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Los náufragos

La mayoría de los venezolanos estamos como el náufrago que recuerda aquella canción de la banda de rock inglesa The Police que estaba solo en una isla y nadie lo escuchaba, pedía que lo rescataran antes de caer en desesperación. Mandó un mensaje en una botella, pasaron años y nadie lo recibía. Su sorpresa fue despertarse una mañana y encontrar millones de botellas en la orilla de la isla con similares mensajes, SOS, buscando una salvación. Eran ya muchos los desesperados en el planeta.

No es difícil para los hombres y mujeres de esta nación encontrarse solos y agobiados mientras se contempla la destrucción de un Estado. El 20-M es una fecha crucial para corroborar la trágica situación que se vive en el país. Pareciera que no hay salidas, el guion es implacable, todo es una ficción, aparecieron millones de votantes que nadie vio, los abusos electorales a flor de piel, la verdadera expresión fue la abstención y, sin embargo, en el país donde pasa todo lo que no debería pasar, una minoría con poder e intereses vitales quiere premiar a quienes son los responsables de la vergonzosa situación que vive Venezuela.

Quién, en su sano juicio, puede no entender que la mayoría del pueblo quiere un cambio. Todos saben que el modelo impuesto fracasó y que una nueva oferta de país es la que tiene que prevalecer como única fórmula para rescatar esta nación. En Venezuela han pasado muchas cosas en estos últimos años. La mayoría muy malas. Muy denigrantes para nuestra supervivencia. Al igual que el náufrago que lanzó su botella al mar, hay mucha desesperación. Es la económica por una parte, pero por la otra es ser testigos de excepción de dos décadas que han sido marcadas por un conflicto permanente, reiterativo y siempre girando sobre lo mismo, la mentira y la agresión. El país se ha ido deteriorando ante nuestros ojos. Son los escasos alimentos, la infraestructura deteriorada, la destrucción del poder adquisitivo, la corrupción, la despedida de los hijos, el abuso de poder y la violación del Estado de Derecho. Son demasiadas cosas malas para no seguir luchando por una salida a tan difícil naufragio.

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Una buena decisión

César TinocoLA OPINIÓN DE

 

Releo un artículo de Utpal M. Dholakia publicado el 9 de julio de 2017 en la revista digital Psychology Today, y que guardé como referencia bibliográfica para un curso de toma de decisiones multicriterio. Dholakia es un profesor de marketing en la Universidad de Rice, en Houston, estado de Texas. Tiene un PhD en marketing de la Universidad de Michigan, y dos maestrías, una en psicología y otra en investigación de operaciones y una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad de Bombay.

Tomamos decisiones todo el tiempo, en situaciones profesionales y personales. Es natural, entonces, que nos preguntemos si una decisión ya tomada fue buena y si podíamos haberlo hecho mejor.

¿Qué es exactamente una “buena” decisión? En la superficie, al menos, la respuesta puede parecer obvia. Sin embargo, en realidad, es engañosamente difícil precisar exactamente qué es una buena decisión.

Por ejemplo, una buena decisión pudiera ser aquella que materializa posteriormente los deseos, inmediatos o no, que anteceden a su toma. Dholakia refiere un ejemplo proveniente de un libro que escribió sobre decisiones de fijación de precios: el caso de un gerente de negocios que toma la decisión de cambiar los precios. Cuando se le pregunta a un gerente cuál considera que es una buena decisión de fijación de precios, a menudo responde que es aquella que “aumenta los ingresos de mi empresa” o una que “le da a mi empresa la mayor ganancia”. Cuando el entorno empresarial constituye un desafío, como en nuestra destruida Venezuela, dicho gerente afirmaría que una buena decisión de fijación de precios es una que “permite a mi empresa sobrevivir condiciones severas y permanecer para luchar otro día”.

Lo mismo sucede con las decisiones personales. Con referencia, por ejemplo, al evento del pasado domingo 20 de mayo, ¿fue buena la decisión de participar?, ¿fue buena la decisión de no participar?

Cualquiera sea la respuesta a las anteriores dos preguntas, el más que frecuente problema que se presenta es que las respuestas ignoran el proceso de toma de decisión por completo y solo prestan atención a los resultados de la decisión. Según Dholakia, ignorar el proceso de toma de decisiones en favor de los resultados es problemático por al menos dos razones.

En primer lugar, es difícil, o incluso imposible, determinar todos los posibles resultados de la decisión. Al tomar una decisión, la persona decide en un punto de tiempo, y los resultados de la decisión ocurren más adelante, a veces después de semanas, meses o, incluso, años. De hecho, para la mayoría de las decisiones, los resultados ocurren durante un período de tiempo indeterminado.

En segundo lugar, hay un tema con eso de utilizar los resultados como sustrato del juicio a realizar para saber si una decisión es buena o mala: los efectos de factores incontrolables. Después de que se toma una decisión, y antes de que ocurran los resultados esperados, muchos factores fuera del control del individuo podrían ejercer una influencia en los mismos. Tales efectos pueden ser positivos o negativos y pueden tener poco que ver con el proceso de toma de decisiones.

El asunto se complica cuando tomamos en consideración que no todas las decisiones son racionales. Por ejemplo, las decisiones son irracionales e inadaptadas cuando una persona no es lo suficientemente sensible a las consecuencias a largo plazo de la decisión y la misma está controlada principalmente por deseos inmediatos.

