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ElPais.es: Una Constituyente sin legitimidad

By biendateao

mayo 27, 2017

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no puede convocar directamente
una Asamblea Constituyente democrática sin consultar al pueblo y ello debería
ser denunciado por quienes se mantienen leales a la memoria de Chávez

La Gaceta Oficial del 1º de mayo de 2017 pasará a la historia negra de la política latinoamericana. En sus 16 páginas, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y creó una comisión presidencial con el objeto de elaborar “una propuesta de bases comiciales y sectoriales” para la conformación y funcionamiento de la citada asamblea.

Es por todos conocida la profunda crisis social, económica y, por ende, política que atraviesa Venezuela. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, quien fue nombrado como su sucesor, Nicolás Maduro, ganó las elecciones del 14 de abril de 2013. Inició con esa presidencia un régimen poschavista que ha demostrado tener poco o nada que ver con el proceso de cambio iniciado en diciembre de 1998, cuando la partidocracia sucumbió ante los empujes populares que clamaban por un cambio del sistema político desde las raíces. En cuatro años el régimen de Nicolás Maduro ha socavado los cimientos populares que sustentaban con fuerza el proceso de cambio, ha violado los derechos humanos y ha sumergido al país en una ola de represión y de dificultades. Mientras, la corrupción ha campado a sus anchas. Una nueva aristocracia petrolera se ha conformado bajo el paraguas de la renta del crudo, el clientelismo, las comisiones por el manejo del mercado interior y la especulación de divisas en un ineficiente mercado cambiario controlado por el Gobierno.

El madurismo, consciente de la erosión de legitimidad que no pudo suplir con palabras vacías, alusiones permanentes e imágenes repetidas del fallecido presidente Chávez, ha evitado en los últimos años cualquier confrontación democrática en las urnas. Dificultó la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución (artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV), persiguió a cuanto movimiento, interno o externo, se le oponía y postergó sine die las elecciones a gobernadores y parlamentos de los Estados, incumpliendo la Constitución de 1999 y actuando con pretensiones autoritarias. El intento en abril de 2017 del Tribunal Supremo de finiquitar las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, radicalizó el conflicto y desnudó las verdaderas intenciones del madurismo.

La última sorpresa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que Maduro realizó el pasado 1 de mayo y que se tradujo en el citado decreto, norma que requiere ser analizada desde dos puntos de vista: el de su oportunidad y el de su constitucionalidad.

La propuesta del Gobierno arrasa con los avances de la Constitución de 1999

Desde el punto de vista de la oportunidad, el decreto está dividiendo aún más a un país al borde de un definitivo conflicto violento. Se trata de una huida hacia adelante que fácilmente puede ser leída como un intento de mantener el poder a toda costa, a pesar de la imparable pérdida de popularidad y legitimidad. La propuesta del Gobierno significa arrasar con los avances democráticos de la Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que responda a los intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir haciéndolo. El decreto no prevé un referéndum de activación del poder constituyente, como el que convocó Hugo Chávez en 1999; se plantea la elección de constituyentes representantes de los sectores sociales de incierta procedencia y elección. Pero el asunto más grave es que se trata de una convocatoria acomodada a los intereses del Gobierno y que desecha la idea de integrar a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que se posicionan contra el madurismo. Por tanto, no se podría hablar de una Asamblea Constituyente democrática.

Quienes crean que los sectores que confrontan al actual Gobierno venezolano son exclusivamente la oposición golpista, aquella que siempre se ha posicionado contra el proceso de cambio, están totalmente equivocados. Por supuesto, también existen poderosos sectores de oposición no democrática. Pero en la actualidad buena parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados por personas que participaron a favor del chavismo y que entienden que el madurismo ha traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en 1998. Estos sectores no se han movido de la posición ideológica que mantuvieron durante los últimos años y han reclamado en innumerables ocasiones una rectificación por parte del Gobierno. Rectificación que nunca ha llegado.

