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¿Por qué protestan los médicos en Venezuela?; por Indira Rojas

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Por Indira Rojas | 20 de mayo, 2017

 

Marchas de médicos el 17 may

Profesionales de la salud marcharon el 17 de mayo en el oeste de Caracas para exigir al Gobierno soluciones ante la crisis hospitalaria. Fotografía de Indira Rojas

En la Maternidad Santa Ana de Caracas las recién paridas pasaban los primeros dos días del posparto en sillas de ruedas a la espera de camillas. A veces dos mujeres se veían obligadas a compartir una cama cuando la hospitalización rebosaba de pacientes. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) reconoció la unidad de cuidados intensivos neonatales como “la más grande del Distrito Capital” en 2013. Pero los especialistas la llamaban “terapia neonatal celestial” porque diariamente fallecían hasta tres bebés. Estas son las anécdotas que cuenta el doctor Javier Ortiz sobre sus últimos dos años en la institución, donde fundó la Unidad de Endoscopia Ginecológica.

De 50 años y actitud enérgica, el ginecólogo formó 18 promociones de especialistas en esta maternidad. Pero se despidió de su equipo con una jubilación adelantada en abril de 2016, tras pasar 4 años denunciando las carencias del hospital y ganar una demanda por acoso laboral contra el IVSS:

“Las condiciones eran infrahumanas y no podíamos seguir así. Tenía dos opciones: o armaba un lío para llamar la atención, aunque me despidieran o me tuviera que ir, o me quedaba callado y esperaba mi jubilación. De alguna manera me convertí en el doctor que enfrentaba a la Dirección del hospital y que no aceptaba las condiciones de trabajo. Era la piedrita en el zapato”.

La falta de insumos, la muerte de neonatos y el exceso de pacientes persisten en la Maternidad Santa Ana, así como los “mecanismos de intimidación” contra los médicos residentes y adjuntos que critican la situación interna del centro de salud, advierte Ortiz. “Viví amedrentamiento, persecución y acoso laboral”.

El especialista pidió el derecho de palabra en una asamblea del gremio médico en el Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el jueves 11 de mayo. De pie, desde el podio del auditorio, exclamó: “¡No tengan miedo! Podemos ganar en las instancias legales que todavía nos quedan”. Ese día fue la primera vez este año que los galenos de Caracas plantearon una agenda de actividades para manifestar contra las carencias del sistema de salud.

Seis días después, el miércoles 17 de mayo, los médicos vistieron sus batas blancas y uniformes para concentrarse frente al Hospital de Niños JM de los Ríos, en San Bernardino, a las 10:00 de la mañana. No había franelas ni pancartas asociadas a partidos políticos. No querían vincularse ni con el chavismo ni con la disidencia. Pero la calle estaba agitada: la oposición acumulaba 47 días de protestas y se hablaba sobre el asesinato de dos jóvenes en Táchira y Miranda en las revueltas del día anterior. Sin temor a represalias, esperaban entregar al nuevo ministro de Salud, el farmacéutico Luis López, un informe sobre la crisis hospitalaria.

La protesta organizada por el gremio médico no está vinculada a la agenda política opositora ni oficialista. Fotografía de Indira Rojas

La protesta organizada por el gremio médico no está vinculada a la agenda política opositora ni oficialista. Fotografía de Indira Rojas

“¿Y qué constituyente? ¡Si en los hospitales se mueren los pacientes!”, gritaban los galenos. “Los niños mueren mientras el Presidente habla con las vacas”, mostraba una pancarta. “La salud no es un regalo de Chávez sino un derecho constitucional”, se leía en otra. Por donde se mirara había un cartel con las etiquetas #CrisisHumanitaria o #NoMásMuertes. En el pecho y los brazos se colgaron con alfileres cintas negras de luto por los 11.466 niños y las 756 mujeres que engrosaron las cifras de mortalidad infantil y materna de 2016, por los dos niños que fallecieron en la Unidad de Nefrología del Hospital JM de los Ríos las primeras dos semanas de mayo y por todos los pacientes que han muerto por falta de medicinas.

Cada hospital tenía sus razones para protestar. En el José María Vargas cuatro de ocho pabellones están inoperativos por filtraciones de aguas blancas y negras que favorecen la proliferación de hongos en los pisos. En el JM de los Ríos no hay quimioterapia para los infantes con cáncer. En el Universitario de Caracas las máquinas de hemodiálisis no funcionan. Representantes de la ONG Médicos de Venezuela por la Salud, autoridades de la Federación Farmacéutica Venezolana, enfermeras, camareras de hospitales e incluso pacientes acompañaron a los médicos en la manifestación.

Enfermeras y camareras también marcharon el miércoles 17 de mayo. Fotografía de Indira Rojas

Enfermeras y camareras denunciaron que los hospitales no tienen suficiente comida para garantizar a los pacientes una alimentación balanceada. Fotografía de Indira Rojas

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió que la marcha avanzara más allá de La Candelaria, a pesar de que los médicos intentaron mediar con los uniformados. Dos horas después llegó un hombre moreno, de cabello canoso y lentes, vestido con uniforme médico. Se presentó como Maiqui Flores y dijo que estaba comisionado por el despacho del ministro de Salud para recibir el documento que los galenos habían preparado. “El ministro está ahorita en Miraflores con el Presidente de la República en un acto”, acotó antes de retirarse con el informe.  

Con la protesta en la calle, el gremio médico también pretende sensibilizar a la comunidad. “La lucha es con los pacientes y por los pacientes”, insistió Daniel Sánchez, anestesiólogo del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas, durante la asamblea celebrada el 11 de mayo. Jaime Lorenzo, miembro de la ONG Médicos Unidos, declaró que varios colegas en el interior del país, entre ellos un anestesiólogo y un obstetra, fueron removidos de sus cargos por protestar. Frente a la indefensión jurídica en la que se ven los médicos hostigados, el Foro Penal Venezolano los asesora para fundar el Foro Venezolano de la Salud como una entidad que los asista legalmente en estos casos, indicó la doctora Moraima Hernández, presidenta de la Sociedad Médica de la Maternidad Concepción Palacios. “El responsable de la crisis sanitaria es el Ministerio de Salud, que no termina de asumir que el objetivo fundamental por el que estamos aquí son los pacientes y no la revolución”.

El médico contra el sistema

A diferencia de las marchas y los plantones en los hospitales, las batallas del doctor Javier Ortiz en la Maternidad Santa Ana fueron más bien solitarias. Los residentes temían perder sus estudios de posgrado si se pronunciaban contra las políticas del hospital, adscrito al IVSS, y los jefes de servicios no querían perder la jubilación. “Todo el mundo callaba, nadie reclamaba y eso no lo toleré”.

Protestó a través de cartas y comunicados. “¡El papel lo mata todo!”, dice. Redactó una primera misiva el 26 de noviembre de 2014, en la que señaló que la dirección de la Maternidad actuaba fuera de la ley por “intimidación, descalificación y persecución” del personal, y una segunda el 29 de marzo de 2016 en la que detalló las carencias del hospital y nuevamente advirtió el “maltrato emocional” hacia residentes y adjuntos.

Carta sobre crisis hospitalaria en la Maternidad Santa Ana 1 by prodavinciredes on Scribd

Carta sobre crisis hospitalaria en la Maternidad Santa Ana 2 by prodavinciredes on Scribd

Carta sobre crisis hospitalaria en la Maternidad Santa Ana 3 by prodavinciredes on Scribd

La dirección del hospital acusó a Ortiz de insubordinación y desobediencia a la autoridad después de haber referido a ocho pacientes hacia otros centros de salud en una guardia, porque carecía de materiales y medicamentos para atenderlos. “Ese sábado teníamos déficit de camas en la hospitalización y en la terapia neonatal. Sólo disponíamos de soluciones para diez pacientes”. Frente a la amenaza de ser despedido e inhabilitado para trabajar en otros hospitales públicos y con un expediente administrativo en su contra en marcha, su abogado le recomendó tramitar la jubilación. Con 23 años dedicados a la Maternidad Santa Ana, Ortiz tomó el consejo. Tres semanas después recibió un comunicado de suspensión de la baja y fue entonces cuando demandó al IVSS. “Cuatro meses después salió la sentencia y el tribunal falló a mi favor. Por fin les gané una”.

Cuando la opción es renunciar

El doctor K tiene prohibido entrar al hospital donde trabajó por cinco años. A seis pasos de la puerta se resguardaba de un aguacero en la entrada del edificio de consultas. Aunque ya no es parte del personal médico de la institución, se presentó a las 9:00 de la mañana para apoyar una protesta que sus colegas organizaron contra la escasez de medicamentos. “Si pudiera entrar iría piso por piso para invitarlos a participar”, dijo alicaído.

Hace tres semanas, el doctor K denunció públicamente las carencias del hospital y criticó los hostigamientos al personal. La directiva lo acusó de instigación pública y de hacer falsas declaraciones sobre la situación del centro. Renunció para evitar acciones legales en su contra y la destitución del cargo. “Ellos (la directiva) alegaron que dije cosas que no eran ciertas y que aquí contamos con todas las condiciones adecuadas para trabajar”.

Los pacientes que entran por Emergencia esperan hasta 12 horas o más para recibir asistencia porque la sala está abarrotada. No hay antibióticos ni medicinas para controlar enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Los médicos ni siquiera disponen de hojas membretadas para recetar los tratamientos.

“El grupo de residentes hacen vida en el hospital las 24 horas del día, pero temen afectar sus carreras académicas si alzan la voz. Muchos piensan que si protestan les van a quitar turnos quirúrgicos que son necesarios para graduarse. Hay quienes deben comprar los insumos con su dinero para hacer las cirugías. Los adjuntos tienen miedo de ser destituidos y hay médicos con una larga carrera en el área pública y no quieren perder su jubilación”.

Desde que renunció ha estado en contacto con profesionales de otros hospitales que también han sufrido acoso laboral. Asegura que han sido amedrentados de muchas maneras:

“Incentivas al médico a que renuncie y esto hace que los otros sientan temor de manifestar. Si el médico no renuncia, lo destituyen. A mí no me pasó, pero también sé de doctores que han sido amenazados por los colectivos. Simplemente les dicen que ya su nombre está rodando entre ellos y están dentro del hospital”.

Insultos y empujones

“Ojalá que lleguen personas armadas para ver quién te va a defender”, le dijo un miliciano a un residente del Hospital Dr. José María Vargas durante una protesta que los médicos organizaron el martes 16 de mayo. El doctor V escuchó la discusión entre el miliciano y su colega. No pudo evitar meterse en el lío. “Debe ser que tú nos defiendes mucho, tremenda seguridad”, objetó en tono provocador. “El miliciano se puso más agresivo y me ofreció unos golpes. Me empujó, ahí llegó el personal de seguridad del hospital y no pasó a mayores”.

El alboroto comenzó cuando los militares le negaron la entrada a un grupo de periodistas y algunos médicos intentaron ayudarlos a ingresar. El altercado avivó las tensiones que se acumularon desde que los médicos se declararon en asamblea permanente el 9 de mayo, debido a la carestía de insumos básicos y al estado de los quirófanos que, sin aire acondicionado, son caldo de cultivo para bacterias.

Cuatro de los ocho quirófanos del Hospital Vargas están inoperativos. Fotografía de Indira Rojas

Cuatro de los ocho quirófanos del Hospital Vargas están inoperativos. Fotografía de Indira Rojas

A diferencia de otros colegas, el doctor V no se ha visto obligado a renunciar o emprender una demanda. Él prefiere emigrar. “No creo que me quede en el país. Esto es horrible. Los pacientes se nos mueren porque no hay antibióticos, no hay insumos, y ellos no pueden costearse los tratamientos porque son muy caros”.

En la asamblea del 15 de mayo en el Hospital Vargas, los médicos insistieron en que es necesario dejar constancia de la escasez de medicamentos en actas y referencias médicas, así como las fallas de los equipos que les dificultan lograr diagnósticos oportunos. Una enfermera joven y de actitud decidida subió al podio: “No es posible que tengamos que administrar antibióticos vencidos y soluciones que causan reacciones adversas. Los pacientes no comen bien. Hay miedo de hablar, sí, porque en enfermería nos amedrentan mucho más. Pero estamos cansados y esto tiene que cambiar”.

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Indira Rojas

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Primeros auxilios UCV: a 100 metros del conflicto; por Yorman Guerrero

Actualidad

 

Por Yorman Guerrero | 7 de mayo, 2017

 

Daniella y Federica tienen 22 años y estudian Medicina en la Universidad Central de Venezuela. Carlos tiene 25 y es odontólogo egresado de la Universidad Santa María. Los tres lideran un grupo de más de 100 voluntarios que asisten a los heridos en disturbios contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas. Visten uniformes médicos y llevan consigo 3 accesorios imprescindibles: un bolso cargado de medicamentos e insumos como gasas, algodón, adhesivos y vendas, una máscara antigás y un casco blanco identificado con una cruz verde.  

En un mes de protestas el equipo de Primeros Auxilios UCV nunca había sido atacado directamente por cuerpos de seguridad del Estado. Pero el miércoles 3 de mayo un contingente de la Policía Nacional Bolivariana arremetió contra la unidad móvil de los voluntarios. A través de las redes sociales se viralizó un video de poco más de un minuto de duración en el que se ve a los funcionarios policiales lanzar gases lacrimógenos dentro de la camioneta roja identificada con cruces verdes que traslada a los socorristas. Horas después del ataque, Federica denunció que dos brigadistas resultaron heridos y varios bolsos y equipos radiotransmisores fueron robados.  

La primera vez que los tres jóvenes prestaron atención médica en revueltas fue en 2014, cuando participaron como voluntarios en Primeros Auxilios UCV, un grupo que brindaba asistencia a lesionados en las protestas que buscaban promover la salida de Maduro del poder. Este año, Daniella, Carlos y Federica refundaron la organización de estudiantes y profesionales de la salud para ayudar a los manifestantes que salieron a las calles a rechazar las sentencias 155 y 156, que emitió el Tribunal Supremo de Justicia a finales de marzo e invalidaban las competencias de la Asamblea Nacional.

Los 3 se ubican a 100 metros del choque entre manifestantes y contingentes de policías y militares que impiden su paso, en lo que llaman la zona roja, la franja de seguridad más cercana y peligrosa para rescatar a los lesionados. La segunda es la naranja, a 200 metros de distancia de la refriega y la tercera es la verde, a 300 metros.

