Cinco factores por los que la Constituyente agravará la crisis económica

Cinco factores por los que la Constituyente agravará la crisis económica

Reforzará el control de precios, expone al país a sanciones, amenaza con reducir la inversión en petróleo y aumentará el centralismo

Víctor Salmerón

@vsalmeron

Durante tres años los venezolanos han visto cómo el ingreso sucumbe ante la imparable escalada de los precios, la recesión más larga de su historia y un empobrecimiento poco común en países donde no hay una guerra o una catástrofe natural de grandes dimensiones. En este entorno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, impulsó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo. ¿Qué se puede esperar?

Conflictividad política

Si bien Nicolás Maduro afirma que la Constituyente tiene entre sus objetivos “lograr la paz”, lo cierto es que todo apunta a que no aplacará, al menos no del todo, la ola de protestas. La oposición no participó en la elección, por considerar que se violó la Constitución al no permitirle al pueblo decidir mediante un referendo si quería o no reformar la Carta Magna de 1999, así como la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes absolutos.

De acuerdo con una encuesta de Datanálisis basada en un trabajo de campo realizado entre el 29 de mayo al 4 de junio, 85 de cada 100 venezolanos considera innecesario cambiar la Constitución, y la oposición ha llamado al país a rebelarse.

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional Constituyente se dispone a despojar de todas sus funciones al Parlamento elegido en diciembre de 2015, designar en la Fiscalía General de la República a un funcionario incondicional al “proceso” para enjuiciar a líderes de la oposición bajo el señalamiento de haber iniciado la ola de protestas violentas y tomar decisiones en el orden económico.

Control de precios

Nicolás Maduro, anunció que “una ley constitucional es lo primero que le voy a pedir a la Constituyente (…) La primera ley que le voy a presentar y pedir a la Constituyente es una ley para combatir la especulación de los precios y establecer la regulación de todos los precios, con la mano de hierro de la Constituyente”.

Tras catorce años del control que Nicolás Maduro quiere extender a todo lo que se produce en el país o se importa, los venezolanos observan como cada día el dinero compra menos. La última estadística oficial indica que en 2015 la inflación se ubicó en 180%, el nivel más alto desde 1951, el año más antiguo en las cifras del Banco Central de Venezuela. Las proyecciones señalan que en 2016 superó 400% y las estimaciones de entidades financieras y firmas especializadas esperan que este año alcance cuatro dígitos.

El control de precios ha golpeado la producción al obligar a las empresas a producir a pérdida, mientras que las regulaciones de todo tipo que someten la distribución y la producción a las decisiones de ministerios y organismos estatales, derivan en mínima inversión y mayores trabas para responder a la demanda.

Petróleo y gas

Hermann Escarrá, asesor del presidente Nicolás Maduro, adelantó que hay que modificar el artículo de la Constitución que permite la participación de empresas extranjeras en el negocio petrolero, algo que impactaría la cantidad de barriles que diariamente se extraen en el país.

Francisco Monaldi, profesor del IESA y de la Universidad de Rice, señaló en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello para analizar las posibles consecuencias de la Constituyente que “la producción de PDVSA, la que gestiona sin socio alguno, hoy es un tercio de lo que era cuando el chavismo llegó al poder. Hoy en día la mitad de la producción de petróleo de Venezuela es gestionada por las empresas mixtas, que cuentan con la presencia de un socio internacional. Impedir la participación de estos socios sería destruir lo poco que queda”.

Francisco Monaldi también se refirió a la propuesta de los candidatos a constituyente Fernando Travieso y David Paravisini, quienes consideran que hay que limitar la presencia del sector privado en los proyectos de gas natural, obligando a PDVSA a que tenga la mayoría accionaria en cada una de las iniciativas: “PDVSA no tiene flujo de caja para cumplir con su propia producción y en esas condiciones tendría que tomar la mayoría accionaria de los proyectos de gas. Esto afectaría fuertemente la actividad”.

Las sanciones

De llevarse a cabo la Constituyente, el gobierno de Estados Unidos amenazó con imponer sanciones más severas de las que ha tomado contra funcionarios específicos. La firma Síntesis Financiera señala en su informe “El Tesorero” que “una medida que afecte las corrientes de comercio petrolero entre ambos países incidiría rápidamente sobre las ventas de Venezuela a Estados Unidos, que representan 41% de las exportaciones de crudo y productos de Venezuela. Se trata además de las exportaciones que generan el mejor precio neto y el cobro más expedito, dada la proximidad geográfica de los puertos de destino”.

Precisa que Venezuela ha exportado a Estados Unidos 780 mil barriles por día en enero-abril de este año, los cuales generan unos 33 millones de dólares diarios. “El valor de las exportaciones a Estados Unidos no es una cifra despreciable para un país que está confrontando prolongados problemas de liquidez, que no tiene fuentes de financiamiento en los mercados internacionales y que, en lo que resta del año, debe atender pagos de servicio de deuda en bonos por 4 mil 500 millones de dólares”.

“Venezuela actualmente está enviando, y cobrando, la mayor parte de su petróleo a China y otros mercados asiáticos, principalmente la India. Es posible que esos países puedan absorber los volúmenes de petróleo que dejen de ir al mercado norteamericano, pero se trata también de un reajuste lento y complejo”, agrega Síntesis Financiera.

La comuna

Nicolás Maduro convocó a “una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal”. Entre otros propósitos, el gobierno desea introducir en la Constitución elementos que ya han sido plasmados en distintas leyes, que permiten realizar un bosquejo de cuál es la economía que se buscaría construir bajo un sistema comunal.

La economía comunal ya tiene todas sus leyes aprobadas y los textos indican que las comunas son agrupaciones de ciudadanos organizados, conocidos como consejos comunales; a su vez, cada comuna tiene empresas que asumirán atribuciones que hoy pertenecen a las gobernaciones y alcaldías, mientras que el banco comunal administrará el dinero y el parlamento comunal, aprobará las normas que aparecerán en la gaceta comunal.

Las empresas comunales serán la expresión del hombre nuevo. Sus integrantes “no tienen derecho o participación sobre el patrimonio” y el reparto de ganancias, que en la ley se menciona como “excedentes económicos”, cuando existan, “se hará a través de la reinversión social en beneficio de la colectividad”.

El camino ya está pavimentado para que las alcaldías y gobernaciones transfieran parte de sus atribuciones a las empresas comunales, lo que se traduciría en el debilitamiento de estas instancias de poder, que son elegidas mediante el voto popular.

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