El hervidero y la constituyente: Otra calle ciega; por Michael Penfold

Por Michael Penfold | 20 de junio, 2017

Manifestante opositora en la marcha "Todos a Caracas" del 19 de junio. Fotografía de Leo Álvarez

Manifestante opositora en la marcha “Todos a Caracas” del 19 de junio. Fotografía de Leo Álvarez

Mariano Picón Salas, con la perspicacia ensayística que le caracterizó como historiador, describió a la Venezuela del siglo XIX como un cuero seco: lo prensas por un lado y se levanta por otro. En pocas semanas, una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, ese cuero llamado Venezuela, se habrá secado nuevamente y habremos logrado recrear nuestro propio símil histórico como un perro que se muerde la cola.

El país se desliza con prisa a lo que será sin duda la peor crisis de gobernabilidad que hayamos experimentado en nuestra historia contemporánea. Esta tragedia es la secuencia lógica de un colapso que se inició en la esfera económica —con la insistencia de mantener un esquema de controles de cambio y de precios que multiplicó los desequilibrios macroeconómicos que heredamos de un período de bonanza petrolera manejado sin controles fiscales—, seguido por un colapso social que es el reflejo de una feroz aceleración inflacionaria que pulverizó en poco tiempo los salarios reales de todos los venezolanos y que culmina ahora con un colapso institucional en el que el país carece de árbitros y mecanismos electorales para dirimir sus conflictos políticos democráticamente.

La esperanza es gratis. Algunos piensan, utilizando todo tipo de subterfugios dialécticos, que este conflicto es inevitable y que de esta fricción social va a emerger un claro ganador y que es sólo cuestión de tiempo para observar el desgaste triunfal de este tipo de enfrentamientos. El chavismo, en su afán por sobrevivir políticamente, incluso recurriendo crecientemente a mecanismos represivos cada vez más letales, busca aferrarse a la más elemental de estas lógicas: el conflicto es el corazón del progreso revolucionario y por eso redobla su apuesta por impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que luce más como un fortín que como una convención constitucional. Y la oposición se abraza a un deseo un tanto más mundano de soñar con una transición política —como si realmente estuviésemos a puertas de un cambio democrático—, cuando lo cierto es que enfrentamos una amenaza de profundización de un modelo claramente autoritario.

Ante semejante disyuntiva, la sociedad venezolana, que ha resistido ya por más de ochenta días, no tiene más opciones que responder con una mayor movilización ciudadana. La presión de calle es lo único que puede obligar a que el gobierno, como consecuencia de los quiebres internos tanto militares como partidistas, acepte revertir una convocatoria constituyente que de lo contrario va a terminar de hundir al país en la más absoluta anarquía. Es así como asistimos boquiabiertos a una verdadera escalada del conflicto político que no es otra cosa sino nuestro reencuentro express con la historia decimonónica venezolana.

Es indudable que el chavismo apostará contra viento y marea a instaurar la constituyente; pero aún si la lograse instalar, probablemente tampoco tenga la capacidad para imponer sus decisiones pues este poder originario es tan sólo la manifestación de una minoría tanto política como electoral. Resulta evidente que para el gobierno del Presidente Maduro será muy difícil aderezar su “poder de facto” con su “poder de jure” sin terminar apelando más bien a las armas y a sus grupos de choque para poder hacer cumplir sus distintos decretos constituyentes. En este sentido, el esfuerzo de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, de retar abiertamente la constitucionalidad de esta iniciativa, se convirtió en una acción subversiva que minó cualquier posibilidad para que esa fusión entre lo político y lo jurídico se materialice, lo cual a su vez impide barnizar de legitimidad a una idea que es desde su inceptionintrínsecamente dictatorial. La Asamblea Nacional Constituyente, como consecuencia de estas oportunas intervenciones de la Fiscal, es ahora simplemente otro golpe de Estado más; un golpe que es la piedra de toque de una operación mucho más amplia de desmontaje de todo el aparataje constitucional bolivariano.

Ciertamente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha rechazado todos los recursos interpuestos por la Fiscalía, con el objetivo de garantizar la continuidad de la convocatoria constituyente, pero a pesar de este bloqueo, el daño jurídico y democrático de este proceso ya está hecho y es un daño muy profundo. En estos momentos, la constituyente es para el PSUV, pero sobre todo para el madurismo, tan solo una ficha, una excusa para obtener un mayor poder de negociación, un refugio para resistir, pero probablemente también termine siendo un filoso boomerang político.

La oposición por su parte —gracias a las fracturas que comienzan a emerger en el seno del chavismo—, gana más “poder de jure” pero carece todavía del “poder de facto” para hacer cumplir sus iniciativas y terminar de precipitar un desenlace. Una vez que la Fiscal General catalogó como nulos los nombramientos de 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ, la Asamblea Nacional decidió iniciar el proceso para seleccionar a estos jueces, ¿pero tiene la Asamblea el “poder de facto” para garantizar que estos nuevos altos funcionarios puedan entrar físicamente a la sede del TSJ e instalarse en la Sala Plena? Esta pregunta tan elemental nos permite vislumbrar que hay un peligro, una vez que la constituyente se haya instalado a comienzos de agosto, que terminemos con dos Asambleas, dos Fiscales, dos Tribunales y quién sabe, también con dos Presidentes; un riesgo que no es deleznable y lo cierto es que cualquier observador perspicaz aceptaría reconocer que estamos avanzando en una dirección que conlleva inevitablemente a este tipo de resultado. Coloquemos como aderezo a esta potencial realidad, una economía que este año continuará contrayéndose en un 8% del PIB, una inflación que terminará sobrepasado el umbral hiperinflacionario de 500% y unos índices de pobreza que superarán el 80% de la población. Tan sólo entonces podremos visualizar con claridad el dramatismo del mundo futuro al que remamos con tanta rapidez.