En una conversación con Prodavinci estos voluntarios narran cómo afrontan el miedo de estar en la línea de fuego, qué los motivó a unirse a la agrupación y cuáles son sus aspiraciones para el futuro.

Daniella Liendo
22 años
Segundo año de Medicina
Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela

Daniella Liendo retratada por Iñaki Zugasti

Daniella Liendo retratada por Giovanna Mascetti

“La noche antes de las manifestaciones duermo con mi mamá. Antes de salir ella me da la bendición. Me llamo Daniela Chiquinquirá por la virgen. Tenemos una imagen en casa y rezo allí. He sentido muchísimo miedo. Pero me da más miedo que sigamos en esto y que yo tenga temor de salir de mi casa y encontrarme con la policía un día normal. Esa es mi manera de afrontarlo. Respiro profundo, pienso muchísimo en mi familia, en mi mamá y mi papá, pero estoy segura de que cuento con un equipo increíble. Estamos para ayudar a quien sea. A mí no me ha tocado asistir a un Guardia, pero sí he estado en equipos con compañeros que lo han hecho. Nos movemos a la zona donde están los efectivos policiales. Incluso en 2014, en una oportunidad, quedamos atrapados del lado de la Guardia. Ellos son humanos igual que nosotros. Por eso la organización se fundamenta en eso: la humanidad, la neutralidad y la imparcialidad. Antes de cada protesta vamos a los piquetes y nos presentamos. Últimamente no nos podemos acercar porque cuando llegamos al lugar ya hay represión. La primera manifestación a la que fui como voluntaria fue en 2014; no recuerdo la fecha pero terminó por Ciudad Banesco (Bello Monte). En aquel momento una ballena destrozó un semáforo: ese día fue mi debut. Estábamos mega desorganizados. Conmigo llevaba el carnet de la universidad, mono quirúrgico y ya. De hecho, andaba con un tapabocas. Ni siquiera tenía máscara antigas. Atendíamos en pareja, no en grupos como estamos conformados ahora. Terminamos escondidos en un edificio. En 2014 también recuerdo el caso más grave que he atendido o, por lo menos, el que más me marcó: era Semana Santa y Chacao estaba convertido en un espacio de guerra, allí atendí a un chamo de 16 años con una metra en el muslo, una bolondrona. El chico me decía que sus papás no sabían que estaba allí y me pedía que no lo lleváramos a Salud Chacao porque se lo podían llevar preso. En ese momento teníamos como política no suturar porque no es ético suturar en un espacio tan contaminado. Le sacamos la metra como pudimos. En 2017 a la primera manifestación que asistí como parte del voluntariado fue a la del jueves después de la sentencia del Tribunal, esa que terminó en la autopista. Éramos apenas 4 compañeros. El sábado, en la siguiente protesta, ya éramos 30”.  

Daniella Liendo retratada por Giovanna Mascetti

Daniella Liendo retratada por Giovanna Mascetti

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Carlos Sambrano
25 años
Odontólogo egresado de la Universidad Santa María

Carlos Sambrano retratado por Giovanna Mascetti

Carlos Sambrano retratado por Giovanna Mascetti

“Soy líder de zona roja y coordinador general en todo el trabajo de campo. Estoy muy pendiente de que todos tengan el equipo necesario, que todos se cuiden. La logística se elabora con un día de antelación, una vez que sabemos los puntos de la convocatoria. La organización se hace con base en el lugar, la cantidad de voluntarios que tengamos para ese día y la cantidad de equipos e insumos. Allí decidimos cómo vamos a dividir las zonas y si vamos a tener algún campamento fijo. Es inevitable no resultar herido, estamos en medio de un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad y manifestantes. He recibido impactos de bombas, perdigonazos y me he caído. Las heridas más comunes entre los manifestantes son contusiones, laceraciones y cortadas. También hay muchos asfixiados por el efecto de las bombas. Por ahora nuestro desempeño no se ha visto condicionado por la escasez de medicamentos e insumos, el apoyo de todas las personas que nos han donado ha sido rotundo. Tenemos insumos que no sólo están siendo utilizados por nosotros, sino que también estamos dotando a todos los equipos que tenemos a nivel nacional, en diferentes estados. Así como a ellos, también se está llevando insumos a los hospitales porque muchos no se utilizan en las manifestaciones. Una cosa es la medicina que se practica en el quirófano en un hospital y otra la que se practica en un conflicto como este. La motivación principal para unirme al equipo de Primeros Auxilios UCV es que en 2014 era estudiante de un ramo de la salud y qué mejor forma de aportar mi grano de arena que yendo a las marchas. Yendo a dar primeros auxilios o ayudar a un manifestante que lo necesitara. No estamos solamente para los manifestantes sino para cualquier víctima. La medicina no tiene color ni uniforme. En aquella oportunidad yo armé la unidad de primeros auxilios de la Universidad Santa María y sabía que en la UCV habían montado un equipo similar. Luego coincidimos en esas manifestaciones y decidimos hacer un solo núcleo. El caso más grave que me tocó atender en una manifestación fue un disparo en 2014, en Terrazas del Ávila. A un manifestante le perforaron la arteria braquial y el chamo estuvo a punto de morir”.

Carlos Sambrano retratado por Giovanna Mascetti

Carlos Sambrano retratado por Giovanna Mascetti

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Federica Dávila
22 años
Cuarto año de Medicina
Escuela Luis Razetti de la Universidad Central de Venezuela

Federica Dávila retratada por Giovanna Mascetti

Federica Dávila retratada por Giovanna Mascetti

“Tenía un rito antes de incorporarme a las labores de Primeros Auxilios UCV, lo compartí y ahora lo volvimos algo de grupo: rezamos una oración antes de salir a la marcha. Lo que me motivó a unirme al grupo de primeros auxilios es que me sentía muy impotente. Me di cuenta de que era la mejor manera de ayudar con lo que estudiaba y practicaba todos los días. Esa era la forma en la que yo iba a ser más útil. No he resultado herida, pero algunos de mis compañeros sí. Cuando eso ocurre, nos retiramos de la zona. Al principio trabajábamos con las manos. No teníamos ni gasa, pero gracias a la gente que ha colaborado con nosotros hemos recibido medicamentos y todo lo que necesitamos. Gracias a los venezolanos que están en el extranjero y nos han enviado todo lo que no se consigue en el país como cremas con antibióticos y fármacos para las quemaduras como sulfadiazina de plata, antibióticos, vendajes, adhesivos, muchísimas cosas que aquí no encuentras. Cremas con esteroides. Aunque en los hospitales hay una crisis de insumos y medicamentos muy grandes, es más fácil atender allí porque estás en un ambiente controlado. En cambio acá tenemos los insumos necesarios, pero estamos en la mitad de un conflicto. El miedo es parte del pasado. Esto se volvió algo tan grande y genera tanta confianza a la gente que se ha convertido en un foco de esperanza y eso es muchísimo más grande que el miedo. El caso más grave que me ha tocado atender es el de un paciente que falleció porque le dio un infarto. Cuando llegué ya no tenía signos vitales. El señor tenía como sesenta y pico, estaba saliendo de la represión, y cuando corría desde la autopista hacia Las Mercedes le dio un infarto y falleció”.

Federica Dávila retratada por Giovanna Mascetti

Federica Dávila retratada por Giovanna Mascett

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Yorman Guerrero

Hernán Castillo: “Una salida militar complicaría aún más la crisis”; por Hugo Prieto

Actualidad

 

Por Hugo Prieto | 7 de mayo, 2017

 

Hernán Castillo retratado por Roberto Mata

Hernán Castillo retratado por Roberto Mata

La base del conflicto venezolano hay que buscarla en el art. 328 de la Constitución de 1999. A partir de esa disposición, que le permite a los militares “participar en el desarrollo nacional”, han copado el Estado y se han involucrado en los menesteres generales de la sociedad civil.

Hernán Castillo, experto en el tema militar, doctor en Historia (UCAB), con maestría en Ciencias Políticas (USB) y maestría en Seguridad y Defensa (Iaden), afirma que “mientras los militares participen en la política, la sociedad civil estará en peligro”.

La constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro es de corte corporativista, por decir lo menos, y tiene antecedentes históricos en la Italia fascista de Benito Mussolini. Se propone, además, alcanzar “la fusión entre civiles y militares, tal como sucede en Cuba”. La salida “pacífica, constitucional, democrática y electoral”, parece un espejismo en el horizonte, un objetivo inalcanzable. Sin embargo, hay que hacer todo lo que sea posible por lograrlo. La libertad tiene un alto costo en sacrificios y esfuerzos humanos. Qué estemos aprendiendo la lección en las calles, soportando una represión brutal y la violación de los Derechos Humanos, se debe a la actitud irresponsable de las élites y de la sociedad en general que subestimó el carácter dictatorial y autoritario del proyecto político del teniente coronel, Hugo Chávez.

Hay una crisis política, institucional, incluso, una crisis del Estado, pero en las Fuerzas Armadas, que son un componente esencial del Estado, aparentemente no hay crisis. No hay un síntoma de inconformidad o de rechazo con lo que está ocurriendo en el país.

La crisis en Venezuela se puede definir como el cuestionamiento de las bases culturales, políticas, jurídicas, sociales y económicas de la sociedad en su relación con el Estado. Eso es lo que viene ocurriendo a partir de la Constitución de 1999. Han venido cambiando las clásicas relaciones de convivencia, en todos los campos. Hasta el punto de que el presidente anuncia una nueva constituyente, con un conjunto de rasgos que se salen de la Constitución. Esa crisis venía solapada o encubierta por la renta petrolera. Pero al agotarse la renta, la crisis aflora en los términos más dramáticos. Hay dos grandes modelos, dos grandes bloques, en conflicto. Por un lado, quienes están actualmente en el poder con su proyecto socialista, incluso con rasgos hasta fascistas, corporativos, y por el otro, el resto de la sociedad con un proyecto democrático clásico, liberal. ¿Cuál va a salir dominante? Eso está por verse. La confrontación está en desarrollo. Sin embargo, a mi juicio, el proyecto de Hugo Chávez se agotó.

Pero no me ha respondido la pregunta. Dentro de esa crisis, hay un componente del Estado (las Fuerzas Armadas) que, aparentemente, no tienen ningún cuestionamiento. ¿Es inmune a la crisis?

No soy de esa opinión. En mi trabajo académico, sigo una línea de investigación en la cual la violencia política y el tema militar siempre han estado presentes en la vida del país. Y ahora aflora con gran fuerza, sólo que tuvimos el paréntesis (1958-1998). A excepción de ese lapso, lo que hemos tenido es violencia, caudillismo y militares. Yo no diría guerras civiles, sino como diría Vallenilla Lanz, matazones de gente. De tal manera que los militares y la violencia política han sido una constante en la historia de Venezuela. Ahora la historia retoma su curso, incluso con más fuerza, porque a partir de la Constitución del 99, los militares tienen una participación activa en el desarrollo nacional, yo creo que están jugando el peor de los papeles. Por un lado coparon y saturaron la sociedad. Y más recientemente, la represión violenta, la violación a los Derechos Humanos y el conjunto de escándalos y de delitos que conocemos en otros campos. Yo creo que están jugando un papel muy importante. No la asonada clásica para los cambios del poder, pero sí de otra manera. El mundo ha cambiado.

Si no se trata del papel clásico que conocemos, pero además está sustentado en la Constitución del 99, ¿lo que está pasando en el mundo militar es responsabilidad exclusiva del ex presidente Chávez?

No, no es materia exclusiva del teniente coronel Hugo Chávez. Esto es responsabilidad de la sociedad venezolana, de sus élites. Esto es resultado de la manera en que la sociedad civil ha enfrentado el tema de la violencia y el tema de los militares. En Venezuela ha habido un absoluto desprecio por el tema militar. Una absoluta subestimación del papel que los militares han jugado —y siguen jugando— en la política y en la historia venezolana.

Partamos del hecho de que los militares se sienten relegados y quieren reconfigurar su relación con la sociedad y con el Estado, ¿por qué lo hacen apoyando al gobierno de Nicolás Maduro?

Esa es una pregunta difícil de responder. Porque el apoyo y el rechazo que hay allí no lo conocemos. Es una institución sumamente cerrada. Además, ahora —tal como lo he dicho en otras oportunidades— hay presencia de las fuerzas internacionales del mal. Caracas es la Estambul de los años 60, donde estaban todos los pillos del mundo, que complican una conspiración. Conspirar en democracia es muy sencillo, pero conspirar y tratar de derrocar a un gobierno en estas circunstancias es mucho más complejo. Chávez conspiró entre 1983 y 1992, porque la sociedad y el sistema político relajaron todos los controles. Pero ahora no sabemos cuál es el grado de descontento, de conflicto, de tensiones, que hay allí. Se supone que debe ser equivalente o análogo al que hay en el resto de la sociedad. Pero no tenemos una evidencia concreta, empírica, material. No podemos hacer una encuesta en esa institución. Lo que sí hay es un alto mando subordinado al gobierno. Incluso, también allí, a partir de las declaraciones de la fiscal general, no sabemos cuánta unidad, cuanta solidez y cuanta consistencia tenga el alto mando. Yo soy de los que piensa que no se trata de una declaración individual, eso debe tener su contexto bien complejo, entre otro lo militar.

La crisis está retumbando en las puertas de Miraflores y con una fuerza increíble. La fiscal, con sus declaraciones, abrió un boquete, ¿Qué pasaría si el estamento militar abre no un boquete sino una rendija? Esto que llaman el régimen, el gobierno, no implosiona, sencilla y llanamente se desintegraría.

Creo que la rendija está abierta. Yo creo que este proyecto político comenzó a declinar en 2007 (derrota del referéndum constitucional) y ya está en fase terminal. No es sencillo pronosticar con exactitud lo que pudiera ocurrir. Pero sí podemos plantear una serie de escenarios. Las dos grandes declaraciones de prensa que dio la fiscal no las dio en el vacío. Creo que tiene su raíz y sus vínculos muy importantes, muy profundos, con un sector del alto mando de las Fuerzas Armadas que está en desacuerdo con una salida militar, entre otras cosas, porque una salida seria, profunda, clásica, latinoamericana, exige una capacidad que los militares venezolanos no tienen. De tal modo que no pueden sostener una coyuntura, una situación semejante, para buscar luego un desenlace.

