colectiva e infantil ante la mirada escrutadora de nuestros padres. Se suele decir que la responsabilidad penal es personalísima y con ello se alude de manera intuitiva al principio de intrascendencia de la pena, lo que no es más que la prohibición de imponer una sanción a quien no sea el autor, material o intelectual, de un delito.

En Corea del Norte, por ejemplo, ocurre lo contrario. Allí se sanciona a tres generaciones por los hechos punibles cometidos por un ascendiente. Hasta los nietos son castigados por los delitos del abuelo. Pero no sólo sucede en Asia, los amantes del béisbol deben recordar que al legendario Orlando “El Duque” Hernández se le impidió pitchar en Cuba, luego de que su hermano menor y también lanzador, Liván Hernandez, desertó de la isla en 1995 para jugar en las Grandes Ligas. La aplicación de estas penas trascendentes pretende sancionar al culpable más allá de sí mismo y con ello conseguir un contundente ―aunque muy injusto― efecto disuasivo. En estos casos, no aplica el yo no fui.

En Venezuela se responde penalmente sólo por las acciones u omisiones propias. Así lo establece la Constitución y el Código Penal. Dicho de otra forma, en nuestro país nadie podría ser castigado penalmente por los actos ajenos y de allí la frase de la responsabilidad penal es personalísima. Tengamos presente que lo anterior sólo aplica a la responsabilidad penal, pues, en determinadas circunstancias, un padre es responsable civilmente por los actos de su hijo menor de edad, como lo sería el dueño por su mascota e incluso el patrono por los actos de sus empleados. En otras palabras, el yo no fui sólo aplica respecto de la responsabilidad penal, excepto en Cuba y Corea del Norte, entre otros con regímenes autoritarios(1).

El problema de las órdenes y la cadena de mando

Queda claro entonces que la norma general es la individualización de las responsabilidades penales: se responde por lo que uno hace o deja de hacer. No obstante, la historia está llena de casos en la que los criminales sostienen haber seguido instrucciones de sus superiores o los superiores alegan que sus subalternos actuaron espontáneamente o en contra de sus órdenes. Esto es especialmente frecuente en casos que ocurren en el estamento militar, cuyos pilares fundamentales son la disciplina, obediencia y subordinación. Un ejemplo son los predicamentos que tuvieron los jueces de los Nürnberger Prozesse o Los Juicios de Núremberg para atribuirles responsabilidad a los acusados. En uno de esos procesos, específicamente en el llamado Juicio Contra el Alto Mando, fueron enjuiciados 14 Generales Nazi por crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, mientras que los subordinados que ejecutaron las atrocidades del Holocausto, fueron condenados en el marco de otros juicios que tuvieron lugar en otra ciudad.

Estos procesos marcaron un hito en la evolución del derecho y, en buena medida, son el precedente con base en el cual se han desarrollado las reglas para identificar  responsabilidades penales en situaciones tan complejas, como las que reinan en conflictos armados y en casos de violaciones masivas a los Derechos Humanos. Los militares involucrados en los horrores del Tercer Reich, así como los autores de la barbarie de la ex Yugoslavia, Rwanda o El Salvador suelen estar divididos en dos grupos: los que ordenan y los que ejecutan.

¿Quién es el responsable entonces? ¿El que da la orden, el que la cumple o ambos? El asunto es complejo, ya que habría que añadir al análisis la omisión de dar o de cumplir la orden y, si ello no fuese suficientemente confuso, hay una variable adicional: la tolerancia ante actos criminales, como el uso de armas de fuego para el control del orden público.

