JORGE VILLASMIL|Alerta sobre la política de la represión desmedida

26 de Junio de 2017

Y la necesidad del fin de los eufemismos…

Todo intento de análisis político expresado en un informe o artículo de opinión para consumo masivo tiene, claro está, un marcado componente subjetivo y especulativo en el que el autor -incluso sin quererlo- expresa sus gustos y antipatías sobre las situaciones o personajes abordados en el análisis, espacio hermenéutico que busca a fin de cuentas aportar luces para la debida comprensión de una realidad y sus variados fenómenos constitutivos. Esta dimensión subjetiva está presente, en mayor o menor medida, hasta en la actividad científica, razón por la cual, a nivel epistemológico, se entiende que en todo proceso de producción de saberes interactúan lo objetivo y lo subjetivo en igualdad de condiciones, de ahí que los marxistas señalar el condicionamiento social del conocimiento.

Sin embargo, el análisis no se limita a lo subjetivo únicamente, sino que debe revisar la evidencia empírica concreta que se expresa en variados indicadores que dan cuenta de la esencia distintiva de lo que se quiere explicar, de ahí que todo autor responsable debe tener la capacidad meta-crítica necesaria para procesar debidamente las fuentes a su disposición, diferenciar entre sus opiniones y los hechos en referencia y, al mismo tiempo, soportar sus aseveraciones en elementos concretos que puedan ser contrastados y verificados por otros, todo ello en un plano de honestidad. De no ser así, el análisis sería un producto poco riguroso y, a lo sumo, una simple opinión personal con nulo valor estratégico.

Aclarado esto, entremos al delicado tema que nos ocupa el día de hoy, concerniente a la muerte de más de 90 jóvenes venezolanos en la dinámica de protestas iniciadas desde el primero de abril del año en curso (consultar: http://runrun.es/rr-es-plus/306415/infografia-y-mapa-muertos-en-protestas-en-venezuela.html), contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estos más de noventa muertos no son una cifra, sino que deben ser considerados como seres humanos con legítimas aspiraciones de progreso que salieron a la calle a protestar en ejercicio de su derecho constitucional, ante las catastróficas consecuencias cotidianas del fracaso de un modelo político y económico (el socialismo del siglo XXI), que ha empobrecido material y moralmente al pueblo venezolano en su totalidad, tal como lo demuestran entre otros indicadores: a) la monstruosa devaluación del bolívar; b) la inflación más alta del mundo; c) la carencia de bienes y servicios básicos como medicamentos; d) la reducción del aparato productivo nacional y; e) la privación del goce y disfrute de derechos fundamentales como el derecho al voto. La muerte innecesaria de estos jóvenes luchadores deja familias profundamente afectadas que en la mayoría de los casos no podrán superar fácilmente sus irreparables pérdidas.

Hasta en contextos de calamidad extrema como este, los venezolanos somos muy dados a asumir posturas acomodaticias que niegan o endulzan circunstancias dramáticas para no tomar responsabilidad en lo concerniente a la construcción colectiva de la realidad que queremos –que no se va a realizar con bonitas oraciones y mente positiva únicamente-, de ahí que en vez de asumir las cosas como son, en su total crudeza, optamos por discursos eufemísticos que maquillan las dramáticas realidades y nos mantienen pasivos en nuestras zonas de confort ¿Cuánto no le costó a algunos colegas profesores universitarios reconocer el carácter dictatorial del régimen chavista-madurista? En efecto, ya se acabó el tiempo para caernos a cuentos y debemos estar a la altura del desafío de la más profunda crisis de la Venezuela contemporánea, en la que la estructuración de un Estado totalitario está a la vuelta de la esquina en paquete de constituyente.

Yo no creo que la mayoría de estas muertes referidas sean un hecho fortuito o aislado, opino que se puede plantear la hipótesis de la configuración de una política deliberada para neutralizar sistemáticamente a los jóvenes que día a día salen a protestar, bien sea porque se les dé la orden a los cuerpos de seguridad del Estado, de anular a los factores sumados a la desobediencia civil -contemplada en el artículo 350 constitucional- o, porque en casi dos décadas de adoctrinamiento de las FAN se les haya convencido definitivamente de que la oposición es el “enemigo interno” que hay que detener a como dé lugar, tal como sucedió en su momento con las sangrientas dictaduras del cono sur que no toleraron ninguna forma de disidencia u oposición política.

De cualquier manera, la política de la represión desmedida que es la máxima expresión de violencia institucional opuesta a la Dignidad Humana, le proporciona grandes beneficios al régimen, porque aumenta significativamente en la opinión pública el precio de ir a manifestar, ya que la gente termina temerosa no solo por su libertad sino por su vida misma, lo más precisado que hay. Lo que significa que ir a manifestar puede terminar en la muerte a manos de los Colectivos de los cuerpos de seguridad, según el caso y las circunstancias.

De modo similar, la política de la represión desmedida tiene también sus costos penales ya que degenera en violaciones graves a los Derechos Humanos. El Estatuto de Roma, por ejemplo, fue adoptado en Venezuela, mediante ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, publicado en Gaceta Oficial N° 5.507 Extraordinario del 13 de diciembre de 2013 como lo señala Pedro González (2015). Este instrumento legal tiene como finalidad específica conocer –a través de la Corte Penal Internacional- de crímenes de Genocidio, Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crímenes de Agresión. No hay que ser un genio de las ciencias jurídicas para reconocer que, la política de represión actual aunque todavía no tiene el alcance de un genocidio encaja muy bien con lo que el estatuto entiende por crímenes de lesa humanidad: “Los cuales se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque destacando entre otros la tortura (…)” (citado por González, 2015).

Todo indica que lo que llamamos la política de la represión desmedida no va a parar y es que, ella es el principal soporte de un Gobierno que perdió toda legitimidad y respaldo popular, y se niega a acatar las reglas del juego democrático como lo son, entre otras, las elecciones universales, directas y secretas que le permitan al soberano decidir conforme a su voluntad cual es el proyecto de país en el que quiere transitar ahora. Se acabó muy a nuestro pesar el tiempo de los eufemismos ya que como diría el maestro Gustavo Cerati: “Esta al borde la cornisa casi a punto de caer…” o quizás ya caímos y debemos hacer grandes sacrificios para salir de esta atolladero, toda vez que la democracia no es una concesión sino el resultado de una lucha histórica constante de la sociedad civil organizada.

@villasmil564|Historiador|Politólogo|Profesor de la Universidad del Zulia

Director de Formación Política e Ideológica de PUENTE

Editor de la Revista Cuestiones Políticas

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