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Informe Otálvora: EEUU busca presión continental sobre gobierno Maduro

Lula da Silva está inhabilitado para presentar su candidatura presidencial en las elecciones previstas para el 07OCT18 en razón de la legislación brasileña denominada “ficha limpia”. El expresidente permanece preso desde el 07MAR18 en una instalación policial en la ciudad de Curitiba en cumplimiento anticipado de la pena de doce años y un mes por lavado de dinero y corrupción, impuesta y confirmada por dos instancias de la justicia federal de Brasil. En su lugar de encarcelamiento cuenta con condiciones privilegiadas en contraste con presos comunes, tales como visitas sin restricciones de abogados, médicos y familiares, así como una cuota semanal de “amigos”.

Lula hace esfuerzos legales y de presión política para lograr su liberación alegando que sólo puede ser encarcelado cuando la sentencia sea confirmada por los altos tribunales federales. Pero el 10MAY18, la sala segunda del Supremo Tribunal Federal formada incluso por magistrados vinculados en el pasado con el PT, negó un recurso de los abogados de Lula. Ese mismo día, mediante carta dirigida a la presidente del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, Lula desautorizó que el partido analizara una candidatura presidencial alterna. Para Lula la condición de precandidato presidencial es su mejor arma para salir de la cárcel y en un evidente acto de chantaje a sus fieles seguidores, escribió que quienes discutan el tema de la candidatura estarían aceptando su culpabilidad. El PT procurará que el Supremo Tribunal Electoral obligue a los canales de TV privados a invitar representantes de Lula a los debates entre precandidatos presidenciales.

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El 10MAY18 estuvo de visita en Washington el Canciller de Chile Roberto Ampuero quien entre sus actividades incluyó reuniones con el subsecretario de Estado John Sullivan, el secretario general de la OEA Luis Almagro, con el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Cruz y con el director para Suramérica de ese Consejo Lukas Henderson. En todas las reuniones fue considerado el “tema Venezuela” y la posición de Chile ante la imposición de sanciones propugnada por EEUU. “Lo central es que aquello que Chile haga lo haga en el marco de un acuerdo con otros países que mantienen un análisis semejante”, afirmó Ampuero, quien enfatizó que “a Chile le interesa siempre actuar en términos multilaterales con el apoyo de otros países en una determinada dirección”. Según la agencia Efe que siguió la visita de Ampuero a Washington, el chileno afirmó que “en Venezuela no hay una democracia, las elecciones que está ofreciendo Venezuela tampoco son elecciones democráticas, transparentes y con garantías para todos los sectores y eso implica que la región debe reaccionar”.

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Chile como EEUU está pidiendo una acción colectiva de presión sobre el régimen chavista, pero aún no existe una clara disposición política en ese sentido a nivel de la OEA ni dentro del Grupo de Lima en el que suelen participar 17 gobiernos del continente. Retiro masivo de embajadores, sanciones financieras, esperar hasta una fecha posterior al 20MAY18 o actuar antes de las votaciones convocadas en Venezuela para ese día, esas son variantes que se manejan en los mentideros diplomáticos del continente. Argentina e incluso Ecuador estarían prestos para congelar propiedades de chavistas, se escucha entre la comunidad política latinoamericana que hace vida en Washington según fuentes consultadas. Tanto EEUU, quince gobiernos que integran el Grupo de Lima así como varios gobiernos europeos ya han anunciado que no reconocerán los resultados de las votaciones del 20MAY18 por considerarlas no democráticas, pero ninguno ha precisado el significado práctico de ese desconocimiento.

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El 10MAY18, el nuevo representante de EEUU en la OEA embajador Carlos Trujillo, ofreció una entrevista a la red estatal de noticias Voz de América para referirse al “tema Venezuela”. Trujillo se refirió a las votaciones como “una línea roja” y aseguró que “la conversación va a cambiar” luego del 20MAY18 augurando la imposición de sanciones más drásticas” contra el gobierno Maduro. La entrevista de Trujillo fue la más reciente de una serie de intervenciones públicas de altos funcionario estadounidense sobre Venezuela, que evidencian una inusual coherencia en cuanto a enfoque sobre el tratamiento por parte del gobierno de EEUU.

El Consejo Permanente de la OEA escuchó el 07MAY18 un discurso del vicepresidente de EEUU Mike Pence, en una sesión especial a la cual no asistieron los representantes de Bolivia y Venezuela, mientras en la sala ocupaban lugar líderes y operadores políticos de diversas tendencias de la oposición venezolana. Pence, quien se está convirtiendo en voz principal del gobierno Trump en lo atinente a Latinoamérica, se refirió a Cuba, Nicaragua pero centró su discurso en Venezuela. Suspender a Venezuela de la OEA, impedir que el gobierno chavista utilice los sistemas financieros de los países miembros y prohibir el ingreso de jerarcas del régimen a los países del continente fueron las solicitudes de Pence a los representantes reunidos. El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, durante una rueda de prensa con su colega mexicano Luis Videgaray, dijo “hacerse eco” de lo que el vicepresidente Pence había afirmado pocos minutos antes en la OEA.

El 08MAY18, la representante de EEUU ante la ONU, embajadora Nikki Haley, intervino en el evento “Conferencia de las Américas” organizado por el Departamento de Estado. Haley, quien es tenida como muy cercana a la Oficina Oval de la Casa Blanca, afirmó que “el régimen de Maduro amenaza la paz y la seguridad de toda la región” ya que “el mayor desplazamiento de personas en la historia de la región ahora está teniendo lugar en Latinoamérica”. Haley afirmó que “para la seguridad en América Latina es hora de que Maduro se vaya”.

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La diplomacia de EEUU hace esfuerzos por lograr una reacción política colectiva contra el gobierno Maduro y procura nuevos aliados en su línea de presión sobre el régimen chavista.

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y aliado del gobierno cubano y de Maduro, visitó Caracas el 10MAY18 para asistir a un evento sobre “afrovenezolanidad” en la cancillería venezolana. Gonsalves informó que la Comunidad del Caribe no atenderá la solicitud de Maduro para enviar una delegación oficial de acompañamiento a las votaciones del 20MAY18. La renuencia de los gobiernos caribeños para atender al llamado de Maduro se corresponde con una creciente pérdida de respaldos caribeños. De hecho, Guyana, Santa Lucia y Jamaica, miembros de Caricom, forman parte de los gobiernos que participan en las reuniones del Grupo de Lima y que censuran a Maduro. Los gobiernos del rosario de islas del Caribe oriental, dado su número de votos, representan la diferencia entre aprobar o rechazar una posible sanción colectiva a Venezuela en el seno de la OEA.

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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 05MAY18, el Grupo de Lima se reúne el 14MAY18 en Ciudad de México para analizar la situación venezolana y evaluar medidas de presión sobre el régimen chavista. Las decisiones en el grupo deben tomarse por consenso por lo cual no debe esperarse que sean aprobadas mayores medidas sancionatorias pese a que varios gobiernos insisten en incrementar las medidas antes del 20MAY18 para forzar a la suspensión de las votaciones en Venezuela. Según fuentes consultadas en varias cancillerías, la agenda de la reunión contempla analizar posibles sanciones financieras contra funcionarios del régimen chavista, retomando conversaciones que ya se han producido en reuniones previas entre representantes del Grupo algunas de ellas celebradas discretamente en Washington y Panamá. El gobierno de Colombia está igualmente interesado en debatir el tema del postchavismo y del enfoque regional para la recuperación económica venezolana. Por cierto, la canciller colombiana María Angela Holguín no asistiría a la reunión en México por acompañar una gira europea de Juan Manuel Santos. La representación colombiana estaría en manos de una vicecanciller y, eventualmente, del Ministro de Finanzas Mauricio Cárdenas.

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Evo Morales puso fin de forma intempestiva a su visita a Costa Rica y no asistió a la reunión por él solicitada con el nuevo presidente Carlos Alvarado. El boliviano llegó el Costa Rica la noche del 07MAY18 y estuvo presente en la toma de posesión prevista para el día siguiente. Tras el acto celebrado en la Plaza de la Democracia, los invitados especiales y una centena de delegaciones extranjeras eran esperados en el Teatro Nacional para el usual besamanos y fotografías con la nueva pareja presidencial, pero Morales no llegó al lugar.

Un pequeño grupo de manifestantes nicaragüenses, que gritaban consignas contra la dictadura de Daniel Ortega en las proximidades del Teatro Nacional, espantó a Morales quien decidió no descender del vehículo oficial que lo transportaba y ordenó dirigir su caravana hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría para adelantar su partida a La Paz. En el mismo lugar algunos venezolanos increparon al canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, a quien calificaron de asesino.

El 13ABR18 en Lima, durante la Cumbre de las Américas, guardaespaldas de Morales golpearon al periodista Ben Bartenstein quien reporta para la agencia de noticias Bloomberg e intentaba hacer una pregunta al boliviano durante uno de sus desplazamientos a pie. Según la versión oficial boliviana Bartenstein “vulneró la seguridad local” asignada a Morales e “interfirió” de manera “malintencionada y agresiva, hostigando y poniendo en riesgo la seguridad del Presidente de Bolivia”. Al igual que su mentor Hugo Chávez, el mandatario boliviano está rodeado de un importante esquema de seguridad supervisado por el gobierno cubano. De hecho, Cuba mantiene en Bolivia, incluso, un equipo de médicos y enfermeros encargados de cuidar la salud de Morales y autorizar y supervisar cualquier procedimiento médico al mandatario.

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Los Guevara huyen de Venezuela

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CLAUDI PÉREZ Cúcuta (Colombia) 3 ABR 2018Screen Shot 2018-04-04 at 1.50.42 AM

Screen Shot 2018-04-04 at 2.09.00 AMMiles de venezolanos cruzan a Colombia por el puente Simón Bolívar

-si el flujo no remite se teme una crisis humanitaria-

Imagine una ciudad del tamaño de Barcelona que hace unos años era relativamente rica y en la que hoy no hay comida en los supermercados ni medicinas en los hospitales, y donde quienes protestan son perseguidos: de eso escapamos. Susana Guevara tiene 25 años, el pelo agitado por un viento imaginario y unos ojos oscuros que miran como si acabaran de salir de una catástrofe misteriosa. O no tan misteriosa: salió huyendo de Caracas hacia Colombia a finales del año pasado con su madre y sus dos hijos. Ángel Gustavo tiene tres años y corretea entre las piernas de la fotógrafa; Ángel Gabriel, de cinco, solo aparece fugazmente al final de esta conversación. El pequeño presenta síntomas de malnutrición; el mayor tiene leucemia y raquitismo. Por eso nos vinimos: no había medicinas para tratarlo, dice su madre. Por eso y porque la represión política ya es inaguantable.

Guevara —paradójico apellido para huir de una supuesta revolución— es radióloga y empezó a protestar por la situación venezolana cuando tenía 17 años. Fue detenida varias veces. Uno de sus hijos fue víctima de un secuestro. Y ahí dijo basta: abandonó su casa después de la enésima visita de la policía con una maleta mal hecha a toda prisa, casi sin ahorros. Dejó atrás a un marido chavista del que no tiene ni quiere tener noticias. Y tras 30 horas de viaje, llegó al puente Simón Bolívar —el corazón que late en toda esta historia, en la frontera entre Venezuela y Colombia— y cruzó a Cúcuta, una ciudad que prácticamente besa la frontera. Junto a ella han llegado, cargados de maletas y de historias parecidas, en torno a un millón de venezolanos en el último año. Al principio alquilamos una habitación, pero se agotó el dinero y vivimos en la calle hasta que nos abrieron las puertas de un centro de acogida.

Su idea es llegar a Perú, donde confía en tratar la leucemia del niño. Sí, Perú: entre los refugiados se ven bocas desdentadas y rostros desencajados, pero sobre todo ojos ansiosos que siguen creyendo en la vida y contra todo pronóstico apuestan a la esperanza.

