Tapar el sol con un dron

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MIGUEL SANMARTÍN. El abuso de poder le es factible porque cuenta con la complicidad de las instituciones que siguen violando el Estado de Derecho y los derechos humanos de los ciudadanos

  • MIGUEL SANMARTÍN

11/08/2018 05:00 am

Por más que se desee e intente, camarita, sin importar que el esfuerzo para ello lo haga una camarilla de bravucones, simuladores y transgresores como la entronizada en el país, siempre resultará imposible disimular una crisis de la magnitud y estragos similar a la que padece Venezuela. No pueden camuflarla ni con pañitos calientes (medidas económicas superficiales y aisladas) ni con potes de humo (ocurrencia de eventos inusuales) como el vuelo de drones explosivos en actos oficiales.

Por ahora –como diría el comandante intergaláctico– “los objetivos logrados” fueron otros, muy distintos a los proyectados. El planeo de los volátiles provocó un descomunal susto a la alcurnia congregada en la parada, interrumpió la celebración del aniversario de la correlona Guardia Nacional y dividió a la sociedad sobre la autoría del supuesto magnicidio.
Por unas horas, pocas, parte del país se distrajo hablando de la explosión, el origen, la autoría y el propósito. Especialmente llamó la atención y originó comentarios lo chapucero que resultó el “atentado”, incluido el despliegue de las colchonetas antibalas en la tribuna presidencial. Pronto los dubitativos recobraron la racionalidad para centrarse en la “realidad-país”. Que no es otra que la crisis, su dimensión y efectos, que el régimen villano sigue desestimando y atribuyendo a una inexistente “guerra económica criminal” y al “bloqueo” financiero impuesto por el imperio. Pretendiendo con ello desviar la atención ciudadana de la escasez, inflación, apagones, inseguridad, pobreza, racionamiento de agua, falta de transporte, de gas y de efectivo, y otras penurias que hoy padecen los venezolanos.
No es el primer intento del castrochavismo-madurismo de llamar la atención e inspirar lástima con una entelequia de esta monta diseñada –receta cubana– para remover sentimientos nacionalistas, patrioteros, con el objetivo de nuclear a la población en torno a la figura “amenazada” del mandatario de turno. El galáctico se cansó de apelar a esa estratagema. Fue su arma predilecta en momentos de mayor presión social e impopularidad de su gobierno. Repetidamente anunció invasiones del imperio, ataques desde países vecinos, complots para eliminarlo físicamente, conspiraciones para derrocarlo tramadas por la derecha nacional e internacional. Y del Comando Sur de EEUU. Todavía se recuerda cuando el difunto ordenó movilizar tanques y batallones del Ejército a la frontera con Colombia; cuando denunció un supuesto plan de magnicidio que llevarían a cabo unos soldaditos colombianos trasladados bajo engaño a Caracas, conocidos como los “paracachitos”; o cuando presentó en cadena nacional la bazuka con la que teóricamente intentarían derribar el avión presidencial.
En Venezuela, en efecto, ocurre actualmente un genocidio de Estado. Por partida triple. Nadie lo pone en duda. Y no se comete con drones cargados de explosivo C-4, ni con lanzacohetes artificiosos ni desde helicópteros hurtados a organismos policiales. Tampoco lo ejecuta la oposición (democrática) ni es contra el corrupto funcionariado rojo-rojito. Todo el país, de alguna manera, ha padecido las consecuencias de ese “flagelo oficial”. Deliberado. La aniquilación sistemática en desarrollo se ha denunciado hasta la saciedad, incluso en instancias internacionales, sin que el régimen –culpable por acción y omisión– se conmueva y ponga fin al exterminio de venezolanos de todos los estratos y edades. Para hacerlo debe eliminar las causas del mismo (desechar el Socialismo del Siglo XXI), mejorar las condiciones de vida y seguridad de los ciudadanos y autorizar el ingreso de ayuda humanitaria. A lo cual se niega de manera contumaz.
Las tres raíces del genocidio de Estado son las acciones del hampa común desbordada. La incursión de los colectivos criminales y la represión policial-militar contra las protestas y manifestaciones antigobierno. Y la mortandad -sin discriminación de estratos y edades- por desnutrición, pésima condición de los hospitales, escasez y elevado costo de vacunas y tratamientos para enfermedades crónicas y la carencia de recursos económicos para sufragar tratamientos médicos graves, entre otras causas. Venezuela registra anualmente más muertes no naturales que muchos países en guerra. Lo certifican las estadísticas del Observatorio Venezolano de la Violencia.
Salvo los incondicionales y perifoneadores tarifados del régimen, que se desgañitan para “vender” el desfile de los drones como verídico, muy pocos creen que se trató de un intento real de magnicidio contra el comandante sin charreteras. En la mayoría se instala hoy la sospecha de un autoatentado. Demasiado caricaturesco para resultar creíble. Hilarante y deshonrosa la estampida de la parada militar, cuya realización en la avenida Bolívar y no en Los Próceres levantó muchas suspicacias. Menos creíble todavía es la supuesta “participación” y “financiación” de estas “carnestolendas magnicidas” por algunos dirigentes y militantes de partidos de oposición. Y si inimaginable resulta lo anterior, más inverosímil es afirmar que el “atentado” se planificó en Cartagena y Miami, para arrojar dudas sobre los gobiernos de Juan Manuel Santos y Donald Trump.
En la categoría de delictivo y criminal, por los procedimientos empleados y propósitos perseguidos, pueden inscribirse las acusaciones infundadas contra los diputados Julio Borges y Juan Requesens, la violenta e improcedente detención de este parlamentario, la autorización del Tribunal Supremo de Justicia para enjuiciarlos y el indebido, por falta de facultades para ello, allanamiento de la inmunidad de ambos ordenado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Estos actos –delitos– son tanto o más graves que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ mediante las cuales se desconoció a la legítima Asamblea Nacional electa por voluntad popular y (por unas horas) se habilitó al Ejecutivo para legislar en materias clave. Por estas decisiones la fiscal general de la República de entonces, Luisa Ortega Díaz, denunció que “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Ambas sentencias fueron derogadas rápidamente ante el repudio universal por el golpe de Estado constitucional perpetrado.
Vienen más intimidaciones, acusaciones, persecuciones, allanamientos, deten¬ciones y juicios ilegales. El propósito de la tiranía castrochavista-madurista es claro. Teme la reacción popular que genera la crisis e intenta detenerla mediante extralimitaciones judiciales y también con el uso de la fuerza y las armas. Le inquietan las protestas, en aumento diariamente. Le asusta el paro general convocado para el 20 de este mes. Le preocupa la reacción del soberano por el próximo aumento de la gasolina y el impacto del resto del “paquetazo” económico –será al mejor estilo neoliberal– que está por anunciarse al país. Ni transportistas ni particulares respondieron positivamente al censo de unidades que convocó el régimen. Rechazan la imposición del carnet de la patria para optar a gasolina subsidiada. La paciencia del soberano se colmó. La nueva consigna popular: No más tolerancia. No más entreguismo. No más pasividad. No más silencio. Tampoco más controles. No más racionamiento. La tiranía lo sabe, lo siente. Por ello activó todas las alarmas y mecanismos de prevención. Como nunca antes reprime a la población. Sin contemplaciones. El abuso de poder le es factible porque cuenta con la complicidad de las instituciones que siguen violando el Estado de Derecho y los derechos humanos de los ciudadanos. El fin “supremo” es impedir la rebelión de las masas. ¡Una cosa, camarita, es quererlo e intentarlo, y la otra lograrlo!
msanmartin@eluniversal.com
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