En consecuencia, y para determinar si una decisión, de cualquier índole, es buena o no, el enfoque debe estar en el proceso de toma de decisiones y no en los resultados.

Utpal M. Dholakia nos deja en su artículo una definición que suscribo completamente:

Una buena decisión es aquella que se toma consciente y cuidadosamente, que considera e incluye todos los factores relevantes, que es consistente con la filosofía de vida, con los principios y valores del individuo que la toma y que, de paso, puede explicarla claramente a los demás.

c.e.tinoco.g@gmail.com

La derrota de Maduro

Es usual que cuando se habla de eventos electorales existan ganadores y perdedores. Entre las tantas curiosidades de la política venezolana actual hemos presenciado una convocatoria ilícita cuyo delincuente es precisamente el propio gobierno, al extremo de que generó rechazo y desconocimiento de la gran mayoría de los gobiernos democráticos extranjeros, situación que conlleva el desconocimiento del gobierno que pretende emerger de ese acto.

Nicolás Maduro se presentó a una reelección con tanta añagaza que hasta los seguidores del comandante dejaron de movilizarse para asegurar una votación convincente. Las mediciones a boca de urna registraron cifras cercanas a solo 20% de electores hasta la hora legal de cierre de centros, sin embargo, curiosamente, se mantuvieron abiertos para que milagrosamente casi se duplicaran los votos en apenas dos horas; pero creando otra incógnita para los observadores que quisieran ver cómo era este acto de prestidigitador de producir más votos que votantes. Una pregunta aún sin claras respuestas, pues ahora ni siquiera sabemos qué empresa sustituyó a la no tan reputada Smartmatic, pues se otorgaron los contratos a la nueva usanza roja, sin rendir cuentas ni administrar de forma transparente. Tal vez Venezuela cayó bajo el dogma estalinista que reza: “No importa quién vote, solo manda el que cuenta los votos”.

Hemos presenciado un seudotriunfo que cada día profundiza el fracaso del actual régimen. La formidable abstención de la gran mayoría del electorado se convierte en un triunfo y no, como muchos intentan disfrazar, en conformidad con lo aparentemente impepinable. El pueblo no se dejó comprar por unas bolsas de comida ni por bonificaciones ilusorias, y, lo más importante, no hizo caso a amenazas.

Casi trágicas fueron las llamadas a votar que hicieron algunos voceros del régimen, como muestra solo había que escuchar al gobernador del estado Carabobo y se podía concluir que la soledad de los centros estaba causando ataques de hipertensión entre los que veían un espejismo de apoyo por la inescrupulosa actividad para manipular a los votantes que de forma muy astuta aceptaron los obsequios pero no vendieron su alma.

Si algo podemos sacar en conclusión de esta triste fecha es que se necesita mucha más autenticidad para liderar a la gran mayoría de nuestra gente, y la prédica barata de que “ahora tenemos patria” debe ser cambiada por mensajes reales, no de engaños. Ahora tenemos alimentos, ahora tenemos medicina, ahora tenemos seguridad y ahora tenemos futuro son consignas que queremos oír porque significan… ahora tenemos soberanía.

El 20-M será una fecha importante que recordaremos como la determinante del rechazo al régimen y de no a su continuidad, fecha que como la victoria cantada por el régimen el 2 de diciembre de 1957 producía un eco que decía… derrota.

No engañan sus trampas y menos para justificar el comienzo de una “comisión de la verdad” para cambiar las mentiras, ni de diálogo para continuar ganando tiempo.

Si bien no hubo ganadores, sí hubo victoria.

Maduro censura a la web

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LA NACIÓN / COSTA RICA / GDA

– Según los burócratas chavistas, la edición electrónica de El Nacional difunde “mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas” y promueven el odio.

– Como medida cautelar “provisional”, Conatel exigió al diario digital “abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía”

La coexistencia de las dictaduras con la libertad de prensa es siempre temporal y difícil. Para citar un ejemplo cercano, basta recordar cómo los Somoza contemporizaron con el trabajo de Pedro Joaquín Chamorro, pero terminaron por asesinarlo. Venezuela no podía ser la excepción. El régimen chavista controla, directa o indirectamente, la mayor parte de los medios de comunicación y los pocos focos de resistencia son objeto de constante acoso, por las vías de hecho o mediante la fingida institucionalidad.

El diario El Nacional, uno de los títulos más reconocidos de la prensa venezolana, ha pagado cara su defensa de los valores democráticos y de la libertad de expresión. Sus directores han sufrido persecución y exilio, sus periodistas hostigamiento y el periódico en sí se ha venido reduciendo a unas pocas páginas a consecuencia de las presiones y limitaciones impuestas por el régimen.

Ante el asedio, Internet se ofrece como refugio para el periodismo independiente, comprometido con los mejores valores e intereses de los venezolanos, pero la dictadura se empeña en invadir ese reducto. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, un organismo dedicado a la represión de la libertad de expresión por encargo del dictador Nicolás Maduro, inició el martes un procedimiento sancionatorio contra El Nacional Web por “incumplir la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos”.

Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, describió las circunstancias con precisión al afirmar que el Ejecutivo recurre a Conatel para perseguir la versión digital ante la imposibilidad de atacar al periódico impreso. “Conatel es un organismo controlado por el Ejecutivo y actúa de forma discrecional. El gobierno muestra su desesperación al tratar de silenciar a los medios de comunicación y provocar que se autocensuren, pero en este caso no lo van a lograr”, añadió.

