Informe Otálvora: EEUU aplica presión sobre regímenes de Cuba y Venezuela

Estándar

Más de US$ 696 millones habrían sido suministrados por el estatal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) al régimen cubano desde el año 2003 durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El 98% de ese dinero fue otorgado oficialmente para bienes y servicios destinados a la “ampliación y modernización” del Puerto de Mariel por intermedio de la empresa Companhia de Obras e Infra-Estrutura S.A. filial de la brasileña Constructora Norberto Odebrecht. En el mismo lapso, el BNDES habría firmado contratos por US$ 3.231 millones con el régimen chavista en Venezuela para obras y suministros de las empresas brasileñas Constructora Andrade Gutierres (US$ 1.503 millones), Constructora Norberto Odebrecht (US$ 1.359 millones) y Construcciones y Comercio Camargo Correa (US$ 368 millones).

Las cifras proceden de la página oficial del BNDES que fueron puestas a disposición pública el 17ENE19. El gobierno de Jair Bolsonaro había prometido abrir la “caja negra” del BNDES y ahora ha colocado en su portal todos los contratos firmados por los gobiernos izquierdista del PT con empresas proveedoras brasileñas a gobiernos extranjeros.

*****

Está ganando cuerpo la línea definida por el Consejero de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton y el Secretario de Estado Mike Pompeo para unificar la acción estadounidense sobre los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El Departamento de Estado de EEUU informó el 16ENE19 su decisión de evaluar la activación de la legislación que permitiría a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de EEUU a toda persona que “trafique con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano” desde el 01ENE1959. Esta posibilidad está contemplada en el “Título Tercero” de la “Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática”, conocida como Ley Helmes-Burton refrendada en 1996 por Bill Clinton. La aplicación del “Título Tercero” ha estado suspendida desde el mismo momento de su aprobación, mediante la emisión de aplazamientos semestrales emitidos por el Presidente de EEUU y notificados al Congreso. Pero ahora el gobierno Trump asoma la posibilidad de activarla.

Mike Pompeo, en su condición de Secretario de Estado, notificó al Congreso de EEUU que el nuevo aplazamiento de la aplicación del Título Tercero será sólo por 45 días a partir del 01FEB19 y no por seis meses como solía serlo desde 1996. “Esta extensión nos permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título III a la luz de los intereses nacionales de EEUU y a los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba e incluyen factores como la brutal opresión de los gobiernos cubanos a los derechos humanos y las libertades fundamentales y su apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua”, afirma el comunicado del Departamento de Estado. El gobierno Trump ya conectó las sanciones a Cuba con su línea política hacia los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

La amenaza de aplicar el “Título Tercero” desató una rápida reacción en La Habana. En un comunicado emitido el 17ENE19, la Cancillería cubana reconoce que la aplicación de la ley Helms-Burton busca “entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero” justo en momentos cuando el régimen cubano anda en procura de inversionistas extranjeros.

*****

Interrogado sobre la disposición del gobierno de EEUU para reconocer “a la oposición venezolana y a su liderazgo como el gobierno legítimo de Venezuela”, el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo se limitó a afirmar que “siempre estamos viendo todas las opciones con respecto a cómo ejecutamos la diplomacia y cómo influimos en el resultado”. Interrogado y repreguntado, Pompeo rehuyó una respuesta precisa y prefirió comentar sobre el gran número de venezolanos que han abandonado su país. Pompeo fue consultado por periodistas que seguían su periplo por el Medio Oriente durante una rueda de prensa celebrada el 12ENE19 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en la cual el propio Secretario pidió que la conversación no se limitara a los temas de los países involucrados en el viaje.

*****

Jair Bolsonaro aspira liderar las acciones internacionales para “la mudanza del escenario venezolano” según una nota difundida por Itamaraty, la cancillería brasileña, el 17ENE19.

El gobierno brasileño extendió invitación a varios representantes de la oposición venezolana para un encuentro el 17ENE19 en Brasilia. La reunión celebrada en el Palacio de Itamaraty desde media mañana hasta bien entrada la tarde, fue encabezada por el canciller Ernesto Araújo y por el embajador Otávio Brandelli actual Secretario General de la cancillería brasileña. El propósito del encuentro, según fuentes consultadas en Brasilia, fue abrir puentes con las diversas tendencias políticas que se mueven en la oposición venezolana. Se trataba de una reunión para intercambio de puntos de vista y no para la toma de decisiones en nombre de los gobiernos presentes. Oficialmente, según Itamaraty, la “reunión tuvo por objeto analizar la situación en Venezuela producto de la ilegitimidad del ejercicio de la presidencia por Nicolás Maduro y de la manifestación del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gauidó, de su disposición de asumir la Presidencia de Venezuela interinamente, siguiendo la Constitución venezolana. Tuvo igualmente por objetivo discutir ideas de acción concreta para restablecer la democracia en Venezuela”.

En la lista de invitados figuraba la dirigente opositora María Corina Machado quien está impedida de abandonar Venezuela por órdenes de un tribunal desde el año 2014. El profesor Carlos Blanco asistió al encuentro en representación de Machado. Las embajadas de EEUU y de los gobiernos miembros del Grupo de Lima en Brasilia fueron invitadas al encuentro en el cual participó, además, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, quien se ocupa del “tema Venezuela”. Durante las diversas reuniones participó el argentino Gustavo Cinosi como representante del Secretario General de la OEA Luis Almagro.

Los venezolanos Julio Borges (Primero Justicia), Antonio Ledezma, Carlos Vecchio (Voluntad Popular), Carlos Blanco y Roderick Navarro (Resistencia) aparecen entre los participantes en el encuentro, aunque Itamaraty no difundió nombres de los asistentes a quienes sólo identificó como representantes “de las principales fuerzas políticas democráticas venezolanas”. Voluntad Popular es el partido en el cual milita el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó.

*****

En paralelo a la reunión con dirigentes políticos, el canciller brasileño Ernesto Araújo sostuvo un encuentro en el Palacio de Itamaraty con el magistrado Miguel Ángel Martín a quien calificó como “Presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”. Araújo y Martí se trasladaron a media tarde al Palacio de Planalto junto al enviado de la OEA y al embajador Otávio Brandelli para una audiencia concedida por el presidente Jair Bolsonaro. En la reunión también intervino Filipe G. Martins el nuevo asesor de política exterior de la presidencia brasileña. Al término del encuentro en el cual Bolsonaro se valió de un traductor, fue grabado un video con intervenciones de Bolsonaro, Cinasi y Martín. “Todo lo haremos para que la democracia sea reestablecida y que ustedes puedan vivir en libertad” afirmó Bolsonaro en un “mensaje a los venezolanos”. Bolsonaro agregó: “Sabemos que ese desgobierno llegó al poder inclusive con la ayuda de presidentes que el Brasil ya tuvo, como Lula y Dilma, y eso en parte nos convierte en responsables de esa situación en que ustedes se encuentran”.

*****

Mediante una declaración del 10ENE19, en la cual la cancillería argentina afirmó “desconocer la legitimidad del mandato iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro”, el gobierno de Mauricio Macri enunció una serie de medidas contra el régimen chavista. Ese día Macri ordenó a la Unidad de Información Financiera (UIF) emitir “un alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano”. La medida comenzó a ser implementada el 17ENE19 cuando la UIF emitió una alerta que incluye un listado de 96 jerarcas del régimen venezolano encabezados por Nicolás Maduro y en la cual figuran además 24 empresas de propiedad estatal venezolana.

La alerta de la UIF advierte a bancos, empresas financieras, casas de cambio, vendedores de automóviles, casinos, entre otros, definidos como el “sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, sobre “los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo” de Venezuela. La UIF instruyó sobre la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para todas las “operaciones realizadas o tentadas” por las personas que figuran en la lista. Igualmente, la UIF solicita la remisión de ROS sobre todos los activos que pudieran poseer en Argentina los miembros del gobierno de Maduro así como personas que pudieran tener vínculos “personales o jurídicos” con ellos.

Las sanciones implementadas por Argentina contra altos funcionarios chavistas sigue la línea acordada el 04ENE19 por el Grupo de Lima. Ya el 10ENE19 el gobierno de Perú emitió un listado de 101 funcionarios o personas vinculadas al régimen venezolano a las cuales se les prohibió el ingreso a ese país y cuyos nombres fueron incluidos en la lista de “sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Anuncios

Informe Otálvora: Cambios políticos en Brasil mortifican a La Habana

Estándar

Brasil y Colombia serán los dos destinos de una temprana gira que realizará el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, al comenzar el año 2019 en la cual el “tema Venezuela” estará sobre la mesa en diversas reuniones.

Pompeo es el enviado de Donald Trump para encabezar la delegación estadounidense en los actos de toma de posesión presidencial de Jair Bolsonaro en Brasilia el 01ENE19. Además de asistir a las ceremonias por la asunción de Bolsonaro, Pompeo y su equipo mantendrá una reunión privada con el nuevo mandatario brasileño quien aspira establecer una relación privilegiada con Washington. Ya el 29NOV18 tuvo lugar un primer encuentro de alto nivel cuando el asesor de Seguridad Nacional John Bolton visitó en Río de Janeiro a Bolsonaro. La sesión de trabajo de Bolsonaro con Pompeo será la continuación de un diálogo que el brasileño aspira convertir en acciones conjuntas.

La actual línea de la Casa Blanca promovida por Pompeo y Bolton de homogenizar la política de EEUU hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, será abordada en la conversación con Bolsonaro. Según el comunicado del Departamento de Estado de EEUU del 28DIC18 en el cual confirmó el viaje de Pompeo, “EEUU trabajará con Brasil para apoyar a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua que luchan por vivir en libertad contra regímenes represivos”. Previamente la cancillería brasileña, por indicaciones de Bolsonaro, procedió a retirar la invitación a Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega para los actos del 01ENE19 en Brasilia.

*****

En su agenda en la capital brasileña, Pompeo además tiene incluida una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otra con el presidente peruano Martín Vizcarra.

Si bien Pompeo coincidirá en Brasilia con Iván Duque, en la mañana del 02ENE19 el Secretario de Estado de EEUU estará arribando a Cartagena de Indias, Colombia, para sostener una reunión de trabajo con el presidente colombiano. El encuentro, concertado a principios del mes de diciembre, tendrá lugar en la residencia presidencial a orillas del Caribe y en ella estarán presentes los ministros colombianos de Defensa y Relaciones Exteriores Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo. La implementación de los acuerdos de paz con las Farc, las acciones del ELN dentro y fuera de Colombia, narcotráfico, acuerdos comerciales y política coordinada ante el gobierno Maduro están en la lista de puntos que EEUU quiere revisar con Duque.

*****

La toma de posesión de Jair Bolsonaro se ha convertido en un tema relevante en la política regional, pese a que generalmente mandatarios y cancilleres rehúyen asistir a las juramentaciones presidenciales brasileñas fijadas para el festivo primero de enero.

