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La urgencia de atender la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela

CARTA DEL DIRECTOR

Foto: Getty Images.

Benigno Alarcón

07 de julio de 2019

Desde hace casi dos décadas comenzó en Venezuela el deterioro del Estado de derecho y el desmantelamiento deliberado del andamiaje institucional, que derivó en la ausencia de independencia del Poder Judicial, actor que por diseño está destinado a garantizar los derechos humanos en cualquier país bajo un régimen democrático. Obviamente, la destrucción institucional no es un accidente, sino el paso necesario para destruir las garantías que otorga el estado de derecho y con ello la democracia misma.

Desde entonces se han denunciado constantes violaciones y abusos a los cuales ha estado sometida la población venezolana, sin respuesta alguna de instancias internacionales, como las Naciones Unidas, hasta tiempos recientes en los que la crisis se ha vuelto ya inocultable ante la evidencia de mas de cuatro millones de embajadores de esta tragedia que hoy buscan refugio en otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Chila, Argentina, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y España, a la cual, en el plazo de una año, podrían sumarse otros dos millones adicionales según nuestras propias estimaciones, si no se encuentra una salida a la actual crisis política y a sus consecuencias, ya estructurales, en lo económico y social.

Esta situación que hoy calificamos de crisis multidimensional, y que podría estar afectando hoy a unos quince millones dentro de Venezuela, es el resultado de la implementación de políticas y prácticas arbitrarias como expresión de un régimen autoritario sin sujeción a los limites que el estado de derecho impone a cualquier democracia, a lo que se suma una enorme opacidad que incluye no solo las estadísticas de la represión, sino además las cifras epidemiológicas sobre la crisis de salud y desnutrición, al punto de hostigarse a ONGs que velan por los derechos humanos y políticos y detener a aquellos profesionales o ciudadanos que intenten poner al descubierto la realidad en el país.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha convertido en las últimas semanas en el epicentro del debate sobre el estado de urgencia que amerita el caso venezolano en términos de garantías para la protección de los DDHH y de una solución efectiva a esta situación de emergencia humanitaria compleja. Un importante hito, con repercusiones en la actualidad, fue la sesión del Consejo de los DDHH de la ONU que tuvo lugar en septiembre de 2018, cuando se aprobó con 23 votos a favor una resolución sobre Venezuela, con la cual se exigía al gobierno venezolano apertura a la asistencia humanitaria y se expresaba preocupación por las graves violaciones de los DDHH. El protocolo que se desprendió a partir de tal resolución propició la fijación de un mandato a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), liderada hoy en día por la presidenta Michelle Bachelet, que consistió en elaborar un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, para ser posteriormente presentado el pasado 4 de julio ante el Consejo.

En la reciente visita de tres días de la Alta Comisionada, Michel Bachelet, se abrió el espacio para reuniones en Caracas con las organizaciones civiles y de derechos humanos y con diferentes grupos de víctimas en el cual representantes de estas organizaciones levantaron su voz para presentar un diagnóstico y exigir, por lo tanto, la restauración de la defensa de los derechos humanos, en un país caracterizado por la ausencia de democracia, el aumento de la pobreza y la migración forzada.

En sentido contrario al escepticismo, debe reconocerse que el informe emitido por la Oficina de la ACNUDH [1] ha sido contundente en presentar las violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos que han sido documentados en Venezuela.  La ACNUDH reconoce que el gobierno y sus instituciones han implementado políticas para desactivar los sistemas de control del Estado y expone las diversas vulneraciones al acceso de la alimentación y la salud, y remarca las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado en protestas y otros. La Oficina del Alto Comisionado exhorta al gobierno a tomar medidas “para detener y remediar las graves vulneraciones”. Este documentado tuvo como base 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de DDHH y la información recolectada en 159 reuniones, en las cuales se incluyen funcionarios y otros actores del Estado venezolano. Desde su emisión, el informe ya ha sido respaldado por más de 190 organizaciones de la sociedad civil venezolana.