Screen Shot 2018-04-04 at 1.46.42 AMNo hay que entenderlo todo, pero no viene mal hacer el intento. Ocho de cada 10 venezolanos huyen porque sufren pobreza crónica o severa, porque la hiperinflación se come los ahorros —y los sueldos—, porque el PIB ha caído el 40% en tres años, porque la inseguridad alimentaria afecta al 90% de la gente y porque faltan medicamentos y hasta médicos: 6.700 licenciados en medicina engrosan las filas de la diáspora. Y, ante todo, y sobre todo, por miedo: El Gobierno arremete contra los críticos a través de represión a veces violenta en las calles, encarcela a opositores y juzga a los civiles en tribunales militares, dice un informe de la ONU.

El exilio es uno de los nombres del viaje. Si el exilio es forzado se convierte —en palabras del escritor Santiago Gamboa— en un viaje triste; en una suerte de condena. El puente Simón Bolívar es una continua sucesión de penitentes —4.000 diarios, muchos de ellos para no volver— en busca de un futuro mejor: los inmigrantes esperan que sus salarios se multipliquen entre cuatro y 12 veces, según David Miller, de Harvard. Pero Harvard queda lejos de Cúcuta. Aquí los venezolanos huyen de una pesadilla, pero cruzan a una ciudad con un 16,5% de paro y con una economía sumergida que supera el 50%. Los servicios públicos están colapsados: los primeros brotes de xenofobia obedecen a esas tensiones. Y la ciudad, estación de paso del narcotráfico, es una de las 50 más violentas del mundo por la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en toda la región.

Polvo, mugre, enfermedad, miseria, contaminación, un paisaje humano convulso: Cúcuta es el destino irónico de miles de venecos que venden —literalmente— todo lo que tienen en sus calles. Hasta su propio pelo: una cabellera vale 70.000 pesos (20 euros).

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Hace 20 años eran los colombianos quienes emigraban a Venezuela. Hoy ocurre lo contrario. Prepararemos un plan para invitar a los venezolanos a volver, decía el ministro venezolano Jorge Rodríguez hace unos días en estas páginas. Pero es difícil consolar con caramelos retóricos a esta gente, que cuenta relatos turbadores de su peripecia. Peter Rojas, el nombre ficticio de un coronel de la policía de 42 años, salió huyendo con uno de sus hijos cuando recibió órdenes de suprimir a un miembro de la oposición. Tiene perfectamente documentada toda su historia: se le busca por traición e insubordinación. Le pueden caer 30 años. Tras un largo viaje desde Sucre, acaba de cruzar a Colombia con 400.000 pesos (120 euros) tras vender todo lo que llevaba encima en la frontera. Le prometieron pasajes hacia otro país: Me estafaron, dice, y ahora solo me queda pedir el estatuto de refugiado, pero eso me impediría trabajar durante un año: estoy desesperado, tengo dos hijos más allá.

A su lado hay una joven embarazada de gemelos que lleva días pidiendo en la calle para pañales.

358dcb4f-935a-4dec-9b70-668daac1051dEn el puente hay madres con recién nacidos en busca de las vacunas que no tienen en su país.

Y así ad infinitum.

El mínimo común denominador de todas esas historias es la necesidad y el miedo: a mediodía de un viernes cualquiera, en el cuaderno del periodista hay dos docenas de relatos parecidos. Hagan algo, se despide Susana Guevara con una mirada de desesperación que a la vez se las apaña para transmitir dignidad. Llegan cientos de venezolanos sin parar: a este ritmo la situación será en insostenible en algún momento no muy lejano, apunta Willinton Muñoz, director del Centro de Migraciones de la Fundación Scalabrini, en Cúcuta. La Comisión Europea y el Gobierno español acaban de recoger el guante —en una misión a la que ha sido invitado este periódico— con fondos para prestar asistencia en la zona.

Por necesidades de la representación iconográfica de la historia, la imagen de los jóvenes berlineses demoliendo el muro acabó simbolizando el final de la pesadilla comunista. No se vislumbra nada tan rotundo, tan visual en Venezuela, aunque la historia no suele llamar a la puerta para anunciarse. Lo más parecido a los martillazos contra el muro es esa muchedumbre que protagoniza el éxodo de una generación lanzada por el destino a una sacudida violenta como una catarata. Lo que se avecina, o a lo peor ya está ahí, es una crisis humanitaria de gran calibre. Y casi invisible: una de las leyes misteriosas de la vida es que siempre nos percatemos tarde de lo importante

Informe Otálvora: Cuarenta y dos gobiernos sancionan a régimen chavista

AMÉRICA LATINAVENEZUELAINFORME OTÁLVORA

30 de marzo de 2018 – 19:03 – Por EDGAR C. OTÁLVORA

La lista de gobiernos que han sancionado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela la componen EEUU, Canadá, 28 miembros de la Unión Europea y otros once países europeos, no miembros de la UE

El presidente de Panamá

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y la vicepresidente y canciller, Isabel Saint Malo, recibieron el 22FEB18 al opositor venezolano Julio Borges. Foto: Presidencia Panamá

Cuarenta y dos gobiernos han establecido expresas sanciones contra altos jerarcas del régimen chavista. La lista la componen EEUU, Canadá, los 28 miembros de la Unión Europea a saber, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. Otros once países europeos, no miembros de la Unión Europea, han asumido las medidas decididas por la UE contra el gobierno y funcionarios chavistas: Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, Suiza y Ucrania.

El 27MAR18 la Gaceta Oficial de Panamá incluyó una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas ordenando a la “Comisión contra el blanqueo de capitales” la publicación del listado de “personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. La resolución alega que Panamá, de esta manera, cumple con compromisos adquiridos en el marco del Grupo de Lima. En un anexo de la resolución se incluye el listado de 55 funcionarios y 13 empresas asociadas al régimen chavista a quienes se les cierra el acceso al sistema financiero panameño. Panamá, de esta manera, se convirtió en el primer gobierno latinoamericano en imponer sanciones expresas contra jerarcas chavistas.

Nicolás Maduro figura en las listas de sancionados por Canadá y Panamá.

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El 29MAR18 el canciller de Guyana Carl Greenidge entregó al Secretario de la Corte Internacional de Justicia, Philippe Couvreur, una solicitud para que esa instancia judicial intervenga en el conflicto entre Guyana y Venezuela por la posesión de Territorio Esequibo.

Desde 1987, bajo la protección de la Secretaría General de la ONU, los dos gobiernos han mantenido un fallido esquema de negociación bilateral basado en la designación de “buenos oficiantes”. La llegada de David Granger a la presidencia de Guyana el 16MAY15, la reactivación de concesiones petroleras otorgadas una década atrás a empresas de EEUU, China, Canadá y Holanda entre otros, el descubrimiento de importantes reservas petroleras en zonas marinas bajo disputa y la notoria crisis y debilidad política de Venezuela, incentivaron a que Guyana activara su campaña diplomática para llevar el caso limítrofe a un mecanismo judicial internacional que finiquite el diferendo.

El 30ENE18, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres remitió a los gobiernos de Guyana y Venezuela una comunicación cuyo texto ha sido mantenido en secreto, dando fin al trabajo del buen oficiante Dag Nylander quien desde el 28FEB17 había estado encargado de procurar un acuerdo entre Caracas y Georgetown sobre el mecanismo para proseguir las negociaciones por el Esequibo. Un comunicado oficial poco explícito emitido por la ONU el 31ENE18, informó que Guterres “llegó a la conclusión de que no se ha alcanzado un progreso significativo para saldar la controversia por lo que se escogió a la CIJ como el medio a ser utilizado para la resolución”. Amparado en esa decisión, ahora el gobierno de Guyana procedió a llevar el caso al tribunal internacional de La Haya pidiéndole que ratifique un Laudo Arbitral emitido en 1899 mediante el cual Gran Bretaña despojó a Venezuela del territorio Esequibo y de su proyección marítima.

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Ya desde 2017, el gobierno de Guyana trabaja para crear un equipo jurídico que adelante las acciones contra Venezuela ante la CIJ. Al frente de la operación fue designado el reputado Sir Shridath Ramphal, excanciller guyanés quien ejerció como Secretario de la Commonwealth por más de quince años. La cancillería guyanesa contrató al afamado jurista Paul S. Reichler del bufete estadounidense Foley Hoag LLP que ya actuó antes en el conflicto de límites marítimos de Guyana con Suriname y ahora encabeza el equipo de apoyo jurídico contra Venezuela. El 21ENE18, la cancillería guyanesa anunció que había reservado un presupuesto de US$ 15 millones para gastos legales del proceso contra Venezuela. El gobierno guyanés cuenta con una donación de US$ 18 millones recibidos de la empresa ExxonMobil beneficiaria de las concesiones petroleras entregadas por Guyana en áreas marinas disputadas por Venezuela.

El abogado Reichler ha intervenido en sonados casos internacionales como la demanda del gobierno sandinista contra EEUU en los años ochenta. Entre otros casos de disputas binacionales recientes, Reichler representó a Uruguay en el pleito contra el gobierno kirchnerista por la construcción de una planta papelera a orillas del rio Uruguay. Igualmente formó parte del equipo de juristas de Nicaragua contra Colombia en el proceso por límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia. Reichler, como parte de Foley Hoag LLP ha representado al gobierno chavista en diversos procesos judiciales en EEUU, algunos de ellos relacionados con demandas por pago de expropiaciones.

La cancillería guyanesa igualmente cuenta con el asesoramiento del abogado iraní-canadiense Payam Ahkavan quien actualmente forma parte del equipo de Bolivia en su demanda contra Chile. Ahkavan acompañó al canciller guyanés el 29MAR18 a la entrega del recurso contra Venezuela en la CIJ.

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Según diversas fuentes, la cancillería chavista no cuenta con un equipo de trabajo dedicado al tema Guyana y a los preparativos ante una inminente demanda por parte del gobierno guyanés. A principios del 2017, la cancillería venezolana en manos de Delsy Rodríguez, habría consultado al abogado español Antonio Remiro Bretons pero no contrató expertos extranjeros. En medios judiciales internacionales corre la versión según la cual los asesores jurídicos de Rodriguez habrían sido abogados penalistas venezolanos, sus antiguos compañeros en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, sin obra conocida en temas de derecho internacional y litigios limítrofes. Antonio Remiro Bretons es el autor principal de la actual demanda interpuesta por el gobierno de Evo Morales contra Chile en la CIJ sobre el tema de los límites entre los dos países. Igualmente ha representado a los gobiernos de Cristina Kirchner y Daniel Ortega en procesos ante la CIJ incluyendo la disputa limítrofe de Nicaragua contra Colombia.

Emilio Figueredo, experto venezolano en el tema del diferendo con Guyana, tuitió el 29MAR18: “Lo del Esequibo se venía venir desde el momento en que Delcy insistió en mantener los buenos oficios en vez de haber solicitado otro de los mecanismos previstos en el art 33 de la Carta de la ONU, lo que hubiera podido evitar, por un tiempo, la Corte y prepararnos para ella”. Pero, a juicio de la comunidad de expertos venezolanos en temas limítrofes, las purgas políticas que el chavismo realizó en la cancillería barrieron con los expertos en derecho internacional con que contaba la diplomacia venezolana.

El 30MAR18, la cancillería chavista informó que dos días antes invitó a Guyana para “reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial”, descartando la decisión del Secretario General de la ONU sobre el arreglo por la vía judicial. Salvo alegar las tesis oficiales históricas venezolanas sobre no reconocer la jurisdicción de la CIJ en el tema limítrofe y optar por la negociación bilateral, el gobierno chavista se muestra poco interesado en hacerse cargo de una realidad: el caso de la propiedad del Territorio Esequibo ya llegó a una instancia judicial internacional y ameritará que Venezuela se haga presente como parte en la disputa. La crisis política venezolana ha creado las condiciones propicias para que Guyana intente resolver a su favor la vieja disputa territorial.