El mayor riesgo asociado a esta situación de ingobernabilidad es indudablemente una mayor intensidad en el uso por parte del gobierno de la violencia estatal y paraestatal. Ya observamos como aún no llegamos al 30 de julio y vemos con estupor el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad para tratar de contener la ola de protesta ciudadana —y asesinar incluso— lo cual es una realidad cada vez más cruel y aterradora. Esta es la razón fundamental por la que el proceso constituyente debe ser detenido cuanto antes; pero para poder revertirlo la movilización ciudadana debe continuar ampliándose —pasar de ser un movimiento de protesta opositor a ser un frente nacional que incluya también a grupos de otro orden político y social—. En la medida en que las fracturas dentro del chavismo y la esfera militar se profundicen, en esa misma medida el gobierno se verá obligado a revertir esta convocatoria. En cambio, si el gobierno no percibe esa amenaza como algo real (una amenaza que pueda incluso desalojarlo del poder) entonces difícilmente retrocederá. Por el contrario, si esa presión aumenta, entonces el gobierno no tendrá otra alternativa que detenerla.

Una vez que esa reversión ocurra entraremos en una nueva coyuntura histórica: iniciaremos por descarte una negociación política. Un proceso que probablemente sea facilitado por la comunidad internacional a través de un “grupo contacto”, todo ello a pesar del esfuerzo de la cancillería venezolana de escurrirle el bulto a la OEA, tal como lo han intentado articular de buena fe un conjunto de países latinoamericanos. Es evidente que a esta negociación nadie va a asistir voluntariamente; todos, absolutamente todos, irán porque no perciben ninguna otra alternativa como viable. Y muy probablemente le tocará a la comunidad internacional exigirle al gobierno algunas condiciones previas para poder hacer que esta negociación sea creíble (y evitar de esta forma que el proceso sea manipulado como en octubre pasado). Y una de las pocas concesiones significativas que pudiesen hacer que esta negociación sea percibida como irreversible es la liberación de todos los presos políticos. En particular, es imposible abordar un proceso de esta naturaleza con uno de los principales líderes políticos del país tras las rejas y con su partido político prácticamente ilegalizado. Y también es imposible enfrentar esta negociación sin reconocer que todos los grupos del chavismo, incluso aquellos que son considerados como los más duros, deben estar plenamente representados y deben ser igualmente reconocidos.

La negociación es relativamente simple: garantías a cambio de votos. El chavismo va a querer obtener garantías amplias (léase amnistía penal y fiscal) para todos sus grupos y la oposición va a buscar condiciones para poder materializar una salida electoral a cambio de importantes restricciones constitucionales adicionales (eliminación de la reelección indefinida, reducción del período presidencial, aumento de la proporcionalidad del sistema electoral, incremento del fuero militar, mayores restricciones a la prohibición de la extradicción de nacionales así como mayores limitaciones a los cambios constitucionales). Por su parte, la oposición va a exigir la remoción de las inhabilitaciones, la declaración de nulidad de los nombramientos recientes de los magistrados del TSJ y de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la incorporación de la segunda vuelta para la elección del presidente y la investigación y compensación a todas aquellas personas y familias afectadas por la violación de derechos humanos durante las últimas décadas. La única forma que ambas partes pueden garantizar la implementación de este tipo de acuerdos va a ser a través de una reforma constitucional consensuada que sea votada posteriormente por toda la población y que abra paso a su vez a una elección general (para el presidente y Asamblea Nacional) que pudiese realizarse a lo largo del 2018 conjuntamente con las elecciones locales. La reforma constitucional pudiese ser votada en un referéndum aprobatorio conjuntamente con las elecciones regionales en diciembre de 2017.

Es fácil anticipar que la introducción en la agenda de negociación de temas relacionados con los distintos tipos de amnistías así como los puntos vinculados con los esquemas de justicia transicional, van a ser asuntos que sin duda van a dividir al electorado. A pesar de esas críticas, otorgar esas concesiones a cambio de obtener una verdadera división de poderes, en especial, que la Asamblea Nacional pueda designar a los magistrados del TSJ y a los rectores del CNE de una manera independiente, es una ganancia enorme de largo plazo para Venezuela. El país estaría otorgando una amnistía (muy polémica sin duda) a cambio del fortalecimiento del Estado de derecho (“a partir de hoy y en adelante”) lo cual garantizaría el pleno funcionamiento de la justicia y la democracia. En el fondo, esta reforma constitucional podría asegurar la viabilidad futura tanto del desarrollo político como económico y social del país.

Venezuela, pero sobre todo el chavismo, debe aceptar este camino como inevitable. La oposición también debe explorar esta opción con realismo. Y debemos anticipar que la población en general probablemente se mantenga escéptica frente a las verdaderas posibilidades que los políticos logren fabricar un resultado de este tipo e incluso de la capacidad del liderazgo nacional para encarar su eventual ejecución. Las razones para ser escépticos son obvias: el chavismo, pero muy especialmente el gobierno, no ha mostrado ningún interés en explorar este tipo de alternativas; por el contrario, su interés desde la elección legislativa de 2015 ha sido desarrollar todo tipo de estratagemas para impedir una salida constitucional a la crisis. Si el país no logra remover estas barreras a una potencial negociación, presenciaremos el afianzamiento de una cultura cada vez más primitiva de la política venezolana, una cultura que busca resolver problemas complejos a través de la imposición y la violencia.

En palabras de Mariano Picón Salas: el país ahora es ese cuero que se seca.

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