En la actualidad, y dado el grado de avance de la situación, resulta imperante imprimir celeridad al plan de respuesta humanitaria. La ayuda proveniente de la Cruz Roja, Naciones Unidas y de otras organizaciones e instancias multilaterales resulta, y resultará siempre insuficiente para cubrir las necesidades humanitarias, dado el avanzado estado de una crisis que tiene ya rasgos estructurales, lo que implica respuestas también estructurales que incluyen la necesidad impostergable de un cambio político en Venezuela, so pena de dejar un sinnúmero de victimas y desplazados en la medida que no se tomen medidas inmediatas. Esto cobra especial importancia en la medida que nos aproximamos hacia una nueva etapa de agudización de la crisis política, económica y social, en la que creemos muy probable una escalada del conflicto político, que incluso puede traducirse en niveles inéditos de violencia y migración, en un momento en el que la respuesta a la ausencia de soluciones negociadas o una arremetida contra el liderazgo de la oposición se polarizaría entre algo más de 4 millones de personas que buscarían formas de abandonar el país, generando uno de los mayores desplazamientos del mundo, incluido el caso de los países en guerra, y otros cuatro millones de personas que, ante la falta de expectativas sobre una salida política negociada o electoral, se radicalizarían para considerar, incluso, el camino de la lucha armada, según los resultados del último estudio de nuestro Centro de Estudios Políticos y de Gobierno.

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Armando Durán / Laberintos – El caso Venezuela: La mediación imposible

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Derechos humanos Dictadura Política Relaciones internacionales

 

   ¿Qué ocurrió en Oslo durante las dos últimas semanas? Y, ¿qué ocurrirá mañana, pasado mañana, en Venezuela?

   Estas son preguntas que sin duda generan incertidumbres, pero debemos hacerlas porque a pesar de tener derecho a saber lo que nos atañe, muy poco o nada se nos ha informado sobre la agenda, el desarrollo y el desenlace de esos recientes encuentros de representantes del régimen chavista y de Juan Guaidó, propiciados por el gobierno noruego con el apoyo de la Unión Europea. 

   En medio de mucha penumbra y medias verdades, los tres protagonistas principales de la llamada “mediación-noruega” nos ofrecieron este miércoles sus ambigüedades habituales. Por ejemplo, para Nicolás Maduro, ácida manzana de la discordia venezolana que desde hace años acorrala a los venezolanos y desde enero acapara la atención del mundo, lo ocurrido fue una experiencia “constructiva”, aunque ni él ni ninguno de los suyos han explicado por qué lo fue. También se divulgó ese día un diplomático comunicado firmado por Ine Erikson Soreide, ministra noruega de Asuntos Exteriores, en el que la funcionaria expresa el reconocimiento de su gobierno “a las partes por los esfuerzos realizados” y porque “han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para Venezuela, que incluye los temas políticos, económicos y electorales”. ¿Qué significan sus palabras? ¿Una suerte de amable saludo a la bandera, una fórmula muy elemental para no reconocer el fracaso de sus gestiones o porque a pesar de todo las parte acordaron continuarlas discretamente? ¿A eso se refería Maduro cuando calificó la mediación de experiencia “constructiva”?

   Del otro lado del océano, en Caracas, la Asamblea Nacional venezolana no guardó silencio: en su comunicado que a primera vista desmiente la versión edulcorada de la ministra Soreide, Guaidó y su equipo notifican que “el encuentro al que asistimos por invitación de Noruega… finalizó sin acuerdo”. ¿Será que los asesores de la oposición pensaron que era posible “negociar” con los representantes de Maduro el cese de su usurpación así como así?

   En medio de esta realidad, borrosa y resbaladiza, llama la atención el hecho de que no se tomara en cuenta la posición de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien desde el primer momento ha sostenido que la llamada mediación noruega carece de sentido, pues en la Venezuela actual no se enfrentan dos partes que no se entienden del todo, sino un pueblo desesperado por salir de una dictadura y una dictadura resuelta a permanecer en el poder hasta el fin de los siglos. Y que nunca, absolutamente nunca, una dictadura ha salido como resultado de mediación alguna.