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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 24MAR18, el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, ratificó la no invitación a Nicolás Maduro y a su gobierno, para la Cumbre de las Américas que deberá tener lugar en Lima el 13-14ABR18. En tanto, desde La Habana se coordina la realización de una anticumbre de los pueblos y la participación de una masiva representación castrochavista en los foros oficiales de actores sociales, sociedad civil, jóvenes e indígenas organizados como parte de la Cumbre de las Américas.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Informe Otálvora: Crisis venezolana impacta elecciones en Colombia y Brasil

AMÉRICA LATINAINFORME OTÁLVORAVENEZUELACOLOMBIABRASIL

16 de marzo de 2018 – 18:03 – Por EDGAR C. OTÁLVORA

Según el diputado y militar retirado Jair Bolsonaro, cuando en Venezuela comenzó a tomar cuerpo la dictadura chavista “la élite fue la primera en salir y se fue a Miami”, “la clase media se fue a Chile y ahora los más pobres están viniendo a Brasil”

    Ejercicios militares multinacionales para recepción de refugiados realizados el 09NOV17 en Tabatinga

Ejercicios militares multinacionales para recepción de refugiados realizados el 09NOV17 en Tabatinga, Amazonía brasileña. Foto: Agência Brasil

@ecotalvora

El Gobierno de Nicolás Maduro mantiene a Venezuela en “Estado de Excepción” desde enero del año 2016. Hasta la fecha, Nicolás Maduro ha dictado 14 decretos mediante los cuales mantiene suspendidas las garantías constitucionales de los venezolanos. El más reciente de esos decretos fue emitido el 09MAR18, prorrogando el estado de excepción por nuevos 60 días. Los decretos de Maduro suelen alegar “circunstancias extraordinarias” de orden social, económico, político y hasta de carácter “natural y ecológicas” que “afectan gravemente la Economía Nacional”. Según la actual Constitución venezolana, la vigencia de los decretos que declaran el estado de excepción dependen de dos condiciones ineludibles: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe calificar la “constitucionalidad” del decreto y la Asamblea Nacional debe aprobar el decreto. En caso de desaprobación legislativa, el “estado de excepción” queda automáticamente derogado. La Sala Constitucional, bajo control del chavismo, suele aprobar sin demora los decretos de Maduro. Pero, todos los decretos de estado de excepción han sido impuestos a la población pese a no contar con la aprobación de la Asamblea Nacional.

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La migración masiva de venezolanos huyendo de la situación en su país comenzó a ser objeto de estudio desde hace por lo menos un par de años por diversos organismos internacionales como un fenómeno probable. Con el pasar del tiempo y al materializarse la presencia de venezolanos de forma especialmente notoria en los países vecinos suramericanos, el tema se ha ido convirtiendo en asunto del debate político interno en cada uno de esos países y un tema más de la agenda electoral.

El 14MAR18, el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro, en declaraciones ofrecidas al diario O Estado de São Paulo desde una playa de Rio de Janeiro, propuso la construcción de campos de refugiados en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, para retener a los venezolanos que intenten ingresar a Brasil. Bolsonaro, quien actualmente muestra altos índices de popularidad en las encuestas con vistas a las elecciones presidenciales de 07OCT18 y gusta mostrarse falsamente como representante de posturas del sectores castrenses, es contrario a las acciones anunciadas por el Gobierno de Michel Temer para la incorporación de los refugiados venezolanos a la vida brasileña en regiones no fronterizas. Según el diputado y militar retirado Bolsonaro, cuando en Venezuela comenzó a tomar cuerpo la dictadura chavista “la élite fue la primera en salir y se fue a Miami”, “la clase media se fue a Chile y ahora los más pobres están viniendo a Brasil”. Bolsonaro rechaza que el Gobierno brasileño se haga cargo de financiar la subsistencia de refugiados venezolanos y propone dejar sin efecto la ley de inmigración que entró en vigencia el 21NOV17 la cual ha sido blanco de ataques por sectores políticos de la derecha brasileña. El candidato Bolsonaro ofrece “acciones económicas contra Venezuela” y frenar el ingreso de venezolanos en caso de llegar al Palacio de Planalto.

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En Colombia, donde tiene lugar la campaña electoral presidencial, los migrantes venezolanos y la crisis en Venezuela forma parte del temario del debate. Los candidatos de la izquierda procuran mantenerse lejos de Venezuela y del tema venezolano, mientras los restantes candidatos se sienten obligados a fijar posición cotidiana sobre esos temas. El 15MAR18, el candidato presidencial y exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras afirmó que el Gobierno de Maduro estaría promoviendo la salida masiva de venezolanos emulando el fenómeno cubano de 1980 conocido como los “marielitos”. En declaraciones reseñadas por la cadena radial RCN, Vargas Lleras afirmó que “nos han llegado también, por qué no decirlo con franqueza, esos sectores dedicados a la criminalidad, yo me temo que estamos repitiendo el fenómeno cubano de los “marielitos”, porque no hay alcalde que en Colombia no reclame por la inseguridad que se ha disparado”. Quien es uno de los candidatos con opción para convertirse en el próximo presidente de Colombia asegura que “este país no está preparado para atender millones de personas que llegan buscando salud, trabajo, educación”. En declaraciones del 09FEB19, Vargas Lleras había afirmado que “las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano frente a la desbandada de venezolanos, son de contención, resultan insuficientes y no arreglan el problema”.

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Los resultados de las elecciones legislativas celebradas en Colombia el domingo 11MAR18 demostraron que los temores sobre un avance de la izquierda radical en el país no parecieran tener fundamento. Las tradicionales comunidades políticas colombianas, el Partido Liberal y el Partido Conservador más los partidos de reciente data que son hijos legítimos del liberalismo y el conservatismo sumaron el 68% de los votos al Senado. El restante 32% corresponde a una variopinta lista de organizaciones de izquierda democrática, grupos evangélicos o partidos con liderazgos regionales.

El partido de las FARC obtuvo 52.532 votos para el Senado y 32.636 votos para representantes a la Cámara de un total de 36 millones de colombianos con derecho al voto. De haberse aplicado a las FARC la legislación electoral colombiana esa organización no habría obtenido ninguna curul en el Congreso. En razón de los Acuerdos Santos-FARC, diez jefes guerrilleros, encabezados por Iván Márquez, formarán parte del Congreso colombiano que se instalará el 20JUL18.

Las FARC, que ahora hacen vida política bajo el nombre de “Partido fuerza alternativa revolucionaria del común”, optaron por retirar la postulación presidencial de su líder Rodrigo Londoño “Timochenko”, alegando razones de salud. Las últimas encuestas presidenciales en las cuales figuró Timochenko, le otorgaban sólo el simbólico 1% de intención de voto (Centro Nacional de Consultoría 08MAR18). Otra encuesta (Cifras y Conceptos 01MAR18) midió en 86% el rechazo que el candidato de las FARC generaba entre los entrevistados, superando a la candidata castrochavista Piedad Córdoba y al izquierdista Gustavo Petro quienes reciben, respectivamente, el rechazo del 73% y el 55% del electorado.

Gustavo Petro, exguerrillero del M19 pacificado a finales de los años ochenta, amigo personal de Hugo Chávez desde antes del ascenso del militar a la presidencia de Venezuela, siempre optó por mantener una imagen alejada del chavismo. Ahora, dado el descalabro de la candidatura de Piedad Córdoba, el aparato propagandístico internacional del castrochavismo está orientándose al abierto apoyo de la candidatura de Petro. Las más recientes encuestas, previas a las elecciones legislativas, colocaban a Petro y al candidato del uribismo, Iván Duque Márquez, como los dos candidatos con mayor porcentaje de votos aunque insuficientes para ganar en la primera vuelta electoral. Ese es un escenario ideal para el candidato de Alvaro Uribe, cuyo piso político reside en la contraposición con el castrochavismo. Sin embargo, los resultados de las elecciones legislativas parecieran indicar hacia un escenario distinto al procurado por los asesores electorales del uribismo. Quizás el rival de Duque en la segunda vuelta no sea Petro.

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Germán Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y en consecuencia pariente del también expresidente Alberto Lleras Camargo, se ha convertido en el tercero en la disputa presidencial colombiana. Su partido, Cambio Radical, sumó 14% de los votos para el Senado sólo superado por el partido de Alvaro Uribe. Si bien las encuestas aseguran que la disputa por la presidencia colombiana se centra entre el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, los análisis cualitativos señalan la ventaja de Lleras Restrepo por contar con amplia experiencia de calle, su figuración pública en los últimos años como gestor de un programa de vivienda popular y su disposición para alcanzar acuerdos con los grandes electores regionales que le facilitarían el aparato político para la campaña electoral y la logística para mover votos el 27MAY18. La incógnita sobre el apoyo de los votos cercanos a Juan Manuel Santos aún no está resuelta y podría en definitiva beneficiar a Vargas Lleras quien es, además, el receptor natural de votos liberales inconformes con la candidatura del también expresidente (¡y negociador con las FARC!) Humberto de la Calle. En definitiva, nada está aún claro en las elecciones presidenciales colombianas del 2018.

Informe Otálvora: Castrochavismo buscaría boicotear Cumbre de las Américas

Por Edgar C. Otálvora

Fecha: 12/03/2018

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Daniel Ortega, Raúl Castro, Nicolás Maduro y Evo Morales el 05MAR18 en el Palacio de Miraflores en Caracas. Foto: Presidencia Venezuela

Diario Las Américas

El Grupo de Lima, alianza formada por quince gobiernos para el seguimiento y la concertación de acciones sobre Venezuela, sostuvo un encuentro el miércoles 07MAR18 el cual no trascendió a los medios de prensa y se realizó bajo total hermetismo. Tal como lo adelantara este Informe el 03MAR18, la reunión de urgencia tuvo como sede la capital de Panamá. Fuentes oficiales de la cancillería panameña consultadas para este Informe alegaron que se trataba de una actividad “presidencial” de la cual carecían de información precisa.

Según fuentes de varias cancillerías consultadas, la reunión fue planeada como un encuentro para intercambio de información, a nivel de viceministros, bajo la coordinación de la Vicepresidente y canciller panameña Isabel Saint Malo. El gobierno de Canadá se hizo representar por Allan Culham, exembajador en Caracas y en la OEA, quien es el responsable del seguimiento de la situación venezolana en el ministerio de asuntos exteriores canadiense. La convocatoria hecha por la “asamblea constituyente” de Maduro para elecciones presidenciales en el mes de mayo, la decisión de la oposición venezolana de no participar en el proceso electoral por falta de condiciones mínimas y las campaña propagandística desatada desde Caracas y La Habana contra el Grupo de Lima habrían sido asuntos tratados en el encuentro, según información no oficial suministrada por fuentes diplomáticas suramericanas.

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Raúl Castro viajó el 05MAR18 a Caracas para, nuevamente, dar señales de incondicional respaldo al gobierno de su socio Nicolás Maduro. El régimen chavista que gusta reiterar su vocación hegemónica, se siente acorralado internacionalmente y está en procura de oxígeno político. A Caracas fueron invitados los miembros del grupo Alba para mostrar su respaldo a las elecciones presidenciales convocadas por Maduro, sin embargo, el número de mandatarios ausentes dejó ver la pérdida de influencia política del otrora opulento y pendenciero régimen chavista.

La lista de los gobiernos participantes en la reunión del 05MAR18 fue divulgada en Ginebra por el representante de Maduro ante la ONU, e incluye a Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela. En la lista no aparece el gobierno de Santa Lucia, país caribeño que participa en las reuniones del Grupo de Lima desde su conformación a mediados del 2017. Sólo cuatro jefes de gobierno (Cuba, Bolivia, Nicaragua y Dominica) atendieron la invitación de Maduro.