Según los burócratas chavistas, el medio es culpable de “difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas”. Además, lo responsabilizan de incitar y promover el odio con infracción del artículo 14 de la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, aprobada por la espuria asamblea nacional constituyente establecida para completar el golpe de Estado contra la Asamblea Nacional libremente electa.

Aquella Asamblea, con mayoría opositora por voluntad popular, difícilmente habría aprobado nuevas cortapisas a la libertad de expresión, pero la constituyente convocada por Maduro está hecha a su imagen y semejanza. El artículo 14 invocado contra El Nacional Web está planteado en términos suficientemente amplios para que los jueces y funcionarios administrativos del régimen no enfrenten dificultades a la hora de cumplir la voluntad represiva del Palacio de Miraflores.

“La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia se encuentra prohibida”.

La Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos aumenta la ambigüedad con prohibiciones al fomento de la zozobra en la ciudadanía, la alteración del orden público y el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas, entre otras. Si en Venezuela hubiera tribunales independientes, no sería difícil demostrar la inaplicabilidad de la disposición invocada contra El Nacional Web en ausencia, precisamente, de autoridades legítimamente constituidas.

Las prohibiciones se hacen acompañar de sanciones desmedidas contra las personas físicas y castigos aptos para causar la desaparición de los medios “rebeldes”. El proceso abierto contra El Nacional Web a dos días de los fraudulentos comicios del domingo procura silenciar a la prensa en las postrimerías de un abuso más, a partir del cual nadie puede dudar del carácter dictatorial del régimen venezolano.

Como medida cautelar “provisional”, Conatel exigió al diario digital “abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía, pudiendo generar alteraciones en la población, al ofrecer información errada o infundada que, en consecuencia, infrinja los supuestos establecidos en la ley”. El propio Conatel decide si la información es errada o infundada y si atenta contra la tranquilidad de la ciudadanía, cosa fácil de probar con solo mostrar al chavismo asustado por la continua erosión de su escaso apoyo.

O nos unimos o nos aplastan

Esto pica y se extiende. Las semanas y meses por venir lucen interesantes para la política nacional. Aquí no hay nada escrito, por el contrario, todo puede cambiar de manera radical para los actores tradicionales. La alta abstención registrada en las elecciones del domingo habla de la rabia, la desesperanza y el hastío que agobia a los venezolanos. Pero que nadie se equivoque sacando cuentas. Este pase de factura no es solo al mal gobierno de Nicolás Maduro, también tiene en la mira a la Mesa de la Unidad Democrática, por su incapacidad de ponerse de acuerdo para salir al ruedo con un candidato único que impulsara la lucha por unas elecciones que cambiaran el rumbo del país. A todos les llegó la hora de poner sus barbas en remojo.

Se acabaron los mitos. Las habladurías pasaron a ser hechos demostrables. A partir del domingo las denuncias de fraude electoral dejaron de ser ante el mundo entero meras palabras para estar debidamente sustentadas. Maduro quedó desnudo. La escasa participación electoral da cuenta del mínimo respaldo que tiene en la base del chavismo. Le perdieron el miedo a sus mecanismos de presión. Las estadísticas que hablan de 80% de rechazo hacia su gestión pasaron a ser una verdad irrefutable.

Este logro nadie se lo puede arrebatar a Henri Falcón. Participar en la contienda le permitió documentar cada estafa del gobierno y cuantificar el descontento popular. Además, les lanzó un salvavidas a los abstencionistas que hasta la fecha o no tienen plan B o lo siguen teniendo como el secreto mejor guardado. Les trazó un plan de vuelo: presentar unidos ante el mundo las pruebas del fraude y trabajar desde ya por las condiciones electorales para unas elecciones en el último trimestre del año. No obstante, será en “los próximos días”, como dijera el presidente de la Asamblea Nacional, cuando la MUD y el Frente Amplio anuncien al país las próximas acciones que proponen. Por más que sabían lo que ocurriría el domingo, como sus voceros repiten hasta el cansancio, aún no aportan estrategias claras. Siguen en construcción.

La reina de la fiesta fue la abstención. Con ella perdimos todos. Maduro, porque se convirtió en un rey sin corona, con un traje maltrecho y el señalamiento nacional e internacional por delito electoral. La oposición, porque los bandos que hacen vida en ella se ofendieron e irrespetaron a niveles extremos que ahora deberán sanar. Y nosotros, los ciudadanos, porque más allá de ser un valioso reclamo, seguimos anclados bajo el yugo de este gobierno que se empeña en generar hambre y miseria, cuando pudimos haber hecho del 20 de mayo una fecha de liberación nacional.

¿Y ahora qué? Maduro seguirá recibiendo duros golpes por parte de la comunidad internacional, sin que esto se traduzca directamente en su salida del poder. Deberá sortear, entre otras cosas, las turbulentas aguas de una economía signada por el aumento descomunal de precios, la falta de credibilidad de su gobierno y unos militantes a quienes se les agotó la paciencia por las constantes amenazas, chantajes y mentiras. Mientras tanto, el pueblo se lo tendrá que seguir calando, con toda la tragedia que eso implica, mientras esta historia tenga otro desenlace. Por su parte, la unidad opositora deberá demostrar de qué está hecha. Su supervivencia dependerá de la capacidad de interpretar el clamor popular para asumir los correctivos necesarios a su accionar.