La lista de mandatarios que confirmaron su presencia incluye a los presidentes de Chile, Colombia, Cabo Verde, Bolivia, Honduras, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay, así como los primeros ministros de Israel y Hungría. España estará representada por la presidente del Congreso Ana Pastor. El gobierno chino, cuyos diplomáticos en Brasil ha trabajado en las proximidades de Bolsonaro para abrir puentes, estará enviando a Ji Bingxuan, “vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional” quien ya representó a su país en la toma de posesión de Mauricio Macri en 2015. Macri no asistirá a las ceremonias en Brasilia y se espera que viaje a Brasil a mediados de enero para un primer encuentro con Bolsonaro quien, a su vez, habría incluido a Argentina y Chile en su futuro primer viaje presidencial al extranjero.

*****

Dos nombres resaltan en la lista de mandatarios que llegan a Brasilia: el húngaro Viktor Orbán y el israelí Benjamin Netanyahu.

La inusual presencia del mandatario de Hungría en Brasil deja en evidencia las aproximaciones de la familia Bolsonaro con tendencias derechistas internacionales dentro de las cuales Steve Bannon, el exasesor de Donald Trump, actúa como puente de enlace. Bannon quien actúa como asesor de Orbán, visitó Brasil durante la reciente campaña electoral y, Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo de Jair Bolsonaro, durante su reciente viaje a EEUU asistió a la celebración del cumpleaños de Bannon el 28NOV18 en Washington.

La presencia de Netanyahu en Brasil pareciera mostrar el interés israelí para ampliar su lista de amistades en un continente donde Irán, de la mano de Hugo Chávez, comenzó a extender ramificaciones y ganar influencias desde la década pasada. El primer ministro de Israel llegó a Río de Janeiro el 28DIC18 donde permanecerá hasta el 31DIC18 cuando se trasladará a Brasilia para participar en los actos oficiales. Su primera actividad en tierra carioca fue trasladarse a las instalaciones militares del “Fuerte de Copacabana” para una reunión formal, una rueda de prensa conjunta y un almuerzo privado con Bolsonaro. Tras el encuentro oficial Bolsonaro, quien es cristiano católico, acompañó a Netanyahu a una cercana sinagoga.

Una alianza política pareciera estarse forjando entre Israel y Brasil la cual se materializaría tanto en coordinación de acciones internacionales como en acuerdos de cooperación militar, de seguridad y comerciales. Bolsonaro ha señalado su intención de mudar la Embajada brasileña en Israel a Jerusalén. Además, la cancillería brasileña aún sin que se produzca el cambio de gobierno ya modificó su línea en la ONU ante el tema palestino. El 06DIC18 por primera vez Brasil acompañó a EEUU en una votación en la ONU condenando al grupo palestino Hamas.

*****

El triunfo de Jair Bolsonaro y su posición contra los gobiernos de Cuba y Venezuela ha desatado desde La Habana una abierta campaña de desprestigio contra el nuevo gobierno brasileño la cual tendería a convertirse en acciones de erosión política dentro de Brasil.

El 19DIC18 desde su cuenta en Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez atacó a Bolsonaro y en su tuiteó escribió: “Lula libre! No Bolton-aros goebbelianos. No neoliberalismo/neofascismo”. El embajador cubano en Japón Carlos Pereira rápidamente retuiteó el trino de su jefe y agregó: “Bolsonaro ha mostrado al mundo su naturaleza profundamente reaccionaria, su nostalgia por las dictaduras latinoamericanas, su visión racista, machista, misogina, homofóbica, antocomunista y militarista” (sic). Rodríguez, a su vez, retuiteó a su embajador en Japón convirtiendo los ataque contra Bolsonaro en versión oficial del régimen castrista.

Varios días antes, el 14DIC18, se realizó en La Habana una reunión cumbre de Alba, la organización creada por Fidel Castro y Hugo Chávez que reúne a los gobiernos de orientación castrocomunista. En su intervención de apertura, Miguel Díaz-Canel se refirió a Brasil y dijo que en Brasil “jueces venales asociados a la derecha, insisten en la práctica de acusar y condenar a los líderes progresistas” en obvia mención a su socio político Lula da Silva preso por corrupción desde el pasado mes de abril. El cubano, en presencia de Nicolás Maduro, Evo Morales, y Daniel Ortega enunció la línea política: “es preciso construir un frente lo más amplio posible, que reúna fuerzas de izquierda y progresistas, movimientos y organizaciones sociales de la región, para enfrentar estos desafíos”. Las indicaciones de Díaz-Canel coinciden con las orientaciones contra el gobierno de Bolsonaro anunciadas por las expresidentes Dilma Rousseff y Cristina Kirchner el 19NOV18 en Buenos Aires durante el evento “Foro Mundial de Pensamiento Crítico” convocado como “anticumbre al G20”.

El tono cubano ante el nuevo gobierno brasileño es compartido por el régimen chavista y por los seguidores de Lula da Silva. El 12DIC18, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, envió a la cancillería brasileña una comunicación en la cual calificaba a Bolsonaro como “un presidente que es expresión de la intolerancia, del fascismo y de la entrega a intereses contrarios a la integración latinoamericana”.

El partido de Lula da Silva PT, por su parte, ya acusa al gobierno Bolsonaro de “autoritario, antipopular y antipatriota, marcado por abiertas posiciones racistas y misóginas”, según un comunicado emitido el 28DIC18 en el cual informó que sus parlamentarios no asistirán a la sesión de juramentación del nuevo presidente en el Congreso de Brasil. El partido PSOL, liderizado por Guilherme Boulos, tampoco asistirá a los eventos del 01ENE19 alegando que Bolsonaro “no respeta los derechos humanos”. Boulos acompañó a Lula da Silva en su última visita a Cuba en diciembre de 2016.

*****

Por cierto, la toma de posesión de Bolsonaro se producirá con un esquema de seguridad sin precedentes en Brasil. Brasilia estará bajo especial vigilancia aérea desde la madrugada del 01ENE18 y la Fuerza Aérea fue autorizada, mediante decreto de Michel Temer, para abatir cualquier aeronave que represente peligro a la seguridad de los asistentes a las ceremonias. Bolsonaro fue blanco de un atentado el 06DIC18 cuando fue gravemente herido por un atacante solitario. Diversos medios han dejado saber que tras su elección, Bolsonaro ha recibido nuevas amenazas contra su vida.

*****

El 01ENE19 comenzará un año políticamente complicado para Latinoamérica. Mientras llega, nos permitimos desear un buen año 2019 para los lectores del Informe Otálvora. Gracias por seguirnos.

EL PODER MILITAR Y LA SUMISIÓN AL CHAVISMO

Estándar

Estándar

POR: VALERIA PEDICINI

 

El teniente coronel Hugo Chávez Frías ganó la Presidencia el 6 de diciembre de 1998 mientras las Fuerzas Armadas se caracterizaban por ser disciplinadas y democráticas, a pesar de las fisuras. El líder de la revolución bolivariana modificó las leyes a su antojo para controlar la institución militar y debilitarlas desde la raíz. 20 años después, de los otrora valores castrenses no queda ni la sombra.

Con motivo de su 13° aniversario, Clímax presenta la serie Deconstruyendo a Hugo Chávez

Hugo Chávez señaló a alguien entre la multitud que lo escuchaba con fervor en el Teatro Municipal de Caracas durante una alocución presidencial. “Allá hay un soldado, un vergatario con boina roja, míralo”, dijo y la gente movió la cabeza de un lado a otro para saber quién acaparaba la atención. El mandatario le pidió que atravesara la sala y subiera a la tarima, mientras el público vitoreaba la cortesía. El objeto de las miradas llevaba uniforme verde oliva, botas negras y un gorro escarlata en la coronilla. Se abrazó con el comandante y soltó frente al micrófono: “Así, así, así es que se gobierna”. Todos aplaudieron y Chávez lanzó: “¡Bravo! ¡Vivan los niños!”. El chiquillo camuflado de combatiente tenía cuatro años. Un niño militar.

 

img_20140728_1751071406599439-e1407528856684

 

La escena se repite en la cotidianidad venezolana como un patrón. Pequeños disfrazados de soldados en los carnavales o niños que asisten a los desfiles de fechas patrias con traje verde, imitando al Chávez teniente. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional abarrotan las calles sin justificación, controlan las colas en los supermercados, resguardan estaciones de servicio de gasolina y requisan las alcabalas en las vías. Los soldados son ministros, gobernadores, empresarios. En cualquier lugar, a cualquier hora, los castrenses son el día a día. Uno de los tantos legados del comandante.

 

En picada

Los militares siempre han sido figuras fundamentales en el juego político venezolano, moviéndose estratégicamente en el tablero para modificar la dirección de la nación en golpes de Estado o en instauraciones democráticas. Pero hubo un antes y un después de la llegada de Chávez al poder tras ganar las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998.

Antes de la revolución bolivariana, la institución se centraba en la profesionalización, siempre con despolitización, además de estar sometidas a diversos controles y tener una elevada capacitación técnica. “Se buscaba el control civil sobre las fuerzas militares. Aunque no fue del todo exitoso, debido a que persistió una influencia política sobre el sector militar, se produjeron avances importantes en la separación entre los ámbitos militares y civiles” se explica en el libro Fuerza Armada, Estado y sociedad civil en Venezuela de Francine Jácome.

Las dos intentonas golpistas de 1992 prendieron las alarmas. Además de fracturar las Fuerzas Armadas, avisaron que los uniformados querían más protagonismo en las decisiones del futuro del país. Esa llama, con la chispa del sentimiento antipartidista y el descontento social, despertó el deseo de elegir a un líder vinculado al militarismo, una oportunidad de oro para que la bota militar resurgiera en el poder.

Un joven Chávez apareció frente a las pantallas de televisión, asumió la responsabilidad del alzamiento militar fallido contra Carlos Andrés Pérez y pronunció un “por ahora” como la promesa de que volvería. Y llegó el día, seis años después: se quitó el uniforme militar para competir por la silla del Palacio de Miraflores como un civil y, sin experiencia política, la ganó con el 56,20% de los votos. El teniente coronel pasó a ser, a partir del 2 de febrero de 1999, Comandante en Jefe, como justo antes lo fue Rafael Caldera.

¿Qué encontró al llegar? “Una Fuerza Armada Nacional organizada, adiestrada y democrática”, asegura el general retirado Raúl Salazar. Quien también fuera el primer ministro de Defensa del difunto exmandatario explica que en aquel entonces los soldados ascendían de cargo por medio de la meritocracia, a punta de esfuerzo y obediencia. “Cada quien tenía que hacer la carrera militar dentro de las normas e ir agarrando la jerarquía como establecen las leyes. La carrera militar es una carrera, tiene que haber disciplina, la base fundamental”.