El artículo 65 de nuestro Código Penal señala “que no es punible quien obra en virtud de obediencia legitima y debida”, lo que parece indicar que el que cumple órdenes de un superior no es responsable penalmente. Esta última afirmación es inexacta, pues lo relevante no es la existencia de la orden, sino que sea legítima. Dicho de otra forma: la orden no puede ser contraria a la ley, de manera que el uso de armas de fuego o sustancias tóxicas en una manifestación pacífica no está justificado jamás. La Constitución expresamente lo prohíbe.  Quien acate la orden de usar un arma de fuego en una manifestación pacífica es responsable penalmente, porque la orden es inconstitucional. Por otra parte, el Código Penal dispone que “si el hecho ejecutado constituye un delito, la pena se le impondrá a quien dio la orden ilegal”. Como resulta obvio entonces, aquel que ordene usar armas de fuego en una manifestación es penalmente responsable. En consecuencia, la clave para individualizar al responsable no es la existencia de la orden, sino la naturaleza de la misma, es decir, quien da una orden ilegal es tan responsable como aquel que la ejecuta.

Queda pendiente analizar los efectos de la omisión de dar o cumplir una orden. Para ello la clave sigue siendo la legitimidad de la misma, pues sólo tolerar que se impartan instrucciones o se ejecuten actos ilegales expone a los funcionarios públicos a las sanciones establecidas en la ley. En algunos casos, como el de la desaparición forzada, la Constitución impone expresamente la obligación de desobedecer toda orden. De igual forma, un funcionario público no puede tolerar tratos que atenten contra la integridad física, psíquica o moral de cualquier persona. Resulta evidente entonces, que el militar que omite impartir una orden para que sus subalternos cesen en el uso de armas de fuego en una manifestación pacífica, o los efectivos de igual rango que lo toleren, son penalmente responsables, aunque, según el derecho, en un grado menor.

En definitiva, todo el que imparta o ejecute una orden que vulnere derechos fundamentales, así como aquel funcionario público que lo tolere, es penalmente responsable y no olvidemos que hoy día la posibilidad de sanción trasciende fronteras gracias al principio de universalidad, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. En efecto, el cobijo que puede brindar la complicidad de la justicia es cada vez más delgado y frágil ante patrones sistemáticos de violación de Derechos Humanos. El “Yo no fui” tiene valor si y sólo si “el compromiso con los Derechos Humanos y con la individualización de responsabilidades frente a la ley” se enmarca en estos principios.

***

(1): En Venezuela hay algunas excepciones inconstitucionales a esta regla, como la responsabilidad penal de la persona jurídica y de sus órganos de administración, gestión y vigilancia respecto de los delitos ambientales y los que están tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos.

Alberto Barrera Tyszka: Un retrato violento

Emisora Costa del Sol FM 19 Junio, 2017 Opinión0

Luisa Ortega Díaz los tiene locos. Las respuestas del oficialismo solo han logrado demostrar, de manera rápida y bastante obvia, que las denuncias de la Fiscal son ciertas. Las reacciones del poder han sido tan importantes como las propias actuaciones y declaraciones del Ministerio Público. Ellos solitos, de forma instantánea, sin mediar ningún tipo de discernimiento, se han delatado, han hecho evidente que la democracia no les interesa, que no creen en la independencia de las instituciones, que su plan es quedarse en el gobierno para siempre. El madurismo ha resultado el cóctel político más letal de toda nuestra historia. Combina lo peor de nuestro presente con lo peor de nuestro pasado. No solo ejerce la violencia del Estado en todas las direcciones sino que, además, la premia, la glorifica.

De un día para otro, la Fiscal General de la República pasó a ser el enemigo público número 1 de los poderosos. Esa élite, esos privilegiados que pueden adquirir dólares baratos, que consiguen comida y medicinas, que tienen escoltas y pasaportes; esa minoría que ya no quiere contarse, ahora acaba de decretar que Luisa Ortega Díaz es “indigna”, “fascista”, “corrupta”, “traidora”, “jefa de la oposición”… y que además está loca (“insanía mental”, según Pedro Carreño), es cómplice de todo lo que ocurra (“anima la violencia”, según Jorge Rodríguez), y por lo tanto es responsable de todas los homicidios que se produzcan en las manifestaciones (según Tarek El Aissami). Casi todos los altos líderes de la casta se han pronunciado. Diosdado Cabello ya afirmó que “la Fiscalía no es un poder” y sugirió una purga futura, amenazando con “revisar” el Ministerio Público con detalle. “Uno a uno”.