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La decisión del gobierno de Perú de retirar la invitación a Nicolás Maduro para la próxima Cumbre de las Américas se ha convertido en un tema de propaganda de la alianza castrochavista. Como ya ocurrió en la IV Cumbre celebrada en 2005 en Argentina cuando Hugo Chávez confrontó a George W. Bush, desde La Habana ahora se organiza una contra cumbre o “cumbre de los pueblos”, esta vez bajo la consigna de “Por la Articulación Social de Nuestra América”. La contra cumbre  de Lima pretende ser un foco de agitación política de una semana para restar relevancia a la cumbre presidencial y confrontar una probable presencia de Donald Trump. Diversos voceros del gobierno chavista aseguran incluso que Maduro estará en Lima el 13 o 14ABR18 para participar en la contra cumbre, pese a la negativa del gobierno peruano a recibirlo. La organización de la contra cumbre está en manos del “Comando Nacional Unitario de Lucha” de Perú y se espera que el grupo Alba se reúna nuevamente antes de la Cumbre de Lima, para decidir entre participar o boicotearla. Evo Morales, en declaraciones del 05MAR18 en Caracas durante la reunión del grupo Alba, adelantó que aspira la presencia de exmandatarios “antiimperialistas” durante el evento en Lima y mencionó específicamente al uruguayo Pepe Mujica y a los brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff.

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Sobre la Cumbre de las Américas, la declaración del grupo Alba demandó “el derecho de participación de Venezuela en la referida actividad”  y adelantó que “nos proponemos ejercer medidas diplomáticas y políticas para garantizarla”. Los mandatarios presentes en Caracas, Raúl Castro, Daniel Ortega y Evo Morales insisten en un supuesto derecho para que Maduro entre a territorio peruano sin el consentimiento del gobierno de Perú. Esa posición quedó en entredicho pocas horas después de la reunión en Caracas. El 07MAR18 los expresidentes de Colombia y Bolivia, Andres Pastrana y Jorge Quiroga y el diputado chileno  Jaime Bellolio intentaron asistir a un evento organizado por la “Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia” en La Habana, donde se les entregaría el Premio Oswaldo Payá por las actividades de la “Iniciativa Democrática de España y las Américas”. Pastrana y Quiroga quienes llegaron en vuelo comercial desde Bogotá, fueron retenidos en el aeropuerto de La Habana y deportados tras ser calificados como “inadmisibles”, mientras a Bellolio se le impidió embarcar en un vuelo que partía de Miami.

En tono de indignación, la cancillería del régimen cubano anunció haber “abortado una provocación anticubana en vísperas de las elecciones”. El 08MAR18, Evo Morales tuiteó: “acto de provocación impertinente e injerencia temeraria de los expresidentes Tuto Quiroga y Andrés Pastrana que intentaban ingresar arteramente al país soberano de Cuba”. Los gobiernos de Cuba y Bolivia que exigen la presencia de Maduro en Lima pese a la oposición del gobierno peruano, mostraron que en sus países, al igual que Nicaragua y Venezuela, mantienen una férrea prohibición para el ingreso de políticos extranjeros tenidos como enemigos del régimen. Según la cancillería cubana, Pastrana y Quiroga viajaron a La Habana “a pesar de saber bien y ser advertidos de que no serían bienvenidos en Cuba”. Esa es una situación análoga a la que se presenta en relación a la Cumbre de las Américas dado que el gobierno de  Pedro Pablo Kuczynski ya ha informado oficialmente a la cancillería chavista que Maduro “no sería bienvenido” en Perú.

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Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el mandatario peruano el 07MAR18, la cual podría ser la señal sobre la participación del estadounidense en la Cumbre de las Américas en el que sería su primer viaje a Latinoamérica desde que llegó a la Casa Blanca. El 09MAR17, el gobierno peruano filtró a la prensa la versión según la cual Trump estaría presente en la Cumbre de las Américas, mientras la canciller peruana Cayetana Aljovín reiteraba que Maduro no está invitado a visitar Perú.

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Por cierto, la declaración suscrita en Caracas por el grupo Alba incluye un párrafo referido a Ecuador, el cual tiende puentes con el gobierno de Lenin Moreno en desmedro del expresidente Rafael Correa. Moreno se hizo representar en Caracas por su ministro de Defensa, Patricio Zambrano, quien no ahorró loas a Hugo Chávez durante su intervención en la reunión del Alba. El texto de la declaración del Alba felicita y saluda al “pueblo ecuatoriano por su participación en la consulta popular y el referéndum del 04 de febrero de 2018, así como por el mayoritario respaldo popular otorgado al Presidente Lenin Moreno que ha permitido fortalecer la democracia”. La consulta popular a la cual hace referencia el grupo Alba fue impulsada por Moreno para deslastrar a su gobierno de la influencia de Correa, por lo que los resultado del referendo fue una dura derrota contra el exmandatario ecuatoriano. En su política interna, Moreno progresivamente se ha distanciado del estilo y la política de Correa pero en su política externa se muestra cautelosamente cercano con sus antiguos aliados en La Habana y Caracas.

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Crecen las probabilidades de que el expresidente Lula da Silva sea encarcelado y vea frustrada su intención de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del próximo 07OCT18. De media docena de procesos judiciales que se le siguen por diversos casos de corrupción, ya sobre la cabeza de Lula pesa una condena a prisión emitida por un tribunal de primera instancia y confirmada por un tribunal colegiado en segunda instancia el cual impuso una condena de doce años. La estrategia de la defensa del ahora expresidente condenado ha sido múltiple: desde la calle Lula intenta forzar a los órganos de justicia para impedir su encarcelamiento basado en con su condición de líder de masas y favorito en encuestas electorales. A su vez, el partido de Lula, el PT, ejecuta una operación nada discreta de presión política sobre los magistrados del Supremo Tribunal Federal, intentando modificar las normas legales que obligan a que un condenado en segunda instancia deba comenzar a cumplir su condena de privación de libertad. El oneroso equipo de abogados al servicio de Lula está actuando en tres instancias: apeló la sentencia del tribunal regional de Curitiba que ya condenó a Lula y  simultáneamente solicitó ante el Superior  Tribunal de Justicia y ante el Supremo Tribunal Federal  la emisión de “habeas corpus” que frenen el encarcelamiento de Lula. El 06MAR18, de forma unánime, el Supremo Tribunal de Justicia negó el “habeas corpus” solicitado por Lula. Todo indica que el Tribunal regional de Curitiba emitirá su decisión a finales del mes de marzo confirmando la sentencia a Lula. En Brasilia se hacen apuestas sobre la decisión del Supremo Tribunal Federal donde el lulismo cuenta con no pocos amigos. En los círculos políticamente más cercanos a Lula ya se da como un hecho que el expresidente no será candidato presidencial y sus esfuerzos son para ahorrarle el encarcelamiento. De hecho, el 03MAR18, con el padrinazgo del propio Lula, fue lanzada en Rio de Janeiro la candidatura presidencial de Guilherme Boulos, líder del “Movimiento de los Trabajadores sin Techo”.

@ecotalvora

Informe Otálvora: Gobiernos debaten acciones ante crisis venezolana

AMÉRICA LATINA INFORME OTÁLVORA VENEZUELA

23 de febrero de 2018 – 17:02 – Por EDGAR C. OTÁLVORA

La Organización de Estados Americanos retomó el análisis de la situación venezolana, asunto que venía siendo considerado por diversos gobiernos de la región y que fue expresamente enunciado por los representantes de Brasil y México

  • El presidente Michel Temer reunido con ministros de Brasil y Colombia en el Palacio de Planalto en Brasilia el 21FEB18. 
  • El presidente Michel Temer reunido con ministros de Brasil y Colombia en el Palacio de Planalto en Brasilia el 21FEB18. Foto: Presidencia Brasil

    El 17FEB18 en la ciudad de Boa Vista, capital del estado amazónico brasileño de Roraima y en Bogotá, la capital de Colombia, tuvieron lugar dos operaciones sanitarias análogas organizadas por los respectivos gobiernos. Con una distancia de 1.500 kilómetros, los gobiernos de Brasil y Colombia instalaron centros de vacunación contra el sarampión dirigidos exclusivamente a migrantes venezolanos. El sarampión ha reaparecido en Venezuela y los migrantes que diariamente ingresan a los países vecinos pueden convertirse en el vector de ingreso de esa y otras enfermedades. Los dos eventos simultáneos, realizados sin coordinación previa, reflejan lo que la crisis venezolana comienza a representar para el continente.

    En su intervención del 15FEB18 ante el Comité de “Servicios Armados” del Senado de EEUU, el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, se refirió a la crisis “política, económica y humanitaria” que vive Venezuela resaltando el número de venezolanos que han ingresado a los países vecinos y lo señaló como una potencial fuente de “tensiones regionales”. Tidd caracterizó a Venezuela como un ambiente “permisivo con el narco-terrorismo” que además incrementa el espacio a Rusia, China y Cuba. Venezuela se ha convertido en un problema de seguridad regional ya no sólo desde el punto de vista de los militares estadounidenses sino para otros gobiernos de la región y para diversos centros de análisis político globales.

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    El Gobierno de Juan Manuel Santos envió a Brasil una delegación de alto nivel para intercambiar opiniones sobre el impacto de la crisis venezolana. La misión colombiana que arribó a Brasilia el 21FEB18 estuvo integrada por la canciller María Angela Holguín y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Los enviados colombianos celebraron una primera reunión con el canciller brasileño Aloysio Nunes y funcionarios de Itamaraty. Luego se produjo una reunión de trabajo ampliada a la cual se sumaron los ministros brasileños de Defensa Raul Jugmann y de Justicia Torquato Jardim, así como el ministro jefe del Gabinete de Seguridad general Sergio Etchegoyen y el ministro jefe de la Casa Civil (Presidencia de la República) Eliseu Padilha. Durante este encuentro, los ministros brasileños mostraron sus planes para atender la ola de migrantes venezolanos. Luego, los ministros de ambos países se trasladaron al presidencial Palacio de Planalto donde fueron recibidos por el presidente Michel Temer para continuar las conversaciones sobre el “tema Venezuela”. Los ministros Villegas y Jugmann suscribieron un memorando para ampliar el apoyo brasileño en las tareas de desminado en Colombia, pero el tema sustantivo fue definir políticas comunes para hacer frente a la imparable cantidad de venezolanos que cruzan las fronteras en condiciones de mendicidad.

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    Tal como adelantara el Informe Otálvora del 17FEB18, la Organización de Estados Americanos retomó el análisis de la situación venezolana, asunto que venía siendo considerado por diversos gobiernos de la región y que fue expresamente enunciado por los representantes de Brasil y México en la sesión del 14FEB18. El jueves 22FEB18 un grupo de gobiernos formado por Argentina, Brasil, EEUU, México, Panamá y Santa Lucia solicitaron al representante chileno Juan Aníbal Barría, quien actualmente ejerce como presidente del Consejo Permanente de la OEA, convocar a una reunión extraordinaria que debería celebrarse en menos de 24 horas. El grupo solicitante, al cual se sumó Chile, indició que la reunión tendría por objeto “considerar el proyecto de resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela”. El documento presentado a consideración reflejaba la posición asumida una semana antes por el Grupo de Lima que en su reunión del 13FEB18 había rechazado la decisión del Gobierno venezolano de convocar “unilateralmente” a elecciones presidenciales en el mes de abril lo que “imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”. La declaración sometida a consideración en la OEA reprodujo en su parte resolutoria la declaración del Grupo de Lima: “Exhortar al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales”. La resolución de la OEA reclama y enumera “todas las garantías necesarias para un proceso [electoral] libre”. Además, la resolución “solicita” al Gobierno Maduro que “implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional”.