A pesar de las fisuras latentes en la institución, la esencia castrense se mantenía para la época. “Las Fuerzas Armadas eran lo suficientemente firmes para poder cumplir el cometido para el que fueron creadas, tenían un criterio claro con respecto a la división del poder. Era una institución respetada, los oficiales eran considerados unos funcionarios con privilegios y se mantenía el equilibrio piramidal”, comenta Sebastiana Barráez, periodista especializada en la fuente militar. Los uniformados no actuaban a sus anchas: la Asamblea Nacional, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República eran las entidades encargadas de la aprobación final de los ascensos y de vigilar los gastos en el sector.

A partir del siglo XXI, Venezuela se desvió del camino de las buenas prácticas seguido por otros países de Latinoamérica, que buscaban priorizar el control civil, y optó por otra vía: la militarización. Adiós a uniformados disciplinados, apolíticos y democráticos. Pasaron de fichas de ajedrez a títeres.

Leyes a la medida castrense

Chávez no quiso perder el tiempo cuando ganó la Presidencia, así que la primera jugada estuvo en la Constitución de 1999.

A los militares activos, desde los efectivos del más bajo rango hasta los generales, se les concedió el derecho al voto, según el artículo 330, aunque no se les permitía “optar a cargo de elección popular, ni participar en acto de propaganda, militancia o proselitismo político”. De ahí se aceleraron los cambios en los conceptos de institucionalidad y se puso en marcha la “alianza cívico-militar” que tanto parloteaba Chávez en sus discursos, según Fuerza Armada, Estado y sociedad civil en Venezuela. “La nueva carta magna formalizó la ampliación de la participación de los militares en los ámbitos del desarrollo nacional, seguridad ciudadana, desastres naturales y temas ambientales”.

Desde entonces, los ascensos de los soldados los controlan los propios militares, sin la participación del Parlamento. Así como la revisión a las empresas de las FAN que le correspondía a la Controlaría General de la República ahora es a través de la Contraloría de la institución castrense. Se disminuyeron los controles y la supervisión institucional. Ellos mismos se pagan y se dan el vuelto.

Los cambios apenas empezaban. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002 introdujo la definición de “seguridad y defensa integral”, subrayando la relación entre la sociedad y el Estado y “otorgándoles a los militares un papel más importante en las tareas de desarrollo socio-económico”. Tres años después con la creación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan) se reafirmó la participación de los efectivos en dichas labores y agregó la “reincorporación” de militares retirados al servicio activo.

Además, se modificó el uniforme militar para establecer “El Patriota” más cercano al de fuerzas cubanas que al camuflaje norteamericano.“Ese detalle tan significativo, profundamente radical e integral, necesario es resaltarlo esta noche: estamos viendo cómo las tropas venezolanas estamos volviendo a vestir el uniforme verde oliva que durante tantos años portamos, durante más de un siglo”, advirtió Chávez en 27 de diciembre de 2004 al referirse a cómo, producto de la “desviación ideológica y el espíritu entreguista alienante” que existió en los altos mandos del país, se asumió un uniforme camuflado.

Aunque el aspecto más resaltante fue la modificación de la estructura de las Fuerzas Armadas, que hasta la fecha solo incluía al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional; ahora también existiría la Reserva y la Guardia Territorial. Por medio de una Ley Habilitante, se decretó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2008, en la que se le incorporó a la institución el apellido “Bolivariana” y se creó la Milicia Nacional como “un cuerpo especial” dependiente de la Presidencia y “destinado a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

La Milicia se conformó al margen de la Constitución de 1999, que en sus páginas solo contempla cuatro componentes militares y establece que sus efectivos son los únicos que pueden utilizar armamento. Eso no importaba porque desde Miraflores se prometió que cada uno de los “soldados de la revolución” tendría “su fusil garantizado”.

“Hugo Chávez buscó hacerle contrapeso a las Fuerzas Armadas, legalmente constituidas, al crear la Milicia. Obviamente no son profesionales, no son personas preparadas y de alguna manera sabe que puede manipular a sus integrantes, ignorantes del procedimiento legal”, plantea Barráez. “Hay un uso y abuso de la inocencia de los milicianos. Por eso vemos de repente a un anciano con un fusil que ni puede levantar, que no tiene idea qué es enfrentarse a una fuerza militar regular en un escenario de guerra o conflicto. Creó la milicia para dar la sensación ficticia de que las fuerzas armadas le eran fiel”.

En la cuarta reforma de esta ley, además, se estableció que uno de los objetivos de la Fuerzas Armadas sería “lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo”. Las armas dispuestas a defender un fin ideológico, a la orden de la revolución y no de la soberanía de la nación como establece la Constitución. “La fuerza armada es chavista”, expresaba Chávez.

 

el-presidente-de-venezuela-hugo-chavez-en-el-acto-de-juramento-de-milicianos-en-2010-una-opositora-advierte-que-se-busca-fortalecer-las-mili_595_349_57375

 

Ni corto ni perezoso, el líder revolucionario también se incluyó en las reformas de las legislaciones. No quiso quedar por fuera. En la ley que promulgó en 2008 le dio al cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el que le corresponde al Presidente en ejercicio, un rango militar activo dentro del sector.

Hasta ese momento, se trataba de una figura civil, cuyas órdenes se ejecutaban a través del Alto Mando Militar, respetando esa jerarquía. No en balde las numerosas críticas a que el mandatario se uniformara siendo él un oficial retirado, y rompiendo con la imagen del Presidente civil. Algo que dejó de ocurrir luego del golpe de Estado de 2002 y resurgió luego de algunos años.

 

Desde 2009 el teniente coronel más nunca usó los distintivos e insignias correspondientes a ese rango. Desde ese momento siempre portó las recién creadas para el rango de Comandante en Jefe, ahora como el tope de la estructura de rangos. “Chávez tenía la intención de ser un líder militar, quizá el sueño que no pudo cumplir dentro de la institución armada, trató de cumplirlo fuera de ella”, argumenta Barráez.

Su sucesor Nicolás Maduro, por tanto, replica ese sueño, si alguna vez lo tuvo, y ahora tiene rango militar activo y pudiera uniformarse y usar las caponas y el bastón de mando que le fue entregado al asumir la Presidencia. Chávez, entretanto, es calificado como Comandante Supremo incluso dentro de los cuarteles.

Desdibujar las Fuerzas Armadas

Chávez lo repetía todo el tiempo: la alianza cívico-militar. Voltear la tortilla de la subordinación militar al poder civil. Pero en la práctica, es ficción.

El proceso de militarización en Venezuela ha ido en aumento y los funcionarios han reemplazado a los ciudadanos en los distintos espacios de la sociedad, a cambio de su propio quiebre. La unión pretendía, sobre todo, la supervivencia del proyecto político de la revolución.

“Más allá del discurso político donde se habla de que las Fuerzas Armadas y el pueblo juntos podían hacer una cantidad de cosas por el progreso y enfrentar al imperio, se quedó en un desdibujamiento de las fuerzas armadas. Perdieron el poder que tenían”, comenta la periodista de la fuente militar.

Fue así como Chávez buscó integrar a los soldados en el día a día y hacerlos participar en aspectos trascendentales del país al punto de teñir escuelas, hospitales, gobernaciones y empresas de verde oliva. “Optó por incluir a militares en el gabinete ministerial y darles poder, sacarlos de las fuerzas armadas, de su estado natural para colocarlos en cargos administrativos donde los militares, la gran mayoría, terminaron en una situación de manejos irregulares con el dinero del Estado”, afirma Barráez.

Ejemplo de ello es el Plan Bolívar 2000, uno de los primeros creados por Chávez en 1999, que pretendía implicar a los soldados en para los menos privilegiados, tales como mercados populares, jornadas de salud y construcción de viviendas. No prosperó: 21 de los 24 comandantes que controlaban el proyecto fueron señalados por irregularidades y a Víctor Cruz Weffer, el general a cargo del plan, le cayeron denuncias de corrupción (ahora es investigado por cuentas en paraísos fiscales develadas por los Panama Papers, y desde marzo de 2018 esta preso).

 

que-viene-el-8d-venezuela-nada-alentador-L-IcgIyA

 

Después del 11 de abril de 2002, Chávez buscó debilitar la fuerza militar, como venganza de su rebelión. “Hizo cambios profundos con relación al poder que tenían los militares después del 11 de abril de 2002, asumió que el grupo con el cual se sentía más seguro, fueron los que le dieron un golpe de Estado. A partir de ese momento, erosionó la columna vertebral de la institución castrense, especialmente la que tiene que ver con subordinación y la disciplina, como una manera de prevenir a futuro que las Fuerzas Armadas pudiesen levantarse en armas en su contra”, comenta la periodista.

Así fue como, por medio de su discurso de sinergia cívico-militar, el mandatario buscó armar al pueblo, dándole poder a unos y restándoselo a otros. La milicia nace de dicha idea, un grupo de civiles voluntarios con entrenamiento militar que no solo protegen la patria, sino la revolución el socialismo del siglo XXI. “Es el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo”, exclamaba Chávez al referirse a los uniformados de marrón. “La quinta fuerza”. Alejado de la Constitución, que indica que la Fuerza Armada debe ser “esencialmente profesional”, el expresidente elevó a los milicianos al nivel de los otros cuatro componentes. ¿O bajó a los militares al nivel del resto?

La partidización de la institución fue otro factor que Chávez sembró en la institución. “Patria, socialismo o muerte” fue la frase que se le obligó a los efectivos a pronunciar en las filas, a partir de lo dicho por el difunto en 2007 luego de su reelección. La militancia política, rechazada en la Carta Magna, se justificó: “Están conscientes de que solo por la vía del socialismo tendremos patria”, decía Chávez. Retocar la institución a conveniencia.

En 2012, por si fuera poco, se comenzó a calificar a la FAN como “revolucionaria, socialista, antiimperialista y chavista”, como soltó el general Clíver Alcalá Cordones encabezando un desfile militar. Desde entonces se hizo norma. Y desde 2013, posterior a la muerte del caudillo, los uniformados se saludan con un “Chávez vive”, que en el intercambio formal es el inicio de una retahíla.

-Chávez vive.
-La patria sigue.
-Independencia y patria socialista.
-Viviremos y venceremos.
-El sol de Venezuela nace en el Esequibo.
-Nace en el Esequibo.

Si existe el titiritero, también los títeres. Sebastiana Barráez sostiene que se quiso tergiversar la función de las Fuerzas Armadas “y ellos, a través de algunos oficiales, le permitieron que tergiversara su función esencial. Terminaron siendo una institución que sostuvo a Chávez en el poder y, más dramáticamente, sostiene a Nicolás Maduro en el poder. Nunca antes en la historia de la República las Fuerzas Armadas habían estado tan debilitada, tan fracturada como en estos momentos”.

El general retirado Raúl Salazar afirma que las Fuerzas Armadas solo deben estar sumisas a la Constitución y la democracia. “Se tienen que seguir las normas porque cuando te aprovechas de las Fuerzas Armadas para dirigir el país, se empiezan a complicar las cosas. Los militares a su defensa, los políticos a su política, que cada quien ejerza lo que le corresponde”. Asegura que en vez de militar a la democracia, se debe democratizar nuevamente a los militares.