   Esta observación apunta directamente al centro del problema venezolano. En mi columna de la semana pasada recordaba yo que cada vez que los dirigentes de la mal llamada revolución bolivariana se han encontrado en aprietos, sectores de la “oposición” y de la comunidad internacional han acudido en su ayuda y le han suministrado al régimen oxígeno y tiempo para recuperar el aliento y los espacios perdidos. Eso le ocurrió a Hugo Chávez después del sobresalto histórico de su forzada renuncia el 11 de abril de 2002 y eso le ha ocurrido a Nicolás Maduro varias veces, desde 2014 hasta 2018. Una maniobra que ahora, y esta es la clave para entender lo inexplicable de estas reuniones en Oslo, han intentado repetir los colaboracionistas de siempre con la mediación noruega.

   No se trata, por supuesto, de negar el valor del diálogo como mecanismo esencial de la actividad política en una democracia. Todo lo contrario. Nada define mejor a una democracia que las negociaciones, los acuerdos y los consensos que le sirven de sustento, siempre y cuando las partes actúen de buena fe y respeten la existencia y los derechos del otro. Una condición que ciertamente no se cumplió en tiempos de Hugo Chávez, mucho menos en estos duros años de agravado chavismo de la mano de Maduro, su sucesor. Y porque tras el rotundo fracaso a principios de 2018 de las negociaciones entabladas con representantes del régimen quedó claro para la oposición que Maduro, después de la debacle de su partido en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015,  no renunciaría a manipular groseramente a su favor todas las elecciones  por venir.  Una certeza que llevó a los partidos de la oposición a negarse a participar en lo que inevitablemente iba a ser una burda farsa electoral. Por esa misma razón Maduro decidió adelantar la elección presidencial prevista para diciembre para el 20 de mayo de aquel año, y sin participación opositora real.  

   El resultado de ese golpe de Estado es que Juan Guaidó, diputado que había asumido la presidencia de la Asamblea Nacional el 6 de enero, advirtiera entonces que si Maduro intentaba extender su mandato presidencial más allá del 10 de enero, fecha en que terminaba su mandato presidencial, estaría “usurpando” la Presidencia de la República. La denuncia del atropello constitucional en marcha le valió a Guaidó convertirse en un fenómeno político instantáneo y más tarde, en función de esta nueva circunstancia política, denunció a los cuatro vientos la usurpación y le pidió a los gobiernos democráticos del mundo desconocer la reelección de Maduro. Finalmente, el 23 de enero, 61º aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Juan Guaidó asumió la Presidencia interina de la República de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución nacional.

   Estos hechos han sido la causa de la actual crisis política que la Unión Europea trató de solucionar con la mediación noruega. Y la razón por la que Almagro y algunos gobiernos comprometidos con la causa de la restauración democrática en Venezuela se manifestaran en contra de la instalación en Oslo de una mesa de diálogo entre representantes de Maduro y de Guaidó, los dos “presidentes” que reclaman sus derechos a un poder que ninguno de los dos ha podido ni puede ejercer a plenitud. Una situación que a su vez ha determinado que voces muy calificadas, dentro y fuera de Venezuela, se pregunten y le pregunten al presidente interino sus motivos para participar en un encuentro que contradecía ostensiblemente su rotunda y no transable “hoja de ruta”, cuyo primer paso era, es, precisamente, el cese inmediato de la usurpación.

   Desde esta perspectiva, nadie entiende las razones de Guaidó para que sus representantes se reunieran en Oslo con delegados de Maduro. Una participación que como quiera que se mire equivalía a darle a la Presidencia de Maduro la legitimidad que a pedido del propio presidente de la Asamblea Nacional casi 60 gobiernos le niegan. Una sinrazón que afectó, y mucho, la posición y el liderazgo de Guaidó. En definitiva, el simple hecho de aceptar la mediación noruega fue una forma rebuscada de admitir el exabrupto que significa sustituir la exigencia clara y terminante del cese de la usurpación como primer paso para poner en marcha la transición de la dictadura a la democracia, por la inadmisible convocatoria a unas elecciones parlamentarias con Maduro como presidente. A no ser que la decisión de sentarse a la mesa servida por el gobierno noruego y rechazar esa opción ahora, hayan sido en realidad fruto de presiones de su entorno nacional en un caso y de sus aliados internacionales en el otro.