Mientras en Telesur, una abogada constitucionalista, supuesta experta en el tema, afirma que el TSJ debería abrir una investigación por “falta de ética” en contra de la Fiscal, el oficialismo introduce en el mismo máximo tribunal una petición de antejuicio de mérito y la solicitud para prohibir la salida del país de Luisa Ortega Díaz. Si alguna persona, de dentro o de fuera, tenía alguna duda sobre cómo el madurismo ejerce el poder en Venezuela, la forma en cómo se ha actuado en contra de la Fiscal es una confesión contundente. Una prueba irrefutable de una legalidad secuestrada, de un sistema que no es confiable. Sin darse cuenta, la reacción de la dirigencia oficialista en contra de la Fiscal le ofrece al país un subtexto muy claro: toda la institucionalidad es una estafa. El mensaje es nítido: la legalidad no importa. O haces lo que yo digo, o te jodo.

La foto de Pedro Carreño frente a Mikel Moreno es un testimonio para la historia. Todo forma parte de una secuencia, filmada en video, retratada para su publicación. Es una puesta en escena. Los dos posan, sin demasiada gracia, como niños en la escuela, unidos por un diploma. Ninguno parece tener mucho entusiasmo. Solo están tratando de otorgarle solemnidad a una pillería. Y ambos lo saben. Pero necesitan que el disimulo continúe. Ni siquiera se están viendo fijamente. Hay algo esquivo en sus posturas, en sus miradas. Sus cuerpos se juntan en un documento insostenible. Es el retrato de una mafia que pretende ser legítima, que aspira a sobrevivir a su propia historia delictiva. En vez de disfrazarse de pistoleros, se disfrazan de diputados y de jueces. Curiosamente, desde el fondo, el retrato de Bolívar parece sonreír de medio lado. Su imagen cruza entre ambos, saboteando el instante.

En todas estas respuestas ante la actuación de la Fiscal General, se va conformando un argumento para rechazar más aún el proyecto de la Constituyente. Aquí están. Míralos. Escúchalos. Estos son los que pretenden cambiar el marco legal del país. Estos son los que supuestamente defienden la independencia e invocan el respeto a la diversidad. Estos son lo que hablan de imparcialidad. Estos son los que critican el sesgo en las instituciones. En ellos debemos creer.

Tanto que mencionan a Chávez y, tal vez, ahora vale la pena recordarles estas palabras: “Hoy tenemos una gran concentración del poder porque unas cúpulas se fueron adueñando del poder judicial y del legislativo y lo manipulan y lo usan a su antojo. Y lo mismo ocurrió con la Fiscalía, con la Contraloría. En Venezuela lo que ha funcionado no es una democracia sino una tiranía de pequeñas cúpulas partidistas, sectores horrorosamente corrompidos que destrozaron a Venezuela”. Lo dijo en Cartagena, en mayo de 1999. Pero la frase calza perfectamente en el momento actual, con el gobierno de Nicolás Maduro. Con su proyecto constituyente. Podría ser la leyenda perfecta para la imagen de Carreño y Moreno. No es el registro de un acto legal. Todo lo contrario. Es en verdad una advertencia, una intimidación. Es un retrato violento. La legalidad como amenaza.

Jesús Alexis González: Referendo consultivo ¿por la paz?

Fran Tovar 19 Junio, 2017 El pizarrón de Fran0

La Carta Magna venezolana, otorgó especial importancia al tema del Referendo Popular  incorporarando cuatro tipos: consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio. A tenor del presente artículo haremos referencia al referendo consultivo nacional (RCN), ante el hecho de haberse producido una  “convocatoria dictatorial” para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) (¿golpe de estado constituyente?) por iniciativa Presidencial violentando la participación y protagonismo del pueblo, en lo que al ejercicio de su soberanía se refiere  al no haber sido consultado a pesar de ser la ANC una materia de trascendencia nacional.