Más efectivos, más armas, más dinero

“Las mujeres y hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconocemos al Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como nuestro Comandante en Jefe”, dijo en 2013 el entonces ministro de la Defensa, almirante Diego Molero, en presencia del Alto Mando de la FANB.

Los efectivos juraron y el heredero de Chávez recibió los símbolos y el bastón de mando que lo identifican como militar activo de la institución armada, sin siquiera haber pisado la Academia Militar. Maduró contestó: “Ejerceré el mando supremo de la Fuerza Armada en función de la defensa de la independencia nacional y del pueblo de Venezuela”. Y así comenzó el Gobierno de hijo político de Chávez, apegado a las políticas militaristas de su antecesor.

Con Nicolás Maduro aumentó el número de integrantes de la Fuerza Armada Nacional. De 113.558 efectivos que había en 2012 se pasó a 194.744 para el año 2014. En 2016, el salto fue gigante hasta llegar a 365.315 funcionarios, sin contar los 365.046 milicianos, según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). Asimismo, la organización civil Control Ciudadano presentó un estudio este año que afirma que la Guardia Nacional Bolivariana “aumentó su presencia en todo el territorio nacional, al pasar de 73 destacamentos a 236, y de 159 compañías a 514 compañías”, todo con la finalidad de “dar respuestas militar y represiva a la protesta”.

Al principio de su gestión, Chávez no veía con buenos ojos la compra de armamento militar. O al menos eso decía. “Vamos a mantener lo que tenemos. Vamos a conservar nuestros fusiles, nuestros soldados, pero no podemos incrementar el gasto militar. Vamos a incrementar el gasto social”, dijo frente a los medios de comunicación tras pocos meses de llegar a Miraflores. Después se dejó de sandeces.

A partir de 2004, y gracias al aumento de los precios del petróleo, Venezuela se montó en el vehículo del “reequipamiento militar” para recuperar los equipos obsoletos y adquirir los más nuevos. Rusia y China fueron sus principales proveedores, luego del rompimiento de vínculos entre el país y Estados Unidos. De acuerdo con el informe Adquisiciones de sistemas de armas y material militar 2005-2012 de la Asociación Civil Control Ciudadano, se compró todo tipo de armamento. Desde lo más extravagante, camiones antimotín, aviones, helicópteros, fusiles de asalto y de precisión para francotiradores; hasta lo más básico como pistolas, carpas, uniformes, botas y cascos.

El actual presidente quiso seguir los pasos de su padre político, pero la caída de los precios del crudo le jugó en contra. Según el informe de los años 2013-2016 de la ONG, “el país redujo sus adquisiciones militares en un 90% durante los años 2015-2016. Sin embargo en 2016, aumentó sus adquisiciones en un 5% respecto a 2015”. Asimismo, el documento señala que el plan de establecer una industria bélica local fracaso. “Además, en la actualidad, la Fuerza Armada Nacional está abocada a participar áreas económicas que, en su mayoría, no están relacionadas directamente con la industria militar”.

El dinero utilizado para la compra de armas para los militares no se conoce. Pero se consiguen pistas. Según el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (Sipri), en 16 años de “revolución”, de la llegada del líder chavista en 1999 hasta el año 2016, el Estado gastó 5.620 millones de dólares en compra de armamento bélico. Transacciones que le atribuyeron a Venezuela el puesto 18 dentro de la lista de mayores compradores de armas del mundo. Pese a sus adquisiciones armamentistas, el observatorio Global Firepower de 2018 sitúa a la nación caribeña en el lugar 46 de 136 en el ranking de potencias militares.

El Estado no lo piensa dos veces antes de entregar dinero para el establecimiento de la bota militar. La organización Transparencia Venezuela aseguró en su informe sobre el seguimiento al Presupuesto Anual 2018 que al Ministerio de Defensa le fueron aprobados 11 créditos, entre enero y junio, que alcanzan la cifra de Bs. 36.131.051.079.471,30. Monto que supera el presupuesto de la nación en todo un año. “A los militares les han dado 17 veces más recursos que al Ministerio de Agricultura y Tierras (…) También les han aprobado 35% más recursos extras que el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología”.

 

ejército venezuela desfile

Querer controlar todo

Si durante el mandato de Hugo Chávez la presencia militar en el Gobierno fue en aumento, con Nicolás Maduro la bota militar refuerza su firmeza.

En el primer gabinete ministerial del “comandante eterno” en 1999, solo dos efectivos de las Fuerzas Armadas ocupaban cargo: el ministro de la Defensa y el de Transporte y Comunicaciones. Durante el Gobierno de Maduro, el número de ministerios bajo el control militar ha alcanzado, en el punto más alto en noviembre de 2017, 43.75% de los cargos en el gabinete: 14 de los 33 ministros. Tras renovaciones en el Ejecutivo a mediados de este año, la cifra disminuyó. La más baja desde que llegase a la Presidencia con 10 funcionarios castrenses. De igual forma, en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre de 2017, 10 militares querían proclamarse como ganadores; solo siete lo lograron de 12 que habían alcanzado puestos de poder estatal en las votaciones de 2012.

Todo ello a pesar de que en diciembre de 2014, Maduro dijo que los oficiales “prestados a la administración pública” debían regresar a los cuarteles. Menos de un mes después ratificó a varios y nombró a nuevos militares en cargos clave.

 

maduroserodeademilitares

 

Los puestos en ministerios y gobernaciones no son los únicos poderes que los militares tienen en sus manos. Sus raíces se han extendido en ámbitos de la vida cotidiana del venezolano. Maduro quiso ir más allá por medio de la Gran Misión Abastecimiento, con la que los soldados controlan la cadena de producción, distribución, comercialización e importación de alimentos, productos de higiene personal y del sector farmacéutico.

Asimismo, a pocos meses de sentarse en la silla presidencial creó la Zona Económica Militar Socialista que agrupa las compañías con personalidad jurídica y patrimonio propio adscritas al Ministerio de Defensa con el fin de “satisfacer la demanda de la FAN” con empresas de transporte, agricultura, comunicaciones, bebidas y construcción. En cuatro años, los militares han sabido ampliar las sociedades. “Entre 2013 y 2017 se han constituido 14 compañías militares en áreas clave, con lo cual el poderío económico de la FANB asciende a un total de 20 industrias”, señala un trabajo del portal Crónica Uno.

Pero para Nicolás Maduro, la supremacía económica no garantiza suficiente devoción y ha aplicado la persecución contra las disidencias. Desde su llegada, 163 militares han sido apresados; 116 a lo largo de 2018. Según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, este número es mayor a los uniformados detenidos durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el Gobierno del propio Chávez.

La periodista Sebastiana Barráez sostiene que la cifra pudiese ser mayor. “Son alrededor de 200 militares detenidos, hay oficiales de todos los rangos militares y de todos los componentes. Han sido manejados como conspiradores y no necesariamente lo son”. Agrega que mientras unos tienen expediente y presentación en tribunales, otro grupo no. “Nicolás Maduro ha venido tratando de enfrentar las diferentes candelitas dentro de la institución y que han sido reflejo del profundo descontento contra él y su gobierno”. Beneficios, control y poder a cambio de lealtad.

Anuncios

En ocasiones, es posible que tus visitantes vean un anuncio aquí,
así como un banner sobre privacidad y cookies en la parte inferior de la página.
Para esconder estos anuncios completamente, mejora tu plan con una de nuestras versiones de pago.

MEJORAR AHORA IGNORAR MENSAJE

El poder militar y la sumisión al chavismo

Estándar

POR: VALERIA PEDICINI

 

El teniente coronel Hugo Chávez Frías ganó la Presidencia el 6 de diciembre de 1998 mientras las Fuerzas Armadas se caracterizaban por ser disciplinadas y democráticas, a pesar de las fisuras. El líder de la revolución bolivariana modificó las leyes a su antojo para controlar la institución militar y debilitarlas desde la raíz. 20 años después, de los otrora valores castrenses no queda ni la sombra.

Con motivo de su 13° aniversario, Clímax presenta la serie Deconstruyendo a Hugo Chávez

Hugo Chávez señaló a alguien entre la multitud que lo escuchaba con fervor en el Teatro Municipal de Caracas durante una alocución presidencial. “Allá hay un soldado, un vergatario con boina roja, míralo”, dijo y la gente movió la cabeza de un lado a otro para saber quién acaparaba la atención. El mandatario le pidió que atravesara la sala y subiera a la tarima, mientras el público vitoreaba la cortesía. El objeto de las miradas llevaba uniforme verde oliva, botas negras y un gorro escarlata en la coronilla. Se abrazó con el comandante y soltó frente al micrófono: “Así, así, así es que se gobierna”. Todos aplaudieron y Chávez lanzó: “¡Bravo! ¡Vivan los niños!”. El chiquillo camuflado de combatiente tenía cuatro años. Un niño militar.

 

img_20140728_1751071406599439-e1407528856684

 

La escena se repite en la cotidianidad venezolana como un patrón. Pequeños disfrazados de soldados en los carnavales o niños que asisten a los desfiles de fechas patrias con traje verde, imitando al Chávez teniente. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional abarrotan las calles sin justificación, controlan las colas en los supermercados, resguardan estaciones de servicio de gasolina y requisan las alcabalas en las vías. Los soldados son ministros, gobernadores, empresarios. En cualquier lugar, a cualquier hora, los castrenses son el día a día. Uno de los tantos legados del comandante.

 

En picada

Los militares siempre han sido figuras fundamentales en el juego político venezolano, moviéndose estratégicamente en el tablero para modificar la dirección de la nación en golpes de Estado o en instauraciones democráticas. Pero hubo un antes y un después de la llegada de Chávez al poder tras ganar las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998.

Antes de la revolución bolivariana, la institución se centraba en la profesionalización, siempre con despolitización, además de estar sometidas a diversos controles y tener una elevada capacitación técnica. “Se buscaba el control civil sobre las fuerzas militares. Aunque no fue del todo exitoso, debido a que persistió una influencia política sobre el sector militar, se produjeron avances importantes en la separación entre los ámbitos militares y civiles” se explica en el libro Fuerza Armada, Estado y sociedad civil en Venezuela de Francine Jácome.

Las dos intentonas golpistas de 1992 prendieron las alarmas. Además de fracturar las Fuerzas Armadas, avisaron que los uniformados querían más protagonismo en las decisiones del futuro del país. Esa llama, con la chispa del sentimiento antipartidista y el descontento social, despertó el deseo de elegir a un líder vinculado al militarismo, una oportunidad de oro para que la bota militar resurgiera en el poder.