   Como quiera que haya sido, lo cierto es que acudir a Oslo fue un innecesario paso en falso. No sólo por su incierto desenlace y porque estas idas y vueltas no permiten calcular cuáles serán los próximos aciertos o desaciertos de la oposición venezolana, sino porque mientras los factores políticos que luchan en el seno colegiado de la Asamblea Nacional por el control de la oposición no terminan de ponerle fin a sus pugnas y rivalidades partidistas,  en las calles desoladas de una Venezuela sin comida, sin medicamentos, sin electricidad, sin agua, sin gasolina y hasta sin dinero en efectivo, con una inflación y una contracción de la economía que según acaba de informar el Banco Central de Venezuela alcanza proporciones escalofriantes, millones de ciudadanos inocentes y desamparados continúan su dramático descenso al fondo del infierno y de la nada. A la espera desesperada de que ocurra un milagro, poco importa cuál, pero que ocurra antes de que sea demasiado tarde, que los rescate de la oscuridad política y existencial en que agonizan y les devuelva la esperanza y el futuro que la mayoría teme haber perdido para siempre. Sin remedio aparente a la vista.  

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Carlos Ayala Corao: Bachelet debe evitar que manipulen su visita a Venezuela

DERECHOS HUMANOS ENTREVISTA

POR Luisa Salomón

Carlos Ayala Corao retratado por Roberto Mata

TEMAS PD

Carlos Ayala Corao: Bachelet debe evitar que manipulen su visita a Venezuela

17/12/2018

Cuando Carlos Ayala Corao llegó al hotel donde se hospedaba, había gente esperándolo. Una fila de personas que se extendía por cuatro cuadras en el centro de Lima. Era el 10 de noviembre de 1998, el segundo de cinco días de visita en Perú. Ayala Corao era el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encabezaba la primera visita de ese organismo al Perú gobernado por Alberto Fujimori. Su objetivo era documentar violaciones de derechos humanos. Quienes hacían fila estaban dispuestos a presentar sus denuncias.

Después de una visita en la que fueron acusados por Fujimori de “defender a terroristas”, los representantes de la CIDH presentaron un informe a la Organización de Estados Americanos. Su reporte fue la base para la aprobación de varias resoluciones que contribuyeron a que perdiera apoyo internacional y, eventualmente, al fin de su mandato en el año 2000.

“Tanto esas visitas como los informes posteriores pueden tener impacto sobre un gobierno democrático, que quizá adopte las medidas necesarias. También para documentar las violaciones y visibilizar a las víctimas”, reflexiona Ayala Corao, veinte años después de esa experiencia.

Venezuela pudiera recibir próximamente una visita similar. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, fue invitada por el gobierno para analizar la situación venezolana. Tiene además un mandato del Consejo de Derechos Humanos para realizar un informe detallado sobre violaciones a los derechos humanos en el país. La Asamblea Nacional pidió a Bachelet que acelere su visita al país, solicitud que también ha sido realizada en diez ocasiones por grupos de opositores y familiares de presos políticos.

“Habrá que mirar en qué momento es posible, en qué condiciones para, como Alta Comisionada tener la posibilidad de hablar con el gobierno, así como con todas las partes que corresponde”, ha respondido Bachelet sobre la invitación.

Sería la primera vez que un Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos visita Venezuela, país que tiene una década negando solicitudes de ese organismo y de siete de sus relatorías.

Ahora, como vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, Carlos Ayala Corao afirma que el reto principal de Bachelet será que su visita tenga suficientes garantías y acceso irrestricto para conversar con todos los sectores.

El gobierno invitó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela. ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que se realiza esta invitación?

Esta invitación es una oportunidad para que la Oficina del Alto Comisionado, que ha venido haciéndole seguimiento a la situación de Venezuela, ha realizado ya dos informes -en el año 2007 y en el año 2018- y que ahora tiene un mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos de elaborar un informe sobre la situación de Venezuela, pueda venir a constatar la situación de las graves violaciones a los derechos humanos.