¿Por qué dice eso?

En primer lugar porque el alto mando está profundamente corrompido. Periódicamente estamos viendo escándalos de todo tipo de delitos comunes, de Derechos Humanos y de otros problemas. Luego por cuestiones operativas. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, el contexto internacional no permite una salida violenta de tipo militar para América Latina. Yo diría que vamos hacia uno de los escenarios que es el peor. Ni siquiera a una guerra civil de baja, mediana o de alta intensidad, muchísimo menos, digamos, al estilo colombiano o centroamericano (años 80), sino peor aún: la anomia, que es realmente lo que estamos viendo. Una violencia desbordada, anárquica, loca. Las dos grandes bases del proyecto chavista, castrista, o como se quiera llamar, eran el apoyo popular, que el gobierno lo perdió y luego la renta petrolera, que desapareció. Es un proyecto que está en el aire, en el vacío.

Hernán Castillo retratado por Roberto Mata

Hernán Castillo retratado por Roberto Mata

Permítame discrepar de su opinión. Es cierto, el gobierno perdió el apoyo popular, así como la chequera de la renta petrolera, que se agotó, pero tiene el control de los poderes públicos y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es más, el gobierno acaba de llamar a una constituyente de corte corporativista que, como diría alguien por ahí, es “fascismo de librito”.

Sí, es la Constitución de Mussolini.

¿Cómo es que las Fuerzas Armadas se comprometen con una constituyente de ese tipo?

La base del tipo de desenlace que estamos teniendo está en que desde los comienzos, la oposición y buena parte de la sociedad —y eso tiene que ver con nuestra cultura política y nuestra forma de ser, muy irresponsable, por cierto—, no captó con claridad la naturaleza, el carácter totalitario del proyecto que estábamos enfrentando. Pretendimos enfrentarlo democrática y pacíficamente. Y resulta que esto requería, desde un principio, de un componente muy importante de muchísima protesta y muchísima presión en las calles. Eso no se hizo. Lo que aprovechó el gobierno para irse consolidando cada vez más. Recientemente, la sociedad venezolana se ha convencido de quién tenemos enfrente, a un enemigo, hasta el punto de que el gobierno convoca a una constituyente, no de acuerdo a las normas de la Constitución, sino cambiando todas las reglas del juego y lo hace una vez que le fracasó el Tribunal Supremo de Justicia, con las sentencias 155 y 156, a las cuales le respondió la fiscal. Ante ese fracaso y la pretensión de dominación dictatorial y totalitaria inventan esta constituyente comunal, corporativa, fascista.

¿El Rey quedó desnudo?

Está desnudo desde hace muchísimo tiempo. Y como siempre, le queda el último recurso: la fuerza, la violencia. Pero el costo va a ser muy alto.

¿Usted cree que aquí sigue planteada la famosa salida “pacífica, constitucional, democrática y electoral”?

Yo soy pesimista. Lamentablemente, creo que eso se agotó. Sin embargo, hay que seguir haciendo el esfuerzo. Hay que tratar de resolver este conflicto de una forma lo más democrática y pacífica posible. Pero yo la veo bastante agotada en términos prácticos. Aquí se han hecho algunos esfuerzos, la oposición propuso cuatro puntos y el gobierno no ha cumplido ninguno. ¿Cómo te sientas con alguien que no te respeta e incumple los acuerdos? Lamentablemente, la sociedad civil venezolana va a seguir peleando hasta el final y buscar una salida tipo Marcos Pérez Jiménez, vamos a tener que ir a una huelga general indefinida y paralizar el país. Definitivamente, una combinación de violencia de baja intensidad y protestas pacíficas y democráticas. Tal como ocurrió en la Europa comunista.

¿Realmente usted visualiza esa alternativa?

Este gobierno está muy comprometido con delitos internacionales. Se quiere mantener en el poder a sangre y fuego. Y eso no es posible en el mundo moderno. Eso era posible en los tiempos de la guerra fría, con el apoyo de Rusia y China (países cuyas sociedades y gobierno han cambiado radicalmente). De tal manera que yo soy pesimista. Esto va a tener una salida muy problemática, violenta. Es que el gobierno ni siquiera convoca a elecciones y ese es el instrumento político y democrático por excelencia, pero si no tenemos ese instrumento, ¿Qué nos queda? La protesta.

Usted es historiador. ¿De qué nos sirvieron 40 años de democracia? ¿De qué nos sirvió el 23 de Enero? Es cierto, nuestra conducta como sociedad ha sido muy irresponsable, pero alguna lección pudimos haber sacado, ¿no?

La lección que estamos sacando es que al final hay que defender la libertad; y eso tiene costos muy altos, costos humanos y sacrificios sumamente altos. Ya estamos viendo, abiertamente, la cantidad de asesinatos en las calles, la cantidad de presos políticos, ese es el precio que estamos pagando por defender la libertad. La libertad no es gratuita, tiene un costo. La defensa de democracia tiene un costo muy alto. Pero siempre se subestimó, se pensó que el país estaba bien con la renta petrolera. Incluso, en las esferas del gobierno. Pensaban que podían controlar al país, si controlaban la renta petrolera. Pero resulta que no es así. La democracia se sostiene con prosperidad económica, con prosperidad material. Pero también se sostiene, principalmente, con valores. Ese es el aprendizaje que hemos tenido. A su vez, ha sido la barrera que ha confrontado este gobierno, sobre todo en los sectores de la juventud venezolana, que ha salido a las calles a defender la libertad. Ese ha sido el aprendizaje que hemos tenido.

Si esa es la alternativa, pues la lucha en las calles es muy desigual. Aquí la población se está enfrentando a unas fuerzas policiales y militares que están reprimiendo con saña. Todos los días hay asesinatos y un nuevo contingente de presos políticos. Todos los días se constata una nueva violación a los Derechos Humanos y a la Constitución. ¿Puede la gente salir todos los días a las calles a inmolarse?

Ese es el desafío que tenemos. Yo creo que sí, permanentemente salir a la calle hasta resolver la situación. Igualmente lo era muy desigual en la Rumanía de Ceaușescu. E igualmente lo ha sido en los países latinoamericanos que han luchado contra las dictaduras en los años 70. Lo pudieron superar de distintas maneras. Vamos a ver, en el caso venezolano, de qué manera vamos a superar esta situación. En contraposición a ese conjunto de experiencias trágicas a las cuales me he referido, yo creo que el mundo, la OEA, y los organismos internacionales, están jugando un papel muy importante.

¿Por qué los actores políticos no han propuesto cuál sería la reconfiguración de las relaciones entre el Estado y el mundo militar, entre la sociedad y los militares?

Yo creo, y he insistido en ello, que la base de esta crisis tan profunda está en el cambio que se le hizo al papel que los militares debían jugar en el sistema político, previsto en Constitución del 61, y modificado en la Constitución del 99. Con los militares venezolanos hay que hacer lo que hizo Guzmán Blanco con la religión: separarlo del poder del Estado. Y la Constitución del 99 (art. 328) lo que hizo fue involucrarlos directamente en la participación política y activa del Estado. Esa es la raíz de nuestros problemas. Coparon el Estado. Cuando los militares intervienen políticamente, la supervivencia de la sociedad civil está amenazada. A los militares hay que sacarlos del Estado, a cumplir sus funciones naturales. Mientras ese maldito artículo 328 no se cambie, los militares pretenderán, de distintos modos, dominar a la sociedad civil, tal como lo estamos haciendo ahora. Esa es la raíz más profunda de la crisis venezolana.

Tenemos a una sociedad cada vez más militarizada. El gobierno tiene una meta: 500.000 milicianos armados. Y tal como lo ha dicho, los militares han copado el Estado. Venezuela debe ser el paraíso soñado por el sector castrense. Una sociedad obediente y no deliberante. Un ejército de 30 millones de soldados.

Yo soy de los que creo que en esa reunión de lo que ellos llaman constituyente comunal, el primer punto de los ocho que planteó el presidente, remite a las relaciones entre civiles y militares. Yo creo que ahí van a profundizar un poco más. El art. 328 señala la participación activa de los militares en el desarrollo nacional, creo que el siguiente paso que van a dar es la fusión de los militares con la sociedad. Lo que es muchísimo más grave. Tal como funciona en Cuba, en Corea del Norte y en los países comunistas totalitarios.

¿Eso es lo que se va a profundizar?

A mí manera de ver, sí. Ese es el desafío que tiene la sociedad venezolana: la lucha contra el autoritarismo. Resultado, por un lado, del desprecio de la sociedad y del sector político hacia las Fuerzas Armadas y luego por el papel que ellos (los militares) han jugado en la historia de Venezuela. Entonces, tratan de sostenerse a sangre y fuego en el poder con el nuevo ingrediente que hemos visto, los escándalos en materia de drogas, en materia de terrorismo, en materia de violaciones a los Derechos Humanos y en materia de corrupción en general. Pero mientras los militares no sean reducidos a sus funciones estrictamente técnicas y profesionales, la sociedad civil estará amenazada. No estoy de acuerdo con la eliminación del sector militar, como lo hizo Costa Rica y como se ha planteado en Uruguay. Venezuela tiene un conjunto de problemas geopolíticos sumamente importantes por su relación con los vecinos y además tiene la primera reserva petrolera del mundo. Necesitamos unas Fuerzas Armadas altamente tecnificadas, pero pequeñas, con funciones de defensa muy específicas. Además, tenemos otro ingrediente que agrava aún más la situación, las fuerzas paramilitares, los llamados colectivos, que están jugando un papel muy importante en la represión. Incluso, hay denuncias de influencias extranjeras en esos grupos, que son una combinación de delincuentes y activistas políticos del gobierno, disparando y reprimiendo a la protesta pacífica venezolana. Eso complica aún más la situación y los desenlaces.

Me cuesta creer que en el sector militar no haya cabezas pensantes que apuesten a un país moderno, reinstitucionalizado y democrático. Un país con posibilidades de desarrollo material y avances.

A todos nos cuesta creer, pero yo digo que afortunadamente es así. Esta crisis la tenemos que resolver los civiles solos, sin el apoyo militar. Si involucramos a los militares en esta salida, la situación se va a complicar muchísimo más. Que sigan jugando su papel en la represión, al final será la sociedad civil la que tendrá que resolver y colocar a los militares en el lugar donde siempre han debido estar, porque ellos no tienen que estar en estos menesteres generales de la sociedad. Tal como están ahora. Yo estoy en contra de una salida militar violenta. Sin embargo, no soy ingenuo. Ellos han jugado un papel en la historia venezolana y seguramente lo van a seguir jugando en la situación venezolana. Pero ojalá sea una mínima participación, una mínima intervención, pero no sería nada deseable. Esto lo tiene que resolver a costos y sacrificios humanos muy altos la sociedad civil. Para que después las Fuerzas Armadas no tengan ningún tipo de autoridad para pretender ningún tipo de privilegios y fueros especiales como los tienen actualmente.

Dictaduras: de la locura al punto de quiebre; por Wolfgang Gil Lugo

 

Por Wolfgang Gil Lugo | 6 de mayo, 2017

 

De izquierda a derrecha: Francisco Franco, Fidel Castro, Augusto Pinochet y Kim Jong-un

De izquierda a derecha: Francisco Franco, Fidel Castro, Augusto Pinochet y Kim Jong-un

“Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo” Octavio Paz

El término “quiebre” tiene su origen etimológico en la lengua latina. Para ser más específicos, en el verbo crepare, que se asocia a las ideas de “estallar”, “romper con estrépito”, y que se traduce como “crujir”. “Quiebre” deriva del verbo quebrar, es decir, romper algo, especialmente de forma violenta y sin que lleguen a separarse del todo sus partes. El verbo se asocia a fracturar, doblar, interrumpir o traspasar.

La noción de quiebre está indisolublemente vinculada al tiempo. Supone la distinción entre un antes y un después. “El paro cardíaco que sufrí hace dos años fue un quiebre: recién entonces comprendí que tenía que prestar más atención a mi salud”. En este caso, el accidente orgánico supuso un suceso que modificó la existencia de una persona, y que le condujo a tomar conciencia de los cambios indispensables para continuar con vida.

Las dictaduras son sistemas. Por lo tanto, deben renovarse para sobrevivir, pero las dictaduras tienen problemas para hacerlo, pues el más mínimo cambio pone en peligro la dominación. Por eso las dictaduras se hacen rígidas e inflexibles y esa rigidez es la que provoca el eventual quiebre.

Un quiebre, en consecuencia, está asociado al cambio abrupto. Las modificaciones que se producen de manera gradual o dentro de un proceso no se consideran quiebres. Estos, por lo tanto, pueden ser traumáticos; suelen presentarse como el impulso necesario para un cambio positivo.

Para algunas dictaduras el quiebre se produce a largo plazo. Logran sobrevivir por varias generaciones de la población, como son los casos de Franco en  España, de Stroessner en Paraguay, Mao y el partido comunista en China, los Castro en Cuba y Kim Il-Sung y sus descendientes en Corea del Norte. Para no sufrir amenazas, tales regímenes someten a la sociedad a inmensas presiones y tensiones.

La dictadura de Corea del Norte ha logrado sostenerse por casi setenta años. Su forma de gobierno es sucesoral en el mejor sentido de los reinados absolutos. La corona es hereditaria. El mando pasó desde el patriarca original, Kim Il-Sung, el abuelo, a través de su hijo, Kim Jong-il, hasta el actual tirano, Kim Jong-un.

De la misma forma, el régimen dictatorial de Cuba ha logrado subsistir por cincuenta y nueve años y Fidel, el dictador, mantuvo las riendas de la sociedad hasta su muerte. Poco antes, enfermo y muy disminuido, abdicó a favor de su hermano Raúl, octogenario de un perfil más bajo, pero en la misma línea tiránica.

El punto de quiebre de Pinochet

Al sometimiento de Pinochet se le conoció con el eufemismo de “régimen militar”. Fue el período de la historia de Chile comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, durante el cual se cometieron sistemáticas violaciones de los derechos humanos, registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura. El número de asesinatos políticos, de acuerdo a las cifras finales de la Comisión Rettig y las de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, arrojó 2.095 ejecutados políticos y 1.102 detenidos desaparecidos.