Un joven Chávez apareció frente a las pantallas de televisión, asumió la responsabilidad del alzamiento militar fallido contra Carlos Andrés Pérez y pronunció un “por ahora” como la promesa de que volvería. Y llegó el día, seis años después: se quitó el uniforme militar para competir por la silla del Palacio de Miraflores como un civil y, sin experiencia política, la ganó con el 56,20% de los votos. El teniente coronel pasó a ser, a partir del 2 de febrero de 1999, Comandante en Jefe, como justo antes lo fue Rafael Caldera.

¿Qué encontró al llegar? “Una Fuerza Armada Nacional organizada, adiestrada y democrática”, asegura el general retirado Raúl Salazar. Quien también fuera el primer ministro de Defensa del difunto exmandatario explica que en aquel entonces los soldados ascendían de cargo por medio de la meritocracia, a punta de esfuerzo y obediencia. “Cada quien tenía que hacer la carrera militar dentro de las normas e ir agarrando la jerarquía como establecen las leyes. La carrera militar es una carrera, tiene que haber disciplina, la base fundamental”.

A pesar de las fisuras latentes en la institución, la esencia castrense se mantenía para la época. “Las Fuerzas Armadas eran lo suficientemente firmes para poder cumplir el cometido para el que fueron creadas, tenían un criterio claro con respecto a la división del poder. Era una institución respetada, los oficiales eran considerados unos funcionarios con privilegios y se mantenía el equilibrio piramidal”, comenta Sebastiana Barráez, periodista especializada en la fuente militar. Los uniformados no actuaban a sus anchas: la Asamblea Nacional, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República eran las entidades encargadas de la aprobación final de los ascensos y de vigilar los gastos en el sector.

A partir del siglo XXI, Venezuela se desvió del camino de las buenas prácticas seguido por otros países de Latinoamérica, que buscaban priorizar el control civil, y optó por otra vía: la militarización. Adiós a uniformados disciplinados, apolíticos y democráticos. Pasaron de fichas de ajedrez a títeres.

Leyes a la medida castrense

Chávez no quiso perder el tiempo cuando ganó la Presidencia, así que la primera jugada estuvo en la Constitución de 1999.

A los militares activos, desde los efectivos del más bajo rango hasta los generales, se les concedió el derecho al voto, según el artículo 330, aunque no se les permitía “optar a cargo de elección popular, ni participar en acto de propaganda, militancia o proselitismo político”. De ahí se aceleraron los cambios en los conceptos de institucionalidad y se puso en marcha la “alianza cívico-militar” que tanto parloteaba Chávez en sus discursos, según Fuerza Armada, Estado y sociedad civil en Venezuela. “La nueva carta magna formalizó la ampliación de la participación de los militares en los ámbitos del desarrollo nacional, seguridad ciudadana, desastres naturales y temas ambientales”.

Desde entonces, los ascensos de los soldados los controlan los propios militares, sin la participación del Parlamento. Así como la revisión a las empresas de las FAN que le correspondía a la Controlaría General de la República ahora es a través de la Contraloría de la institución castrense. Se disminuyeron los controles y la supervisión institucional. Ellos mismos se pagan y se dan el vuelto.

Los cambios apenas empezaban. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002 introdujo la definición de “seguridad y defensa integral”, subrayando la relación entre la sociedad y el Estado y “otorgándoles a los militares un papel más importante en las tareas de desarrollo socio-económico”. Tres años después con la creación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan) se reafirmó la participación de los efectivos en dichas labores y agregó la “reincorporación” de militares retirados al servicio activo.

Además, se modificó el uniforme militar para establecer “El Patriota” más cercano al de fuerzas cubanas que al camuflaje norteamericano.“Ese detalle tan significativo, profundamente radical e integral, necesario es resaltarlo esta noche: estamos viendo cómo las tropas venezolanas estamos volviendo a vestir el uniforme verde oliva que durante tantos años portamos, durante más de un siglo”, advirtió Chávez en 27 de diciembre de 2004 al referirse a cómo, producto de la “desviación ideológica y el espíritu entreguista alienante” que existió en los altos mandos del país, se asumió un uniforme camuflado.

Aunque el aspecto más resaltante fue la modificación de la estructura de las Fuerzas Armadas, que hasta la fecha solo incluía al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional; ahora también existiría la Reserva y la Guardia Territorial. Por medio de una Ley Habilitante, se decretó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2008, en la que se le incorporó a la institución el apellido “Bolivariana” y se creó la Milicia Nacional como “un cuerpo especial” dependiente de la Presidencia y “destinado a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

La Milicia se conformó al margen de la Constitución de 1999, que en sus páginas solo contempla cuatro componentes militares y establece que sus efectivos son los únicos que pueden utilizar armamento. Eso no importaba porque desde Miraflores se prometió que cada uno de los “soldados de la revolución” tendría “su fusil garantizado”.

“Hugo Chávez buscó hacerle contrapeso a las Fuerzas Armadas, legalmente constituidas, al crear la Milicia. Obviamente no son profesionales, no son personas preparadas y de alguna manera sabe que puede manipular a sus integrantes, ignorantes del procedimiento legal”, plantea Barráez. “Hay un uso y abuso de la inocencia de los milicianos. Por eso vemos de repente a un anciano con un fusil que ni puede levantar, que no tiene idea qué es enfrentarse a una fuerza militar regular en un escenario de guerra o conflicto. Creó la milicia para dar la sensación ficticia de que las fuerzas armadas le eran fiel”.

En la cuarta reforma de esta ley, además, se estableció que uno de los objetivos de la Fuerzas Armadas sería “lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo”. Las armas dispuestas a defender un fin ideológico, a la orden de la revolución y no de la soberanía de la nación como establece la Constitución. “La fuerza armada es chavista”, expresaba Chávez.

 

el-presidente-de-venezuela-hugo-chavez-en-el-acto-de-juramento-de-milicianos-en-2010-una-opositora-advierte-que-se-busca-fortalecer-las-mili_595_349_57375

 

Ni corto ni perezoso, el líder revolucionario también se incluyó en las reformas de las legislaciones. No quiso quedar por fuera. En la ley que promulgó en 2008 le dio al cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el que le corresponde al Presidente en ejercicio, un rango militar activo dentro del sector.

Hasta ese momento, se trataba de una figura civil, cuyas órdenes se ejecutaban a través del Alto Mando Militar, respetando esa jerarquía. No en balde las numerosas críticas a que el mandatario se uniformara siendo él un oficial retirado, y rompiendo con la imagen del Presidente civil. Algo que dejó de ocurrir luego del golpe de Estado de 2002 y resurgió luego de algunos años.

 

Desde 2009 el teniente coronel más nunca usó los distintivos e insignias correspondientes a ese rango. Desde ese momento siempre portó las recién creadas para el rango de Comandante en Jefe, ahora como el tope de la estructura de rangos. “Chávez tenía la intención de ser un líder militar, quizá el sueño que no pudo cumplir dentro de la institución armada, trató de cumplirlo fuera de ella”, argumenta Barráez.

Su sucesor Nicolás Maduro, por tanto, replica ese sueño, si alguna vez lo tuvo, y ahora tiene rango militar activo y pudiera uniformarse y usar las caponas y el bastón de mando que le fue entregado al asumir la Presidencia. Chávez, entretanto, es calificado como Comandante Supremo incluso dentro de los cuarteles.

Desdibujar las Fuerzas Armadas

Chávez lo repetía todo el tiempo: la alianza cívico-militar. Voltear la tortilla de la subordinación militar al poder civil. Pero en la práctica, es ficción.

El proceso de militarización en Venezuela ha ido en aumento y los funcionarios han reemplazado a los ciudadanos en los distintos espacios de la sociedad, a cambio de su propio quiebre. La unión pretendía, sobre todo, la supervivencia del proyecto político de la revolución.

“Más allá del discurso político donde se habla de que las Fuerzas Armadas y el pueblo juntos podían hacer una cantidad de cosas por el progreso y enfrentar al imperio, se quedó en un desdibujamiento de las fuerzas armadas. Perdieron el poder que tenían”, comenta la periodista de la fuente militar.

Fue así como Chávez buscó integrar a los soldados en el día a día y hacerlos participar en aspectos trascendentales del país al punto de teñir escuelas, hospitales, gobernaciones y empresas de verde oliva. “Optó por incluir a militares en el gabinete ministerial y darles poder, sacarlos de las fuerzas armadas, de su estado natural para colocarlos en cargos administrativos donde los militares, la gran mayoría, terminaron en una situación de manejos irregulares con el dinero del Estado”, afirma Barráez.

Ejemplo de ello es el Plan Bolívar 2000, uno de los primeros creados por Chávez en 1999, que pretendía implicar a los soldados en para los menos privilegiados, tales como mercados populares, jornadas de salud y construcción de viviendas. No prosperó: 21 de los 24 comandantes que controlaban el proyecto fueron señalados por irregularidades y a Víctor Cruz Weffer, el general a cargo del plan, le cayeron denuncias de corrupción (ahora es investigado por cuentas en paraísos fiscales develadas por los Panama Papers, y desde marzo de 2018 esta preso).

 

que-viene-el-8d-venezuela-nada-alentador-L-IcgIyA

 

Después del 11 de abril de 2002, Chávez buscó debilitar la fuerza militar, como venganza de su rebelión. “Hizo cambios profundos con relación al poder que tenían los militares después del 11 de abril de 2002, asumió que el grupo con el cual se sentía más seguro, fueron los que le dieron un golpe de Estado. A partir de ese momento, erosionó la columna vertebral de la institución castrense, especialmente la que tiene que ver con subordinación y la disciplina, como una manera de prevenir a futuro que las Fuerzas Armadas pudiesen levantarse en armas en su contra”, comenta la periodista.

Así fue como, por medio de su discurso de sinergia cívico-militar, el mandatario buscó armar al pueblo, dándole poder a unos y restándoselo a otros. La milicia nace de dicha idea, un grupo de civiles voluntarios con entrenamiento militar que no solo protegen la patria, sino la revolución el socialismo del siglo XXI. “Es el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo”, exclamaba Chávez al referirse a los uniformados de marrón. “La quinta fuerza”. Alejado de la Constitución, que indica que la Fuerza Armada debe ser “esencialmente profesional”, el expresidente elevó a los milicianos al nivel de los otros cuatro componentes. ¿O bajó a los militares al nivel del resto?

La partidización de la institución fue otro factor que Chávez sembró en la institución. “Patria, socialismo o muerte” fue la frase que se le obligó a los efectivos a pronunciar en las filas, a partir de lo dicho por el difunto en 2007 luego de su reelección. La militancia política, rechazada en la Carta Magna, se justificó: “Están conscientes de que solo por la vía del socialismo tendremos patria”, decía Chávez. Retocar la institución a conveniencia.

En 2012, por si fuera poco, se comenzó a calificar a la FAN como “revolucionaria, socialista, antiimperialista y chavista”, como soltó el general Clíver Alcalá Cordones encabezando un desfile militar. Desde entonces se hizo norma. Y desde 2013, posterior a la muerte del caudillo, los uniformados se saludan con un “Chávez vive”, que en el intercambio formal es el inicio de una retahíla.