Para concretarse la visita, debería haber una fecha y una agenda. La agenda la debe definir de manera autónoma, independiente, la Oficina de la Alta Comisionada, y esas visitas a los Estados incluyen reuniones con los Poderes Públicos, con el Ejecutivo, con el Poder Legislativo -en este caso la Asamblea Nacional-, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y sistema penitenciario. En ese sentido, debe incluir visitas a los lugares de detención. No solamente a unas cárceles que pueda individualmente escoger para visitar, sino lugares de detención como La Tumba y el Helicoide.

Debe dársele total libertad y amplitud para que la Alta Comisionada establezca los lugares que quiere visitar y tenga acceso irrestricto para entrevistarse con los detenidos, con todas las garantías de reserva. Yo diría que por lo menos la mitad de la agenda son entrevistas con distintos sectores, actores, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Iglesia, universidades, academias, partidos políticos, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones estudiantiles, organizaciones de distinta índole que tengan trabajo y que estén presentes en los temas de derechos humanos.

Una visita de un órgano de derechos humanos debe tener una agenda que le permita tener una visión comprensiva, completa, de toda la situación.

Si bien es un gobierno el que hace la invitación, es para visitar al país, no solamente a las instituciones gubernamentales.

Usted ha tenido experiencias en visitas de ese tipo, ¿cómo se realizan los encuentros de forma independiente? ¿Cómo podría la Alta Comisionada estar en una cárcel sin que se controle el ambiente en que se reúne con los detenidos?

Hay protocolos que se utilizan para todas estas visitas. Organismos de Naciones Unidas, como el subcomité contra la tortura, han desarrollado protocolos muy detallados sobre las visitas a centros penitenciarios. Por cierto, ese es un protocolo que no ha ratificado Venezuela y que permite a ese subcomité visitar las cárceles sin tener autorización previa. Como que das una autorización abierta cuando firmas ese protocolo de la Convención contra la Tortura.

Hay que tener todas esas garantías en el lugar antes de ir al país. Necesitas tener todas las garantías de la visita, que si vas a ir a cárceles puedas tener la posibilidad de visitarlas y, cuando tengas entrevistas con personas privadas de libertad, sean cumplidas las garantías de confidencialidad y reserva. De lo contrario, no puedes aceptar la visita a un país.

La confidencialidad y reserva es uno de varios términos de referenciapara este tipo de visitas. Es decir, no debería haber represalias para quienes colaboren con el equipo que hace la visita…

Correcto. Es muy importante, dentro de los principios de Naciones Unidas, la protección de todas las personas que colaboran con los órganos de derechos humanos. De hecho, hay un informe que prepara anualmente el secretario general de Naciones Unidas, que incluye los temas de derechos humanos, pero va más allá a otros temas. Es un informe sobre represalias que han sufrido personas por colaborar con el Sistema de Naciones Unidas.

Una de las garantías que tiene que dar el Estado previamente es la libertad de reunión por parte de personas, ciudadanos, organizaciones. Para que por dar información o reunirse no vayan a sufrir ninguna represalia como consecuencia. Esa es una garantía presente en reglamentos de organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que también está dentro de las reglamentaciones de Naciones Unidas.

Las personas que colaboran con los mecanismos de Naciones Unidas tienen derecho a la protección y es deber del Estado respetar y garantizar sus derechos.

La Oficina del Alto Comisionado también tiene una serie de relatores, expertos independientes, que también hacen visitas. El año pasado vino a Venezuela el relator Alfred De Zayas y su informe sobre la visita fue criticado por organizaciones de la sociedad civil por considerarse parcial hacia el gobierno. ¿En qué contexto se realizó esta visita? ¿Fue una visita oficial?

Los relatores de Naciones Unidas han pedido por más de diez años visitas y a ninguno de ellos se les ha autorizado entrar al país. El gobierno quiso hacer una jugada hacia adelante diciendo que iba a permitir visitas, pero fue el gobierno el que invitó a Alfred De Zayas, a quien conozco hace muchos años.

Su visita no cumplió con los protocolos de relatores de Naciones Unidas. Alfred De Zayas no tuvo una agenda balanceada con la sociedad civil, ni con organizaciones. Inclusive desde el primer día, en un mercado que estaba cerca, él mismo tomó una foto y puso unos comentarios como cuestionando por qué había quejas sobre la falta de alimentación si vio comida en el mercado.