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    El Gobierno Maduro, que aún participa en las reuniones de la OEA pese a su decisión de abandonar el organismo, intentó con respaldo de la representación de Bolivia impedir la realización de la reunión del 23FEB18, alegando razones reglamentarias. La cancillería chavista movilizó hasta Washington a su representante ante la ONU, Samuel Moncada, para que presidiera su delegación en la OEA durante la sesión, aunque las principales intervenciones y la táctica obstruccionista fue dejada en manos del embajador boliviano Diego Pary. La presidencia del Consejo optó por realizar una poco usual votación nominal para aprobar el orden del día cuyo punto único era considerar la declaración. Sólo Nicaragua, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas acompañaron al representante del Gobierno Maduro en su maniobra para impedir que fuera votada una resolución sobre Venezuela.

    Finalmente el texto de la resolución fue aprobado por 19 votos a favor contra cinco votos en contra. En la aprobación de la resolución se sumaron los votos de los países que participan en las reuniones del Grupo de Lima (Santa Lucía, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica, México, Paraguay y Perú) más EEUU, Uruguay, Bahamas y Barbados. El voto positivo de Uruguay y la posterior intervención de su representante Hugo Cayrus Maurin evidenciaron la distancia que hoy en día separa al régimen de Maduro del Gobierno del izquierdista Tabaré Vázquez, antiguo aliado del chavismo. “No entendemos por qué en Venezuela se llama a elecciones adelantadas”, dijo Cayrus. Un total de ocho gobiernos se abstuvieron en la votación, incluyendo a Ecuador, El Salvador y República Dominicana, antiguos incondicionales del chavismo en las votaciones de la OEA. Maduro sólo contó con el respaldo de Bolivia y Nicaragua durante el debate y apenas sumó los votos de Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Surinam. Pese a la gira que el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, realiza por países con gobiernos “amigos”, los respaldos internacionales al régimen chavista comienzan a ser notablemente menores. Probablemente a esto se refería el vocero chavista, embajador Roy Chaderton, quien el 09FEB18 aseguró que “no estamos aislados pero estamos cercados”.

    Por cierto, el texto de la resolución de la OEA contiene poco más de 2.000 caracteres. El representante de Maduro, Samuel Moncada, exigió que se incluyera su discurso de cinco páginas (¡10.000 caracteres!) como “pie de página” de la resolución.

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    La aprobación de la resolución sirvió para que la OEA retomara el “tema Venezuela” del cual, salvo las intensas gestiones del secretario general, Luis Almagro, se había desatendido el Consejo Permanente desde mediados de 2017. Los gobiernos más activos sobre el “tema Venezuela” se mantienen congregados en el Grupo de Lima pero ahora optaron por retomarlo en la OEA para dar peso institucional a sus posiciones ante el Gobierno Maduro. El objetivo, según fuentes consultadas en varias cancillerías de la región, no es suspender a Maduro de la OEA dado que en la práctica Venezuela dejaría de ser miembro de la organización el 28ABR19. El propósito es “cobijar” con la Carta Democrática Interamericana acciones de presión diplomática sobre el Gobierno Maduro. El Grupo de Lima indicó que las elecciones del 22ABR18 en Venezuela “carecerán de toda legitimidad y credibilidad”, en tanto algunos gobiernos, como Colombia, Argentina, EEUU y Canadá, ya han señalado que no reconocerán los resultados de esas elecciones abriéndose la posibilidad de escenarios de alto conflicto en el continente.

    Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

    Todd Robinson: “Todo está encima de la mesa en cuanto a estrategias para Venezuela”

    Por Pedro Pablo Peñaloza

    Fecha: 22/02/2018

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    El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, señala que las medidas que ha tomado la Casa Blanca contra el gobierno venezolano no son la causa de la crisis económica, y atribuye la culpa al régimen chavista y su “incapacidad para administrar y manejar la economía y la política” del país

    Pedro Pablo Peñaloza

    @pppenaloza

    Todd Robinson pasó de Guatemala a Guatepeor. Como embajador de Estados Unidos en la nación centroamericana entre octubre de 2014 y septiembre de 2017, el diplomático norteamericano recuerda que las autoridades le invitaron a “trabajar directamente con ellos”. Pero aquí en Caracas, adonde llegó en diciembre como encargado de negocios de la legación de EEUU, ya ha sido atacado personalmente hasta por el mismísimo canciller Jorge Arreaza. “Las situaciones son diferentes”, admite.

    Robinson no le teme a la candela. Tan es así, que su primera excursión por la capital incluyó una fotografía en la plaza Bolívar, a escasos metros de la célebre “esquina caliente”, donde a diario militantes del chavismo despotrican del “imperio”. Lejos de rehuir de los temas más candentes de la relación bilateral y la política local, el nuevo enviado de Washington se mete de lleno en la polémica y ha prometido que contribuirá con el “retorno de la democracia” en Venezuela.  

    • El proceso de negociación se presentó prácticamente como el único mecanismo para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis política del país. Ante la incapacidad de las partes de llegar a un acuerdo, ¿teme que Venezuela caiga en la violencia?
    • Hemos visto manifestaciones, saqueos de los supermercados, violencia por parte de los agentes de seguridad en contra de venezolanos y venezolanas comunes. Entonces, hemos visto algo de la violencia y protestas. La verdad es que las negociaciones, el diálogo, son difíciles y toman tiempo. Creo que para lograr éxito hay que tomar este tiempo, hay que asegurar que las dos partes están negociando con buena fe. Después de lo que hemos visto en República Dominicana, no estoy seguro de que el régimen esté negociando con buena fe.
    • ¿Cree que el gobierno chavista ha cerrado de manera definitiva la vía electoral para lograr el cambio político en el país?
    • Creo que es complicado. Parece que ellos quieren controlar todo el sistema para asegurar su victoria en cualquier competencia electoral. Entonces, ha sido difícil negociar con un régimen que aparentemente sabe de sus debilidades. No voy a decir que la vía electoral está cerrada, pero las condiciones hoy en día no existen para una competencia abierta, transparente y justa entre las dos partes. Tengo la esperanza de que el gobierno va a entender esto y seguirá en las negociaciones para lograr algo mínimo para hacer una competencia exitosa.
    • De sus palabras se deduce que aún cree en la posibilidad de rescatar la negociación.
    • Yo soy un diplomático, mi trabajo, mi mundo, es el de la negociación y el diálogo hasta el último momento. Yo, por parte de mi gobierno, no voy a cerrar esa posibilidad, pero tengo que decir que en este momento de acuerdo con lo que ha dicho la oposición, no estoy seguro de que el gobierno esté negociando con buena fe.
    • El Secretario de Estado declaró que “en la historia de Venezuela y otros países sudamericanos, muchas veces el Ejército es el agente del cambio cuando las cosas están tan mal”. ¿Estados Unidos cree que la Fuerza Armada venezolana debe pronunciarse en este momento de crisis?
    • Yo diría que no podemos darnos el lujo de descalificar a ningún sector en la negociación para una Venezuela mejor. Es evidente que el sector militar tiene mucha influencia en el futuro del país y si ellos pueden ayudar, no vamos a decir que no. Creo que en este contexto, el secretario de Estado está diciendo que si ellos pueden jugar un papel positivo para abrir la política, para generar un ambiente más confiable para mejorar las situaciones, bienvenidos.
    • Ese tipo de declaraciones son tomadas por voceros del gobierno del presidente Nicolás Maduro para denunciar la supuesta intención de Estados Unidos de promover un golpe de Estado en Venezuela.
    • Yo soy diplomático y jamás voy a apoyar una situación de golpe de Estado. Estamos apoyando las instituciones democráticas, inclusive a la Asamblea Nacional, pero más que todo a la Constitución de Venezuela. Es importante que todos entiendan que la Constitución debe marcar el contexto del futuro del país. Por eso nosotros llamamos a la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, porque es ilegítima en cuanto a los artículos y las reglas de la Constitución.
    • El Secretario de Estado planteó la posibilidad de aplicar un embargo al petróleo venezolano. ¿El gobierno de Estados Unidos podría ejecutar esa medida en el corto plazo?
    • Podría. Yo entiendo que todo está encima de la mesa en cuanto a estrategias para Venezuela. Sin duda, las sanciones han sido efectivas hasta ahora para identificar a los miembros del régimen que son corruptos o los que han jugado un papel en contra de la institucionalidad y la Constitución de Venezuela. Seguramente vamos a ver más acciones como estas. No voy a detallar exactamente cuáles, pero por lo que he visto y oído de Washington, las sanciones van a continuar. Han tenido un efecto y son una manera de llamar la atención de este régimen.
    • Sin embargo, el gobierno venezolano sigue desmontando el Estado de Derecho en abierto desafío a la comunidad internacional. De hecho, ha dicho que “a más sanciones, más elecciones”, y ha convocado unos comicios sin garantías de transparencia y equilibrio. ¿Eso demuestra que las sanciones son insuficientes en este caso? ¿Qué otras medidas podría aplicar Washington contra el régimen chavista?
    • Las sanciones han jugado un papel bastante importante. Sabemos que cuando llegó la delegación (del gobierno) a Santo Domingo su primera queja fueron las sanciones, entonces, sabemos perfectamente que están funcionando muy bien. La democracia es mucho más que las elecciones, es la institucionalidad, y es el rol del ciudadano que debe tomar responsabilidad por su propia vida, con sus comunidades. Veo equivocada la posición de los que dicen que las elecciones son la respuesta a las sanciones. La respuesta más correcta es la democracia total, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la Constitución, la participación del pueblo venezolano tomando su responsabilidad. Esto es democracia.
    • ¿La salida del subsecretario Thomas Shannon puede afectar de alguna manera la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
    • La salida de Tom Shannon, alguien que ha trabajado por años el tema de Venezuela, un funcionario de mucha experiencia en la región, hará mucha falta para nosotros. Pero seguimos trabajando, tenemos un equipo excelente en Washington y aquí en la embajada, vamos a caminar hacia el futuro, vamos a seguir preguntando y buscando consejos del embajador Shannon. Es un amigo mío, personalmente me ha ayudado en mi carrera y sin duda la salida de Shannon afectará no solo nuestra relación con Venezuela, sino con el hemisferio y en el mundo.
    • ¿Por qué Estado Unidos no ha incluido en su lista de sancionados al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello?
    • Es cierto, pero no quiere decir que no vamos a tocarlo a él también. Tenemos un proceso rígido y tenemos que seguir este proceso de investigación. Estamos en eso, pero el señor Cabello sí está en la lista de la Unión Europa y Canadá. Nosotros estamos trabajando como un equipo con nuestros aliados en la comunidad internacional y vamos a seguir haciendo esto.
    • ¿En qué estado se encuentra el caso de Joshua Holt (ciudadano norteamericano detenido en Ciudad Caribia en junio de 2016 y que permanece encarcelado bajo los cargos de porte ilícito de armas de guerra, terrorismo y espionaje)? ¿Existe algún tipo de negociación con el régimen chavista para lograr su liberación?
    • Voy a decir que nosotros hemos puesto la responsabilidad de su caso en el canciller (Jorge Arreaza). Creo que él puede y debe resolver la situación, estamos listos para hablar con él sobre el caso, pero la responsabilidad se queda con él.
    • La profundización de la crisis económica está provocando un aumento de la emigración en el país. ¿Maneja cifras recientes sobre el crecimiento de la comunidad venezolana en Estados Unidos y las solicitudes de asilo?
    • Hemos visto y escuchado que los números de los venezolanos cruzando la frontera son altos. Es importante no vincular las sanciones o las acciones de la comunidad internacional con la situación económica en el país. La situación económica ha venido empeorando por años antes de las sanciones, son las acciones del régimen, la incapacidad para administrar y manejar la economía y la política que las han provocado. No son las sanciones, es la incapacidad del gobierno de cumplir sus promesas al pueblo venezolano.
    • Los voceros del gobierno de Maduro suelen atacar a Estados Unidos en público y culparlo de todos los males del país. ¿En privado repiten el mismo discurso? ¿Se ha sentido incómodo o atacado aquí en Caracas?
    • Sí, he tenido dos reuniones con miembros del gobierno venezolano y las dos reuniones fueron muy malas. La experiencia fue de ataques directos a mi persona, mi país y mi equipo. Solo puedo decir que si este es el tipo de relaciones que ellos quieren entre Estados Unidos y Venezuela, está bien, pero yo espero un mejor tratamiento para mi equipo y más respeto para las relaciones entre dos países que tienen mucho en común. Inclusive, muchos venezolanos están viviendo en Estados Unidos. Los dos pueblos merecen mejores relaciones y la vía está abierta para tener mejores relaciones entre los dos países, pero el gobierno de Venezuela tiene que quererlo. Estamos aquí listos para tratar con ellos.
    • ¿Con quiénes fueron esas reuniones?
    • La primera con el canciller y la segunda con un vicecanciller.
    • El presidente Maduro afirmaba que nada peor que la administración Obama para su régimen, pero ahora identifica a la administración Trump como la mayor amenaza contra la revolución. ¿Qué espera de las relaciones, en el marco del aumento de la conflictividad en el país?
    • La lección de esto es que la política pública de Estados Unidos está fundada en la institucionalidad. No importa si es una administración demócrata o republicana, vamos a seguir esta línea por las fallas en el régimen de Maduro. Vamos a seguir trabajando hasta que haya un cambio en el manejo de la política pública de este régimen.
    • Desde hace tiempo no se veía a un diplomático de Estados Unidos que saliera a la calle y se involucrara con la gente. ¿Por qué viene ese cambio? ¿Qué ha levantado en esos intercambios que ha tenido caminando por Caracas?
    • Cada jefe de misión es diferente. Tenemos tareas diferentes, pero más que todo tenemos personalidades diferentes. Esta es mi personalidad. Si nosotros vamos a ayudar en las relaciones entre nuestros países, yo tengo que aprender del país, tengo que hablar con la gente, tengo que salir a la calle, tengo que ver la realidad. Y no solo yo, mi equipo también, vamos a estar en la calle, vamos a hablar con los venezolanos y venezolanas directamente para entenderlos y espero que, con ese entendimiento, podamos ayudar.
    • ¿Tiene miedo a que el gobierno decida declararlo persona no grata?
    • No, no tengo ningún temor, no es una amenaza para mí.
    • ¿Existe alguna similitud entre lo que vivió en Guatemala y este momento acá?
    • Creo que las situaciones son diferentes. En Guatemala, estábamos trabajando directamente con el gobierno. Nos invitaron a trabajar directamente con ellos y con sus instituciones. Aquí no hay relaciones, no hay intención de trabajar, es más, ellos han invitado a otros países a trabajar. Y está bien, es su derecho como gobierno.
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    Informe Otálvora: OEA retomaría el caso de la crisis venezolana

