Por qué la trampa constituyente no se producirá

junio 12, 2017 5:09 am

En primer lugar, porque más de 90% de los venezolanos electores, ciudadanos mayores de edad, se oponen. ¿Y por qué se oponen? Porque han reconocido lo que es evidente, dentro y fuera de Venezuela: que se trata de un ardid, de un truco infame para revestir de falsa legalidad un conjunto de cambios en las leyes cuyo único propósito es la permanencia en el poder por tiempo indefinido, a pesar del rechazo abrumador de la sociedad venezolana.

Todo el procedimiento que han puesto en marcha va en contra de la Constitución. La convocatoria, las bases comiciales, las primeras noticias de lo que se pretende, ponen de manifiesto lo siguiente: quienes han dicho que se trata de destrucción del país no exageran. Al contrario, quizás la frase esconda las repercusiones concretas de lo que se proponen poner en movimiento: no acabar con la autonomía, sino liquidar los poderes públicos, uno a uno. El país quedaría en manos de un grupito de fanáticos comunistas y las bandas asesinas y ladronas de Padrino López. En dos palabras: menos de 1% de la población, auspiciados por el poder de las armas, aspira a imponerse al 99% de la población restante.

¿Es posible que se produzca semejante abominación? No es posible. En contra están: casi la totalidad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Tanto en Caracas como en las sedes regionales, es firme la resistencia a participar en todo un programa continuado de delitos electorales. En contra están más de 99% de los funcionarios del TSJ, que susurran en los pasillos en contra de lo que llaman “la prostituyente”. En el CNE la llaman “la maloliente” y, en las FANB, “la matagente”.

Se oponen, de forma casi unánime, en el Ejército, la Aviación y la Armada. En la Guardia Nacional Bolivariana la preocupación predominante es otra: que los grupos de atracadores uniformados están atentando contra la reputación del organismo y facilitando el debilitamiento moral de las unidades. La pregunta que corroe el sueño de los funcionarios es por qué van a llevar a tribunales a los ejecutantes y no a los que dieron la orden de disparar metras, apuntar los lanzadores de bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, allanar, destruir vehículos y viviendas, disparar a los edificios, atracar a quienes protesten y a quienes no, atropellar con tanquetas, etcétera. El castigo a la orden de crear el mayor caos posible y aterrorizar a la población debe ir dirigido a quienes la emitieron, y no solo a quienes la pusieron en práctica.

En contra están todas las iglesias que funcionan organizadamente en Venezuela y no solo la Iglesia Católica. Se oponen, también de forma abrumadora, las universidades, incluidos los profesores y los estudiantes de la Unefa. Están en total desacuerdo las personas y los grupos que tratan de constituir una tercera alternativa política, alrededor de Marea Socialista. En contra, 99% de los empresarios.

Incluso, y esto no debe sorprender al lector, están en total desacuerdo la inmensa mayoría de los embajadores y cónsules, muchos de los cuales rechazan no solo al régimen, sino también a la señora que ahora mismo cumple con el objetivo de destruir la función diplomática de Venezuela.

Es inviable y no se producirá, porque al país no le interesa. La sociedad desdeña la falsa constituyente. Ni siquiera la debate. La repele, en medio de una realidad en la que las prácticas criminales y los delitos en contra de ciudadanos indefensos por parte de los uniformados que dirige Padrino López se superponen al hambre y la enfermedad, que siguen creciendo en Venezuela, propagadas sin límite alguno.

Como bien han advertido algunos analistas: el intento constituyente es un error, el más grave y costoso cometido por régimen de 1999 hasta la fecha. No solo ha incrementado el rechazo de los ciudadanos al gobierno, sino que ha abierto fisuras irremediables en la estructura del poder. El poder venezolano es ahora mismo un edificio corroído en sus entrañas. Los ruidos que se escuchan son los preliminares de un inminente derrumbamiento.

Editorial de El Nacional

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