Además él estaba terminando su mandato, el informe se presentó después de que lo terminó. Fue una visita que no contó con los protocolos de objetividad, de imparcialidad, de profesionalismo y no fue útil para la situación de Venezuela. La ha podido aprovechar el gobierno, por el carácter político con el que fue elaborado el informe, pero no es tomado como un informe serio dentro de Naciones Unidas ni por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos.

El Consejo de Derechos Humanos emitió un mandato a la Oficina de la Alta Comisionada para hacer un informe sobre la situación venezolana. Una vez que se hace la visita, realizan el informe, ¿qué ocurre después?

La Alta Comisionada debe hacerlo público y presentarlo al Consejo de Derechos Humanos para cumplir con el cometido. No solamente se trata de hacer un informe sobre la grave situación de derechos humanos de un país, sino hacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, en Venezuela está pendiente el tema de la corrupción policial, la parte de seguridad ciudadana, las ejecuciones arbitrarias; está pendiente la falta de independencia del Poder Judicial, está pendiente la falta de una Fiscalía independiente y objetiva, está pendiente una verdadera Defensoría del Pueblo, las graves violaciones a la libertad personal. El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, uno de los grupos de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado, trabaja de forma independiente y ha determinado que en Venezuela hay una violación sistemática de la libertad personal de quienes se oponen al régimen. Estudiantes, sindicalistas, empresarios, etcétera.

Estos informes no solamente levantan la situación, sino que proponen una serie de recomendaciones a los órganos de Naciones Unidas y también al propio Estado, para superar esa situación.

¿El Estado es el que tiene la potestad de aplicarlas?

El Estado es el Estado y obviamente tiene que adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a esas recomendaciones. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene casi 20 años recomendando adoptar medidas, por ejemplo, para que haya independencia de los jueces, para que no haya restricciones y violaciones a la libertad de expresión. Ha habido sentencias condenatorias a Venezuela en esa materia, incluyendo las agresiones a periodistas, el cierre de RCTV.

Todo eso va acumulando un expediente, no solamente de violaciones sino de condenas, y que el Estado no ha tomado las medidas para superarlas, lo cual va comprometiendo su responsabilidad.

¿Cuándo fue la última vez que un organismo de Naciones Unidas pudo visitar a Venezuela?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo su visita en mayo de 2002, pero después de que produjo su informe en 2003 ya no permitieron más visitas. El gobierno no ha permitido la visita de relatores de la Comisión Interamericana, prácticamente desde el año 2002.

Hay un sector de la población que tiene reservas sobre el papel de la comunidad internacional porque considera que el trabajo de las organizaciones no se traduce en cambios concretos en la situación nacional. ¿Cuál es la importancia de este tipo de procesos?

Habiendo trabajado durante más de 25 años al lado de víctimas de violaciones de derechos humanos, debo decir que la lucha por la justicia en materia de derechos humanos es un proceso muy importante, un proceso vital para las víctimas o los familiares. La justicia no es un proceso instantáneo, se va desarrollando en el tiempo. Así como ves que las Madres de la Plaza de Mayo todavía, después de 40 años, tienen una lucha por encontrar a los desaparecidos, encontrar los ejecutados, estas violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela van a tener a las víctimas por el resto de sus vidas buscando justicia.

Es un proceso que permite a las víctimas ir sanando su dolor poco a poco y obtener al final la gratificación, no de una venganza, sino de una justicia y una reparación integral para que los responsables de las violaciones sean identificados, procesados y sancionados. Para que cuando haya asuntos estructurales, como policías que no hacen su trabajo de manera transparente y de manera legal, sean reestructuradas. Para que haya un proceso de pedir perdón a las víctimas por parte de los responsables y para que no vuelvan a ocurrir esas violaciones.

El proceso de búsqueda de justicia en sí mismo no implica que cuando llegaste a una sentencia, termina. Por ejemplo, Cofavic llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de El Caracazo, todavía hay una serie de víctimas pendientes de algunas reparaciones. En las desapariciones de Vargas también y en las ejecuciones arbitrarias de la familia Barrios también. Eso va a seguir un proceso que lo va viviendo la sociedad en su conjunto para superar esa situación. Esos procesos son importantes, aunque no tengan remedio inmediato para la víctima y la sociedad.