Desde el prisma de la constitucionalidad, el decreto es inconstitucional. Una lectura del artículo 347 de la CRBV (“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente…”) y del artículo 348 CRBV (“La iniciativa a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros…”) solo puede tener una lectura democrática: la Constitución diferencia entre la decisión de convocar la Asamblea Constituyente y la iniciativa para tomar tal decisión. La iniciativa corresponde al presidente de la República, entre otros órganos; pero la decisión compete en exclusiva al pueblo. Por tanto, es requisito necesario el referéndum constituyente. En definitiva, Maduro tiene competencia para preguntarle al pueblo si quiere activar un nuevo proceso constituyente, pero no para convocarlo.

Se equivocan quienes creen que frente al madurismo solo está la oposición golpista

Consiguientemente, tanto desde la perspectiva de la oportunidad como desde un análisis jurídico, el presidente Maduro no puede convocar legítima y directamente una Asamblea Constituyente democrática. De consolidarse el decreto del 1º de mayo, el resultado sería una farsa que tristemente confirmaría la tendencia autoritaria del Gobierno.

Es por ello por lo que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Maduro, si se produce sin consultar al pueblo, sería un nuevo atentado a la voluntad democrática del mismo. Corresponde por tanto denunciarlo, en particular por quienes, fieles a la memoria del presidente Chávez, no pueden permitir que se acabe con el último vestigio del modelo impulsado por el creador de lo que se ha dado en llamar chavismo: la Constitución que Hugo Chávez Frías impulsó y que, bajo su Gobierno, permitió generar en Venezuela un modelo democrático y unas políticas públicas que, por primera vez en décadas, mejoraron el nivel de vida de las clases desfavorecidas y generaron un sistema de atención médica, educativa y social como escasas veces se ha dado en Latinoamérica.

Los argumentos anteriores no pueden descartar que en un futuro no deba pensarse en un nuevo proceso constituyente que mejore y actualice la Constitución de 1999. Pero este proceso debería ser democrático, fruto del principio una persona, un voto, impulsado desde la ciudadanía, producto de un auténtico diálogo social donde se incluya a los sectores opositores, y que huya de la violencia y la confrontación.

Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau son profesores de Derecho Constitucional de la Universitat de València y fueron asesores del proceso constituyente venezolano de 1999.

Sin consulta, sin gente

Naky Análisis

24-05-2017
NAKY SOTO PARRA @naky

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Análisis de la jornada del martes 23 de mayo de 2017


La marcha por la paz propuesta por Nicolás fue otro fracaso. Este martes presentó las bases comiciales de su Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral sin gente, por lo que VTV usó imágenes de archivo para combinarlas con lo que ocurría en el salón. De los 540 constituyentes, 364 (67%) se elegirán territorialmente, uno por cada municipio de forma nominal y 2 por lista, irrespetando la densidad poblacional, pero garantizando que cada voto del chavismo tenga la posibilidad de escoger más representantes que un voto opositor. El resto de los constituyentistas serán seleccionados de forma sectorial, a través de 8 grupos, pero sin especificar qué ente determinará el padrón electoral de los mismos. Las bases establecen al menos tres formas de votación: la municipal nominal y lista, la indígena “basada en sus formas ancestrales” y las listas regionales a través de las comunas y los consejos comunales. Las bases no establecen el tiempo de funcionamiento de la Constituyente, por lo que el ejercicio de sus poderes plenipotenciarios será hasta cuando se les antoje y tampoco define si tras la redacción de la nueva Constitución se llamará a un referendo para aprobarla. Es una estafa electoral que de ser sometida a referendo consultivo perdería arrolladoramente.

¿El último de los Mojica(nos)?
Con toga y una bandera miniatura a la izquierda, el magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Danilo Mojica, rechazó la Constituyente de Nicolás, aprovechando las declaraciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz e insistiendo en la importancia de los referendos (consultivo y constitucional) porque de lo contrario “sería una Constituyente de forma espuria”. Mojica también cree que la Constituyente no aliviará la conmoción política que vive el país ni es la solución a la crisis. Pidió a Nicolás el cese de la represión y detener los asesinatos, indicándole que es un momento de grandes decisiones. Más tarde, la magistrada Marisela Godoy también se pronunció contra la Constituyente.