    Por Edgar C. Otálvora

    Fecha: 19/02/2018

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    Grupodelima

    Representantes de los gobiernos miembros del Grupo de Lima reunidos el 13FEB18 en el Palacio de Torre Tagle. Foto: Cancillería de Perú.

    Diario Las Américas

    El retiro de la invitación a Nicolás Maduro y su gobierno para la VIII Cumbre de las Américas convocada para el mes de abril en Lima, depende únicamente del gobierno de Perú en su condición de Estado anfitrión.

    El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski suscribió el 11NOV17 las misivas que formalizaban la invitación a los gobiernos miembros de la OEA más Cuba para participar en la Cumbre de las Américas del 13 y 14ABR18. El fin de las negociaciones Maduro-MUD y, la convocatoria por el régimen chavista a elecciones presidenciales a destiempo y sin garantías pusieron sobre el tapete el tema de la presencia de Maduro en Lima el próximo abril. El respaldo de los países que forman el Grupo de Lima y de EEUU sirvió de sustento político para que el 13FEB18 la cancillería peruana anunciara la decisión de Kuczynski de dejar sin efecto la invitación a Maduro y su gobierno.

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    El retiro de la invitación fue formalizado mediante nota dirigida el 13FEB18 por la canciller peruana Cayetana Aljovin a su homólogo Jorge Arreaza. Perú alega que   en la III Cumbre celebrada en Canadá en 2001 y a la cual, por cierto, asistió Hugo Chávez, los gobiernos participantes decidieron que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. Ya el 04ABR17, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución según la cual en Venezuela se produjo una “alteración inconstitucional del orden democrático” y el 21JUL17 la Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur declaró que en Venezuela tiene lugar “una ruptura del orden democrático”. Las declaraciones de la OEA y de Mercosur dieron piso jurídico a la decisión de Perú de excluir al gobierno Maduro de la Cumbre de las Américas.

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    Durante la VI Cumbre realizada en 2012 en Cartagena, Colombia, y a la cual  Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega se negaron a asistir personalmente, los voceros del otrora influyente eje castrochavista amenazaron con boicotear la siguiente Cumbre en caso de que el gobierno cubano no participara. La VII Cumbre, celebrada en abril de 2015 en Panamá, contó con la presencia de Raúl Castro quien fue invitado por el panameño Juan Carlos Varela en su condición de presidente anfitrión.

    El gobierno cubano recibió su carta de invitación para participar en la organización y asistir a la cumbre panameña de 2015, pese a las públicas objeciones de los gobiernos de EEUU y Canadá que rechazaban la presencia de un Estado no democrático que, además, se niega a reintegrarse a la OEA. La decisión del presidente de Panamá de convocar a Raúl Castro sentó la norma según la cual el anfitrión determina el listado de invitados, regla que ahora sirve de precedente para que ahora Perú excluya a Maduro.

    Por cierto, a finales de 2014, cuando la invitación a Cuba era objeto de debate político continental, Luis Almagro en su condición de canciller de Uruguay y candidato a la Secretaría General de la OEA, se mostraba partidario de la asistencia de Cuba a la Cumbre de Panamá. El 10ABR15, desde Ciudad de Panamá, Almagro anunció que propondría a Cuba una “agenda bilateral” para “resolver algunas de las heridas que la organización infringió a ese país”. Los aires políticos en el continente han cambiado de curso y ahora Almagro se opone a la presencia de las “dictaduras” de Cuba y Venezuela en eventos como la Cumbre de las Américas.

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    El “tema Venezuela” podría regresar a consideración de la OEA, como parte de un esquema de reacción continental para coordinar acciones ante la crisis venezolana.

    Lo que genéricamente se denomina como la “aplicación de la carta democrática” a Venezuela, fue objeto de análisis en las conversaciones sostenidas entre el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, y los mandatarios de Argentina, Perú, Colombia y Jamaica durante la gira que el estadounidense realizó por Latinoamérica entre el 02 y el 07FEB18 que incluyó, además, una reunión especial con sus colegas de Canadá y México.

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    El 14FEB18, durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, la representante permanente de Perú, embajadora Ana Valdivieso, solicitó la palabra en la sección “Otros asuntos” para dar lectura al comunicado que el día anterior emitiera el Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela. El documento que entre otros aspectos califica como carentes de “legitimidad y credibilidad” las elecciones convocadas por Maduro, había sido aprobado el día antes en Lima por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia.

    La presentación del documento en la sesión de la OEA fue seguida de una virulenta intervención de la representante del gobierno Maduro, embajadora Carmen Velásquez, quien calificó como “grupo minoritario” y “Cartel de Lima” a los quince gobiernos que conforman el grupo de seguimiento a la crisis venezolana. Las palabras de Velásquez ameritaron un llamado de atención por parte del chileno Juan Anibal Barría quien presidía la sesión. El representante de Brasil, José Machado e Costa, propuso que la OEA retome el tema de la “crisis política, económica, social y humanitaria de Venezuela”. La sugerencia del embajador brasileño fue secundada por el representante mexicano Jorge Lomonaco. La sesión no tenía por objeto decidir sobre el “tema Venezuela” pero las intervenciones dejan ver que se estaría conformando un consenso para que la OEA reasuma el tratamiento de la crisis venezolana la cual comienza a percibirse como un riesgo a la seguridad regional.

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    El Grupo de Lima surgió a mediados del año 2017 apadrinado por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, como una inusual iniciativa de un grupo de gobiernos que ya venían trabajando informalmente en el seno de la OEA y que se conformaron en ente visible de análisis y presión sobre el gobierno de Maduro. Su primera reunión, celebrada el 08AGO17, marcó el inicio de una nueva etapa en el tratamiento regional hacia Venezuela. El Grupo de Lima trataba de compensar la imposibilidad de avanzar en la “aplicación de la Carta Democrática al régimen chavista, lo que frenaba a la OEA en el debate y toma de medidas colectivas sobre Venezuela. Las iniciativas sobre Venezuela en la OEA, durante los últimos años, terminaban en infructuosos y agotadores pugilatos por votos para aprobar resoluciones retóricas. A juicio de varios gobiernos de la región, el Grupo de Lima ha cumplido un importante papel como cohesionador de posiciones, pero la aplicación de medidas ante la crisis venezolana requiere de una institucionalidad y legitimidad que sólo la OEA puede  conceder. Ayuda humanitaria y sanciones al gobierno Maduro forman parte del listado de acciones que la OEA podría arropar, según algunas cancillerías de la región.

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    Si bien la “Carta Democrática Interamericana” establece como única medida punitiva real la suspensión del Estado donde se produzca una ruptura del orden democrático, se estaría planeando invocarla para utilizar la OEA como ente coordinador de acciones específicas. La declaración del Grupo de Lima del 13FEB18 contempla “coordinar  esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura” el “éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país”. Esta sería una actividad que podría realizarse bajo las siglas de la OEA. De hecho, ya Canadá está financiado apoyo a migrantes venezolanos en Brasil y el gobierno de EEUU prometió redireccionar fondos previstos para ayuda humanitaria “en Venezuela” que ahora se destinarían a apoyo humanitario a venezolanos llegados a la franja fronteriza colombiana. El 15FEB18, Michel Temer emitió una medida provisoria (decreto-ley) y dos decretos ordenando la atención al “flujo migratorio en el estado [amazónico] de Roraima provocado por la crisis humanitaria en Venezuela”. Entre las medidas anunciadas está la instalación de un hospital de campaña en la población fronteriza brasileña de Pacaraima.

    Además, temas como la aplicación de sanciones ya comenzó a ser tratado multilateralmente según reveló Tillerson, quien el 08FEB18 anunció la constitución de un grupo de trabajo, junto a Canadá y México, para evaluar sanciones petroleras contra el gobierno Maduro. Un eventual boicot energético no sólo podría implicar un embargo a la compra de crudo venezolano por EEUU y otros países, sino también la suspensión de ventas de crudo y productos refinados a Venezuela. El grave deterioro del aparato petrolero venezolano hace que el país ahora dependa de importaciones de crudo para hacer exportable su producción, así como de derivados de petróleo para la producción de gasolina.

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    Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 14FEB18, luego que el representante de Brasil mencionara la creciente presencia de migrantes venezolanos en territorio de su país, la representante chavista tomó la palabra para afirmar que su gobierno está listo para debatir el trato a los migrantes en EEUU, las ofensas de Donald Trump a Haití y la falta de electricidad en Puerto Rico. Las excitadas palabras de la emisaria chavista demostraban la postura oficial de negar el flujo de venezolanos que migran en condición de mendicantes. En tanto, altos emisarios del régimen chavista difunden la tesis según la cual el tema de los migrantes es una excusa para una inminente acción militar contra territorio venezolano desde Colombia y Brasil patrocinado por EEUU. El 09FEB18, el vocero oficial chavista Roy Chaderton declaró a Colombia como país enemigo y aseguró que en caso de enfrentamiento armado los militares venezolanos alcanzarían las costas del Pacifico colombiano.  En contraste al discurso oficial chavista, los gobiernos de Argentina, Perú, Chile, Colombia, México y Brasil han expresado abiertamente su oposición a una acción militar sobre Venezuela.