Pero, por sobre todas las cosas, la MUD y el Frente Amplio deben comenzar a hablarle con sinceridad a la gente. Su llamado a la abstención lo justificaron en la idea de que a partir del 20 de mayo Maduro sería un presidente ilegítimo, y apenas un día después, el presidente de la Asamblea Nacional, en representación de ambos bloques, le decía al país que este gobierno tiene legitimidad hasta enero del próximo año. ¿Y entonces? Y si retrocedemos la película, nos encontramos con que esta misma oposición ya lo ha declarado como un presidente en desacato, y después lo destituyeron por corrupción por el caso Odebrecht, alardeando hasta de orden de captura internacional en su contra. Nada de eso ha pasado. Todo ha sido una mentira, y esta oportunidad no será la excepción. ¿Hasta cuándo juegan con el hambre y la desesperación de la gente? ¿No se dan cuenta de que la mayoría de los venezolanos no pueden más con la carga que les ha tocado llevar? ¿Hasta cuándo sacan sus cuentas desde la comodidad de un salón de reuniones?

La bola está nuevamente en el terreno de la oposición. Una vez más la salida definitiva de este gobierno depende del trabajo que unidos puedan hacer. ¿Serán capaces de dejar los egos a un lado por el bien del país? ¿Serán capaces de sentarse todos en una misma mesa para llegar a acuerdos que beneficien al colectivo? ¿Serán capaces de llevarnos a puerto seguro en medio de esta tormenta, o, por el contrario, pasarán a compartir los altos niveles de rechazo con Nicolás Maduro? Algo ya deberían tener muy claro: o nos unimos o nos aplastan.

Los riesgos del vacío

La situación actual de Venezuela es como la de un recipiente sin contenido, desde el punto de vista político, o como lo más parecido a una botella grande y empañada que espera el desbordamiento  y el jabón,  pero que apenas recibe líquidos a cuentagotas. El resultado de las “elecciones” presidenciales, capaces de conducir a un examen detenido de lo que sucedió y de meternos en los análisis que la situación requiere, apenas se ha sometido a vistazos que solo se han acercado a su superficie.

La dictadura es la menos llamada a realizar exámenes atentos, porque ellos verificarán su soledad y su precariedad. Debe pasar agachada, sin meterse en las entrañas del proceso, para que no la pillen en una operación parecida a las autopsias. Ponerse a buscar los motivos que los venezolanos tuvimos para no aceptar la invitación electoral, sería meterse en un tremedal sin salida. Usar la lupa para descubrir cómo la aplanadora de la indiferencia de la ciudadanía puso a Maduro en un extremo jamás visto de aislamiento, sería como adelantar los pasos de un cortejo fúnebre. Material para el inventario de un fracaso rotundo tiene la dictadura de sobra, pero jamás lo mostrarán frente al público.

La oposición, en cambio, tiene evidencias a granel para solazarse en un estudio del resultado electoral, pero quizá sin el énfasis que los acontecimientos requieren. Los testimonios aplastantes de la abstención invitan a un estudio que no será apacible. La soledad de los centros electorales y la elocuencia de las calles vacías se observa a primera vista como un espectáculo que conduce al entusiasmo, pero que conduce a la obligación de estudiar los motivos que realmente lo causaron. ¿Puede la oposición atribuirse las razones de la participación mínima de votantes, sin pensar en la existencia de un movimiento autónomo que tuvo poca relación, o apenas vínculos relativos, con lo que ella propuso antes de que sucediera la “elección”? Son preguntas de ardua contestación, si se quiere llegar a una reflexión sensata y realista de los hechos.

La situación se hace más complicada, si se considera que esos hechos fueron precedidos por un capítulo de desunión que condujo a una apreciación contradictoria de lo que sucedería. La oposición hasta ahora reconocida por las mayorías marchó partida en fragmentos a enfrentar la invitación de la dictadura, y ahora debe mirar hacia esos pedazos susceptibles de poner de relieve un panorama de descoyuntamiento que no debe pasar inadvertido. ¿Se hará una observación descarnada de un prólogo de distancias, antes de ponerse a juntarlas? ¿Será posible la operación, si viene precedida de silencios sepulcrales? No será fácil, si se sigue en el juego de las simulaciones y de las cortesías sin destino.

Justo lo contrario de lo que las urgencias requieren. La ausencia de discusión y, por consiguiente, el retardo de decisiones capaces de orientar cabalmente a la ciudadanía, remite a una irresolución de cuya permanencia se puede esperar lo peor. La botella no puede seguir vacía, a menos que los responsables de la conducción política prefieran la sed absurda del necio que está frente al oasis sin atreverse a calmar su necesidad y el ansia de los que vienen en la caravana.

Chavismo y derecho

A la memoria de Humberto Njaim.

Desde la publicación de su tesis doctoral, La idea del derecho en la Constitución de 1999 (UCV. Caracas: 2008), Francisco Delgado Soto se ha convertido, con la discreción que lo caracteriza, en el pensador venezolano que más profundamente ha comprendido, explicado y comunicado la destrucción jurídica e institucional del país, a manos del proyecto político llamado “chavismo”, que como bien ha sido descrito por intelectuales como Erik del Búfalo, más que un sistema coherente y articulado de ideas, así sean falsas como las del marxismo, es un proyecto criminal, premoderno y antiliberal, de corte tribal y violento, dirigido a saquear todo lo que esté a su alcance y a demoler por la fuerza toda forma de civilidad y libertad (ver: https://goo.gl/qTDJ3r).