-Chávez vive.
-La patria sigue.
-Independencia y patria socialista.
-Viviremos y venceremos.
-El sol de Venezuela nace en el Esequibo.
-Nace en el Esequibo.

Si existe el titiritero, también los títeres. Sebastiana Barráez sostiene que se quiso tergiversar la función de las Fuerzas Armadas “y ellos, a través de algunos oficiales, le permitieron que tergiversara su función esencial. Terminaron siendo una institución que sostuvo a Chávez en el poder y, más dramáticamente, sostiene a Nicolás Maduro en el poder. Nunca antes en la historia de la República las Fuerzas Armadas habían estado tan debilitada, tan fracturada como en estos momentos”.

El general retirado Raúl Salazar afirma que las Fuerzas Armadas solo deben estar sumisas a la Constitución y la democracia. “Se tienen que seguir las normas porque cuando te aprovechas de las Fuerzas Armadas para dirigir el país, se empiezan a complicar las cosas. Los militares a su defensa, los políticos a su política, que cada quien ejerza lo que le corresponde”. Asegura que en vez de militar a la democracia, se debe democratizar nuevamente a los militares.

Más efectivos, más armas, más dinero

“Las mujeres y hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconocemos al Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como nuestro Comandante en Jefe”, dijo en 2013 el entonces ministro de la Defensa, almirante Diego Molero, en presencia del Alto Mando de la FANB.

Los efectivos juraron y el heredero de Chávez recibió los símbolos y el bastón de mando que lo identifican como militar activo de la institución armada, sin siquiera haber pisado la Academia Militar. Maduró contestó: “Ejerceré el mando supremo de la Fuerza Armada en función de la defensa de la independencia nacional y del pueblo de Venezuela”. Y así comenzó el Gobierno de hijo político de Chávez, apegado a las políticas militaristas de su antecesor.

Con Nicolás Maduro aumentó el número de integrantes de la Fuerza Armada Nacional. De 113.558 efectivos que había en 2012 se pasó a 194.744 para el año 2014. En 2016, el salto fue gigante hasta llegar a 365.315 funcionarios, sin contar los 365.046 milicianos, según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). Asimismo, la organización civil Control Ciudadano presentó un estudio este año que afirma que la Guardia Nacional Bolivariana “aumentó su presencia en todo el territorio nacional, al pasar de 73 destacamentos a 236, y de 159 compañías a 514 compañías”, todo con la finalidad de “dar respuestas militar y represiva a la protesta”.

Al principio de su gestión, Chávez no veía con buenos ojos la compra de armamento militar. O al menos eso decía. “Vamos a mantener lo que tenemos. Vamos a conservar nuestros fusiles, nuestros soldados, pero no podemos incrementar el gasto militar. Vamos a incrementar el gasto social”, dijo frente a los medios de comunicación tras pocos meses de llegar a Miraflores. Después se dejó de sandeces.

A partir de 2004, y gracias al aumento de los precios del petróleo, Venezuela se montó en el vehículo del “reequipamiento militar” para recuperar los equipos obsoletos y adquirir los más nuevos. Rusia y China fueron sus principales proveedores, luego del rompimiento de vínculos entre el país y Estados Unidos. De acuerdo con el informe Adquisiciones de sistemas de armas y material militar 2005-2012 de la Asociación Civil Control Ciudadano, se compró todo tipo de armamento. Desde lo más extravagante, camiones antimotín, aviones, helicópteros, fusiles de asalto y de precisión para francotiradores; hasta lo más básico como pistolas, carpas, uniformes, botas y cascos.

El actual presidente quiso seguir los pasos de su padre político, pero la caída de los precios del crudo le jugó en contra. Según el informe de los años 2013-2016 de la ONG, “el país redujo sus adquisiciones militares en un 90% durante los años 2015-2016. Sin embargo en 2016, aumentó sus adquisiciones en un 5% respecto a 2015”. Asimismo, el documento señala que el plan de establecer una industria bélica local fracaso. “Además, en la actualidad, la Fuerza Armada Nacional está abocada a participar áreas económicas que, en su mayoría, no están relacionadas directamente con la industria militar”.

El dinero utilizado para la compra de armas para los militares no se conoce. Pero se consiguen pistas. Según el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (Sipri), en 16 años de “revolución”, de la llegada del líder chavista en 1999 hasta el año 2016, el Estado gastó 5.620 millones de dólares en compra de armamento bélico. Transacciones que le atribuyeron a Venezuela el puesto 18 dentro de la lista de mayores compradores de armas del mundo. Pese a sus adquisiciones armamentistas, el observatorio Global Firepower de 2018 sitúa a la nación caribeña en el lugar 46 de 136 en el ranking de potencias militares.

El Estado no lo piensa dos veces antes de entregar dinero para el establecimiento de la bota militar. La organización Transparencia Venezuela aseguró en su informe sobre el seguimiento al Presupuesto Anual 2018 que al Ministerio de Defensa le fueron aprobados 11 créditos, entre enero y junio, que alcanzan la cifra de Bs. 36.131.051.079.471,30. Monto que supera el presupuesto de la nación en todo un año. “A los militares les han dado 17 veces más recursos que al Ministerio de Agricultura y Tierras (…) También les han aprobado 35% más recursos extras que el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología”.

 

ejército venezuela desfile

Querer controlar todo

Si durante el mandato de Hugo Chávez la presencia militar en el Gobierno fue en aumento, con Nicolás Maduro la bota militar refuerza su firmeza.

En el primer gabinete ministerial del “comandante eterno” en 1999, solo dos efectivos de las Fuerzas Armadas ocupaban cargo: el ministro de la Defensa y el de Transporte y Comunicaciones. Durante el Gobierno de Maduro, el número de ministerios bajo el control militar ha alcanzado, en el punto más alto en noviembre de 2017, 43.75% de los cargos en el gabinete: 14 de los 33 ministros. Tras renovaciones en el Ejecutivo a mediados de este año, la cifra disminuyó. La más baja desde que llegase a la Presidencia con 10 funcionarios castrenses. De igual forma, en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre de 2017, 10 militares querían proclamarse como ganadores; solo siete lo lograron de 12 que habían alcanzado puestos de poder estatal en las votaciones de 2012.

Todo ello a pesar de que en diciembre de 2014, Maduro dijo que los oficiales “prestados a la administración pública” debían regresar a los cuarteles. Menos de un mes después ratificó a varios y nombró a nuevos militares en cargos clave.

 

maduroserodeademilitares

 

Los puestos en ministerios y gobernaciones no son los únicos poderes que los militares tienen en sus manos. Sus raíces se han extendido en ámbitos de la vida cotidiana del venezolano. Maduro quiso ir más allá por medio de la Gran Misión Abastecimiento, con la que los soldados controlan la cadena de producción, distribución, comercialización e importación de alimentos, productos de higiene personal y del sector farmacéutico.

Asimismo, a pocos meses de sentarse en la silla presidencial creó la Zona Económica Militar Socialista que agrupa las compañías con personalidad jurídica y patrimonio propio adscritas al Ministerio de Defensa con el fin de “satisfacer la demanda de la FAN” con empresas de transporte, agricultura, comunicaciones, bebidas y construcción. En cuatro años, los militares han sabido ampliar las sociedades. “Entre 2013 y 2017 se han constituido 14 compañías militares en áreas clave, con lo cual el poderío económico de la FANB asciende a un total de 20 industrias”, señala un trabajo del portal Crónica Uno.

Pero para Nicolás Maduro, la supremacía económica no garantiza suficiente devoción y ha aplicado la persecución contra las disidencias. Desde su llegada, 163 militares han sido apresados; 116 a lo largo de 2018. Según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, este número es mayor a los uniformados detenidos durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el Gobierno del propio Chávez.

La periodista Sebastiana Barráez sostiene que la cifra pudiese ser mayor. “Son alrededor de 200 militares detenidos, hay oficiales de todos los rangos militares y de todos los componentes. Han sido manejados como conspiradores y no necesariamente lo son”. Agrega que mientras unos tienen expediente y presentación en tribunales, otro grupo no. “Nicolás Maduro ha venido tratando de enfrentar las diferentes candelitas dentro de la institución y que han sido reflejo del profundo descontento contra él y su gobierno”. Beneficios, control y poder a cambio de lealtad.

Informe Otálvora: A punto de quiebre relaciones Colombia Venezuela

Estándar

Las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia están a punto de quiebre.

Si bien ambos gobiernos mantienen abiertas sus respectivas Embajadas, las relaciones diplomáticas son prácticamente inexistentes desde principios del año 2017 cuando Juan Manuel Santos ordenó el retiro de su Embajador ante el gobierno de Nicolás Maduro. El 06ABR17, la entonces canciller de Colombia, María Angela Holguín, afirmó ante un comité parlamentario de su país que “no estamos frente a un país con el cual se pueda tener una relación normal por la misma situación interna que tiene Venezuela”. El 21MAY18, en una comparecencia ante la prensa en Bogotá, Holguín afirmó que “con Venezuela tenemos una relación ausente” a la vez que anunciaba que su gobierno no reconocía el proceso de votaciones del 20MAY18 mediante el cual Maduro se proclamó presidente reelecto.

*****

Actualmente no opera ninguna comisión bilateral venezolano-colombiana de integración o cooperación. Fuentes de la cancillería colombiana ya desde el año 2017 señalaban el silencio que las autoridades venezolanas mantenían ante rutinarias gestiones de la Embajada de Colombia en Caracas. Según un alto funcionario colombiano, su representación diplomática en Venezuela habría remitido más de 150 comunicaciones a diversas instancias oficiales venezolanas sin recibir respuesta, en relación al caso de 59 colombianos detenidos desde 2016 en Venezuela acusado de supuestamente pretender un atentado contra Maduro. Al igual que ocurre con la Embajada de EEUU y de diversos gobiernos latinoamericanos, la cancillería chavista suele retrasar inexplicablemente los trámites de acreditación de los funcionarios diplomáticos colombianos que llegan a asumir cargos en Venezuela dejándolos en un limbo legal. La cancillería chavista, que ha copiado el lenguaje y el estilo de la diplomacia cubana en sus cotidianos documentos y notas de protesta contra gobiernos extranjeros, mantiene un cerrado control de las actividades de los diplomáticos extranjeros llegando incluso a censurar reuniones con parlamentarios o líderes políticos opositores.

*****

Por indicaciones del nuevo mandatario, la cancillería colombiana no extendió invitación a Maduro para los actos de toma de posesión de Iván Duque el 07AGO18. Desde su campaña electoral, Duque había dejado saber que su gobierno minimizaría las relaciones diplomáticas con Maduro sugiriendo que procedería a cerrar la Embajada en Caracas. Desde entonces la cancillería chavista solicitó reiteradamente una reunión con el nuevo canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, pero Bogotá manifestó no tener interés en una reunión a nivel de cancilleres. Al igual que los representantes de otros gobiernos del Grupo de Lima, el jefe de la misión diplomática colombiana en Venezuela, por instrucciones de su cancillería, no atiende las invitaciones del canciller Jorge Arreaza a reuniones colectivas con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas en las cuales el canciller de Maduro suele atacar al gobierno colombiano.