Durante su trayectoria en la CIDH y en la Comisión Internacional de Juristas ha realizado visitas de este tipo a otros países. ¿Cuál fue el resultado?

Recuerdo la primera visita que hicimos a México, que venía de un proceso muy cerrado. El Partido Revolucionario Institucional se abrió a ratificar los tratados, a reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana, ratificó la Convención y pudimos hacer una visita. Esa visita tuvo un gran impacto en la sociedad, en el sentido de recibir a distintos sectores. Muchas personas que habían sufrido violaciones, encontraron en la comisión un vehículo para poder poner sus denuncias y tener algún día justicia. Al final se elaboró un informe general sobre la situación, en el que se hizo una serie de recomendaciones que todavía en estos momentos están pendientes de ejecutar.

Otra visita que hice como presidente fue la del Perú de Fujimori, donde habían ocurrido para ese momento casos muy sonados, como el caso Barrios Altos o la ejecución de los estudiantes de la Universidad de la Cantuta, la destitución del Tribunal Constitucional por pretender limitar la re-reelección de Fujimori. La visita de la Comisión fue como una especie de ventana a la libertad.

Permitió elaborar una documentación seria sobre las desapariciones forzadas y las ejecuciones durante la dictadura de Fujimori. Hasta el día de hoy siguen saliendo los casos hacia la Corte Interamericana y las víctimas encontrando su día de justicia.

Allí está precisamente la conquista de los derechos humanos que permiten esas visitas, que son estándares objetivos que hay que aplicar a las dictaduras y autocracias, tanto de derecha como de izquierda. Ambas critican, cuando son autoritarismos, a los órganos de derechos humanos.

Recuerdo que tuvimos una defensa muy firme de las víctimas en esa reunión. Después pudimos elaborar un informe contundente que presentamos en la Asamblea General de la OEA, que contribuyó a que el organismo adoptara resoluciones que coadyuvaron a la salida de Fujimori, a la falta de apoyo internacional y el regreso a la democracia.

Lo cual quiere decir que tanto esas visitas como los informes posteriores pueden tener impacto sobre un gobierno democrático, que quizá adopte las medidas necesarias, y para documentar las violaciones y visibilizar a las víctimas, que la comunidad internacional se entere y tome conciencia de la grave situación que existe en ese país.

En el caso de que finalmente viniera la Alta Comisionada, ¿sería la primera vez que esa oficina haría una visita de este tipo a Venezuela?

Sí. No son tantas las visitas que hemos recibido. Han sido casi nulas en los últimos años, pero las altas y altos comisionados han visitado varios países de América Latina. La oficina para América Latina tiene su sede en Chile, además en Colombia hay una oficina muy importante, también en México, Guatemala, Perú.

La oficina actual, que es de Naciones Unidas, ha sido muy cuestionada por su falta de independencia, su falta de apertura, inclusive con ocasión del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. Una de las buenas señales que debe dar cualquier futuro gobierno en Venezuela es suscribir un convenio de cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para que se establezca en Venezuela una oficina que pueda monitorear, ayudar a los entes del Estado a introducir la dimensión de los derechos humanos en políticas públicas, en sentencias, legislación. Que haya una verdadera de política integral de derechos humanos.

Yo quisiera creer, como resultado de la visita a la Alta Comisionada, que no solamente habrá un informe sino la posibilidad de comenzar a abrir a Venezuela a la cooperación técnica e independiente en materia de derechos humanos.

¿Es común que el Alto Comisionado haga una visita personalmente?

Sí. No puede hacer todas porque son muchos países, más de 190 países, pero es normal que haga visitas y acuda a eventos. Ningún Alto Comisionado ha visitado Venezuela. Quizá el gobierno se sienta ahora en confianza invitando a la nueva Alta Comisionada. No obstante, ella tiene la altísima responsabilidad de no permitir que sea tergiversada su visita y que tanto la agenda como el contenido respeten el protocolo.