Tanto en la obra mencionada, como en La reconstrucción del derecho venezolano (Galipán. Caracas: 2012), y ahora en el libro que nos honra comentar, Chavismo y derecho (Galipán. Caracas: 2017) el también profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Central de Venezuela ha desarrollado un análisis minucioso, argumentado, lleno de evidencias y explicación de las graves consecuencias, de lo que han sido las ideas, reformas, usos y aplicaciones que sobre el derecho y del derecho ha hecho el chavismo desde el poder, hasta llegar a la terrible situación actual, en la que como argumenté en otro lugar (en Venezuela, un estado de naturaleza, sin derechohttps://goo.gl/6Zqkxe), los venezolanos vivimos sin derecho, sin previsibilidad, seguridad, orden y certeza respecto de cuáles son las normas jurídicas, obligaciones y derechos que debemos tener en cuenta en nuestro día a día para actuar, elegir y desarrollar nuestros proyectos de vida, pues todo esto depende en forma directa de la nuda voluntad de quienes detentan por la fuerza el poder.

A través de 10 capítulos, algunos de cuyos títulos son “Horror a las normas”, “Los jueces: entre la sujeción y el activismo”, “Los derechos humanos en el Estado total” y “El método constituyente”, que son seguidos de unas valiosas Reflexiones Finales sobre los temas analizados, Delgado ofrece abundantes razones de lo que implica para una sociedad el apoyar políticamente una idea del derecho con influencias marxistas, posmodernas, iusmoralistas y antiliberales, así como la tesis de la subordinación e instrumentalización del derecho por la política-partidista, tanto más si se trata de una política-partidista guiada por fines de control total de los integrantes de la sociedad, como la que abiertamente apoyaban y apoyan aún personajes celebrados en el foro jurídico del país como José Manuel Delgado Ocando, Francisco Carrasquero López, Hildegard Rondón de Sansó y Jesús Eduardo Cabrera Romero.

Esa realidad –el uso político-partidista del derecho–, que debe señalarse no surgió con el chavismo, sino que fue perfeccionada y radicalizada por él –tanto el militarismo como el socialismo democrático precedentes también tuvieron esa visión del derecho– facilitó el avance con paso firme del régimen colectivista que es el chavismo, ya que el desprecio a las normas, la falta de independencia judicial y valoración social del papel de los jueces, el uso de figuras como la constituyente, la Constitución y la jurisprudencia de forma desenfrenada y según la necesidad política del momento, y sobre todo el desconocimiento de los beneficios y las ventajas del Estado de Derecho, los derechos individuales, la supremacía constitucional, la propiedad privada, la autonomía del Poder Judicial y la interpretación responsable y no moralizante del derecho, existente en la población, y de forma notable en los abogados, estudiantes de Derecho y operadores jurídicos en general –un escándalo, pero una realidad también”–, facilitó que todo lo que sucedió con el derecho venezolano a partir de 1999, ocurriera sin ninguna consecuencia, desde el punto de vista del repudio al proceder del chavismo.

La transcripción de algunos párrafos nos servirá para comprender mejor lo antes indicado.

En cuanto al desprecio hacia las normas y la forma jurídica, nos explica: “…el problema del chavismo con las normas es el problema del chavismo con los límites, con la restricción definitiva de las posibilidades. Reiteremos que el horror al que nos referimos no se manifiesta comúnmente en una actitud de rechazo a la creación de normas, puesto que no postula una filosofía de tipo anarquista. Dado que lo decisivo es el comportamiento frente a la exigencia que la regla hace, el horror se expresará bajo la forma de una evasión de la norma en casos concretos o su modificación a conveniencia” (p. 30).

Y añade: “…podría afirmarse que su horror a las reglas jurídicas es una consecuencia necesaria de la forma en que entiende la relación entre política y derecho: lo esencial es el poder, el derecho es una herramienta; si la herramienta impide la conservación del poder o lo pone en riesgo resulta irracional insistir en su aplicación u obediencia” (p. 31).

Respecto de las influencias directas sobre la idea chavista acerca del derecho, explica el autor: “…pueden distinguirse al menos dos fuentes de la visión instrumental que el chavismo tiene del derecho. La primera es su concepción caudillista o personalista de la política (…) La segunda fuente es el socialismo en su concepción de la sociedad y del Estado, en su praxis política, en sus ideas sobre economía, derecho, educación y moral, el chavismo finalmente se ve a sí mismo y se presenta como un tipo de socialismo marxista” (pp. 41-42).

Con relación a cómo el antiformalismo chavista encubre es un visceral antiliberalismo contrario al Estado de Derecho, señala que: “… se trata así, en este sentido del antiformalismo, de una concepción definida por su oposición, no a las formas jurídicas en general dentro del derecho, sino a aquellas formas o instituciones que dan fundamentos a los Estados de derecho desde una filosofía liberal. Entendido de este modo, es solo un término equivalente de antiliberalismo, que se emplea en lugar de este con el cuestionable propósito de hacer ver que es expresión de un debate interno dentro de la ciencia jurídica. Visto de cerca no es sino un intento de hacer pasar como teoría jurídica novedosa, lo que es mera crítica marxista” (p. 65).