****

Tal como relatara el Informe Otálvora del 11AGO18, durante una cadena de televisión sobre el tema de la explosión de un dron durante un acto oficial tres días antes, Maduro ordenó el 07AGO18 que Arreaza invitara a los representantes diplomáticos de EEUU y Colombia para entregarles un informe de las “investigaciones”. El encargado de negocios de EEUU, James Story concurrió a la sede de la cancillería venezolana el 08AGO18. La convocatoria al representante diplomático colombiano fue evaluada por la cancillería colombiana tomando en consideración la tensa relación con Venezuela y la presencia de un nuevo mandatario en el Palacio de Nariño. La decisión colombiana fue atender la invitación pero enviando un mensaje implícito sobre la baja relevancia que Duque otorga al gobierno Maduro y resaltando el apoyo colombiano a la oposición venezolana. Colombia aceptó la invitación de Arreaza pero a la reunión convocada para el mediodía del 09AGO18 no envió al Encargado de Negocios y actual jefe de la misión diplomática Germán Castañeda, sino al consejero Augusto Blanco tercero en la línea jerárquica en la actual embajada de Colombia en Caracas. Mientras a la reunión con el jefe de la diplomacia chavista fue enviado un funcionario de rango medio, el Jefe de la misión diplomática colombiana en Caracas, por evidentes instrucciones de Bogotá, asistía a una sesión de la opositora Asamblea Nacional.

En tanto, a diversos medios de prensa de Bogotá llegaron durante el pasado mes de noviembre copias de comunicaciones, supuestamente filtradas por funcionarios venezolanos, en las cuales Arreaza solicita reunirse con el canciller colombiano. Mientras, el gobierno de Colombia es uno de los más activos miembros del Grupo de Lima, suscribió la solicitud a la Corte Penal Internacional para abrir un proceso contra miembros del gobierno Maduro por crímenes de lesa humanidad, propugna la imposición de un cerco diplomático al régimen chavista y junto a Ecuador encabeza las gestiones para implementar un plan internacional de atención a la masiva migración venezolana.

Tal como Hugo Chávez ya hizo contra Andrés Pastrana Arango y Alvaro Uribe Vélez, el gobierno de Nicolás Maduro rutinariamente ha denunciado inminentes acciones “contra Venezuela” por parte de los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Los puentes entre los dos gobiernos están prácticamente rotos.

*****

El 20DIC18, autoridades migratorias colombianas procedieron a detener y expulsar al venezolano Carlos Pino García quien figura como empleado en la Embajada de Venezuela en Bogotá. Pino García oficialmente es un “asesor político” sin rango diplomático por lo cual no contaba con inmunidad. Pino García, quien está políticamente vinculado con grupos de la izquierda radical colombiana, confirmó en entrevista con el canal radial RCN del 21DIC18 que él realizaba tareas “de hacer contactos y establecer puentes” y dijo haber recientemente visitado el Congreso colombiano “solicitando a algunos senadores y algunas bancadas su intervención”. En esa declaración se quejó porque “el gobierno de Colombia no le haya respondido ninguna de las cartas que ha mandado el canciller Arreaza”.

El gobierno colombiano no ha hecho públicas las razones concretas para la expulsión de Pino pero las autoridades migratorias aseguran contar con información en su contra proporcionada por organismos de inteligencia. La expulsión fue acordada por Colombia basándose en la existencia de “informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social”.

El 21DIC18 la cancillería chavista emitió un comunicado calificando como “un secuestro” la detención de Pino y anunció la decisión de expulsar de Venezuela al Cónsul General de Colombia en Caracas Juan Pérez Villamizar. “Por razones de seguridad de Estado y en aplicación del principio de reciprocidad” el gobierno Maduro expulsó a Pérez Villamizar acusándolo de “ejercer funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente”. La orden de salida del país a un alto funcionario consular de Colombia en Caracas como contrapartida a la expulsión de un empleado no diplomático de la embajada de Maduro en Bogotá fue un acto de clara represalia que no puede entender como una usual medida de reciprocidad ya que no existe equivalencia entre los cargos de ambos funcionarios. La embajada colombiana informó el 11ABR18 al gobierno venezolano la designación de Pérez Villamizar como Cónsul General en Caracas pero la cancillería chavista jamás emitió la respectiva acreditación. Las jugarretas diplomáticas están multiplicándose entre los gobiernos de Ivan Duque y Nicolás Maduro.

*****

Tal como estaba previsto, el 19DIC18 se produjo en Bogotá una reunión de trabajo del Grupo de Lima para continuar analizando los detalles de una declaración que sería suscrita el 04ENE19 en Lima. El encuentro de Bogotá fue a nivel de vicecancilleres o representantes especiales. El resumen del encuentro lo ofreció el embajador y actual vicecanciller peruano Hugo de Zela Martínez quien aseguró que “se ha logrado un alto nivel de coincidencia, aunque todavía está pendiente pulir la declaración que van a hacer los cancilleres”(…) “estamos muy satisfechos porque lo principal ha sido que se ha reafirmado la unidad de los países del Grupo de Lima y el convencimiento de que en Venezuela ha habido una ruptura del proceso democrático y que tenemos que colaborar para que esa ruptura termine”. Perú propuso al Grupo de Lima la ruptura de relaciones colectiva de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro a partir del 10ENE19, posición no compartida por todos los miembros del grupo. El Grupo de Lima no reconoce la legitimidad de un segundo gobierno de Nicolás Maduro pero aún no encuentra una posición común para materializar esa postura.

En la reunión que fue realizada en la sede de la cancillería colombiana participaron representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

*****

La reunión de Bogotá del 19DIC18 fue la primera del Grupo de Lima posterior a la toma de posesión de AMLO en la Presidencia y en medios diplomáticos existían dudas sobre la continuidad de la presencia de México en este foro dedicado al “tema Venezuela”. El nuevo gobierno mexicano envió a Bogotá una delegación encabezada por el subsecretario para América Latina y el Caribe Maximiliano Reyes Zúñiga quien es una de las primeras cuotas ingresadas a la cancillería de México por el gobierno de AMLO. Reyes Zúñiga es un militante de izquierda y fue diputado regional en la ciudad de México por el partido PRD de Cuauhtémoc Cárdenas.

El enviado mexicano notificó de su presencia en Bogotá mediante varias publicaciones en sus cuentas en Twitter y Facebook. En una de ellas escribió: “en la reunión preparatoria del Grupo de Lima, México reafirma su posición de no intervención, respeto absoluto a la soberanía y no injerencia en asuntos internos de ningún país o pueblo del mundo y más de América Latina. Reiteramos que no vamos a romper relaciones diplomáticas con Venezuela”. Todo indica que México se convertirá en la pieza disonante dentro del Grupo de Lima. El partido gobernante en México, Morena, está afiliado al Foro de São Paulo y propugna una línea de aproximación del gobierno mexicano a los regímenes castrocomunistas.

*****

¡Un saludo de Navidad para todos nuestros consecuentes lectores!

El control de la industria,objetivo del socialismo chavista

Estándar

POR: AHIANA FIGUEROA

 

El socialismo del siglo XXI se alimenta de los medios de producción. Las viejas promesas de respetar la inversión y los capitales privados quedaron atrás cuando la “revolución bolivariana” se propuso convertir al Estado en el actor fundamental de la economía industrial venezolana. Tres lustros después, abunda la corrupción y la ineficiencia

Con motivo de su 13° aniversario, Clímax presenta la serie Deconstruyendo a Hugo Chávez

En 20 años de gobierno chavista la economía venezolana pasó por varias etapas de auge y caída, muchas veces debido a factores externos como el precio del petróleo. Sin embargo, su desarrollo estuvo impactado en gran medida por una política económica cargada de una ideología que planeó el surgimiento de una propia concepción socialista para el país: el Socialismo del siglo XXI.

Durante este período, la industria nacional fue (y aún es) blanco de ataques continuos desde el gobierno. Las acciones verbales que se emanaban desde el Ejecutivo iban inmediatamente a la acción con la puesta en marcha de una serie de medidas económicas como los controles de precio y de cambio, las reformas o creación de leyes relacionadas al área, aumento de las fiscalizaciones y de las multas, de un extenso proceso de expropiaciones, estatizaciones y nacionalizaciones, así como la creación de una especie de milicia laboral con los consejos de trabajadores.

En la visión del modelo productivo socialista se planteó que “el Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social”.

chatub281

En el año 2001, aparecieron los primeros indicadores de una clara injerencia de lo estatal en lo económico. Se solicitan las primeras leyes habilitantes aplicadas a diferentes sectores. Chávez aprueba por decreto 49 leyes económicas, entre ellas la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley de Hidrocarburos. Se genera un amplio rechazo en los sectores empresariales, agroindustriales y sindicales. Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) convocan a un paro de 12 horas para el 10 de diciembre de ese mismo año.

“Son las primeras señales de alerta y resistencia frente a un cambio de modelo que la presidencia de Chávez deseaba introducir en el país. Estas leyes dictadas por vía habilitante, sin consulta ni debate público, se convierten en un elemento central de la crisis sociopolítica que desemboca en una alta conflictividad e inestabilidad durante el año 2002, con los sucesos de abril, el golpe de Estado y la restitución de Chávez en el gobierno”, sostuvo Cedice Libertad en un informe especial sobre Costo e impacto de las expropiaciones: causas de un Estado patrimonialista.  

Chávez inició realmente su plan de nacionalizaciones con la industria petrolera y debido a que aún necesitaba de la empresa privada para aumentar la producción, modificó leyes para adueñarse de la mayoría accionaria de los campos y proyectos petroleros.

“La debacle del sector hidrocarburos se inicia en Pdvsa con la expulsión de más de 20.000 empleados de la estatal que participaron en las protestas y paro en 2002. Fue así como el Gobierno logró controlar políticamente la empresa más importante del país. De esta manera se inicia la implantación de un modelo de control y administración de los hidrocarburos que ha traído nefastas consecuencias”, resaltó Transparencia Venezuela en un informe sobre Empresas Propiedad del Estado. Un modelo de control. II Parte.

Aunque la caída de la producción petrolera ha sido significativa en los últimos cinco años, ya desde la gestión de Chávez se observaba una baja en la inversión y en las exportaciones de crudo. Pero la debacle de la industria no se queda aquí. En otras áreas asociadas al sector también ha habido una baja importante como en el gas natural y en la producción de propano lo cual incide en el servicio del gas en bombonas; tampoco se ha desarrollado la producción gasífera no asociado. En el olvido quedó el famoso plan de Chávez del gasoducto suramericano y que tantas veces mencionó en sus cadenas.