Chile experimentó una notoria transformación económica, política y social. El régimen se caracterizó por un modelo de autoritarismo extremo, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición de los partidos políticos (hasta 1987), la censura y violación expresa de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional (sustituido por la Junta de Gobierno) y la carencia absoluta de democracia. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles.

En lo estrictamente económico, significó un cambio radical de orientación del Estado, de un rol productor e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social, se impuso el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado «apagón», caracterizado por la represión de cualquier manifestación considerada contraria a la línea oficial.

En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmaba su cargo como Presidente de la República, mientras la junta de gobierno se circunscribía al poder legislativo. El texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que permitirían el retorno a la democracia como consecuencia del resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988. En el mismo, el pueblo chileno negó a Pinochet un nuevo mandato, y en consecuencia se celebraron elecciones presidenciales al año siguiente. La dictadura militar acabó con la entrega de mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente, Patricio Aylwin, iniciándose así un nuevo período histórico de transición a la democracia.

El punto de quiebre de Fujimori

La dictadura de Fujimori duró 10 años en el poder, periodo que se caracterizó por la corrupción, el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos. El 10 de junio de 1990, Fujimori gana las elecciones presidenciales al futuro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. En 1992, disolvió el Congreso con apoyo militar, asumiendo unos poderes absolutos que mantiene hasta 1993, siendo considerado como un autogolpe. Captura a líderes de los grupos insurgentes Túpac Amaru y Sendero Luminoso. En 1995 es reelecto presidente y en las elecciones del 28 de mayo de 2000 asume un nuevo mandato en unos comicios cuestionados por ser inconstitucional su reelección.

El Perú no resiste más la dictadura y Fujimori no soporta la presión política: huye del Perú en noviembre del 2000, renunciando al cargo de Presidente por medio de una carta que envía al Parlamento mientras se encuentra en Japón, donde permanece 5 años, gracias a su doble nacionalidad. Finalmente es capturado en Chile y extraditado. En 2009 es condenado a 34 años de prisión por distintos cargos. Actualmente sigue en prisión.

A la historia de Fujimori se asocia la figura de Vladimiro Montesinos, quien fue la ‘eminencia gris’ tras el gobierno de Fujimori en lo que respecta a todo tipo de trabajos sucios. Se vio envuelto en numerosas acusaciones de corrupción, narcotráfico, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, y organización de grupos paramilitares que operaban al margen de la ley. Después de la renuncia de Fujimori, el paradero de Montesinos fue incierto durante casi un año, hasta que fue capturado en 2001 en Venezuela. Fue juzgado y condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Lima y tiene pendiente otros juicios por narcotráfico y peculado.

Síntomas de la proximidad del punto de quiebre

El primer síntoma: Las crisis económicas son la principal causa de deterioro de la estabilidad de los regímenes tiránicos, de acuerdo a un estudio estadístico sobre 137 países [1]. Por nuestra parte, sabemos que las crisis se caracterizan porque las cosas dejan de funcionar, y esto puede estar motivado por la ceguera ideológica, el irrespeto a las reglas, las extralimitaciones o la ceguera de la codicia. Todas formas del pensamiento maniático.

El  segundo síntoma: empleo de la represión para resolver las consecuencias de las crisis económicas o políticas. De acuerdo al mismo estudio, la represión es una de las estrategias, aunque no la única, que tienen las dictaduras para enfrentar esas crisis. Podemos agregar que la represión es la estrategia de más baja calidad, la que más compromete la cordura.

En cuanto a la asociación entre dictadura y represión, los investigadores lograron determinar el siguiente patrón. Aunque en tiempos de bonanza económica la economía vuelve innecesaria la represión, con las crisis, los dictadores recurren a ella para mantenerse. Pero la clave aquí está en el grado. Clasificaron los distintos regímenes en una tabla del 0 al 8, de la ausencia de represión hasta la más agresiva, la que compromete la seguridad y la vida de las personas. Comprobaron que mientras las limitaciones de las libertades políticas, la censura o la represión selectiva sirven para apuntalar el régimen, la represión extrema en forma de torturas o eliminación física de la oposición, es un buen predictor de caída de un régimen dictatorial.

El tercer síntoma: el aislamiento de la comunicad internacional. Esto implica que se impone el discurso interno sobre el discurso coherente que tienen entre sí las naciones democráticas. El ensimismamiento es una de las características de la enfermedad mental.

El cuarto síntoma: la inflación de la posverdad, es decir, el discurso ideológico se expande y se radicaliza. Al igual que Humpty-Dumpty,  personaje  de Alicia en el país de las maravillas, el tirano afirma: “Cuando uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga… ni más ni menos…”. Los tiranos hacen tanto uso de sus reflejos condicionados retóricos, hasta que se convierte en evidente la mentira de la posverdad. La posverdad se caracteriza por el doble-habla orwelliano; en otras palabras, haz lo que digo, pero no lo que hago. Verbigracia: “la riqueza es mala”. Para ti, no para mí.

Quien habla desde el poder espera que la gente se someta al ideal explícito, pero implícitamente se debe reconocer que los que detentan el poder serán exceptuados de su cumplimiento. En los regímenes comunistas, por ejemplo, ese principio se ve ilustrado por la frase “todo lo tuyo es mío (explícito: haz lo que digo), pero lo mío es mío (implícito: no lo que hago)”.

Otro ejemplo de doble-habla es la defensa de la soberanía popular cuando realmente se trata de defender al soberano. Se pasa de forma subrepticia del poder que reside en el pueblo al poder que reside en el autócrata. Tiene lugar un deslizamiento del significado desde la democracia al autoritarismo. La soberanía del pueblo se instauró para quitársela a los reyes, pero esta posverdad utiliza una falacia de anfibología para devolver el poder absoluto a los tiranos en nombre del pueblo. Como decía Abraham Lincoln: no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. En su confusión mental, el dictador insiste en sus mentiras habituales y termina creyéndoselas.

Otro síntoma es la división, la fractura en el poder. Los excesos, los abusos tiránicos se vuelven tan exponenciales que hay sectores dentro de la dictadura que no están dispuestos a pagar sus consecuencias y se desmarcan, haciéndola cada vez más débil.

El ocaso de los déspotas

La gran satisfacción moral del demócrata es ver la caída, el punto de quiebre, de los regímenes autoritarios. Cuando ello sucede, se cumple lo que afirmaba Churchill: “La dictadura […] es una cosa efímera, un estado de la sociedad en el que no pueden expresarse los propios pensamientos, en el que los hijos denuncian a sus padres a la policía; un estado semejante no puede durar mucho tiempo”.

En el film La caída (Oliver Hirschbiegel, 2004), se narra la locura de Hitler en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se observar cómo los oficiales alemanes están de acuerdo en que el Führer desvaría y ha perdido su sentido de la realidad.  En una escena vemos a Hitler hablar de su política de tierra quemada. Planea destruir todo antes de la llegada de los aliados. Albert Speer ruega misericordia para el pueblo alemán, a lo que Hitler responde que si no sobreviven a esta prueba, son demasiado débiles y deben ser exterminados.

Ante el punto de quiebre, algunos dictadores asumen un comportamiento abiertamente desquiciado: la ‘radicalización acumulativa’, término acuñado por el historiador Hans Mommsen, el cual consiste en una orgía de destrucción y autodestrucción. Deciden que no abandonarán el poder de forma negociada, y que lo mejor es reprimir, sacrificar al pueblo antes de arrojarse al abismo.

Lea acá el comunicado de la cancillería mexicana sobre la crisis política en Venezuela

Actualidad

 

 

Por #MonitorProDaVinci | 3 de mayo, 2017

 

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El miércoles 3 de mayo de 2017 la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que fija la posición de su gobierno en relación a la crisis política que atraviesa Venezuela y el reciente anuncio del Presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

A continuación publicamos el comunicado:

COMUNICADO SOBRE VENEZUELA

En relación con la grave situación que vive la República Bolivariana de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresa:

1. Su categórico rechazo a la violencia y su apoyo irrestricto a la solución pacífica de las controversias. México reitera su llamado a todos los actores políticos y sociales en Venezuela para que se abstengan de recurrir a la violencia o a la provocación, y a que resuelvan sus diferencias de manera pacífica.

2. Su compromiso con un acuerdo político que permita el restablecimiento pleno de la democracia. A lo largo de los últimos meses la Cancillería mexicana ha actuado por la vía diplomática, y en conjunto con otros países del continente, para para contribuir a que sean los propios venezolanos quienes construyan una solución a la crisis democrática, incluyendo la liberación de los presos políticos, la celebración de elecciones, y el pleno respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional.

3. Su compromiso con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con el multilateralismo. México lamenta la decisión del Presidente Nicolás Maduro de iniciar el proceso para retirar a su país de la OEA, lo que convierte a Venezuela en la primera nación que denuncia la Carta de la Organización. Más que una simple asociación de países que comparten geografía, la OEA es una organización de naciones que compartimos principios y valores democráticos. Darle la espalda a la OEA es también darle la espalda a esos principios y valores que nos identifican y distinguen.

4. Su respeto a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como espacio de diálogo político regional. México no asistió a la reunión realizada el 2 de mayo a solicitud de Venezuela debido a la falta de claridad de los objetivos del encuentro. La Cancillería mexicana agradece a la Presidencia Pro Tempore de El Salvador la comunicación constante que mantuvo con los Estados miembros y le reitera su disposición a participar en futuros encuentros, siempre y cuando se convoquen de conformidad con la normativa y el espíritu de la CELAC.

5. Su grave preocupación ante el anuncio formulado el 1o de mayo por el Presidente Nicolas Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, mismo que profundiza el clima de desconfianza y la crisis política que prevalece en el país. La Cancillería mexicana subraya que toda iniciativa encaminada a modificar el régimen constitucional de un estado democrático debe ser realizada por un órgano constituido por la vía del voto libre, secreto, efectivo y universal. Cualquier otra vía para modificar la Constitución constituiría un atentado contra la democracia y un grave retroceso en la región.

6. Su decisión de seguir trabajando intensamente con todos los países de la región y de realizar todos los esfuerzos diplomáticos posibles para apoyar, con base en los principios de auto determinación de los pueblos, solución pacífica de controversias, y la protección y promoción de los derechos humanos, un acuerdo político que permita al pueblo venezolano retomar el camino de la institucionalidad democrática, la estabilidad y el desarrollo.

Rafael Uzcátegui: “El supuesto gobierno de los pobres se quedó sin pobres”; por Hugo Prieto

Actualidad

 

Por Hugo Prieto | 30 de abril, 2017

 

Rafael Uzcátegui retratado por Gabriel Méndez

Rafael Uzcátegui retratado por Gabriel Méndez

El balance en materia de Derechos Humanos que hace Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de Provea es alarmante. El gobierno sustituyó la Constitución por el estado de excepción, promulgado en mayo de 2016. Al suspender el derecho a la participación electoral, se ha configurado una situación que Provea no duda en calificar de dictadura.

Pero hay más, porque a raíz de la aplicación del Plan Zamora, apareció en Venezuela la figura del paramilitar que actúa bajo el amparo del Estado. “Son grupos que rápidamente degeneran en estructuras delincuenciales, que controlan territorios y tienen poder económico”. Lo que viene a agravar un cuadro de inseguridad que ya era dramático.

Tanto en Provea —como en otras organizaciones de Derechos Humanos— se están documentando las actuaciones ilegales de estos grupos paramilitares, no para demandar justicia hoy, sino mañana. Uzcátegui explica por qué. “El sistema de justicia que tenemos no solo es inoperante, sino que hay un sistema de justicia paralelo, conformado por ciertos tribunales (incluidos tribunales militares) y el Sebin, que actúan de manera arbitraria y unilateral para aplicar —entre comillas— justicia. Nuestra apuesta es a futuro, documentar y tener todos los elementos posibles para que el día de mañana, cuando se apliquen mecanismos de justicia transicional, cuando pasemos de una dictadura a una democracia, podamos procesar estos casos”.

¿Cuál es la situación de los Derechos Humanos en Venezuela?

Desde 1989, un año después de la fundación de Provea, venimos haciendo nuestro informe anual y con base en los datos que tenemos, te puedo decir que estamos en el peor momento de la historia de Provea en materia de Derechos Humanos. Hay una situación de pobreza alarmante. Si haces una proyección de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas del año 2013, hoy en Venezuela tenemos a más personas en situación de pobreza que las que consiguió Chávez cuando llegó al poder. La proyección se hace asumiendo que el crecimiento de la pobreza se ha mantenido igual que en 2013, cosa que no ha sido así. La cifra es conservadora: 14 millones de personas están en situación de pobreza, antes de Chávez había 12,5 millones. Tenemos una situación de alta inflación, desconocida para los venezolanos, así como de escasez y carestía.

Un hecho innegable es la contracción de la economía venezolana. Ciertamente, se trata de una apreciación conservadora.

En Venezuela no hay cifras. 2017 será el primer año en que Provea presentará su informe anual sin cifras oficiales, porque la memoria y cuenta de los ministerios se ha convertido en secreto de Estado. La información que nos han dado algunos diputados a la Asamblea Nacional es que esas memorias y cuentas, que fueron presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia, no existen. Las cifras son refutables. Ya el año pasado, con base en la información oficial, habíamos establecido que la cifra de construcción de un millón de viviendas era falsa. El retroceso es palpable. La inclusión, que fue la gran bandera de Hugo Chávez, ha desaparecido. Enfrentamos, además, una situación grave y de retroceso en materia de derechos civiles y políticos.

El voto, por ejemplo, es un derecho que quedó suspendido a raíz de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral con relación al referéndum revocatorio. ¿Qué otros derechos se encuentran en una situación similar?

El derecho a la asociación y reunión pacífica que, además, engloba a otros derechos, entre otros, la libertad de expresión y manifestación. Si no han sido suspendidos, al menos han sido acorralados. Aquí hay un sector de la población al que se le ha calificado como terrorista por su orientación ideológica. Además, ha sido criminalizado y hostigado a través de diversos mecanismos, uno de ellos —el más reciente— es el Manual del Combatiente Revolucionario. Un libro que contiene nombres, fotografías y direcciones de personas, para que supuestamente el pueblo o alguien accione contra ellos, lo que pone en riesgo la vida y la integridad de esas personas. Tenemos, además, el derecho a la libertad de expresión y el caso escandaloso de las declaraciones de la Fiscal General, las cuales no fueron transmitidas en su momento por el sistema nacional de medios públicos. Igualmente, podemos mencionar el derecho a la integridad personal.