    @ecotalvora

    EEUU ¿Existe el Deep State, y está de verdad en guerra con Donald Trump?

    12 de Febrero de 2018

    Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump, probablemente trataba de hacer una broma cuando, el 2 de enero, se quejó de que su cuenta de Twitter le sugería comenzar a seguir a Hillary Clinton, al ex presidente Barack Obama y a la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, ninguno de los tres conocido exactamente por su afecto a la familia Trump. “Asombroso”, declaró impávido Eric Trump, que incluyó el siniestro hashtag #DeepState.

    Pero Twitter no es una plataforma dada a los matices, y el mensaje desató una ola de tuits furiosos de gente opuesta a Trump, quienes calificaron a Eric Trump de paranoide y otras cosas peores. Entre esos tuits de respuesta hubo uno de DeGeneres. “¨Qué es el Deep State?”, preguntó. “¿Está cerca de Dollywood? Porque si ese es el caso, yo me apunto”. (Dollywood es un parque temático en Tennessee, propiedad de Dolly Parton).

    La confusión de DeGeneres es comprensible. Hace un par de años, los únicos estadounidenses familiarizados con el término Deep State eran unos cuantos politólogos y lectores de un poco conocido libro de comics sobre un grupo dentro del FBI dedicado a encubrir el hecho de que Rusia se adelantó a Estados Unidos en llegar a la luna.

    Pero desde entonces, Deep State ha entrado en el vocabulario popular con tremenda fuerza. Hay legisladores que prometen destruirlo, Trump dice que ha tomado el control del FBI, comentaristas de derecha dicen que nos va a matar a todos y comentaristas de izquierda se quejan de que se han robado el concepto y lo han convertido en una caricatura.

    “Una extraña combinación de locos de la derecha y la izquierda han dado vida a esta cosa que se llama Deep State, y la gente ya habla de ello en la calle”, dice el periodista e historiador Max Holland, autor de libros sobre Watergate y el asesinato de Kennedy. “Antes, esas ideas locas de confabulaciones estaban todas en una caja que tenía una etiqueta de ASESINATO DE JFK, pero ahora están en todas partes”.

    Pudiera parecer una exageración, pero no en realidad no es así. Una encuesta de ABC y el Washington Post el año pasado mostró que casi la mitad de los estadounidenses creen que un Deep State –que se define como “militares y funcionarios de inteligencia y de gobierno que manipulan las políticas del gobierno”– trabaja tras la fachada del gobierno constitucional de Estados Unidos.

    La definición usada por la encuesta no es necesariamente la misma que se usa en el debate público. Qué es, exactamente el Deep State, depende de con quién se habla, desde sensatos politólogos que hablan de los intereses encontrados de las burocracias del gobierno, hasta locos de derecha como un invitado al programa radial del ultraconservador Alex Jones, quien advirtió “Van a matar a Trump (…) ¡Nos van a matar a todos, lo van a matar!”

    Aunque Trump y sus aliados han popularizado el término, refiriéndose a lo que se cree es una coalición encubierta de funcionarios de gobierno e instituciones y sus aliados en las grandes organizaciones de medios noticiosos que tratan de socavar sus políticas, el concepto de Deep State data de mucho antes.

    Se originó en los años 1920 para describir la camarilla de línea dura de funcionarios de seguridad y mafiosos que controlaban las cosas tras bambalinas –con sangre si era necesario– del gobierno civil títere de Turquía. El primero que lo aplicó a Estados Unidos fue Peter Dale Scott, académico izquierdista de la Universidad de California, en su libro del 2007 The Road to 9/11, que tejió una confabulación oscura a partir de hechos tan diversos como el asesinato de Kennedy, Watergate y el escándalo Iran-contras.

    “No hay nada de locura en la idea del Deep State, la idea de que élites dentro y fuera del gobierno hacen uso de poderes que la Constitución no les dio, sin tomar en cuenta la voluntad de los electores”, dijo Scott al Miami Herald. “La forma en que la gente de Trump lo usa ahora puede resultar caricaturesco, pero la idea no lo es”.

    Y resulta que Scott tiene respetable grupo que así lo cree, incluyendo al menos uno de los presidentes de Estados Unidos. En 1961, más de cuatro décadas antes del libro de Scott, el presidente Eisenhower advirtió a la nación de que “debemos protegernos contra la adquisición de influencia indebida, a propósito o no, del complejo militar-industrial”.

    “Eisenhower no usó la frase, pero en lo fundamental estaba hablando de un Deep State”, dice Joseph Uscinski, politólogo de la Universidad de Miami. “Es una idea que existe desde hace mucho tiempo”.

    Pero eso no significa que sea cierto, agrega Uscinski, particularmente en la forma casual que Trump y sus partidarios usan el término.

    “Si se dice que el presidente enfrenta resistencia de la burocracia a sus programas, eso es razonablemente cierto”, dice Uscinski. “Si se dice que las burocracias del gobierno tienen sus propias agendas, eso es razonablemente cierto. Si se dice que una cábala secreta en el FBI está tratando de sacar del cargo al presidente, bueno, eso pudiera ser verdad. Pero no se puede decir así como así, hay que tener pruebas”.

    Hace no mucho tiempo, la mayoría de los norteamericanos hubiera desechado desde el principio la idea del Deep State. De hecho, así ha ocurrido. En 1956, el sociólogo C. Wright Mills publicó un estudio titulado The Power Elite (La élite en el poder), que comenzaba diciendo: “Los poderes del hombre común están circunscritos por el mundo en que viven, pero incluso en sus empleos, sus familias y sus vecindarios, con frecuencia son controlados por fuerzas que no pueden comprender ni controlar”.

    El argumento de Mills sobre el Deep State –que el país en verdad está gobernado por una red interconectada de individuos de familias de élite que fueron a las mismas escuelas y universidades, se unieron a las mismas sociedades secretas y clubes, pertenecen a las mismas juntas directivas y con frecuencia se casan entre sí– fue desestimada inicialmente por profesores universitarios y periodistas respetables. The New York Times Book Review lo calificó de “una caricatura enojada” y la revista Time dijo que era “palabrería sociológica”.

    Pero en los años siguientes, la mayoría de los departamentos universitarios de Ciencias Políticas ya les indicaban a los alumnos leer el libro de Mills. Su influencia se extendió más allá de Estados Unidos: Fidel Castro leyó el libro con entusiasmo y mencionó sus ideas en discursos, aunque sin darle crédito al autor.

    Las revelaciones de los últimos 50 años sobre el lado oscuro del gobierno de Estados Unidos indudablemente han abierto la mente de los estadounidenses a más interpretaciones de cómo funciona Washington. ¿Suena a locura comparar al gobierno de Estados Unidos con el de un país sin ley y donde ha habido numerosos golpes de Estado, como el Turquía? Quizás.

    ¿Pero es eso menos traído por lo pelos que el hecho de que el Pentágono colocó a un espía en la Casa Blanca de Nixon para robar secretos de las papeleras? ¿O que la CIA administró LSD a civiles sin informarles nada para ver si la droga los hacía más receptivos al control de la mente? ¿O que el gobierno estaba espiando a la gente a través de los videojuegos de Xbox? (Edward Snowden, el subcontratista de la Agencia de Seguridad Nacional que filtró los secretos sobre el Xbox, dijo a la revista The Nation: “Definitivamente hay un Deep State. Háganme caso, yo he estado ahí”).

    Incluso observadores que tienen dudas sobre las alegaciones de Trump de que es víctima de una enorme cábala en Washington creen que el presidente pudiera estar enfrentando una versión mucho menos fuerte del Deep State: una fuerte resistencia de la enorme burocracia del gobierno, con sus protecciones a los empleados del servicio civil, que no cambia sin importar quién está en la Casa Blanca.

    Las burocracias de larga data comienzan a parecerse a organismos vivos que luchan por proteger su territorio, defenderse unas de otras e incluso más de los funcionarios electos, a quienes los burócratas tienden a considerar una plaga temporal que pronto cambiará.

    “El problema empeora cuando hay fuertes diferencias ideológicas entre un gobierno y otro”, dice Adam J. White, investigador de la Hoover Institution y director del Centro para el Estudio de la Administración del Estado en la Universidad George Mason.

    “Durante ocho años tuvimos al presidente Obama, posiblemente el presidente más liberal de la historia, y la mayoría de las personas que él contrató probablemente compartían sus posturas políticas. Ahora ha sido reemplazado por una persona que llegó con la promesa de ‘drenar el pantano’ en Washington. Incluso antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, ya había gente anunciando que formaría ‘la resistencia’. Estoy seguro de que hay problemas.

    “Prácticamente todos los presidentes tienen, hasta cierto punto, enfrentamientos con la burocracia. Yo estaba leyendo una biografía de Henry Kissinger y cuenta que, antes que el hombre empezara a trabajar en el gobierno, fue a visitar a su amigo Arthur Schlesinger, quien trabajaba en el gobierno del presidente John F. Kennedy. Kissinger dice: ‘Hola, ¿cómo te va?’, y Schlesinger le responde: ‘Terrible, no podemos lograr que la burocracia apruebe ninguno de nuestros programas, no podemos hacer nada’. Y después hablan de la Nueva Frontera”.

    Glen Garvin|El Nuevo Herald de Miami

    Empeñar la vida, para pagar la muerte

    Por Mabel Sarmiento @mabelsarmiento

    4 febrero, 2018

    La inflación no respeta ni la paz de los sepulcros: solo un ataúd puede costar 9 millones de bolívares y un servicio funerario, 24 millones de bolívares. Enterrar a un ser querido se ha convertido en un lujo que pocos pueden pagar y ni siquiera los seguros blindan a los deudos en momentos difíciles. Prácticas de otro siglo, como el entierro en la propia casa, comienzan a convertirse en una solución a la crisis para las familias con menos recursos.

    Caracas. La muerte es lo más seguro en esta vida. Lo que no es seguro es que se cuente con el dinero que se necesita para un servicio funerario en los tiempos que corren en Venezuela. Quienes no tienen recursos para enterrar a sus familiares “empeñan” la vida para completar la suma que se requiere.

    El servicio más barato cuesta 12 millones de bolívares, de acuerdo con las cifras que suministra Antonio Quijada, encargado de una agencia funeraria en Caracas. El ataúd más económico no baja de 4 millones de bolívares.

    El dolor por el fallecimiento de un familiar se combina con el estrés y la angustia de no disponer del capital para dar el último adiós.

    Lo que parecía una leyenda urbana está empezando a ser una realidad: gente que improvisa urnas con cartón y otros materiales y abre una zanja en la propia vivienda para sepultar a sus allegados.

    En Falcón, según el concejal del municipio Federación, Eduard Morales, hay un caso reciente, dramático. Una mujer, habitante de un caserío cercano a La Sierra Falconiana, murió por desnutrición. Sus familiares buscaron ayuda por todos los medios, pero al no encontrarla construyeron una caja y abrieron una fosa en su propia casa. La Alcaldía no dio la asistencia requerida, y nosotros hicimos lo posible para conseguir un cajón de madera. Sucede ahora que las funerarias no dan auxilio porque el Gobierno les debe plata, pero tampoco el municipio aporta donaciones. No tienen ni para las velas ni para el café, dice Morales.

    Datos que ha levantado el concejal en la zona indican que en las últimas semanas se registraron casos de cinco familias que han tenido que ir de un lado a otro en busca de urnas. Hace pocos días mataron a un joven y sus deudos tuvieron que afrontar el mismo ruleteo.