En su estudio, Transparencia identificó 37 empresas propiedad del Estado y empresas mixtas en el sector hidrocarburos, de las cuales 83,8% tienen denuncias públicas de irregularidades de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de corrupción.

Complejos siderúrgicos en el abandono

Luego de 10 años en manos del sector privado, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) fue reestatizada por Chávez en 2008. Marisela Fermín, investigadora de Cedice, señala que la imposición de un modelo corporativo estatal de planificación centralizada de la producción en un marco socialista, se inició mediante la ola de expropiaciones en la cadena productiva del acero y del aluminio.

“El control obrero también se hizo efectivo en el sector metalúrgico. El Plan Guayana Socialista aplicado desde 2009 sirvió para sustituir a trabajadores calificados por operadores políticos del partido de gobierno”.

La extracción de mineral de hierro en Ferrominera del Orinoco cae desde 2006 hasta llegar a solo 23% en 2017. Mientras que la producción de acero líquido en Sidor comenzó a mermar en 2008 luego de haber alcanzado su capacidad máxima instalada en 2007 de 4,9 millones de toneladas métricas, según datos recopilados en el informe de Cedice.

“El sector briquetero, nacionalícese, no hay nada que discutir”, dijo Chávez en 2009 en un acto con sindicalistas de las empresas básicas de Guayana, año en el que se comenzó la estatización del sector. Así era la forma en que en cadena nacional de radio y televisión ejecutaba su nueva política económica, basada en que los sectores considerados estratégicos para el país debían pasar a manos estatales.

chavez industria 008

El modelo

Los lineamientos del modelo están esbozados en el Proyecto Nacional Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013. Este plan contiene las orientaciones a seguir en el proceso de construcción del Socialismo del siglo XXI en Venezuela. Es la primera vez que se indica explícitamente la meta de establecer un nuevo modelo productivo socialista.

“En El Plan Nacional de la Patria se señalaba que uno de los objetivos estratégicos del Gobierno era sustituir la propiedad privada por la propiedad social. Esto era un objetivo ideológico”, recuerda la socióloga Ana María Carrasquero, investigadora de Cedice.

En 2005, la empresa Venepal (Venezolana de Pulpa y Papel) fue expropiada luego de la denuncia de sus trabajadores de la intención de sus dueños de liquidarla. En esta oportunidad, Chávez aseguró que esta expropiación era una “medida de excepción” y que no implicaba una política de Estado. Años después, la realidad evidenció que no fue así.

El Gobierno identificó un conjunto de empresas que fueron calificadas de “inoperativas”, así como grupos de trabajadores dispuestos a participar en su “reactivación”; disposición por cierto fomentada por la propuesta gubernamental de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas.

A partir de 2006, Chávez enfila la ola de expropiaciones hacia el sector eléctrico, telecomunicaciones, bancario, cementero, comercial y en la industria alimentaria.

En el 2009, los casos más emblemáticos son la planta procesadora de arroz de la empresa Cargill, Café Madrid, Fama de América, Café El Peñón y el Banco de Venezuela. Igualmente, la nacionalización de 60 empresas de actividades petroleras complementarias en el Lago de Maracaibo.

En el 2010, destacan las expropiaciones a la cadena de hipermercados Éxito, Molinos Nacionales (Monaca), Owens Illinois, Sidetur. Entre 2005 y 2011 se expropiaron 1.167 empresas, según estadísticas recopiladas por el Observatorio de la Propiedad de Cedice.

De acuerdo a registros de Conindustria, entre 2002 y 2013 el Gobierno intervino 1.284 empresas. El 40,5% de las expropiaciones ocurrieron en el área de la construcción y 32,3% en el sector industrial. El resto fueron empresas ligadas al petróleo, al comercio y los servicios. Igualmente, Fedecámaras calcula que en todo el país el Gobierno en 12 años expropió unas 1.475 industrias y de ellas, de las pocas que están operando están por debajo del 40% de su capacidad productiva instalada.

2208699566_4c42c9654b_b

“En el sector industrial en un primer momento se atacaron a las empresas transnacionales. Fueron hacia muchas empresas emblemáticas, porque hay que recordar que está el tema de la política como espectáculo. ‘Vamos a quitarle a los que más tienen para darle a los desposeídos. Estoy golpeando a un poderoso que cree que puede hacer lo que quiera en este país’, eran los mensajes”, acota Carrasquero.

Explica que el resultado de ese control estatal en las principales industrias se observa en la constante y generalizada escasez de productos, hiperinflación, desempleo, cierre de empresas, mayor dependencia de las importaciones, caída de la producción y recesión económica que vive el país desde hace varios años. Además de millones de dólares en demandas ante los tribunales internacionales.

“El monopolio estatal en los sectores productivos e industriales no solo afecta a la exportación petrolera y a la oferta de productos alimenticios, sino también a los planes gubernamentales en infraestructura y servicios”, apunta Carrasquero.

Ahiana Figueroa

Comunicadora Social egresada de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en Periodismo Digital en la Universidad Monteávila, en Caracas. Cuenta con una amplia experiencia en la fuente económica, especialmente en el área de banca y finanzas públicas. Integró el grupo de periodistas que realizó la investigación de Panamá Papers caso Venezuela.

Informe Otálvora: Corte Penal Internacional designó jueces para caso Venezuela

Estándar
Edgar C. Otálvora10 diciembre, 201810min10

ICC.jpg

 La directiva de la CPI, los jueces Robert Fremr, Chile Eboe-Osuji y Marc Perrin de Brichambaut en sesión del 17ABR18. Foto: ICC

 

LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA intentan alcanzar una posición común ante el inicio de un nuevo período presidencial en Venezuela el 10ENE19 para el cual no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro. En la agenda de la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE, a celebrarse en Bruselas el 10DIC18, fue incluido nuevamente el tema “Venezuela”.  La vocera oficial de esta reunión del Consejo, consultada para este Informe, aseguró que no está prevista la aprobación de alguna resolución sobre Venezuela y se tratará sólo de un intercambio de opiniones sobre el tema.

En la reunión del 10DIC18 los ministros europeos continuarán el debate iniciado el 15OCT18 en el cual se asomó la propuesta, movilizada por España y Portugal, para “explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto internacional que podría, si se cumplen las condiciones, ayudar a facilitar un proceso político” en Venezuela.

Mediante la más reciente resolución sobre Venezuela, asumida por el Consejo el 06NOV18, la UE extendió por un año la prohibición de venta de armas al gobierno de Maduro y renovó las sanciones individuales impuestas a dieciochos jerarcas del régimen chavista señalados por violaciones de Derechos Humanos.

Cancillerías de Latinoamérica y Europa sopesan las opciones de proceder al cierre de sus respectivas Embajadas o el retiro de sus Embajadores en Caracas el 10ENE19. En medios diplomáticos en Venezuela y Bruselas, sin embargo, se pone en duda que los gobiernos europeos cierren sus embajadas en Caracas, por lo que el debate en la UE se centra en precisar la forma institucional de expresar el no reconocimiento a un nuevo gobierno de Maduro.

*****

Tres jueces fueron designados para iniciar un proceso penal contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Mediante comunicación suscrita por el juez Chile Eboe-Osuji quien preside la CPI, fueron designados los jueces Péter Kovács de Hungría, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou quienes conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. El juez Marc Perrin de Brichambaut es a su vez el Segundo vicepresidente de la CPI y encabezó hasta marzo pasado la sección de Salas de Cuestiones Preliminares. La asignación del caso a una sala de cuestiones preliminares fue consecuencia directa de la solicitud realizada por seis gobiernos americanos.

 

Los jueces Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y Marc Perrin de Brichambaut

*****

El 26SEP18 el primer ministro Justin Trudeau y los presidentes Mauricio Macri, Iván Duque Marquez, Sebastián Piñera, Mario Abdó Benítez y Martín Vizcarra en nombre de Canadá y de las repúblicas de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú invocaron el artículo 14 del Estatuto de Roma que norma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. El artículo 14 faculta a “todo Estado Parte” a “remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”.

Mediante una comunicación que fue entregada el 27SEP18 en la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos, los seis países solicitaron a la Fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, “iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por la comisión de tales crímenes”.  La llegada de la carta a manos de la Fiscal activó las normas 45 y 46 del Reglamento de la CPI. El mismo día 27SEP18, la fiscal Bensouda informó por escrito al presidente de la Corte sobre el contenido de la correspondencia recibida. El 28SEP18, el Presidente de la CPI, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, emitió su decisión de remitir a la Primera Sala de Cuestiones Preliminares el caso enunciado como “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”.

En su informe anual publicado el 05DIC18, la fiscal Fatou Bensouda aseguró que su oficina “continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes corresponden a la materia competencia de la corte” (…) y “continuará registrando denuncias de delitos cometidos en Venezuela [desde el 12FEB14] en la medida en que puedan entrar dentro de la jurisdicción de la corte”.

Hasta la remisión del caso venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares el 28SEP18, la investigación de las denuncias sobre delitos en lesa humanidad en Venezuela estaba solamente en manos de la fiscal Bensouda. Ahora el caso venezolano ha escalado dentro del proceso penal internacional al involucrarse un cuerpo de jueces que deberá solicitar la información acumulada por la Fiscalía, pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada y decidir si existen méritos para iniciarse el juicio. La Sala de Cuestiones Preliminares no emite sentencias pero una conclusión suya sobre la existencia de méritos para abrir un juicio implica la existencia de pruebas contundentes.

******

La “nueva derecha” brasileña y el uribismo colombiano tienden puentes para conformar lo que califican como una alianza conservadora en Latinoamérica. El reelecto diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo Jair Bolsonaro, tras una intensa gira por Washington, Nueva York y Miami, aterrizó en Colombia el 02DIC18.

El programa de Eduardo Bolsonaro en Colombia arrancó en el departamento de Antioquia donde llegó para sostener una reunión con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en su residencia de Medellín. Uribe y Bolsonaro habrían  intercambiado posiciones sobre temas de seguridad en el escenario político continental. Poco después Bolsonaro viajó a Bogotá para una serie de encuentros con la cúpula uribista incluyendo una conferencia en la conservadora Fundación Mariano Ospina Pérez. La senadora Maria Fernanda Cabal y su marido José Félix Lafaurie quien ejerce como Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, fueron anfitriones de una recepción para Bolsonaro. El enviado de Jair Bolsonaro fue recibido en el Palacio de San Carlos por el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo el 03DIC18 y visitó el Ministerio de Defensa de Colombia donde fue atendido por la viceministro Diana Abaunza. El 04DIC18, Iván Duque recibió en el presidencial Palacio de Nariño a Bolsonaro en lo que pareciera los adelantos de una inusual alianza entre los gobiernos de Brasil y Colombia que podría impactar en el ajedrez político del continente.

 

@ecotalvora 

Diario Las Américas