Eso es lo que hemos visto a lo largo de este mes. El balance de la fiscal general es revelador: 26 personas fallecidas, 1.289 detenciones y 437 heridos durante las manifestaciones de protesta. Cifras, además, que constantemente hay que actualizar.

Por eso nos parece tan valioso el video en el que el diputado Freddy Guevara rescata a una persona de ser detenida, porque hay una alta proporción de que las personas que son privadas de libertad sufran tratos inhumanos, crueles o degradantes o torturas. Prácticas que fueron sancionadas por la ley en 2003. Hay personas que solamente por ser identificadas en una movilización han sido detenidas. Hemos recibido denuncias de personas que estando detenidas les han lanzado una bomba lacrimógena. Los patrones de actuación son inhumanos, y se han agravado con la implementación del Plan Zamora, porque tiene dos componentes que no están entrenados para eso: los militares y los grupos de civiles armados.

El derecho a la manifestación y a la protesta está restringido. Las marchas opositoras no pueden traspasar los límites del Municipio Libertador, donde también ha habido protestas, pero la represión empieza por ahí. ¿Libertador es el pretendido territorio chavista? ¿Se reprime en los focos de Libertador como una política de Estado o por una orden policial? ¿Caracas sigue dividida en guetos? ¿Qué explicación podría tener eso?

Este es un conflicto que también se expresa en las narrativas y la que quiere imponer el gobierno, sin éxito afortunadamente, es que este es un gobierno que defiende a los pobres de personas privilegiadas, que viven en zonas exclusivas de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso le daría continuidad a lo que hemos vivido, principalmente, en 2002 (golpe de Estado) y en 2014 (#La Salida). Creo que una de las virtudes que ha tenido la protesta y la movilización actualmente es que ha mantenido un discurso de lucha pacífica, no violenta, aunque ha habido excepciones. La propia fiscal reconoció que la mayoría de las protestas eran pacíficas Aquí la narrativa que se está imponiendo, gracias al uso de las redes sociales y de las imágenes que se han difundido, es la idea de que este es un movimiento de muchedumbre, de mayorías, a diferencia de 2014 cuando no se tenía esa certeza. El dato irrebatible lo dio el resultado electoral del 6-D. Otra cosa muy importante es la desterritorialización del conflicto. El deterioro ha sido tan profundo que las zonas populares se han incorporado al movimiento de protestas. Eso ha obligado al gobierno a contener las movilizaciones en el este de Caracas. Dentro de los mecanismos de control, se incluye el reparto de bolsas de comida, cuyo objetivo es que no se refleje, que no se visibilice, que el supuesto gobierno de los pobres se quedó sin pobres.

Rafael Uzcátegui retratado por Gabriel Méndez

Rafael Uzcátegui retratado por Gabriel Méndez

Otra de las cosas que se aprecia más claramente es que en el enfrentamiento también hay dos oponentes: la sociedad versus el Estado. La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones objeto de reclamos. Al igual que el Tribunal Supremo de Justicia y las fuerzas del orden público con el llamado Plan Zamora, que uno no sabe si es el Plan Ávila. Es una sociedad que le está exigiendo cuentas a las instituciones del Estado, no solamente al gobierno. Eso también es una novedad. ¿Cuál es su opinión?

Coincido con tu apreciación. Una de las novedades de 2017 es que el gobierno ha perdido la narrativa y la proyección de futuro que alguna vez tuvo Hugo Chávez. Convirtió el Socialismo del Siglo XXI en una caja donde la gente depositaba sus deseos, sus proyecciones. Incluso los desvinculaba de su propia experiencia histórica (el llamado socialismo real de la extinta Unión Soviética). El desmarque de figuras como Noam Chomsky y de otros intelectuales que en el pasado manifestaron apoyo al chavismo tiene que ver con que el Socialismo del Siglo XXI se ha convertido en una mala palabra. Es un adjetivo descalificativo. La gente se siente obligada, moralmente, a deslindarse. Y ahora —y esto tiene que ver con tu reflexión— es que democracia se ha convertido en un significante vacío. La gente dice otra cosa. La gente quiere algo que se llama democracia y yo voy a depositar ahí mis aspiraciones, que como sabemos pueden ser muchas cosas. Lo que hay que debatir es qué tipo de democracia se va construir en el país en el post chavismo.

¿Usted cree que la Constitución está en crisis?

Yo creo que no, no solamente es mi opinión personal, sino la de Provea. La Constitución del 99 ha sido el más reciente acuerdo consensuado en Venezuela. Mi propuesta es que a partir de las garantías que se han convertido en el principal obstáculo contra el desvío dictatorial del gobierno de Maduro, se empiece a reconstruir el país. Yo creo que tenemos un acuerdo, un pacto social, por donde comenzar a reconstruir, por eso estoy en contra de una constituyente.  Esa Constitución, tiene además unas garantías y un modelo de funcionamiento que nada tiene que ver con el Socialismo del Siglo XXI, ni con el Estado comunal. En materia de Derechos Humanos tiene muchas garantías, que están en sintonía con los estándares internacionales.

Desde la plataforma comunicacional del gobierno se ha producido un bombardeo propagandístico para asociar el Estado comunal a la Constitución del 99. Creo que la oposición no ha sido muy asertiva en desactivar esa campaña. ¿Cuál es su opinión?

Hay tres posibilidades que habría que abordar. Una: La defensa de la Constitución —y aquí mi apreciación es la de un sociólogo— abre el abismo necesario entre el chavismo y el madurismo. Es decir, este país no se puede reconstruir sin que un sector del chavismo, más democrático o como lo quieras llamar, se incorpore y participe, en una eventual transición. Es importante diferenciar a quienes creen en el proyecto de Hugo Chávez de quienes se están inmolando dentro de este Titanic que es el madurismo. Dos: La Defensa de la Constitución representa un capital semántico y simbólico que ha sido, lo reitero, el principal obstáculo contra la deriva dictatorial del gobierno. Tres: Habría que explicar —algo que le ha faltado a la oposición y que el chavismo ha tergiversado— que esa Constitución no fue una concesión graciosa, no fue un favor de Hugo Chávez, sino el producto de luchas de casi dos décadas de la sociedad venezolana por alcanzar y conquistar cosas que están allí plasmadas. Chávez tuvo el olfato, la intuición política, de que esas luchas se concretaran en una asamblea constituyente. Pero esas demandas son anteriores a Hugo Chávez.

Volvamos al tema puntual que estamos viviendo. Aquí hay personas detenidas que tienen orden de excarcelación de un tribunal y no se cumple. El señor Yon Goicoechea es el caso más emblemático, pero hay otros. ¿Por qué los organismos de inteligencia militar no obedecen a la jurisdicción civil? ¿Cómo es que el defensor del pueblo enumera las gestiones que ha hecho pero no se ocupa de un caso como este?

Después de la derrota contundente del gobierno (6-D de 2015), se sabía que ese dato demoledor (más de 2 millones de votos) marcaba una diferencia que se iba a profundizar. Por eso, el gobierno decide convertirse en una dictadura, a pesar del costo político que eso iba a tener. Y lo primero que hace (enero de 2016) es preparar el terreno para sustituir la Constitución, mediante la famosa lectura de Luis Salas, el ministro breve, de un decreto de emergencia económica. El decreto en cuestión incluía una serie de decisiones en materia fiscal, que no se cumplieron y que tampoco resolvían el problema. Pero sí abonaron el terreno para lo que vendría después. En mayo se aprobó el decreto de Estado de Excepción y de Guerra Económica, mecanismo que sustituía, por la vía del derecho y de los hechos, a la Constitución.

¿Qué evaluación hicieron ustedes de ese decreto?

Las organizaciones de Derechos Humanos vimos con mucha preocupación la aprobación de ese decreto, entre otras cosas, porque allí se institucionaliza la guerra económica como causa de todos los males. Esa guerra económica tiene elementos internos que tienen que ser neutralizados. Uno de ellos es la Asamblea Nacional. No lo digo yo, así lo dice el decreto. Incluía, además, la militarización de toda la cadena de producción y distribución de alimentos; la incorporación de los CLAP a las labores de seguridad ciudadana; la sustitución progresiva de la AN al quitarle sus competencias contraloras, se establece, por ejemplo, que el gobierno podía emitir deuda externa sin el control del parlamento; además, el artículo 3 le confería facultades ilimitadas al presidente de la república. Es por eso que nosotros en mayo ya calificábamos esto como la ruptura del hilo constitucional. En Provea discutimos si podíamos calificar esto como una dictadura, pero había una burbuja democrática, la posibilidad de que la gente votara en el referéndum revocatorio y las elecciones regionales.

Ni una cosa ni la otra fueron posibles. Eso fue lo que ocurrió en 2016.

La burbuja explotó como consecuencia de la decisión del CNE de suspender el revocatorio. Ahí asumimos la decisión de calificar esto como una dictadura.

¿Ustedes mantienen esa caracterización?

Lo mantenemos, claro. Lo mantenemos.

¿Qué elementos se han agregado a raíz de la suspensión del revocatorio, en octubre de 2016?

Otro elemento en la conformación de un modelo de gobierno sin apoyo popular, incluía la decisión —y eso lo advertimos en Provea— de que aquí se podían suspender de manera indefinida las elecciones hasta que el gobierno no tenga garantías de obtener un resultado favorable. Eso podría significar, por ejemplo, que aquí se convoquen elecciones de manera no democrática y lo decimos pensando en el modelo nicaragüense, donde no hay garantías para que los otros puedan participar y con una serie de inhabilitaciones, cosa que hemos visto en los últimos días. Podemos agregar, precisamente, la institucionalización del paramilitarismo en el país, a través del Plan Zamora. Los denominamos paramilitares porque controlan territorios. Esa es la principal característica. Y, por supuesto, han venido actuando en los últimos días en la contención de las protestas.

El diario El País, de España, publicó unas fotos que prueban —de manera irrefutable— que estos grupos paramilitares actúan en connivencia con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. ¿En eso consiste el Plan Zamora? ¿Cómo es que se implanta un sistema similar al que se aplicó en Colombia y en El Salvador?

Eso tiene que ver con la enfermedad del poder de los jerarcas. Allí hay un patrón que ya había denunciado porque lo detectamos en varias ciudades durante las protestas de 2014. Ahora lo que se hace es darle rango de Estado a la participación de estos civiles (paramilitares) en estas situaciones. Ya lo habíamos advertido en las protestas (12, 13 y 14) de febrero cuando la gente salió a las calles, en una ciudad donde no hay espacios públicos, a manifestar su descontento, su malestar. Y la forma en que el gobierno neutralizó las protestas fue utilizando a estos grupos de civiles armados, entre otras cosas, porque generan un terror que inmoviliza a quienes protestan. Cuando una persona es víctima de un funcionario policial o militar —esto lo ha verificado Provea—, la persona tiene la voluntad de denunciar al funcionario con nombre y apellido, porque sabe que esas situaciones podrían ser objeto de una investigación o porque sabe que hay una jerarquía.

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¿Cuál sería la diferencia entre las fuerzas del orden y estos grupos paramilitares que, si bien actúan bajo el amparo del Estado, no forman parte de ninguna institución policial o militar?

Si la persona es víctima de detenciones, abusos o robos por parte de estos colectivos armados, en el 95% de los casos, la gente ni siquiera te quiere contar lo que ocurrió. Para ellos está vedado el poder denunciar por el nivel de terror, porque entienden que es una situación incontrolada, que no responde a mecanismos institucionales. Los victimarios son vecinos o viven en comunidades aledañas y además tienen una base de datos creada a partir de los CLAP. Ahora es absolutamente evidente que los CLAP son un mecanismo de control. A la gente que cacerolea en sus edificios o que va a una manifestación, la excluyen de la lista de los CLAP.

¡Qué gran semejanza guardan estos mecanismos de control con los que hay en los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba! Son mecanismos que sirven para controlar, delatar y reprimir. La dictadura que se instaura en Venezuela, de acuerdo a la caracterización que ustedes han hecho, tiene como modelo a la  dictadura comunista cubana. ¿O la comparación no cabe?

Sí, los mecanismos tienen una gran influencia cubana. Nosotros lo hemos venido documentando y denunciando. Afortunadamente, este modelo choca con la cultura venezolana, que tiene cosas buenas y malas. Aquí hay poca ideologización, pero mucha simulación y mucho relajo, para sumarse a esos mecanismos. No es casualidad que las denuncias provengan de regiones donde hay una pugna tenaz en la asignación de recursos. El caso de Lara es evidente. La pugna que hay entre el gobernador Henri Falcón y esta figura paralela que es Luis Reyes Reyes. Algo similar puede decirse de los casos de Mérida y Táchira, donde hay factores de oposición que han venido conquistando espacios en esas regiones.

¿Qué puede hacer una persona que es víctima de estos grupos paramilitares? ¿Dónde puede denunciar la violación de sus derechos? Lo previsible es la impunidad, porque estos grupos son afectos o cuentan con el apoyo del gobierno.

La experiencia en América Latina de la promoción de grupos paramilitares por parte del Estado ha degenerado, rápidamente, en grupos delincuenciales propiamente. Lo que ha aumentado los índices de violencia e inseguridad. Así que lo que se ha abierto es una caja de Pandora dentro de una situación grave, que de por sí ya era dramática. Estos grupos son incontrolables y tienen una agenda propia y los “beneficios” que han obtenido al controlar territorios y gozar de impunidad, no los van a ceder.

La experiencia también dice que estos grupos, una vez que tienen poder económico y control social, quieren poder político.

Y quiere más, nunca menos. Pero a escala regional hay jurisprudencia. La actuación de estos grupos se califica como una violación a los Derechos Humanos, entre otras cosas, porque su actuación es una extensión del poder represivo del Estado. En Colombia, por ejemplo, se han emitido sentencias, una de ellas es producto de la masacre de Mapiripán, donde el Estado es culpable por omisión, no sólo por haber amparado, sino por no haber actuado frente a las denuncias. Así que por omisión, el Defensor del Pueblo, en un futuro, puede ser responsabilizado por la actuación de los grupos paramilitares.