Por último, en cuanto a la ideologización de los jueces, destaca Delgado lo siguiente: “…el activismo judicial contradice todos los aspectos básicos de la idea expuesta. Tiende a ver la ilegalidad y la imparcialidad tal como las entiende el pensamiento marxista, como favorecedoras de los intereses de la clase dominante que son los que están expresado en los textos legales. Desde esta perspectiva la imparcialidad se considera una noción ideológica que sirve al mismo tiempo para disfrazar la realidad de dominio de clases y para presentar a los tribunales, que son un instrumento de tal dominio como si fuesen verdaderamente neutrales en la solución de los conflictos” (p. 104).

Desde luego, una obra como la aquí comentada es relevante para abogados, estudiantes y operadores jurídicos en general, con interés en comprender en qué medida en Venezuela no existe derecho como tal, sino métodos de dominación política que han venido a sustituir a aquél casi de forma total, y en aprender, al mismo tiempo, cómo funciona un sistema jurídico institucional, moderno y eficaz, de cara a una futura reconstrucción del derecho en todos sus niveles, empezando por la Constitución misma.

Pero también es relevante, y quizá más todavía en el momento actual, la lectura de este libro por aquellos que, de buena fe en algunos casos y en otros simplemente por ignorancia de lo que ha sido y es el chavismo, plantean que es necesario y positivo que quienes se han opuesto y resisten la tiranía en partidos políticos, coaliciones, organizaciones civiles, medios de comunicación, academias, etc., reciban, se asocien y apoyen incluso la acción políticas de chavistas “democráticos” o “moderados”, en fin, que haya política, mediación y acuerdo con miras a una transición entre todos los actores relevantes, porque sin ello no sería posible avanzar en la eventual salida del poder de los chavistas “radicales”.

Estas personas, entre las que se encuentran académicos como Ángel Álvarez y Fernando Mires, analistas como Michael Penfold y políticos como Eduardo Fernández, entre otros, que cuestionan a los “extremos” por parecerse entre sí, a los radicales “de lado y lado”, o a quienes se niegan a formar equipo con Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez, Nicmer Evans y Henri Falcón –algunos responsables de graves violaciones de los derechos humanos, hechos de corrupción y al sistema democrático republicano–, por ejemplo, harían bien en leer este libro de Francisco Delgado, y en explicar a los que rechazan esas posibles asociaciones, cómo es que se puede pretender reconstruir a Venezuela con personas que de forma consciente apoyaron las ideas y medidas brutales que se describen en Chavismo y derecho.

Incluso, si se aceptara esa falaz e irresponsable distinción entre “chavismo” y “madurismo” creada por la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática y sus asesores, quienes apoyan el trabajo en equipo con tales personas tendrían que explicar cómo se puede confiar y trabajar políticamente con los supuestos chavistas “moderados” cuando estos, justamente, lo que se plantean como objetivo político es restaurar el verdadero legado de Hugo Chávez, que habría sido destruido por Nicolás Maduro. Es decir, claramente lo que ofrecen es volver a actuar como en el libro de Delgado se describe procedió el régimen de Chávez, desde su ascenso al poder en febrero de 1999.

Es por esta razón que también resulta inadecuado y hasta irresponsable, comparar el muy particular caso de la actual tiranía criminal que opera en Venezuela (apoyada por otras tiranías de mayor abolengo, como la rusa, la cubana y la china) con casos como el de la España franquista y el Chile pinochetista. Si quienes como Alberto Barrera Tyszka en fecha reciente, antes de apelar a las comparaciones ligeras, conocieran lo que tanto a nivel institucional como a nivel jurídico se avanzó durante estas dos dictaduras –sin olvidar las graves y horrendas violaciones de derechos humanos, que es asunto de otra discusión– para el fortalecimiento de la futura democracia y el Estado de Derecho en esos países, en modo alguno se atreverían a comprar el chavismo con el franquismo, o con el régimen militar de Pinochet.

Mientras en España y en Chile la agenda de las dictaduras no fue la destrucción institucional de esos países ni su entrega a tiranías extranjeras, matar de hambre y enfermedades a sus ciudadanos, saquear de forma indiscriminada y permanente los recursos públicos y sobre todo, apoyar un proyecto hegemónico regional e internacional antiliberal, antioccidental y antidemocrático, este sí es claramente el proyecto del chavismo, y el libro de Francisco Delgado así lo demuestra, sin atenuantes.

No resta sino invitar a la lectura pausada de Chavismo y derecho, pues en ella, tal vez, los lectores –en especial los abogados– dentro y fuera de Venezuela, esperanzados por recuperar la libertad y la democracia en nuestro país, puedan comprender qué ideas y propuestas, que incluso en algún momento apoyaron o simplemente menospreciaron, son las que hicieron posible la consolidación de la tiranía, por qué las formas, la seguridad, el Estado de Derecho, los derechos individuales, la libertad individual, el principio de legalidad y la división de poderes son esenciales para esa recuperación, y por qué enfoques y doctrinas como las del Estado social, el constitucionalismo social, el neoconstitucionalismo, el Estado de justicia y los derechos sociales, son inconsistentes, perjudiciales e incentivos para el abuso de poder, la corrupción y la abolición de la república.

En Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay libertad de prensa

Cuando los detentadores del poder político terminan con la libertad de prensa, han cerrado el círculo de opresión, ya no queda vigente ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No hay libertad de prensa a medias. La libertad de prensa es la última trinchera de defensa de la libertad y la democracia. En el modelo de las dictaduras de delincuencia organizada, el control y manipulación de la prensa es instrumento central para el sostenimiento del régimen como sucede hoy en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

La libertad de prensa es un derecho. El fundamento de la libertad de prensa como derecho está en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La Unesco considera la libertad de prensa como “un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión”. Existe libertad de prensa cuando “los ciudadanos pueden ejercer el derecho para la edición de medios de comunicación, cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado”. La libertad de prensa es el derecho de investigar e informar sin ningún tipo de coacciones o amenazas como la censura previa, el acoso, el hostigamiento o cualquier acción destinada a modificar o anular la voluntad.

La libertad de prensa está garantizada por el “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, por la vigencia del “Estado de Derecho”, por la “división e independencia de los poderes públicos”, que junto con “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo” y el “régimen plural de partidos y organizaciones políticas”, son los elementos esenciales de la democracia. La libertad de prensa es inherente a la democracia, necesita de las condiciones de democracia para existir y al mismo tiempo las garantiza.

El siglo XXI en las Américas ha demostrado que el modelo de la alianza entre Castro y Chávez impuso su metodología de violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, tomó control de todos los poderes del Estado, hizo desaparecer el Estado de Derecho suplantando las constituciones políticas; impuso “leyes infames” violatorias de los derechos humanos; institucionalizó el fraude electoral; persiguió, encarceló y exilió a los opositores destrozando el sistema plural de partidos y organizaciones políticas. Cuando los ahora dictadores de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en el modelo de Cuba, controlaron todos los poderes y suplantaron el Estado de Derecho, atacaron y terminaron con la prensa libre.

Cuba con los Castro, Venezuela con Chávez y Maduro, Bolivia con Evo Morales, Nicaragua con Daniel Ortega y Ecuador con Rafael Correa, sustituyeron la libertad de prensa por un sistema de control de información, con censura previa, autocensura, represión económica y judicial. Se apropiaron –mediante transferencias bajo presión, confiscaciones, intervenciones y violencia– de medios de comunicación privados para ponerlos a su servicio; han sostenido y creado medios estatales; fundado y financiado medios regionales; manejan la propaganda oficial como mecanismo de extorsión; utilizan presiones impositivas y represalias; extorsionan a empresas respecto a la asignación de su propaganda; inician y sostienen campañas de “asesinato de reputación” contra periodistas y dueños de medios.

Atentados, agresiones, desapariciones y asesinatos han sido presentados como delitos comunes, cuando existen denuncias y fundadas sospechas de que se trata de crímenes específicos para acallar la libertad de prensa. Numerosos periodistas y empresarios de medios están en el exilio, muchos más están desempleados, acosados y enjuiciados. Otros, sometidos al oprobio por necesidad o miedo.

En ausencia de democracia y vigencia de dictaduras de delincuencia organizada en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no se puede seguir tratando el tema de la libertad de prensa en términos relativos. La realidad objetiva no permite sostener que hay un poco de libertad o que queda algo. Los hechos demuestran que no hay libertad de prensa porque simplemente no existen condiciones de democracia.

Conoco Phillips

Con angustia somos testigos del dictamen de la Cámara Internacional de Comercio que condena a Pdvsa a pagar 2.040 millones de dólares a Conoco Phillips. Volvamos las páginas de la historia para entender cómo hemos llegado a esta desgracia.

En 1991 ocurrió la guerra del golfo. Fue un conflicto librado por una coalición de 34 países, encabezada por Estados Unidos y Arabia Saudita, para obligar a Irak a retirarse de Kuwait.

Vencido, Saddam Hussein se va de Kuwait pero al hacerlo incendia 900 pozos petroleros de ese país. Adicionalmente, la ONU le aplica un embargo petrolero a Irak. El mundo se quedó sin el petróleo de ambos países.

Como siempre, los mercados voltearon la mirada hacia Venezuela, pero no estábamos en condiciones de responder porque nuestra producción petrolera estaba en declive.

En 1992 Chávez encabeza una intentona militar. Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993  y sustituido por  Ramón J. Velásquez. En 1994  Rafael Caldera fue electo presidente. Frente a tanta inestabilidad el país cae en una profunda crisis económica ante la cual sucumbe la mitad del sector financiero.

El mundo necesitaba nuestro petróleo y nosotros necesitábamos desesperadamente los ingresos que podía producirnos, pero no teníamos los recursos para hacer las inversiones requeridas. La respuesta fue la apertura petrolera.

Pdvsa y su filial Lagoven habían pedido a la Corte Suprema de Justicia  establecer mecanismos para poder aceptar inversiones privadas capaces de reactivar nuestra industria. En ponencia de Román Duque Corredor la Corte fijó varias modalidades. Una de ellas fueron las asociaciones estratégicas para la faja del Orinoco.

Entendiendo que el problema era más político que jurídico, Pdvsa le pidió  también al Congreso Nacional fijar las bases mínimas para proceder a la negociación de los contratos de la apertura. Contando ya con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso, se adelantó un proceso absolutamente transparente de licitaciones que ha debido llevar nuestra producción a más de 5 millones de barriles diarios con una inversión total de 65.000 millones de dólares.