Referendo consultivo
La Asamblea Nacional llamó a desconocer la convocatoria y las bases comiciales para convocar a la Constituyente, invitando “a continuar mañana, tarde y noche la protesta pacífica hasta que se logre la vigencia de la Constitución”, dijo Julio Borges, presidente del Parlamento, advirtiendo que la solución es que hayan elecciones libres para que la gente decida su futuro. El vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, anunció la realización de un referendo consultivo que “tiene que ser la expresión de un pueblo en desobediencia civil”, pues la propuesta de la Constituyente “tiene que activar el artículo 350, el pueblo tiene que mantenerse en las calles hasta que caiga el régimen”, advirtió. En lo expuesto se entiende que el contrapeso para una Constituyente ilegítima debe ser un referéndum consultivo que la niegue, que demuestre sin dudas que este país no necesita ni quiere otra Constitución sino otro Gobierno.

CNE a la orden del PSUV
5 horas le tomó al CNE revisar las bases comiciales que dejó Nicolás, el mismo que saliendo de su sede aseguró que las elecciones de gobernadores son compatibles con su Constituyente. Por eso Tibisay Lucena anunció esta noche que el CNE decidió de forma unánime -dato desmentido por el rector Luis Emilio Rondón- que la Constituyente se celebrará a finales de julio y las elecciones regionales el 10 de diciembre, es decir, primero el PSUV entregará poderes plenipotenciarios a sus constituyentes, los mismos que discutirán sin tiempo definido la estructura del Estado (para modificarlo como quieran) y después es que (si así lo estiman los constituyentes) se elegirán los gobernadores. Aún recuerdo que Tibisay explicó la complejidad de organizar una elección y sin embargo, antepone la Constituyente (540 miembros, nuevos métodos, etc.) a los gobernadores y pretende despacharla en 2 meses. Tibisay y sus pares gozan de tanta legitimidad como belleza. Que el descaro de su absoluta sumisión a los designios del Ejecutivo sea un incentivo más para marchar, protestar y reclamar lo justo.

Barinas
Siete personas asesinadas es el nuevo saldo que dejan las protestas del lunes en Barinas, según el diputado Freddy Superlano, todas ya confirmadas por el Ministerio Público. Mientras esta masacre es investigada, el comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, informó el arribo de más militares al estado, asegurando que los mismos que han disparado contra civiles desarmados son “garantía de paz, tranquilidad y soberanía”. También trascendió que la gobernadora Zenaida Gallardo, a pesar de haberse pronunciado hoy, responsabilizando a la oposición de todo lo ocurrido, podría ser desplazada del cargo por el viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol), Giuseppe Cacioppo; un dato importante ya que hoy Néstor Reverol, ministro de Interior, informó la intervención oficial de la policía del estado Lara; cambios por todos lados.

Calma
A Nicolás le urge cambiar las reglas de juego porque con las vigentes pierde. La pata más débil de la Constituyente para el chavismo es la intención de cercenar la consulta popular. Nicolás y Tibisay pueden proponer lo que sea, pero es necesario que la ciudadanía tenga la opción de demostrar que no es eso lo que demanda, por eso la propuesta de un referendo consultivo. No lo veas como una legitimación de una ilegalidad sino como un método legal para rechazarla popularmente. El referendo consultivo caotiza al chavismo porque deberá argumentar su rechazo y responder al mundo por qué no cumplen su propia Constitución. Esto no tiene por qué enfriar la protesta, todo lo contrario, las bases comiciales son un incentivo más para seguir en la calle.

¿Qué necesita la Unidad? Comunicar su propuesta con claridad, estimular al resto de los Mojica(nos) a rechazar esta imposición, porque con la Constituyente, Nicolás bloquea cualquier negociación posible. El punto de inflexión tiene que darse en el poder, mientras la Unidad conserva su estructura y genera más confianza entre lo que se va separando del deslave chavista. No es gratuita la campaña del falso terrorismo opositor y la exacerbación de los errores cometidos por manifestantes opositores.