¿Cuál es su opinión del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab?

Nunca dejó de ser un militante del PSUV. En algún momento intentó, sin éxito, que su identidad como defensor de Derechos Humanos estuviera al mismo nivel de su identidad como militante del PSUV. Tarek William Saab se formó en materia de Derechos Humanos viniendo a esta organización y cuando él fue designado, pensamos que él pudo haber jugado un papel muy importante dentro del chavismo de transición, pero ese papel lo está jugando la fiscal, Luisa Ortega Díaz. El más bien se ha convertido en el defensor de la dictadura, como lo hemos calificado. Provea es parte de las 100 organizaciones que estamos pidiendo su renuncia. No es el caso de Jorge Santisteban, que fue nombrado por Alberto Fujimori como Defensor del Pueblo en Perú. Ante los desmanes de la dictadura, Santisteban se puso del lado de la gente, del pueblo. Cuando los comparas, el abismo es infinito.

Lo que el chavismo pudiera aprender de Manuel Noriega; por James Loxton y Javier Corrales

Actualidad

 

Este texto fue traducido por Mario Trivella Galindo.

Por James Loxton y Javier Corrales | 28 de abril, 2017

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Decenas de miles de ciudadanos han estado en las calles de Venezuela protestando por la restitución del orden constitucional y en contra del presidente Nicolás Maduro, quien ha conducido al país a la crisis económica más grave de su historia.

La respuesta del presidente Nicolás Maduro a uno de los más fuertes episodios de agitación política que ha tenido América Latina en décadas ha sido reprimir. El gobierno suspendió elecciones, desconoció a la Asamblea Nacional controlada por la oposición y ha arrestado a un gran número de manifestantes. El líder opositor venezolano más prominente fue inhabilitado políticamente.

Este nivel de represión sugiere que las autoridades venezolanas no creen que puedan ganar elecciones bajo las circunstancias actuales, y temen que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no logre sobrevivir sin la presidencia. Esta primera preocupación puede ser cierta, pero para muchos partidos oficialistas de regímenes autoritarios, hay vida después de la dictadura.

¿Qué pasa después de una dictadura?

A pesar de que es muy improbable que el enormemente impopular Maduro tenga una carrera política en un futuro democrático hipotético, el PSUV podría subsistir como un “partido de origen autoritario”[i]. Estos son partidos que surgen de regímenes autoritarios, pero que siguen operando luego de una transición a la democracia.

No se trata de una nueva tendencia. Los partidos de origen autoritario han estado presentes en casi tres cuartos de todas las nuevas democracias desde la mitad de la década de los 70. Son importantes actores en África, Asia y Europa poscomunista. En más de la mitad de los casos, estos partidos son reelectos.

América Latina no es una excepción: partidos de esta índole han sido prominentes en 11 de los 15 países que se han democratizado desde los años 70. En nueve de dichos países estos partidos han sido reelectos.

La razón por la que estos partidos sobreviven es porque se benefician de su “herencia autoritaria”: la marca asociada con el partido, la organización territorial y las finanzas, todo lo cual continúa generándoles apoyo político. Paradójicamente, estos beneficios los ayudan a ser exitosos bajo una democracia.

Por supuesto, los partidos también pueden cargar con “lastres autoritarios”. Un historial de abusos a los derechos humanos o un mal desempeño gubernamental, por ejemplo, pueden ser cargas pesadas. El éxito o fracaso de un partido depende del balance de ambos: mientras más herencia y menos lastre autoritario, mejor.

Las estrategias para el restablecimiento

Son muchos los factores que afectan este equilibrio, particularmente el desempeño del régimen autoritario y el momento en el que sucede la transición hacia la democracia. En relación al momento de la transición, Dan Slater y Joseph Wong señalan que para los funcionarios autoritarios es preferible conceder la democratización en buenos tiempos en vez de esperar a una crisis, ya que con ello reducen sus lastres autoritarios. A esto lo llaman “conceder para prosperar”.[ii]

Este escenario dejó de ser una alternativa para Venezuela, considerando la gravedad de la crisis actual. Así que el PSUV, como otros partidos autoritarios, necesitará de otras estrategias para deshacerse de sus lastres y recuperarse.

Una estrategia es la “contrición”. La misma sucede cuando los líderes del partido se disculpan por los abusos del antiguo régimen. Otra es la “ofuscación”: cuando el partido minimiza sus relaciones con el régimen anterior. La estrategia final es la del “chivo expiatorio”, en la que el partido acoge a un “buen” dictador y denuncia a un “mal” dictador. El partido descarga sus lastres autoritarios sobre el “mal” dictador, mientras se aprovecha de los aspectos del régimen anterior que los votantes recuerdan con afecto.

Las lecciones de Panamá

Aquí es donde el PSUV de Venezuela podría aprender de Panamá, en donde el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se recuperó después de dos dictadores: el popular Omar Torrijos y el muy impopular Manuel Noriega. El paralelismo entre los dictadores populares e impopulares de Panamá y Venezuela es impresionante.

Desde el momento en que tomó el poder a través del golpe de Estado de 1968 hasta su muerte en 1981, el General Torrijos dominó Panamá. Posteriormente sirvió de inspiración para el Teniente Coronel Hugo Chávez en Venezuela. Chávez fue electo presidente en 1998 (luego de un intento de golpe fallido en 1992), y luego impuso un régimen cada vez más autoritario.

Tanto Torrijos como Chávez eran nacionalistas populistas. Introdujeron políticas que buscaban mejorar la vida de los pobres y se involucraron en cruzadas nacionalistas. En 1977, Torrijos consiguió de los Estados Unidos el eventual control del Canal de Panamá. Chávez clamaba contra el imperialismo. Ambos líderes ganaron mucha popularidad no sólo en sus naciones, sino también con celebridades de izquierda de todo el mundo, como el novelista Graham Greene en el caso de Torrijos y el actor Sean Penn y el director Oliver Stone en el caso de Chávez.

Luego de la muerte de Torrijos, Manuel Noriega, su antiguo líder de inteligencia militar, asumió el poder. Maduro hizo lo mismo cuando Chávez murió en 2013. El mandato de Noriega se caracterizó por la represión, el narcotráfico y la ruina económica. El de Maduro ha acudido al expediente de la represión, ha arruinado el país y altos funcionarios de su gobierno han sido acusados de vínculos con el narcotráfico. Noriega buscaba legitimidad arropándose en el manto del “torrijismo”. Hay un gran paralelismo con Maduro y su evocación del “chavismo.”

Como Maduro, Noriega nunca alcanzó la popularidad de su antecesor. Cuando el ejército de los Estados Unidos derrocó a Noriega en 1990, el 86 por ciento de los panameños lo vieron como una “liberación”, en lugar de una “invasión.”

Así fue como el “chivo expiatorio” revivió al PRD

Todo esto representó mucho lastre autoritario para el PRD de Panamá: Una encuesta a finales de los 90 sugirió que sólo tenía el apoyo del 6 por ciento de la población. No obstante, el PRD se recuperó rápidamente. Ganó las primeras elecciones después de la invasión, igual que la presidencia en 2004, y ha ganado la mayor cantidad de votos en cada elección legislativa salvo en 2014.

El PRD se restableció gracias a la táctica del chivo expiatorio. Culpó a Noriega por sus pecados pasados, y a la vez romantizó el torrijismo y se aprovechó de una enorme organización territorial. En 1994, el candidato presidencial del PRD denunció a Noriega como “un oportunista, un traidor y una desgracia”, y lo llamó el “peor líder desde la independencia de Panamá”, mientras alababa a Torrijos como “un héroe”.

Hasta el día de hoy, el logo del PRD es una “O” con el número “11” adentro, lo cual es una referencia al golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 que colocó a Torrijos en el poder. En 1999 y en 2004, el PRD escogió al hijo de Torrijos, Martín, como candidato presidencial. Ganó la segunda vez, y su canción de campaña se llamaba “Omar Vive.”

¿Qué significa esto para Venezuela?

Lo que pasó en Panamá sugiere que los partidos autoritarios pueden sobrevivir al colapso de la dictadura, siempre y cuando puedan conseguir una estrategia que les permita descargar sus lastres autoritarios. Maduro, como Noriega, sirve como un perfecto chivo expiatorio. No es carismático y su gobierno ha sido responsable de una catástrofe económica. Sacrificando a Maduro y abrazando a Chávez, el PSUV de Venezuela podría recuperarse.

Sin embargo, mientras el PSUV se mantenga con Maduro, se hace menos viable esta estrategia. Si el PSUV empieza a ser visto como “madurista” y no “chavista”, será menos creíble si en un futuro intenta culpar a Maduro.

Por esa razón, abandonar a Maduro y facilitar una transición a la democracia más temprano que tarde podría ser lo más conveniente para los dirigentes del partido. Esto puede significar perder una elección o dos en el corto plazo. Pero con ello el PSUV podría sobrevivir en el largo plazo como un partido de origen autoritario.

*

James Loxton enseña política comparada en el Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sídney, Australia.

Javier Corrales (@jcorrales2011) es el profesor Dwight W. Morrow 1895 de Ciencias Políticas en Amherst College, Amherst, Massachusetts. Es coautor con Michael Penfold de Dragon in theTropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chávez (Brookings, 2nd edition, 2015).

Venezuela y su posible retiro de la OEA; por Mariano De Alba

Actualidad

 

Por Mariano de Alba | 26 de abril, 2017

 

Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

En la noche del martes 25 de abril, la canciller Delcy Rodríguez anunció que Venezuela iniciaría el procedimiento de retiro de la OEA “si dicha organización realiza una reunión de cancilleres que no cuente con el aval del gobierno venezolano”. Justamente el Consejo Permanente de la OEA tendrá una reunión el miércoles 26 de abril para decidir si convoca esa reunión ministerial que tendría por objeto discutir la situación en Venezuela.

Conforme a la Carta de la OEA, para que dicho retiro se haga efectivo tendrían primero que transcurrir dos años contados a partir del momento que el gobierno notifique la decisión. Sin embargo, nada obsta para que una vez sea notificada la decisión de retirarse la delegación de Venezuela deje de participar en la organización[1], cerrándose así un importante canal de comunicación y debate con el resto del continente.

El procedimiento para retirarse de la OEA

Según dispone el Artículo 143 de la Carta de la OEA, los países miembros efectivamente tienen la posibilidad denunciar dicha Carta para concretar su retiro de la organización. No obstante, para que el retiro surta efectos jurídicos, debe seguirse el procedimiento concreto que detalla dicho artículo a saber:

1. Venezuela tendría que anunciar su decisión de denunciar la Carta de la OEA mediante una comunicación escrita a la Secretaría General de la organización, que a su vez tendría que remitirla a los países miembros;

2. Una vez que transcurran dos (2) años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba la notificación de denuncia, es entonces cuando la Carta de la OEA dejaría de ser de obligatorio cumplimiento para Venezuela, con lo cual el país quedaría desligado de la OEA.

¿Cuáles serían las implicaciones de esta decisión?

En teoría, la norma explicada anteriormente traería como consecuencia que hasta tanto no se cumplan esos dos años, el resto de los países miembros pueden continuar discutiendo y tomando decisiones sobre la situación en Venezuela, las cuales serían de obligatorio cumplimiento hasta tanto no se haga efectiva la denuncia. Esto incluiría naturalmente cualquier decisión en el marco de la Carta Democrática Interamericana, la cual es una resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, en la práctica la OEA no tienen ningún mecanismo para imponer el cumplimiento de sus decisiones dependiendo esto finalmente de la voluntad de cada Estado. Por ende, nada obsta para que al momento en que Venezuela notifique su decisión de abandonar la OEA, la misión venezolana deje de participar en las reuniones de la organización y haga caso omiso a cualquier pronunciamiento o decisión que provenga de la OEA.

Si este fuese el caso, en primer lugar, se cerraría un importante espacio de comunicación y debate entre el régimen venezolano y los demás países del continente. Pero ello no sería sustancialmente distinto a lo que se ha venido observando durante los últimos años, pues el gobierno venezolano ha descalificado recurrentemente a la OEA como un foro legítimo para los temas de la región argumentando la presencia de Estados Unidos, desconociendo la legitimidad de las decisiones que no comparte y tratando de redireccionar cualquier discusión a organizaciones creadas por el impulso de Hugo Chávez como UNASUR [2], la CELAC [3], ALBA-TCP, entre otras.

En segundo lugar, esta eventual decisión supondría un costo importante para la imagen internacional del gobierno, convirtiéndose Venezuela en el primer país del continente que decide abandonar voluntariamente la organización. Tan es así que el pasado 4 de abril, el representante de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, declaraba que si Venezuela se retiraba de la OEA “el costo de salida va a ser mayor que el costo de dar la pelea adentro”. Casi la totalidad de países de la región coinciden que en Venezuela hay una grave crisis que debe ser atendida, aunque hay discrepancias sobre qué papel deben jugar los demás gobiernos. Por ende, inclusive para los gobiernos con estrechas relaciones estrechas con el régimen, la salida de la OEA podría ser interpretada como una demostración de falta de voluntad para resolver la crisis, y un indicativo de la intención del régimen de radicalizarse.

En tercer lugar, el retiro inmediato de Venezuela en la OEA una vez concretada la denuncia obligaría al grupo de países que están buscando ejercer presión internacional decidir cómo abordar la situación. Podrían seguir haciéndolo en la OEA sin la presencia de la misión venezolana, podrían empezar a actuar en el ámbito de sus relaciones bilaterales con Venezuela o podrían tratar de migrar la discusión a otras organizaciones internacionales. De hecho, la amenaza de la canciller Delcy Rodríguez es un mecanismo de presión para que la situación no se discuta la OEA sino en la CELAC, donde ya se ha convocado a una reunión de cancilleres para el próximo 2 de mayo. No obstante, el problema que tiene la CELAC y otras organizaciones como la UNASUR es que las decisiones deben ser tomadas por consenso, por lo que es muy difícil tomar una decisión sin el consentimiento del régimen y de sus gobiernos aliados como Nicaragua y Bolivia, respectivamente.