El 25/Abr/1999, se llevó a cabo en Venezuela el primer RCN (sustentado adicionalmente en el Art. 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política) en ocasión de consultar al Soberanosobre la convocatoria a una ANC y sobre la aprobación de las consecuentes bases ; para lo cual se efectuaron dos preguntas:

¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa? SI o NO

¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999, y publicadas en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 36.669 de fecha Marzo 25, 1999? SI o NO

El Gobierno obtuvo la victoria en ambas preguntas, con un 87,75% (3.630.998 votos) en la primera y un 81,77% (3.382.075 votos) en la segunda;  con posterioridad y con 131 constituyentistaselectos por sufragio directo, universal y secreto, se inició el 03/Ago/1999 por 6 meses (establecido en las bases) la redacción del nuevo ordenamiento jurídico nacional. Es de resaltar, que entre el momento de la aprobación por parte del CNE de las bases (24/Mar/1999) y de su publicación en la Gaceta Oficial (25/Mar/1999) transcurrió ¡un día! y apenas ¡un mes! para  la celebración del evento electoral (25/Abr/1999); al tiempo que el referendo consultivo para aprobar la nueva Constitución se realizó ocho meses después (15/Dic/1999) de haberse realizado la consulta popular (luego de seis meses de discusión y aprobación del texto), habida cuenta que, como ya se citó, en las basesse estableció la obligación de someter el proyecto de la nueva Constitución aprobada por la ANC a consulta de los ciudadanos por medio de un proceso electoral; que en efecto se llevó a cabo y aprobado con el 71,78% (3.301.475 votos) en respuesta a la pregunta:

¿Aprueba usted el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente? SI o NO

De igual trascendencia resulta recordar, que el hoy Presidente N. Maduro expresó el 23/Abr/2013que “hace 14 años se realizó el primer referendo consultivo nacional en la historia de Venezuela impulsado por el Comandante Supremo Hugo Chávez, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que tendría como misión elaborar una nueva Constitución más amplia e incluyente” (…) “La nueva Carta Magna planteó la creación de un Estado democrático y social de derecho, basado en la corresponsabilidad del pueblo, con pluralismo en la gestión de gobierno, lo que se conoce como Poder Popular y le da músculo a la democracia participativa y protagónica” (AVN, 25/Abr/2013).

Ante la crisis nacional,  que ha impulsado un escenario de rebelión popular materializada por protestas y manifestaciones, que a pesar de ser pacíficas y constitucionales, han devenido en unos 72 hermanos asesinados en estos ochenta días que se cumplen hoy 19/Jun/17; dicha rebelión fue estimulada tanto (1) por las sentencias del TSJ que entre otros hechos desdibujó las competencias de la AN; como (2) por la desatención gubernamental al clamor del pueblo sobre la urgencia de atender cuatro aspectos básicos: respeto y reconocimiento de la AN, apertura de un canal humanitario (alimentos y medicinas), elecciones generales en 2017, y libertad para los detenidos por asuntos políticos (unos 359); abanico de peticiones que han tenido como “respuesta” una cruel y sanguinaria represión militar-cívica.  En función de ello, y dada la imposibilidad de un dialogo entre las partes en conflicto, nos permitimos formular dos interrogantes:

  • En el supuesto (negado de nuestra parte) de llevarse a cabo el evento electoral constituyente ¿Se someterá a referendo consultivo el texto resultante?
  • Ante la indeclinable voluntad de una gran mayoría poblacional de no abandonar la rebelión popular, ¿No sería más pertinente y eficiente en procura de alcanzar la paz, se adelante un referendo consultivo para conocer si el soberano desea o no una ANC? A los  fines de esta interrogante, bastaría con formular una simple pregunta tal como: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de alcanzar la paz? SI o NO