Déjenme creer que este frenesí por encontrar “el error de la Unidad” que les permite a tantos gritar “¡Yo sabía!” se explica en la carestía de certezas para el resto de la vida en Venezuela. Foco en la marcha de hoy -que no fue ni nacional ni masiva-, en los errores argumentales del PSUV y en las evidentes debilidades de sus mentiras recientes.

Este medio no se hace responsable por las opiniones emitidas por sus colaboradores

Civiles juzgados por militares

 

14.05.17, 7:31 am / Editor /

Carlos Nieto Palma | Creo que uno de los temas que más tiene ocupada a la opinión publica en estos últimos días ha sido que se lleve a los civiles a la justicia militar; ya tenemos cientos de casos de ciudadanos civiles, cuyo único delito es protestar, que están siendo llevados a la justicia militar.

La Constitución Nacional es clara cuando en su artículo 49 expresa claramente que todos debemos ser juzgados por nuestro juez natural; a los que somos civiles sin duda, es allí donde nos tienen que juzgar. Con esto la dictadura pretende desvirtuarlo en los últimos días y vemos cómo tribunales militares están juzgando a civiles que ejercen su legítimo derecho a la protesta.

Así funcionan las dictaduras, y la que actualmente vivimos en Venezuela no se puede escapar de esto; ejemplos hay muchos y no me voy a parar en enumerarlos, creo que el que el régimen haya perdido a una de sus grandes aliadas para delinquir a su antojo como la Dra. Luisa Ortega, fiscal general de la nación, quien finalmente entendió que tenía que aliarse con los venezolanos, la democracia y no con la dictadura, ha sido una de las causas principales por las que el régimen de Maduro ha optado por acudir a la justicia militar.

Aplaudimos que la fiscal general de la República haya entendido que estamos en dictadura y fuera de la Constitución y se haya convertido, tal vez tardíamente, en defensora de la Constitución y apoya defender los derechos de los ciudadanos.

Recuerdo que el tristemente célebre defensor del pueblo, Tarek William Saab, hasta hace pocos días alababa que en la nueva carta magna se había eliminado el uso de la justicia militar para civiles; hoy guarda silencio y sigue siendo uno de esos personajes oscuros que pasarán a las paginas negras de la historia de Venezuela, qué triste forma de terminar su carrera de supuesto defensor de los derechos humanos.

La defensora de derechos humanos y experta en el tema militar Rocío San Miguel ha sido clara sobre la aplicación de la justicia militar a civiles y en sus redes sociales ha dicho: “El uso de tribunales militares para juzgar civiles opositores en Venezuela, constituye el quiebre final del Estado de Derecho”. Más claro no canta un gallo.

Igualmente, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha dicho: “Denunciamos que el gobierno realiza detenciones al margen del Estado de Derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. Y según datos oficiales solo en el estado Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares. Esta situación es violatoria de los artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.

Es grave lo que está ocurriendo con la aplicación de la justicia militar para civiles; lamentablemente no tenemos instancias adónde acudir en Venezuela, todas se han arrastrado a la dictadura, incluyendo la Defensoría del Pueblo que se ha convertido en uno de los brazos ejecutores de las violaciones de derechos humanos ocurridos actualmente en Venezuela.

Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe, ni siquiera por apariencia

El Dr. Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha expresado: “Esta criminalidad dictatorial de aplicar justicia a civiles en el poder militar no tendría impunidad. Procesar civiles bajo justicia militar vulnera todos los derechos humanos”. Insistió en que el Estado de Derecho en el país ha sido violentado y la única manera de “redemocratizar al país son las elecciones generales”. “Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe, ni siquiera por apariencia”.

La organización no gubernamental de derechos humanos Cofavic, también se ha manifestado en el tema y ha expresado “Cofavic debe expresar su más grave preocupación ante el conocimiento, según información pública disponible de la existencia de más de 250 civiles que están siendo sometidos a la jurisdicción militar, dado que esta acción no solo configura una gravísima violación de los derechos humanos y por tanto de los valores superiores del ordenamiento jurídico, sino que además es una de las más determinantes rupturas de la Constitución y al mismo tiempo se traduce en la posibilidad efectiva de que a partir de esta situación se haya abandonado por completo el Estado de Derecho y estemos frente a un tutelaje militar inaceptable e incompatible con las mínimas garantías judiciales que deben existir en un gobierno civil y democrático. El uso de la jurisdicción militar para el juzgamiento de civiles no está previsto en nuestra Constitución, ya que suspende las normas básicas de protección de los derechos humanos. Ningún conflicto por el cual se atraviese, por grave que sea, de dicho marco normativo, independientemente de la gravedad del delito que pudieren haber cometido”.