En cuarto lugar, es probable entonces que la presión internacional se trasladaría al ámbito bilateral, con cada gobierno de la región decidiendo si toma acciones como eventualmente llamar a consultas o retirar sus embajadores en Caracas o desconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y cesar las relaciones diplomáticas. Sin embargo, no existe garantía que dichas medidas tendrían éxito ejerciendo presión internacional y hay temor en varios gobiernos de la región que lo único que lograrían sería aislar más al régimen, reduciendo la capacidad de influencia de la comunidad internacional. Por otro lado, la salida de Venezuela de la OEA tampoco impediría que los gobiernos sigan emitiendo comunicados críticos sobre la situación, bien sea de forma unilateral o grupal.

En definitiva, una eventual salida de Venezuela de la OEA aislaría aún más al régimen de Nicolás Maduro y cerraría un espacio de debate con los demás gobiernos de la región, pero no eliminaría la posibilidad que la presión internacional siga dándose a través de otras vías. Contrario a lo que ha declarado la canciller Delcy Rodríguez, lo único que está solicitando un buen grupo de países de la región es que se respete la Constitución de 1999, concretado esto en un respeto al derecho a la manifestación pacífica, a las facultades de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el establecimiento de un calendario electoral.

***

[1] Es posible –aunque poco probable– que de darse la denuncia a la Carta de la OEA el régimen continúe participando en la OEA hasta que transcurra el lapso de 2 años. Por ejemplo, a pesar que el expresidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos el 10 de septiembre de 2012, haciéndose la denuncia efectiva el 10 de septiembre de 2013, incluso luego de esta última fecha, representantes del Estado venezolano han participado en las audiencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado en casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a Venezuela.

[2] Los países miembros de UNASUR son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

[3] Los países miembros de la CELAC son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

El hampa y el hambre le arrebatan al chavismo el control de las barriadas; por Maye Primera

Actualidad

 

 

Una noche de saqueos en un antiguo bastión del chavismo en Caracas revela cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha perdido la capacidad de contener el desencanto de los sectores populares.

Por Maye Primera | 26 de abril, 2017

 

Las autoridades aseguran que quienes estuvieron detrás del saqueo son miembros de una banda criminal que opera en la urbanización El Valle. Han colocado afiches en las zonas cercanas con sus nombres, alias y fotografías esperando que los vecinos den pistas sobre su paradero. Maye Primera/Univision Noticias

Las autoridades aseguran que quienes estuvieron detrás del saqueo son miembros de una banda criminal que opera en la urbanización El Valle. Han colocado afiches en las zonas cercanas con sus nombres, alias y fotografías esperando que los vecinos den pistas sobre su paradero. Maye Primera/Univision Noticias

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Primero cargaron con el arroz —120 bultos de grano importado que llegaron al mercado la tarde anterior—, luego con los demás productos que el gobierno mantiene regulados —la pasta, la harina de trigo, el papel sanitario, el azúcar— y que por esa misma causa escasean en los anaqueles de todo el país. Una poblada del barrio llevándoselo todo, mientras a las puertas del local, seis hombres encapuchados repelían con fusiles asalto el avance de la policía y la Guardia Nacional, que retrocedieron al verse reducidos.

Eso grabaron las cámaras de seguridad en uno de los treinta negocios saqueados la noche del 20 de abril en la barriada caraqueña de El Valle, antiguo bastión chavista, donde un par de horas antes de los disturbios hubo un “cacerolazo” demandando la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

Los residentes de El Valle, en Caracas, buscan comida entre los restos que quedaron en el suelo tras el saqueo del pasado 21 de abril. Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

Los residentes de El Valle, en Caracas, buscan comida entre los restos que quedaron en el suelo tras el saqueo del pasado 21 de abril. Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

A la mañana siguiente, niños y adultos famélicos comían directamente del suelo la comida que quedó regada a lo largo de la calle, entre la basura y el pantano. Y sin embargo, dos días más tarde, cuando el alcalde chavista de Caracas, Jorge Rodríguez, visitó el barrio a bordo de una camioneta que formaba parte de una caravana para regalar bolsas de comida, los vecinos lo sacaron a en medio de otro sonoro “cacerolazo”.

“No queremos tu bolsa de comida, queremos que esto cambie”, cuenta un vecino que le dijo al alcalde un residente de El Valle.

Ni siquiera Marjorie, que preside tres organizaciones de base chavista en su barrio y está encargada de repartir la comida que el gobierno distribuye entre 500 familias del partido, intervino para defender al alcalde y su gente.

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Alberto Rodríguez

@AlbertoRT51

EN VIDEO | Otro ángulo del estruendoso cacerolazo que hizo correr a .@jorgerpsuv en El Valle: “¡FUERA, el pueblo tiene hambre!”

21:34 – 22 Apr 2017

“Es que parecen locos. ¿Cómo se les ocurre venir al barrio con esas cornetotas (parlantes) gritando ‘Viva Chávez’, con las cosas como están?”, critica Marjorie, aun a pesar de ser portavoz del Consejo Comunal, la Mesa Técnica de Agua y el Comité de Salud.

La erosión de la base tradicional del chavismo en las barriadas populares de Caracas ha sido directamente proporcional a la agudización de la crisis económica y política que atraviesa el país.

La escasez de alimentos, la inflación de tres dígitos y la inseguridad callejera han sido preocupaciones recurrentes de los venezolanos en los últimos 15 años. Pero durante los último cuatro, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, han rebasado la capacidad de maniobra del chavismo.

Maduro heredó de Hugo Chávez un país endeudado y una industria petrolera quebrada que ya no produce lo suficiente para seguir financiando con sus exportaciones los programas clientelares bautizados por el comandante como “misiones sociales”. Las misiones subsidiaban desde 2003 las necesidades mínimas de salud, alimentación y educación de los más pobres. Esto sin solventar las causas de la pobreza —sin construir más escuelas o mejores hospitales— ni estimular nuevos rubros de producción distintos al petróleo, o forjar una ciudadanía más independiente de la ayuda del Estado.

Ahora el hambre, el desempleo y las enfermedades endémicas golpean a los venezolanos como no lo hacían desde hace un siglo, cuando las dictaduras militares estaban al mando. Y en el barrio que antes daba su voto incondicional a Hugo Chávez y lo recibía con alegría, muchos desprecian a quienes, como Maduro, gobernaron junto a él y heredaron el poder.

Sin embargo, la nomenclatura chavista insiste en achacar los males de su gestión a una conspiración internacional que intenta sin éxito sacarlos del Palacio Miraflores, donde están acuartelados desde hace 18 años. Y sostiene que los saqueos registrados el día 20 de abril en El Valle fueron supuestamente financiados por la “ultraderecha terrorista”.

Mientras el gobierno de Maduro busca autores intelectuales entre los políticos de oposición, la policía busca a los sospechosos habituales. Los detectives del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas forraron la estación del metro y el centro comercial cercano con fotografías de “El Loco Leo”, “El Koki”, “Miguelito”, “El Parmalat”, integrantes de la banda ‘El 70’ de El Valle, que estarían detrás del saqueo.

Y desde hace casi una semana, hay allanamientos en los cerros cada noche. Suben camionetas llenas de policías que bajan con personas encapuchadas, esposadas a la espalda. Pero ninguno de los operativos ha resultado en la devolución del dinero, los equipos o la mercancía robada a los comerciantes.

La policía científica venezolana forró las entradas del metro de Caracas y las paredes de un centro comercial en El Valle con fotografías de quienes aseguran son los sospechosos del saqueo. Maye Primera/Univision Noticias

La policía científica venezolana forró las entradas del metro de Caracas y las paredes de un centro comercial en El Valle con fotografías de quienes aseguran son los sospechosos del saqueo. Maye Primera/Univision Noticias

El episodio de El Valle ha sido el más letal entre la serie de disturbios y protestas contra el presidente Maduro que se han suscitado en Venezuela en el último mes y en los que ya han muerto 26 personas, de acuerdo al registro de la Fiscalía.

Las opiniones en el barrio sobre el verdadero motivo del saqueo están divididas: unos dicen que fue por hambre y otros, que por maldad. Pero todos coinciden con la policía en que la operación fue organizada por las bandas criminales del sector, que ya delinquen sin que nadie les pague. Y que luego a la movida se sumó gente del pueblo, que nada tiene que ver con el crimen o la política.

La versión oficial es que en el asalto a los negocios murieron 11 personas. Pero la periodista venezolana de sucesos Ronna Rísquez ya ha dado con los nombres de otros siete que no aparecen en ningún registro. Rísquez le pide ayuda a Marjorie para identificarlos y le pregunta si no le impresionaría ver las fotos de algunos cadáveres.

“No, mija, para lo que uno ha visto aquí, eso no es nada”, responde ella y a continuación enumera los nombres de los que reconoce.

“Este es Edison, mototaxista. Willy, peluquero. El Chino, hijo de Niubelis, tenía 17 años. Jairo, que trabajaba en Supra (un organismo del Estado). Este puede ser Christopher, del barrio Las Malvinas. Este es el primo de Ronald, los dos eran muchachos sanos, mototaxistas y no sé qué andaban haciendo ahí. Y los otros muertos, no sé”.

***

Este texto fue publicado en el portal Univisión Noticias y cedido a Prodavinci. Puede ver aquí la edición original.

Luis Lander: “Hay que restituir el derecho a elegir gobernadores”; por Hugo Prieto

Por Hugo Prieto | 16 de abril, 2017

Luis Lander retratado por Gabriel Méndez

La descomposición institucional en Venezuela ha llegado a tal punto que en estos momentos hay seis gobernadores de estado que no fueron elegidos por nadie. El Ejecutivo los ha promovido a cargos de mayor jerarquía o simplemente los ha desplazado por problemas políticos internos.

Luis Lander, profesor universitario y director del Observatorio Electoral Venezolano, describe la pendiente por donde rueda la crisis institucional del país. La validación de los partidos políticos, por ejemplo, se realizó sin que el CNE realizara auditorias del proceso. Se actuó con total discrecionalidad. Así no podemos ir a elecciones presidenciales, regionales o locales, porque la plataforma automatizada del CNE es confiable, siempre y cuando se hagan las auditorias, previas y posteriores. Todo se ha ido desdibujando hasta el punto en que las instituciones son un espejismo en el horizonte.

¿Usted cree que en Venezuela todavía vale la pena hablar de elecciones, de una salida pacífica, constitucional y electoral? ¿La consulta al soberano es posible? ¿Se puede hablar con propiedad de eso?

Lo peor sería que en Venezuela no se hable con propiedad de eso. Que ya es un tema descartado y resignarse a que cualquier salida electoral está cancelada. Pero claramente es un tema muy complicado. En octubre de 2016, con dos días de diferencia, primero el 18 y luego el 20, ocurrieron dos cosas. El 18, mediante una nota de prensa que se publicó en la página web del CNE, la presidenta del organismo, Tibisay Lucena anuncia que las elecciones regionales no se van a realizar, tal como la establece la Constitución en 2016, sino en el primer semestre de 2017 y, dos días después, cuando estaba por anunciarse la recolección del 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio, varios tribunales penales regionales, extrañamente —el mismo día y casi de forma simultánea— deciden que en la recolección de firmas del 1% hubo fraude y que hasta no se aclarara el supuesto fraude debería suspenderse el proceso y el CNE, muy precipitadamente…

…No. Permita que lo interrumpa porque está equivocado. El CNE en atención a la separación de poderes que existe en Venezuela y obedeciendo una disposición del poder judicial acata la decisión.

Yo no soy abogado, pero de tanto ver elecciones, termina uno prestándole atención a los asuntos legales que tienen que ver con este asunto. Abogados a quienes respeto han dicho hasta la saciedad que esos tribunales penales de primera instancia no tienen competencia electoral. Si el CNE hubiese actuado de forma independiente hubiese dicho, efectivamente, que esos tribunales no tienen competencia en la materia y, por lo tanto, prosigue con el proceso. Hay que recordar que la recolección del 1% de las firmas (para que la MUD fuera la instancia promotora del referéndum revocatorio) había sido validada por el propio CNE, en medio de condiciones muy difíciles. Pero el CNE no hizo nada de eso. Repito, apresuradamente, coge línea de esos tribunales y decide suspender el proceso. Desde esa fecha (20 de octubre de 2016), formalmente, el derecho al sufragio en Venezuela está suspendido. Digo suspendido, no cancelado, porque esto supondría que en Venezuela no habría elecciones más nunca y pasaríamos a otra cosa, no democrática.

¿Por qué no aprovecha la oportunidad y explica cuál sería la diferencia entre suspendido y cancelado?

Pudiera ser una ingenuidad lo que voy a decir, pero formalmente lo que el CNE está diciendo, a raíz de la decisión que tomaron los tribunales penales, es que tiene que haber una averiguación sobre el supuesto fraude cometido en la recolección del 1% de las firmas. La suspensión es hasta que esa averiguación culmine en los tribunales, cuya decisión final pudiera ser, efectivamente, aquí hubo fraude. Y como todo delito penal conlleva a responsabilidad individual, los responsables son fulano, zutano y mengano. Pero sería un exabrupto que el propio proceso de recolección del 1% de firmas, que validó el CNE, fuera suspendido. ¿Qué pasa entonces con los derechos de esos ciudadanos, quienes manifestaron su voluntad para que se activara un referéndum revocatorio?

La elección de los diputados de Amazonas, en la que también se denunció un supuesto fraude, reposa en la Sala Electoral del TSJ, que aún no ha tomado una decisión, como tampoco se han pronunciado estos tribunales penales. No sólo el derecho al voto está suspendido. Aquí hay una denegación de justicia clara. Son como violaciones a derechos políticos y constitucionales alrededor de un mismo tema (la vigencia del voto).

Claramente lo que ilustra esto es que esas decisiones, mucho más allá del ámbito jurídico, son decisiones políticas, lo que viene a demostrar lo que tanto se ha dicho: que la separación de poderes en Venezuela está en una situación sumamente precaria, digámoslo así, por ser generosos. Manifestación tras manifestación, el poder judicial en Venezuela termina siendo una herramienta política del actual gobierno, donde las decisiones que se toman no están guiadas por el estado de derecho, ni por lo que dicen la Constitución y las leyes, sino que están claramente motivadas por razones de tipo político. Las recientes decisiones del TSJ (155, 156, así como las respectivas “correcciones” que se hicieron en las decisiones 157 y 158) tienen esa misma lógica. El problema con los diputados de Amazonas es que dado el resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en la cual la oposición obtuvo 112 diputados, que es exactamente las dos terceras partes y la decisión de sustraer a los tres diputados de esa entidad más el diputado indígena del circuito sur, es que le quitan las dos terceras partes, pero genera una situación que nunca fue aclarada. ¿Cuál es el total de diputados que hay en la AN actualmente? Si esos cuatro no están ¿No se reduce el número total de diputados en la AN? ¿En vez de ser 167 se reduce a 163? ¿Es o no es?

