Fusilamiento en La Carlota

23.06.17, 1:21 am / Redacción /

“Es un esfuerzo heroico que hay que aplaudir”, fue la frase con la que Nicolás describió este jueves el patrón represivo de sus funcionarios durante las protestas, asegurándole a medios internacionales que los efectivos dispersan las manifestaciones con agua y “gasecito lacrimógeno”, sin armas de fuego, sin escopetas de perdigones. Poco después, en la autopista Francisco Fajardo, frente a la base aérea de La Carlota, un militar disparó a quemarropa a David José Vallenilla, un estudiante de Enfermería de 22 años de edad. Tres impactos de proyectil en el tórax. Falleció luego de ser trasladado a la Clínica El Ávila.

Negando responsabilidad
Todos los videos prueban que el militar disparó con saña, en varias oportunidades. No fue un ejercicio de disuasión, no le apuntó a las piernas sino al pecho, todas las veces, inclusive cuando David estaba en el piso. Para restablecer el orden público no es necesario matar, pero el ministro Néstor Reverol arrancó su set de tuits acusando un “recurrente asedio a base militar La Carlota” -usa la palabra asedio con la misma ligereza que terrorista- e instó a la MUD a “desactivar a grupos violentos”, reiterando la individualización de responsabilidades frente a la ley, como si las fuerzas no respondieran a un mando y los superiores no fuesen también responsables. Reverol prefirió hablar de conspiración, de sangre innecesariamente derramada y de violencia fascista, para deslegitimar la causa de la protesta, humillar a David y justificar el homicidio como legítima defensa. El defensor Tarek William Saab sí lo calificó como un terrible asesinato y un vil homicidio, pero esta discrepancia no es lo más grave del caso.

Complicaciones
El Ministerio Público comisionó a la Fiscal 126 del Área Metropolitana de Caracas para investigar el caso de David Vallenilla, pero en la morgue de Bello Monte le prohibieron el acceso a la fiscal y a los expertos de la Unidad Criminalística, pues un fiscal militar asumió las investigaciones del asesinato, quitándole la competencia al Ministerio Público. El abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, calificó como grave que la Fiscalía Militar asuma el caso, porque un homicidio es un delito ordinario que le corresponde a Fiscalía civil, al margen de que su asesino sea un efectivo militar. Hace apenas dos días, Luisa Ortega Díaz reiteraba que la Fiscalía Militar está supeditada al Ministerio Público, pero esto no se respeta.

Abrazar disparando
La Guardia Nacional y la PNB usan armas letales contra manifestantes opositores aunque la Constitución lo prohíbe y Nicolás mintió a pesar de las evidencias, en otro monólogo inútil frente a medios internacionales. Según él, han mantenido contactos secretos con líderes de la oposición, que incluyen la exigencia de desactivar “bandas armadas”, como si los colectivos fuesen opositores. Dijo que prepara una ley contra la especulación para sancionar a quienes fijen precios de bienes y servicios con base en el dólar paralelo; y aseguró que su Constituyente impuesta “se va a elegir y se va a instalar”. No habló de la escasez de bienes básicos, de la inflación ni de la caída de la producción petrolera, pero sí afirmó que está garantizando las importaciones y las subastas y que durante el primer trimestre de 2017 se estaba llegando a 80% de la actividad productiva, a pesar de la afectación de las protestas, pero eso sí: “La gente no lo siente más porque tiene un Gobierno que lo abraza. No lo siente más porque cuido el ingreso y salarios”.

La honra de Osorio
900 millones deben pagar los diputados Ismael García y Carlos Berrizeitía, y el ex diputado Carlos Tablante al ministro Carlos Osorio por el delito de daño moral, difamación, injuria y sometimiento al escarnio público, por orden del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de Carabobo. La indemnización de 900 millones de bolívares debe pagarla cada uno por haber acusado a Osorio de desaparecer entre 2013 y 2016, veintisiete mil millones de dólares cuando Osorio fue ministro de Alimentación.

Contrapuestos
El contralor Manuel Galindo aseguró que en Venezuela nunca se ha roto el hilo constitucional y rechazó el llamado al artículo 350 de la Constitución hecho por la oposición, porque para activarlo debe existir un régimen antidemocrático, insistiendo que la Constituyente de Nicolás es totalmente legítima y será “un escenario para plantear la constitucionalidad en el desarrollo de la batalla anticorrupción”. En contraposición, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, entregó un proyecto jurídico en la Asamblea Nacional para trabajar en función de los artículos 350 y 333 de la Constitución: “… un acuerdo parlamentario para orientar a la ciudadanía y a los funcionarios públicos de cómo se come eso“, asegurando que la opinión del Vaticano con respecto a la Constituyente “es la opinión del 85 % del país; la Constituyente lo que hará es agravar más la crisis, no acabaría con la escasez y tendríamos una sociedad más dividida″.

Liquidez
El Banco Central de Venezuela está en conversaciones con el prestamista japonés Nomura para vender notas que posee en su portafolio a cambio de liquidez, pocas semanas después de que Nomura participó junto a Goldman Sachs en la compra de bonos venezolanos. La negociación actual involucra dos notas con un valor nominal de 710 millones de dólares. El presidente del BCV, Ricardo Sanguino, negó a Reuters la operación. Lo que no puede negar el Gobierno es que la policía española inició una operación por el supuesto desvío de dinero de PDVSA hacia Portugal a través del banco luso Espírito Santo, efectuando varios registros en Madrid y otros puntos del país en relación con esta trama investigada por la justicia portuguesa.

Esta noche
Sin órdenes y sin fiscales del Ministerio Público, el Sebin allanó una residencia en Altamira y se llevó a Arístides Moreno y Roberto Picón, asesores de la MUD. El diputado Freddy Guevara denunció la irregularidad, que incluyó maltratos a María Corina Machado. En la residencia allanada se han realizado reuniones entre líderes de la oposición, evento “denunciado” hoy por Nicolás, pues supuestamente era para “llamar a la insurrección en Venezuela”.

El ministro Reverol aclaró que fue un sargento de Policía Aérea el que le disparó a David Vallenilla, afirmando que “empleó un arma no autorizada para repeler” y que “está siendo sometido a los procesos de ley para la aplicación de la justicia”, reiterando que la base militar ha registrado varios ataques, como si las piedras, los fuegos artificiales o las molotovs, fuesen comparables a sus armas. El sargento disparó a matar y la responsabilidad sobre el crimen incluye a su cadena de mando. Es un patrón represivo letal y no hay denuncia de militar “herido” que mitigue la indignación por tanta crueldad. Lo del Sebin en Altamira, agrava el cuadro y mucho.

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