Venezuela está en dictadura, de eso ya no hay dudas, un régimen que con la represión y violación de los derechos humanos pretende silenciarnos, pero la lucha sigue hasta reconquistar la democracia que hemos perdido, es una lucha de todos y seguiremos hasta que podamos decir: ¡Venezuela libre de la dictadura de Nicolás Maduro!

Abogado y Coordinador de la ONG “Una Ventana a la Libertad”. Es columnista del diario El Nacional
@cnietopalma

Fuente Original: derechos.org.ve

Daniel Merchán: Venezuela no podrá desprenderse de sus obligaciones en la OEA

 

Abril 27, 2017 Venezuela Mundial Uncategorized

Analista internacional , Daniel Merchán Foto: Prensa Daniel MerchanAnalista internacional , Daniel Merchán Foto: Prensa Daniel Merchan

El analista internacional Daniel Merchán, se refirió a la situación de Venezuela en la organización de estados americanos, una vez que la canciller Delcy Rodriguez declarará sobre el inicio del procedimiento de retiro del país de este órgano, por cual señaló que el estado venezolano no podrá desprenderse de sus obligaciones en la OEA, ya que en primer lugar se inicia un lapso de 24 meses para concretar tal medida, en segundo lugar Venezuela mantiene deudas con la organización, y cada uno de las sesiones del consejo permanente que hacen seguimiento al caso venezolano mantienen plena vigencia y vinculación con la crisis nacional, entre ellos el debate de la carta democrática, y en tercer lugar es poco probable que en ese periodo un gobierno con tan poca base de apoyo logre sostener esta decisión que es reversible en cualquier momento futuro.

Merchán también profesor universitario en derecho internacional, explicó que el articulo 143 de la carta fundacional de la OEA es claro sobre el mantenimiento de las responsabilidades de un estado miembro aún cuando inicie el retiro de la organización, estableciendo: “Sucede lo mis que cuando nos retiraron de la CAN, Venezuela quedó atada durante 5 años más después de esa decisión, también errada por cierto, producto de las especificaciones del pacto de la comunidad andina, en el caso de la OEA pasa lo mismo, por lo que le guste o no al gobierno venezolano tendrá que seguir respondiendo por su conducta ante este ente, destacando que Venezuela se convierte en el primer país en iniciar el retiro por motivación propia, ya que Cuba fue expulsada en su momento y Honduras suspendida hace unos años por rupturas del orden constitucional, el gobierno se adelanta y se excluye de las reglas del juego, lo cual solo reafirma su condición totalitaria, y en el lenguaje de las relaciones internacionales esto se traduce en una declaración clara de talante dictatorial que el mundo ve con mayor preocupación, y trae consecuencias negativas en lo adelante para la dinámica de las relaciones con los demás países del continente y de todo el planeta, ahora más de uno tiene la oportunidad y el argumento para reconsiderar su relación económica, diplomática y política con un país que esta al margen de las normas internacionales, lo cual seguramente agudizará la crisis que actualmente se vive en territorio venezolano”.

Finalmente, el también miembro del Foro Penal Venezolano destacó que todo el sistema de gobierno esta directamente vinculado a violaciones de derechos humanos que vienen documentando en diversos lugares del país, por lo que de ningún modo cesará la denuncia de todos estos casos ante el sistema interamericano que forma parte de la OEA, ya que más temprano que tarde los que vulneran las leyes nacionales, de la constitución hacia abajo, como también los principales tratados internacionales en esta materia, deberán responder por sus acciones ya que estos delitos no prescriben, y la justicia alcanzará a quienes hoy valiéndose del poder han pisoteado las reglas fundamentales de convivencia en una sociedad libre, democrática, plural y con base el estado de derecho.

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