Yo le sugeriría al ciudadano Luis Lander que si está tan preocupado por ese asunto introduzca un recurso interpretativo en la Sala Constitucional del TSJ. Le diría, además, que espere el tiempo prudencial. Quizás, en medio de estas circunstancias, podría tardar tanto como el sueño de los justos.

Esto lo menciono porque si efectivamente se restan los cuatro diputados del total que tiene la AN, los 109 que tiene la oposición también hacen las dos terceras partes del parlamento, tal como está conformado actualmente. Y eso, creo yo, no se ha explotado suficientemente.

Lo que tendría implicaciones en la conformación de los poderes públicos.

Claro, pero la suspensión de esos cuatro diputados es una medida que tiene un piquete político innegable, cuyo objetivo tendría como principio anular cualquier decisión de la AN que pusiera en riesgo el proceso político venezolano. De modo tal que el TSJ ha tomado alrededor de 60 decisiones que han bloqueado a la AN y donde el llamado desacato, esgrimido por el TSJ, termina argumentado hasta de manera ridícula, porque los cuatro diputados en cuestión efectivamente se han retirado de la AN. Y el TSJ dice, ah no, pero así no me gusta, tienen que retraer el acto mediante el cual designaron presidente a Julio Borges y la directiva anterior tiene que aprobar el retiro de los cuatro diputados. Digamos, termina siendo una cosa absolutamente grotesca, por decir lo menos.

Resulta muy curioso que en medio del proceso de validación de los partidos políticos, que se ha hecho en medio de circunstancias difíciles, precisamente para mantenerse en la legalidad y en el juego electoral, se produzcan las sentencias 155 y 156 del TSJ, a las que siguió el pronunciamiento de la fiscal, Luisa Ortega Díaz. ¿Por qué se insiste en cumplir la legalidad, si el TSJ da un golpe de Estado? ¿No cree que eso pervierta la percepción de que aquí puede haber una salida electoral?

Uno podría tener distintas lecturas de la situación en la que estamos, porque efectivamente el TSJ tomó las dos primeras decisiones (155 y 156) y las dos posteriores, cuyo propósito aparente era aclarar la situación planteada por la Fiscal, pero que terminaron por no aclarar nada y mantuvieron en esencia el contenido de las dos primeras decisiones, sobre todo la disposición mediante la cual el Ejecutivo puede crear empresas mixtas sin la aprobación de la AN. Por cierto, ya salió una decisión alrededor de la mina de Las Cristinas, que está conceptuada como una de las más poderosas del mundo. Lo que servirá para salir del rentismo petrolero para meternos de cabeza en el rentismo aurífero. Todo esto desató un proceso, diríamos, que está en pleno desarrollo y no sabemos en definitiva en qué va a terminar. Pero los niveles de movilización de la ciudadanía, convocada por la oposición, pero que logra movilizar a sectores mucho más amplios, nos retrotrae a una situación, cuyo antecedente más cercano serían las manifestaciones muy numerosas que se hicieron en septiembre y octubre del año pasado, justamente antes de la convocatoria del diálogo que terminó por desmovilizar a la población y dejó a la oposición prácticamente paralizada. Ahora, con este proceso, termina presentándose una agenda concreta, unitaria, de cuatro puntos, que va más allá de la MUD, que gira alrededor de cuatro puntos —restablecimiento de las atribuciones y funciones de la AN, liberación de los presos políticos, la apertura del canal de ayuda humanitaria (alimentos y medicinas) y el cronograma electoral.

¿Qué interés tendría el gobierno de retrotraer la situación a un momento, digamos, en que la población estaba movilizada y en la calle, tal como ocurrió en 2014? Porque la situación es muy distinta, la gente está decidida, se concentra y marcha a sabiendas que la van a reprimir. Que a dos cuadras, lo que viene es “gas del bueno” (Chávez dixit), perdigones y bastonazos. Lo que ocurrió el sábado (08/04) fue algo realmente angustiante.

Varias cosas, ¿no? Creo que un actor muy activo en la situación política venezolana que, por ser tan obvio, muchas veces no lo tomamos en cuenta, se trata de la crisis. La gente está realmente desesperada. Y eso es una cosa que para nada se resuelve. Se profundiza y cada vez es más aguda. Es un actor muy activo que entra en la situación. A diferencia de #La Salida, una propuesta promovida por los sectores más radicalizados de la oposición, que para nada gozaba de unanimidad aún dentro de la oposición, actualmente la MUD y otros sectores están unificados alrededor de una propuesta. Además, hay una situación que es novedosa en la fuerza que tiene. Me refiero al contexto internacional. El apoyo que tiene el gobierno venezolano es cada vez menor. Cada vez está más debilitado y cada vez se plantea con más frecuencia una pregunta. ¿Y ustedes por qué no hacen elecciones? Eso, que pareciera una pregunta ingenua, presiona y gana peso.

Luis Lander retratado por Gabriel Méndez

El domingo pasado, el presidente Nicolás Maduro declaró que estaba “ansioso” de que hubiera elecciones regionales. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, ¿Usted cree que aquí hay condiciones para que se realicen elecciones? ¿Qué cosas adicionales deberían agregarse al proceso, porque creo que después de lo que ocurrió con el referéndum revocatorio y la validación de los partidos políticos, una simple convocatoria, anunciada por la señora Tibisay Lucena, no es suficiente?

Estoy de acuerdo con que una simple convocatoria no sería suficiente. La cosa es más complicada que esa, porque hay otros ingredientes que deberían ser tomados en cuenta. Julio Borges hizo unas declaraciones que a mí me parecieron atinadas. Presidente, no me interesa que usted esté ansioso por unas elecciones, aquí hace falta un cronograma electoral. Los cronogramas electorales, además de la fecha, contemplan varias actividades que son importantes. Una de ellas es la inscripción de los candidatos.

Sí, pero también está, por ejemplo, el tema de las auditorías.

A eso iba, porque eso es algo muy importante. Nosotros, como Organización No Gubernamental, siempre procuramos mantener una posición imparcial sobre el sistema electoral venezolano, pero a propósito de un libro que publicamos (El sistema electoral venezolano, editorial Alfa) el año pasado, le pedimos a dos expertos que han sido muy activos en los procesos de auditoría por la MUD, que escribieran un ensayo sobre las auditorias en Venezuela. Los escogimos a ellos (Miguel Cañas y Mario Torres) por dos razones. Uno, porque son muy competentes en lo que hacen. Dos, porque podían ofrecer, precisamente, la visión más crítica desde la oposición. Ambos, terminan diciendo que la plataforma tecnológica que posee el CNE es robusta, es sólida y es confiable, siempre y cuando se haga y se garantice el proceso de las auditorias.

¿Previas y posteriores?

Absolutamente. Si vemos lo que se está haciendo ahora con el proceso de validación de los partidos, desde esa perspectiva (Cañas y Torres), estamos en una situación absolutamente escandalosa. Lo digo porque ahí no ha habido ninguna auditoría. Y ninguna participación de los partidos políticos para que conocieran el sistema que se iba a usar y pudieran validar, efectivamente, las seguridades y los controles, involucrados en este tema.

El Poder Electoral se contaminó del Poder Ejecutivo. Rechaza la acción contralora y la participación de actores distintos a su propia estructura.

Hasta las elecciones parlamentarias de 2015, se hicieron auditorias, previas y posteriores a los procesos, con mucha rigurosidad y profundidad y siempre se había llegado a una conclusión. Esa parte del asunto funciona. Eso no quiere decir que el sistema electoral venezolano, como lo ha dicho en forma reiterada la rectora Tibisay Lucena, es de los mejores del mundo. Pero su plataforma tecnológica, el soporte automatizado, es de muy buena calidad. En esa parte el Estado venezolano invirtió mucho dinero, porque los precios del petróleo estaban en su pico más alto. En este proceso de validación de los partidos, la actitud del CNE ha sido distinta a la que ha tenido antes y la que tiene ahora, sobre aspectos tan centrales como son las auditorías. Este proceso para nada fue auditado. El ciudadano cuando va a manifestar su apoyo a uno de los partidos políticos, no recibe ningún comprobante físico de lo que hizo. Debe confiar en que el funcionario del CNE que está introduciendo los datos lo hace bien. Al final de la jornada, no se entrega ningún acta de lo que pasó ese día, cosa que sí ocurre en los procesos normales. Y, hasta la fecha, el CNE no ha dicho nada, de lo que ha pasado con la validación. Digamos, discreción absoluta.

Borges pidió un cronograma electoral, ¿Qué cosas faltarían alrededor de esa solicitud?

Unas auditorías serias del proceso. No vamos a hacer elecciones en las condiciones en que se está haciendo la validación de los partidos. Ese tipo de cosas tienen que ponerse claramente sobre la mesa.

¿Después de esta secuencia de hechos, de las circunstancias que ha enumerado, cuál sería la razón para que nos aferremos a una salida electoral?

Cualquier otra salida puede ser terrible para Venezuela. ¿Cuáles son las otras salidas que puede haber? Una. El proceso de autoritarismo creciente de este gobierno se profundice y no quede asomo de respeto a la Constitución, de tal forma que se convierta en un gobierno dictatorial.

Tiránico.

Sí. Eso, por supuesto, es una opción.

No sería como la dictadura de Pérez Jiménez que en sus comienzos tuvo una suerte de luna de miel con algunos sectores políticos del país.

Lo que pasa es que esa suerte de luna de miel ya el chavismo la tuvo antes. Pero sigamos con las opciones. Dos. Que haya un golpe de Estado de los sectores no maduristas de las Fuerzas Armadas.

¿Y la intervención de Larrazábal 2, como la calificó el padre Ugalde?

Hasta donde alguna gente ha explorado ese planteamiento, sería un gobierno de transición, de acuerdo nacional con sectores de la oposición y del chavismo. Pero ese gobierno de transición no es otra cosa que un mecanismo para preparar unas elecciones, como ocurrió en 1958.

¿Esa opción luce atractiva o tiene sus visos golpistas?

Tiene ese riesgo. Obviamente, lo que hubo contra Pérez Jiménez terminó siendo un golpe de Estado, algo similar ocurrió con el gobierno de Medina en 1945. Si bien hubo una expansión muy importante de la democracia en Venezuela, el origen fue un golpe de Estado. Mucha gente dice que si no hay un pronunciamiento del sector militar, es muy difícil que aquí la cosa se mueva en una dirección o en otra, porque hasta ahora, la fuerza militar es el pilar fundamental de apoyo al gobierno.

En medio de la crisis también surgen los políticos que les hablan con sinceridad a los pueblos. Churchill les propuso a los ingleses, nada más y nada menos, que sangre, sudor y lágrimas. Venezuela está en una situación que exige, si no eso, que los políticos hablen con sinceridad.

Hay un problema de calidad en el liderazgo político venezolano. La crisis le queda grande a la clase política que tenemos. En el oficialismo, hay gente que en un momento tuvo luces, pero el mismo proceso los ha consumido y ya no tienen la fuerza que pudieron haber tenido antes. En la oposición, hay líderes que pueden haber tenido capacidad, formación, pero son contemporáneos míos o mayores que yo y un liderazgo más joven al que le falta formación. Esa condición, digamos, lleva a que se cometan pifias, como las que cometió la oposición con el diálogo, donde una posibilidad de diálogo, conducente a buscar una salida a la crisis, donde se involucre la totalidad del país y no sea una cosa de dos polos absolutamente irreconciliables, yo lo aplaudiría, yo estaría de acuerdo con eso. Lo que pasa es que tendría que ser un dialogo de fiabilidad, de confiabilidad, donde la cosa funcione. En el diálogo que hubo en noviembre, una de las cosas que estuvo sobre la mesa es la salida electoral y no se concreta.

¿Cómo le pedimos a la gente que se aferre a la salida electoral cuando en una manifestación afirman que no les importa que los repriman porque ya nos están matando de hambre? ¿Cómo le pedimos eso a la gente que está exasperada y desencantada porque no ve una posibilidad de cambio en el horizonte?

Ahí es cuando un liderazgo le tiene que hablar claro al país, que no nos caigamos a embustes y que hay medidas que, aunque no aparezcan atractivas, es lo que hay que hacer y se diga claramente. Si uno se pone como dramático en este asunto puede decir que hay dos opciones: elecciones o violencia. Yo no quiero violencia. No la quiero para mí ni para nadie. No creo que esa sea la salida. Si no creo en eso, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que haya una salida democrática, una salida electoral que, en definitiva, es eso: que todos los ciudadanos podamos expresar nuestra opinión libremente y podamos decidir los destinos del país. Por supuesto, en la elección presidencial, pero también en las elecciones regionales. Y aquí cabe un comentario que vale la pena acotar, tenemos que saber por ejemplo, que de los 23 gobernadores que hay en Venezuela, en estos momentos hay seis que no fueron electos. Regresamos a la repudiada IV república, cuando los gobernadores eran designados por el Presidente de la República. Resulta que a los gobernadores de Aragua, Anzoátegui, Barinas, Portuguesa, Sucre y Cojedes nadie los eligió. El Ejecutivo los promovió, en algunos casos, a cargos de mayor jerarquía y, en otros casos, por pleitos internos, como aparentemente ocurrió con Acuña en Sucre, son apartados del cargo y los sustituyen unos señores que no fueron electos. Esta que fue una conquista importante de la sociedad venezolana, estamos echando para atrás y dejando que esto pase.

¿Usted no se da cuenta de que su comentario lo único que genera es más arrechera? ¿Qué esa circunstancia es indignante? ¿Para qué carajo vamos a luchar por una salida electoral si aquí hay seis gobernadores en funciones que nadie eligió?

Ese es un derecho que nos quitaron. ¿Qué hacemos? ¿Nos resignamos a que ya no lo podemos ejercer o luchamos para restituirlo?

¿No queda otra que aferrarnos a la salida electoral?

Yo creo que sí porque la otra opción es coger pal’monte.