En el caso de las asociaciones estratégicas los contratos fueron enviados, una vez suscritos, para que el Poder Legislativo les diese su visto bueno. Se firmaron así cuatro grandes asociaciones estratégicas en la faja del Orinoco: Cerro Negro, Sincor, Hamaca y Petrozuata, está última suscrita con Conoco Phillips con capacidad para producir 120.000 barriles diarios

Un grupo de venezolanos que apoyaba la candidatura de Hugo Chávez, a través de una organización llamada Fundapatria, demandó ante la Corte Suprema la nulidad de la apertura petrolera. Durante su campaña electoral en 1998, el propio comandante se transformó en el principal detractor del proceso.

A pesar de las presiones que ejerció Chávez una vez electo, en agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia –en ponencia de Cecilia Sosa– declaró sin lugar la demanda, por cuanto era evidente que se habían cumplido todos los extremos legales.

Pero Chávez no aceptaba una derrota. Era como Jalisco, que si no gana arrebata. Al no prosperar sus deseos en la Corte, procedió a la aprobación en 2007 –vía Habilitante– de una nueva Ley orgánica de hidrocarburos que ponía fin a la apertura petrolera.

A las empresas que habían suscrito contratos se las conminó a “migrar” al esquema de empresas mixtas o irse del país. Muchas aceptaron porque los precios del petróleo habían alcanzado niveles históricamente altos. Otras, ante aquella violación de los términos del contrato que equivalía a una expropiación,  recurrieron a arbitrajes internacionales. Los hemos perdido todos.

Entre las que no aceptaron “migrar” estaban Exxon Mobil y Conoco Phillips. Precisamente esta última acaba de ganar un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio que obliga a Pdvsa a pagarle  2.040 millones de dólares. Las consecuencias de la actitud irresponsable del régimen frente a sus obligaciones contractuales serán devastadoras.

Por cierto, alegando “impago de los servicios prestados”, Cuba tomó recientemente –sin fórmula de juicio– 49% de las acciones que Pdvsa tenía en la refinería de Cienfuegos. Lejos de protestar, el régimen las entregó “sin decir ni ñe”.

@josetorohardy

Elecciones y libertad de expresión

El pasado martes los diputados a la Asamblea Nacional se disponían a discutir sobre las elecciones presidenciales que nos acechan. Era el último punto de la agenda, pero desde luego el más importante. La gente estaba pendiente del debate, como era de esperar, y los periodistas prepararon temprano sus bártulos para ocuparse de la información. Vana esperanza. Lo que es normal en un sistema de frenos y contrapesos de origen republicano, se convirtió en una deplorable contienda que solo puede existir bajo el imperio de los regímenes de fuerza.

Los detalles se conocen. El coronel del puesto, chafarote anacrónico en las puertas de la casa que debe cobijar a la representación civil nacional, impidió mediante la fuerza la entrada de reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Sus subalternos los gritaron e insultaron, y después los agredieron físicamente.

Los diputados que reclamaron el exceso militar sufrieron la misma suerte, para que se pusiera de manifiesto, una vez más, el menoscabo de la democracia y de la libertad de expresión que impera en la Venezuela “bolivariana” y corrupta. Basta con revisar las declaraciones oficiales del fiscal Tarek William Saab para comprobar cómo militares de cualquier rango aprovecharon la confianza que les dio Chávez para acumular fabulosas fortunas.

Estos ataques contra los periodistas constituyen un delito de proporciones escandalosas, que ya ha sucedido antes. No es el primer  espectáculo de violencia castrense, de apestosa militarada, que presenciamos en el Capitolio. No es la primera vez, tampoco, que los diputados pierden la escaramuza ante la violencia de los pretorianos.

En esta ocasión no solo conviene insistir en la gravedad de unos episodios grotescos que se han convertido en hecho cotidiano, sino especialmente en la relación que tienen con las elecciones del próximo domingo. La reiteración de la prepotencia de la tropa frente a las prerrogativas del poder civil es de por sí una aberración sin excusa, pero ahora remite a la suerte del proceso electoral que tenemos en puertas.

Conduce a preguntas que salen rápido de la cabeza, a inquisiciones sobre las cuales no hace falta reflexionar durante horas. ¿Por qué el empeño en impedir la divulgación de un debate sobre las presidenciales? ¿Por qué el miedo a que se ventilen los argumentos de los diputados de oposición sobre lo que sucederá el venidero domingo? Tales empeños y miedos debieron ser poderosos, no en balde terminaron en una represión que se convertiría en comentario obligado de la sociedad.

Solo el temor a que los ciudadanos  y sus representantes parlamentarios descubran más trapisondas, zancadillas, vagabunderías y tramoyas en lo que debería ser una contienda limpia y equilibrada puede explicar el exceso. Solo la necesidad de ocultar situaciones que descubran aún más los vicios de una jornada electoral que los tiene de sobra pudo conducir al ataque de los periodistas y al vejamen de los diputados.

El episodio nos obliga a reflexionar sobre los límites de unas votaciones sobre las que no se puede hablar con libertad antes de que sucedan y sobre las cuales será arduo opinar cuando se conozca el imaginado resultado. El ataque a la libertad de expresión es el prólogo de la manipulación electoral que después sufriremos.