    La gente de escasos recursos no tiene cómo realizar los entierros y no es justo que lo único que le estén ofreciendo sean bolsas negras y que tengan que enterrar a sus muertos en casa. Pedimos al alcalde oficialista Castor Díaz que atienda esta situación, pues se puede incluso presentar una emergencia sanitaria. Esas no son las condiciones para resguardar un cadáver, dijo.

    Finalmente, la mujer no tuvo que ser enterrada en el agujero que abrió su familia, pues el concejal gestionó un terreno en el cementerio municipal.

    Una noticia similar fue difundida hace poco en redes sociales y publicada por el Diario de Los Andes. Aunque parecía un cuento del siglo XIX, ocurrió en diciembre pasado en el sector La Peñita, parroquia Niquitao, en Boconó, estado Trujillo: una familia enterró a su hijo en el patio de la casa por no tener dinero para pagar los gastos funerarios.

    El niño, de 2 años de edad, murió a causa de parasitosis intestinal, según la historia reseñada por el periódico. Debido a que los padres no contaban con recursos para el entierro, hicieron una urna de madera con tablas y cavaron la fosa en el patio de la casa. Sin embargo, la Alcaldía les negó el acta de defunción, por no cumplir con los procedimientos habituales, y tuvieron que someterse al interrogatorio del Cicpc y acceder a que al cadáver le hicieran la autopsia en el Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera.

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    Recorrido funerarias, Caracas.Enterrar a un ser querido en la Venezuela actual agujerea los bolsillos del venezolano.

    Apoyo con bolsas negras

    La mamá de Rosa Díaz —se usa seudónimo por tratarse de una menor de edad— murió hace 15 días y la adolescente, que quedó sola y a cargo de sus hermanos pequeños, acudió a la Alcaldía de Santa Lucía, estado Miranda. Allí lo único que le ofrecieron como apoyo fue una bolsa negra.

    Impactada, regresó a su casa, en el kilómetro 42 de la carretera vieja Petare-Santa Lucía. Fue gracias a la ayuda de terceros, y después de pedir colaboración, que pudo enterrar a su mamá en el cementerio municipal.

    Lo cierto es que la inflación no respeta ni siquiera la paz de los camposantos. En julio de 2016 un entierro (urna, capilla, acto velatorio, café, papeleo y traslado) costaba 240.000 bolívares. En enero de 2018 el mismo servicio se cotizaba en 24 millones de bolívares. En 19 meses subió cerca de 10.000 %.

    Pagar por esos servicios se ha tornado inaccesible para la mayoría de los venezolanos y ni siquiera contar con un seguro garantiza que puedan costear los gastos, pues las funerarias no aceptan a todos.

    Hace ocho días, Pablo Escocia gestionó un servicio para velar a su mamá, y cuando presentó los papeles de su seguro, Horizonte, la administración de la funeraria La Paz del Señor, en San Martín, le dijo que no trabajaban con empresas del Gobierno.

    Le tocó a él y a un hermano desembolsar 16 millones de bolívares para la preparación del cadáver, el ataúd de madera, la capilla y el traslado al cementerio de El Junquito. Eso sí, sin carro para los familiares. “El servicio es más caro ahora y ya no tienen lo que uno necesita”, lamentó Escocia.

    La lista de facilidades debería incluir un vehículo para los traslados destinados al papeleo, un cuarto para el descanso, café, agua o tilo, baños en buenas condiciones y, además, prestadores del servicio con empatía ante el dolor ajeno. “En nuestro caso, como vieron que éramos una familia numerosa, uno de los empleados nos pidió, por debajo de cuerda, que le diéramos un poco más de dinero, porque dijo que para preparar a mi mamá gastaron más material de lo debido”.

    Recorrido funerarias, Caracas.

    Escasez fúnebre

    El pago por los traslados al cementerio también abulta las cuentas. En la funeraria Los Caobos argumentan que el problema con ese servicio son los costos de repuestos e insumos. En esta empresa, por ejemplo, no cuentan con carros para los familiares y, por tanto, deben contratar vehículos de terceros que a principios de enero cobraban 360.000 bolívares por llevar a 4 personas al camposanto. La semana pasada el precio ya estaba en 520.000 bolívares.

    Los familiares deciden si quieren contratar el vehículo adicional, pues eso sube la facturación, manifestó Alberto Caldera, ejecutivo de ventas, quien con recibo en mano explicó por qué el velorio básico en esa compañía cuesta 22,4 millones de bolívares.

    El recurso más costoso es el ataúd: hasta en 9 millones de bolívares se puede conseguir el de latón. Ese es, precisamente, el insumo más requerido por las funerarias y uno de los más escasos. En Los Caobos cerraron 2017 con 5 urnas y ahora solo les queda una. La opción es pedirlas prestadas a otras empresas y luego reponerlas, en caso de que consigan. “Si no, simplemente no haremos servicios hasta tener inventario”, dice Caldera.

    El precio del formol, otro producto indispensable en este trabajo, también está por las nubes. Se incrementó 2000 %: un envase de 3,7 litros pasó de costar 700.000 bolívares, a rondar los 6 millones de bolívares.

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    Todo esto sin tomar en cuenta otros gastos, como la tela para el cortinero que llevan las urnas, los materiales de limpieza, el café, el azúcar, los vasos de plástico y el papel higiénico.

    Ahora incluso está restringido el desayuno: se limita a cinco personas que pernocten en la funeraria.

    Juan Carlos Fernández, directivo de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, coincide con que las compañías que prestan el servicio tienen una serie de gastos que en medio de la crisis económica resulta difícil cubrir. A los costos de las urnas suma los gastos de mantenimiento de las carrozas –muchas de las cuales sobrepasaron su vida útil, pues son de los años ochenta–, que incluyen cambio de aceite y filtro, cauchos y aires acondicionados, sin contar el pago de servicios como luz, agua, teléfono y aseo.

    Lo que se debe pagar en nómina también inyecta presión.

    Con los aumentos salariales recientes hemos tenido que hacer ajustes, y no es fácil, se trata de un personal que trabaja por guardias las 24 horas. Con la hiperinflación no pareciera que la situación va a mejorar. El gremio tendrá que tener suficiente creatividad para seguir trabajando porque este es un negocio que siempre se va a necesitar.

    También ve con preocupación el cierre de las fábricas de urnas y el hecho de que industrias pequeñas que hacían cocinas y muebles estén comenzando a fabricar ataúdes, muchas veces sin cumplir con las normas de higiene. “Ellos están llenando ese vacío, trabajan con materiales básicos porque los normales, que son las láminas de hierro —que producía Sidor— están a precio prohibitivo”.

    En Venezuela, recuerda, se mueren cada año un promedio de 5 personas por cada 1000 habitantes, “y ya no es posible ni siquiera costear un sepelio”.

    Fibras de pino y cartón se usan para fabricar urnas

    La escasez de materia prima es otro de los obstáculos que deben afrontar las empresas que prestan servicios funerarios. Juan Carlos Fernández, director de Fabricantes de Urnas y directivo de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, señaló que Sidor, por ejemplo, hace más de un año que no suministra latón, aluminio y cabillas para la fabricación de urnas y el ornato de tumbas. Por tanto, es necesario abastecerse de proveedores que manejan precios equivalentes al mercado informal. “Eso ha impactado enormemente la prestación del servicio y golpeado a empresas y clientes por igual”.

    En respuesta a la crisis, han comenzado a utilizarse materiales alternativos como MDF y cartón. El MDF es de densidad media, elaborado con fibras de madera de pino caribe venezolano que se combinan con resinas sintéticas de urea y formaldehído, para luego ser fraguadas bajo presión y temperatura. Puede sustituir la madera sólida. “Estos ataúdes son más sencillos y están respondiendo a la demanda de los que no pueden pagar una urna de 4 millones de bolívares”, indicó Fernández.

    En otros casos se usan cajas de cartón diseñadas para tener resistencia, pero que no son higiénicas. “Sí se hacen unos cajones más económicos, pero rompen con la barrera sanitaria y eso es un riesgo tremendo para la sociedad”.

    Para los entierros tampoco se consigue cemento ni cabillas para el encofrado del cajón.

    Deudos recurren a la cremación y a ataúdes prestados

    Con los costos elevados y las donaciones que tardan en llegar para costear un funeral, la gente ha visto en la cremación una salida para abaratar el precio de los servicios funerarios. Muchos, además, optan por “ir al grano” y se saltan los pasos de preparación, el velorio y el funeral. La cantidad de cremaciones aumentó 50 % en 2017 porque es más barato utilizar este procedimiento que pagar una parcela en el cementerio. Esto se está haciendo principalmente en las grandes ciudades, hay que hacer muchos arreglos municipales cuando se trata de una incineración, explica Juan Carlos Fernández, directivo de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias.

    Añade que hasta hace unos años esa práctica era inusual, y lo era aún más otra a la que también se recurre en la actualidad: la reutilización de los ataúdes.

    La gente está cremando a sus muertos en urnas prestadas o alquiladas. Y eso es un riesgo sanitario, que el ataúd pase de un muerto a otro es peligroso para los trabajadores y para quienes van al sepelio. Imagínate, por ejemplo, el cadáver de una persona que tuvo tuberculosis u otra enfermedad contagiosa puede contaminar el féretro. Obviamente, se cambian las cortinas que lleva la urna por dentro, que se hacen con la tela usada para la elaboración de monos quirúrgicos, pero quedan muchos microorganismos que, con esta nueva práctica de reutilización, incluso pueden ocasionar una epidemia.

    Señala que es comprensible que situaciones como esta estén ocurriendo, dada la crisis que se vive en la actualidad. Esto sin duda abarata los costos, pues la gente solo tiene para cubrir los gastos de alimentación, pero esas no son las condiciones sanitarias para la disposición final de un cadáver.

    Recorrido funerarias, Caracas.

    La ley establece el derecho a servicios básicos

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    El artículo 35 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.358, del 18 de febrero de 2014, establece las condiciones que deben tener los locales de este tipo, entre ellas, además de instalaciones como salas o capillas velatorias, habitaciones para el descanso de los familiares y vehículos adecuados para el traslado de los cadáveres y de los acompañantes.

    También dice que los usuarios de este tipo de servicios tienen derecho de disponer, entre otras, de una serie de prestaciones, entre ellas:

    1. Preparación del cadáver.
    2. Asesoría en relación con las diligencias que establezca la ley.
    3. Sala de velación y servicio de cafetería
    4. Un ataúd tipo latouche, excepto cuando se trate de donaciones.
    5. Traslado del cadáver del sitio del fallecimiento al local de velación y de allí al cementerio en su respectivo vehículo funerario.
    6. Vehículo de acompañamiento.
    7. Transporte de utensilios al sitio de velación, en caso de ser velado en el domicilio.

    Las empresas funerarias están obligadas a cumplir con estas disposiciones; y quienes incumplan lo dispuesto podrán ser sancionados con multa entre 200 y 300 unidades tributarias.

    Difícil en estos tiempos. La gente se queja, pero ¿cómo hace uno para cumplir con todos los servicios, si algo tan sencillo como un papel higiénico o un botellón de agua llega todos los días con un precio diferente?, señala Jorge Malavé, empleado de una funeraria, quien argumenta que la empresa solo puede ofrecer lo que ese día trajo el proveedor.

    Por ejemplo, nos están llegando urnas de madera que ya traen el Cristo incrustado, no tienen manillas de metal en los laterales y ya nosotros no estamos poniendo la cruz de flores ni el carro para los acompañantes. Eso el cliente a veces no lo entiende y amenaza con llevar la denuncia a otras instancias.

    También puedes encontrar esta nota en la edición impresa de El Nacional

    Fotos: Francisco Bruzco