Previo a intentar responder a las no tan fáciles interrogantes, nos parece obligante referenciar una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 28/May/2003 donde se sostiene que “El referendo consultivo (…) es un medio de participación directa, mediante el cual es posible consultar a la población su opinión sobre decisiones políticas de especial trascendencia, (…) y en cuanto su eficacia jurídica no tiene carácter vinculante ya que consiste, únicamente en una consulta a la población sobre su parecer en determinadas materias consideradas de especial trascendencia”.

Ahora bien, en relación a la primera interrogante N. Maduro anunció (El Universal, 04/Jun/17): “Propondré de manera expresa, abierta y taxativa: la nueva Constitución saldrá a referendo consultivo para que la gente diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo”. En lo que respecta a la segunda interrogante, la percepción generalizada apunta hacia un total y profundo rechazo a la ANC. De tal escenario, emana una nueva inquietud: Siendo como pareciera ser, que el voto popular en ambos casos sería contrario a la pretensión constituyentista, con la salvedad de no ser vinculante el resultado, cabe preguntarse (i) ¿El gobierno estaría dispuesto a retirar el nuevo texto Constitucional? ; (ii) ¿El gobierno suspendería el proceso?

En fin, y dada la obviedad de las respuestas, se infiere que la única alternativa en favor de la paz es convocar, con la inmediatez posible, elecciones generales; lo cual pudiere hacerse realidad si el pueblo, en acatamiento a la desobediencia civil en armonía con la  obediencia constitucional, se mantiene y aumenta la ¡¡presión de calle!!

Luis Fuenmayor Toro: La defensa de la Constitución de 1999

Fran Tovar 18 Junio, 2017 Opinión0

Ante las acciones fraudulentas que el régimen de Maduro ha venido tomando prácticamente desde que se inició, se hace necesario una alianza amplia que enfrente la nueva realidad claramente dictatorial. Aunque el presidente Chávez tomó medidas que desconocieron el texto constitucional, nunca llegó al descaro total existente hoy en día. Las principales violaciones jurídicas de Chávez se efectuaron luego de sufrir su primera y única derrota electoral, la producida cuando el soberano negó la reforma constitucional que propuso. Recuerdo, y hago la salvedad de que estoy escribiendo de memoria sobre estos hechos, lo que puede hacerme cometer equivocaciones, que a través de la figura de la enmienda de la Constitución volvió a incluir propuestas que habían sido negadas y logro, de esa manera, aprobarlas. Otros cambios también rechazados los impuso a través de leyes habilitantes.

Y no digo esto para molestar a nadie. No me estoy metiendo con Marea Socialista, ni con la Plataforma de Defensa de la Constitución, ni con el movimiento que organiza el general® Miguel Rodríguez Torres. De hecho, coincido y apoyo muchos de sus planteamientos, algunos de los cuales los están haciendo desde antes de deslindarse del gobierno de Maduro Moros. Y considero que es posible y necesario trabajar en conjunto en función del rescate de nuestro país, de sus instituciones, de su industrialización, del respeto a la pluralidad y a los derechos humanos, de la discusión sana, del voto directo, universal y secreto y de la proporcionalidad electoral. Del impulso de las ciencias y la tecnología, de la protección del ambiente, de la inmunidad de jurisdicción, de la integridad territorial, de la lucha contra la corrupción, entre muchos otros.

No hay que coincidir en todo ni es posible lograrlo. Y tampoco es necesario hacerlo en este momento particular; hoy, las coincidencias son muchas en función de los intereses de la nación venezolana, pues las necesidades son ingentes y urgentes. Hay una coincidencia central nada despreciable y es la defensa de la Constitución de 1999, el principal legado si se quiere ver así de Hugo Chávez, el cual está en peligro de desaparecer ante la decisión de unos facinerosos de eternizarse en el poder sin tener un respaldo popular para ello. Esta Constitución, que inicialmente fue rechazada por el 40 por ciento de los electores, con el devenir de los años ha llegado a ser comprendida, aceptada y defendida por la mayoría de los venezolanos, que hoy se agrupan contra los intentos hegemónicos y dictatoriales de una claque carente de proyecto nacional ninguno, más allá de seguir en el control del aparato del Estado y disfrutar de todas las prebendas que da el poder.

Pluralizar el escenario es hoy más urgente que nunca. El desenlace de la crisis no puede ser sólo en función de los intereses de quienes gobiernan y la principal fuerza que se les opone. El interés nacional tiene que estar presente y ser determinante, y ello será posible sólo si las fuerzas no involucradas en la polarización participan en forma determinante. He allí el reto.

Guillermo Ortega: Política y economía

Fran Tovar 18 Junio, 2017 El pizarrón de Fran0

La situación política gravita fuertemente sobre la económica, es un asunto de expectativas e incertidumbre. La situación política requiere de una ruta electoral, básicamente contarse y aceptar los resultados. La situación económica requiere soluciones algo más complejas, sobre todo porque los actores políticos tienen una muy particular contabilidad de costos. A veces da la impresión de que necesitamos comprender exactamente cuáles son los sacrificios necesarios para producir un ajuste exitoso. El tema cambiario es un ejemplo muy emblemático de los problemas y sus soluciones.

El Gobierno ha intentado varios ajustes que han resultado fallidos y algunos creen que simplemente es producto de la impericia y la poca comprensión de los problemas. Si aceptamos la traducción que dos economistas españoles, reclutados como asesores, las recientes modificaciones del Dicom, al final se comprendió que era necesario un sistema donde se formara un precio con cierta transparencia. Lamentablemente, los primeros resultados apuntan a que se trata de otro esquema de racionamiento. Una banda no puede ser la imposición de unas cuotas.

¿Por qué cometer de nuevo el mismo error? Creo que se trata de un temor muy común: miedo a la flotación. A pesar de todas las diferencias, pareciera que los temores son muy similares. En las condiciones actuales, de gran efervescencia política, la primera reacción es que dejar formar un precio es algo en principio contraproducente. El error: los precios siempre terminan recogiendo la escasez relativa. En el caso del tipo de cambio se forma además en un mercado que sabemos recoge muchas imperfecciones, que se presta a un sinnúmero de manipulaciones, algunas de ellas inspirada en la política.

El Gobierno le teme a la formación de un precio, pero también muchos en la acera del frente comparten los mismos temores. Al final esa especie de sistema de tipos de cambios múltiples en lo que hemos venido operando a todo lo largo del régimen de control de cambio, funciona como un esquema que pecha a la principal industria exportadora del país, la prima cambiaria funciona como un impuesto sobre el sector exportador.

Ciertamente el tipo de cambio sistema no tiene un solo determinante, entre diciembre y junio, ha experimentado un ciclo que es difícil explicar por una simple variable, se redujo a casi 60% del valor que tenía en diciembre y luego se ha más que duplicado con respecto al valor que tenía en marzo.

Aquellos colegas que razonan desde la ingenuidad del monetarismo decretaban el fin de la hiperinflación por allá en marzo y luego han tenido que proclamarla de nuevo con una tasa de inflación mensual que ronda por encima de 20%. No hay nada de lineal en la relación entre agregados monetarios y el incremento de la prima cambiaria, pero es muy difícil no advertir que la base monetaria, el dinero primario se ha más que duplicado en línea con ese incremento de la prima cambiaria.

La dinámica entre esas dos variables, en los cuales los agentes se deshacen de sus saldos monetarios y la adicción creciente al financiamiento monetario, es lo que al final explica la sentada inflacionaria. Terminar ese proceso no es complicado, requiere que el país tome un respiro y tome conciencia del sacrificio, sobre todo del ajuste fiscal que es necesario. Un tema que requiere un consenso mínimo.

Víctor Álvarez: ¿Qué es una deuda odiosa?

Fran Tovar 18 Junio, 2017 El pizarrón de Fran0

La deuda odiosa es un concepto de derecho internacional que considera nulas las deudas contraídas por gobiernos cuyo uso no sirve al interés general de la nación. Una deuda se considera odiosa cuando favorece a gobiernos autoritarios y dictatoriales que actúan de mala fe y perjudican a la población.

En esos casos, el acreedor corre con las consecuencias porque lo hace en conocimiento de los daños y perjuicios que tal endeudamiento causa en la ciudadanía, ya sea porque los fondos son utilizados para reprimir protestas, comprar armas o gastarlos sin rendir cuentas. La deuda utilizada para esos fines se considera ilegítima y los pueblos pueden negarse a pagarla. Un caso reciente es el de Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa auditó la deuda externa y concluyó que buena parte fue contraída en términos desfavorables para el país. Ecuador desafió al FMI y al Banco Mundial y se negó a pagar 70% de la deuda.

Nos enteramos por la prensa internacional de que la Gerencia de Activos de Goldman Sachs le compró al BCV un bono de Pdvsa valorado en $2.800 millones por solo $850 millones. El bono se vendió a 30% de su valor nominal, pero al vencerse en 2022, Pdvsa tendrá que cancelar 100% de su valor, además de 6% de intereses anuales. Ese bono fue emitido en 2014 por Pdvsa para pagar el equivalente a una deuda en bolívares con el BCV. Su venta en esas condiciones no solo implica un grave daño patrimonial para el BCV -que perdió $1.935 millones en la operación-, sino que hará más pesada la deuda externa de Pdvsa. Mientras el bono se contabilizó como un activo del BCV y una deuda de la compañía petrolera, eso no tenía mayor impacto en la posición financiera neta del sector público ni en la salida de divisas. Sin embargo, al salir el bono de las arcas públicas se origina un serio deterioro de la posición financiera del país. Al rematarlo con 70 % de descuento, lo que pudo compensarse internamente en bolívares, se transformó en $2.800 millones de deuda externa.

El remate de los bonos resulta una operación desesperada y dañina para el patrimonio nacional. Pan para hoy y hambre para mañana, ya que por $865 millones que recibe en 2017, Venezuela tendrá que pagar $2.800 millones en 2022. Se trata del remate de un país que, además de la venta de los bonos de la deuda externa y de Petrocaribe con ruinosos descuentos, incluye el empeño de las reservas de oro y la entrega de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero del Orinoco a través de empresas mixtas cuyas condiciones la opinión pública desconoce.

A su vez, el buitre de Goldman Sachs se aprovecha del síndrome del padre drogadicto, capaz de rematar los bienes de la familia para satisfacer su adicción al poder, al que le compra deuda al precio de bonos basura. A la luz del concepto de deuda odiosa, esa acción de Goldman Sachs representa una máscara de oxígeno para un gobierno que perdió el respaldo popular y cuyo talante antidemocrático ha sido cuestionado por la propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela, el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y el asesinato de manifestantes por parte de la Guardia Nacional.

Se trata de una deuda odiosa con un gobierno que conculcó el referendo revocatorio, suspendió las elecciones regionales, cerró las vías democráticas y pacíficas de expresión política y obligó a la ciudadanía a manifestar en las calles donde ha sido salvajemente reprimida, lo que ha resultado en 60 muertos, 10.000 heridos y 2.000 detenidos. A Goldman Sachs no le importó esa tragedia y solo pensó en su propio beneficio.

Llegado el momento, los ciudadanos venezolanos también apelarán a su propio beneficio y exigirán una auditoría de la deuda externa que demuestre la ilegalidad de esa operación y exija que ni siquiera se cancele 30% del valor del bono que fue pagado por Goldman Sachs.